Desde las primeras horas de este sábado, grupos de coordinación recorren las calles como parte del operativo “Unidos por Tecate”, para dar seguimiento a la estrategia trazada en conjunto entre estado, municipio y federación para porteger las calles del llamado Pueblo Mágico.

Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Tecate, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Fiscalía General del Estado (FGE), Fiscalía General de la República (FGR), Defensa y Marina, recorrerán zonas identificadas como prioritarias en materia de seguridad.

Este operativo se centrará en la detención de personas de interés y decomiso de armas de fuego, además de implementar acciones de proximidad y atención de denuncias ciudadanas.

Tal y como se anunció ayer en una mesa de trabajo entre los mandos principales de seguridad y justicia, el ayuntamiento de Tecate, así como de las fuerzas armadas, quedó formalmente instalado el Centro Coordinador Operativo de Tecate.

Desde esta mañana, más de 500 efectivos de las fuerzas especiales de seguridad y 110 unidades oficiales se concentraron en el Instituto de Estudios de Prevención y Formación Interdisciplinaria (IEPFI), para establecer rutas operativas y de contención de delitos.

También, se llevará a cabo diversos recorridos en zonas comerciales y turísticas de Tecate, para dar atención directa a visitantes y residentes de este municipio.

La presidenta de Diamantina Rosa, Sandra Lizette Dueñas Pérez, exigió una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial sobre las posibles omisiones de autoridades durante la tormenta Rachel en Ensenada, y sostuvo que ningún servidor público debe recibir un trato especial por el cargo que desempeña.

A través de un posicionamiento oficial, la abogada y defensora de derechos humanos respondió a las declaraciones del director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Baja California, Manuel Guerrero Luna, respecto a la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo propósito es que se investiguen posibles acciones u omisiones de las autoridades relacionadas con los hechos ocurridos durante el fenómeno meteorológico.

Dueñas Pérez aclaró que la denuncia no busca señalar culpables de manera anticipada, sino que se esclarezcan los acontecimientos y, en caso de acreditarse responsabilidades, se evite que queden impunes.

En ese sentido, reconoció el derecho del funcionario federal a expresar su postura y presentar la documentación que considere pertinente, pero advirtió que la emisión de avisos meteorológicos no demuestra, por sí sola, que se hayan cumplido todas las obligaciones legales en materia de prevención, vigilancia, conservación y atención de riesgos.

También puntualizó que la existencia de alertas preventivas tampoco permite concluir automáticamente que hubo responsabilidad penal, por lo que consideró que corresponde al Ministerio Público determinar los hechos conforme a derecho.

La presidenta de Diamantina Rosa señaló que, por respeto al procedimiento, no adelantará conclusiones ni hará pública información que deba ser analizada por la autoridad ministerial.

Afirmó que la denuncia no responde a una confrontación personal ni pretende generar una condena mediática, sino que constituye una exigencia de verdad, justicia y rendición de cuentas ante la gravedad de los acontecimientos y las vidas humanas perdidas.

Finalmente, sostuvo que las familias de las víctimas merecen respuestas sustentadas en una investigación seria y respetuosa del debido proceso.

“Ningún cargo público debe otorgar privilegios frente a la ley y ninguna declaración mediática sustituye una investigación ministerial”, expresó Dueñas Pérez, al reiterar que su exigencia es que se investigue sin distinciones y que no haya impunidad.

Por unanimidad de votos, el Pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California revocó el acuerdo de desechamiento emitido por el Instituto Estatal Electoral local (IEEBC) y ordenó reabrir e investigar una denuncia presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) en contra del diputado federal José Armando Fernández Samaniego.

El órgano jurisdiccional determinó que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del instituto local actuó de forma incorrecta al desechar de plano la queja el pasado 2 de septiembre sin haber agotado una investigación preliminar exhaustiva.

La denuncia original, promovida por la representación del PAN a inicios de julio, señala al legislador por la presunta implementación de una estrategia sistemática de posicionamiento en redes sociales y medios digitales, lo que a juicio del partido denunciante podría configurar actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada y un uso indebido de recursos públicos con impacto en el próximo proceso electoral local.

Entre las irregularidades detectadas por el Tribunal local se encuentra un deficiente desahogo de las pruebas por parte de la autoridad administrativa electoral.

La sentencia expone que el acta circunstanciada elaborada por el personal del instituto omitió certificar y desglosar el contenido de los videos, reels y textos de las publicaciones denunciadas en Facebook e Instagram, dejando incluso una de las ligas web sin revisar.

Asimismo, los magistrados señalaron que la Unidad Técnica partió de una premisa equivocada al afirmar que el denunciante solo entregó un listado general de enlaces inconexos, cuando en realidad se había adjuntado una tabla detallada con costos de publicidad, vigencias e impactos estimados.

El IEEBC también omitió pronunciarse sobre la difusión de encuestas digitales y la supuesta falta de deslinde del legislador frente a estas.

De acuerdo con el criterio del Tribunal, un desechamiento en etapa preliminar solo procede ante causales manifiestas e indudables, y no bajo valoraciones aisladas o juicios de valor que corresponden exclusivamente al estudio de fondo del asunto.

La resolución dictamina además el reencauzamiento de la vía legal. Debido a que actualmente no hay un proceso electoral activo en la entidad, el caso deberá tramitarse y desahogarse a través de un procedimiento sancionador ordinario en lugar de la vía especial.

Con este fallo, la autoridad administrativa electoral queda obligada a analizar nuevamente las probanzas, pronunciarse sobre las diligencias solicitadas por el PAN y desplegar sus facultades de investigación para esclarecer el origen, financiamiento y alcance de la propaganda señalada.

Cabe destacar que la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral no prejuzga sobre la legalidad de las publicaciones ni determina ninguna responsabilidad en contra del diputado Fernández Samaniego, limitándose únicamente a garantizar el derecho a la investigación y el debido proceso.

El acuerdo revocado mantiene la posibilidad de ser impugnado por las partes ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.