Muy herméticos andan en Gobierno del Estado sobre el brillante autor de la campaña “Esto antes no estaba” y que les han resultado contraproducente; sin duda de lo poco que puede presumir la gobernadora es de la inversión en infraestructura (y sin sobreprecios y moches hubiera hecho más), pero los negativos son muchos y hay bastantes temas que son materia prima de altísima calidad para hacer memes.

Lo que sí se sabe es que detrás del jingle que está metiendo en problemas al estado, ese que sale mil veces en YouTube, el del estribillo “la 4T sí gobierna contigo” lo vendió y caro, Mario Fibela, el productor de Ciudad Capital, programa que transmitieron un tiempo desde Camur, la empresa hecha con recursos a fondo perdido, artífice de muchas tranzas en oficialía mayor y hoy comisionada del Sindicato de Burócratas, Thanya Díaz de León.

El jurídico del PRI, Joel Blas Ramos, acaba de denunciar a la secretaria de Educación, Irma Martínez, y curiosamente también a su vocera, Brenda Covarrubias, cuando eso se envía desde Comunicación Social a todas las dependencias y debió ser la titular de esa dirección quien apareciera en la citada denuncia. El caso es que después de ahogado el niño tapado el pozo, y ya circula en los chats de los enlaces de comunicación de las diversas dependencias, una versión sin esa frase partidista, porque esta administración nunca ha podido entender que no gobierna para los morenistas, sino para todos los bajacalifornianos, también los que no votamos por los candidatos guindas. Al igual que el caso de la campaña de “Esto antes no estaba”, ¿en qué cabeza cabe no prever las consecuencias?

Y ya que andamos en Gobierno del Estado, nos cuentan que el vicegobernador, Ariel Lizárraga, anda borracho de poder interrogando a los funcionarios públicos nomás porque sí, y hay que decirle qué función tienes, cómo las desempeñas, cuánto te tardas, por qué lo haces así y cualquier otra cosa que quiera saber. Además, si ve a algún funcionario hablando con Marina del Pilar lo interroga y no lo deja ir hasta saber los más mínimos detalles de qué se trató la plática. Ya se está frotando las manos para volver a disponer a su antojo del presupuesto de comunicación, desde donde le aumentó varios ceros a su cuenta bancaria cobrando moches de lo que le daba a sus amigos periodistas.

Hoy tuvo su primera rueda de prensa como “no candidato” el exsecretario de salud estatal, Adrián Medina Amarillas, quien buscar el coordinador de como se llame la no candidatura, para competir por Morena en busca de la diputación federal del distrito uno. Nos pasó unas imágenes donde se le ve entregando el pasquín ese llamado Regeneración, con el texto que decía algo así como “Para combatir la desinformación y las fake news”. El futuro candidato mostrando lo que su partido piensa del periodismo crítico; el doctor Medina, toda una eminencia en cardiología, reducido a un repartidor de periódicos como requisito indispensable para ganarse la simpatía del partido, y tener un pretexto para ir de casa en casa en una “no campaña”.

Medina Amarillas dijo que consideró jugársela para un cargo público después de hablar con su familia y con la gobernadora, con lo que evidenció que es ella su principal impulsora. Mientras tanto, animada por Julieta “simpatías” Ramírez, está más que alborotada Lourdes Cáñez. Ahí está el tiro en el distrito 1 entre Marina y Julieta.

Por cierto, que en una reunión que tuvo esta tarde, trascendió que obligaron a trabajadores del estado a asistir y hacer bola.

Y siguiendo el tema de los candidatos, Armando Samaniego está dándole hasta para llevar a la administración de Norma Bustamante, donde empezó tímidamente criticando la renta del Cine Lux y ahora ya agarró impulso y le siguió ya sin pena contra la recolección de basura, la seguridad, la atención al Valle de Mexicali y lo que se le atraviese.

Como ya ve todo perdido porque no quedó su gallo, Ismael Burgueño, pues ya no tiene nada más que perder y mucho que ganar si hace leña del árbol caído y se va recio contra la pésima administración de Norma Bustamante. Así de paso, se lleva de corbata a Claudia Beltrán, aspirante también a la alcaldía de Mexicali.

Claudia tiene como gran negativo no solo ser parte de la administración más corrupta en la historia de la ciudad, sino además, ser la que firmaba contratos, autorizaba las millonarias “asesorías” de Jorge Mario Soto (donde hasta el tesorero Roger Sosa le acaba de echar el carro a ella en este tema), tuvo que palomear los egresos para el Cine Lux y un largo etcétera. La oficial mayor podrá haber hecho todo lo anterior sin estar de acuerdo y a regañadientes si quieren, pero nunca levantó la voz contra lo que se hace con el dinero de los mexicalenses.

Ya empezaron los mensajes y llamadas de promoción de Michel Sánchez, donde una voz de IA dice que es promotora de la Universidad Rosario Castellanos. No pues wow. Desde ahorita puedo ver que esos centros universitarios serán productores de títulos y manipuladores de conciencias para perpetuar el régimen.

Y hablando de escuelas patito, ¿se acuerdan que la diputada Michelle Tejeda, quien anda insoportablemente borracha de poder, se ostentó públicamente como egresada de la UABC sin serlo? Según ella salió de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, pero al verse descubierta su mentira tuvo que eliminar esa información, pues no pudo completar ahí su formación.

Como todos los morenistas con complejo de inferioridad, se compró un título. Desde 2025 tiene cédula como egresada de una escuela que está en Querétaro, que se llama “Centro Cultural, Universitario y de Investigación Forense y Jurídica”, como licenciada en Administración, que logró en solo 3 años y en sistema escolarizado en línea. Si mienten en su currículum, ni cómo creerle otras cosas.

Cambiando de tema, el viernes 23 le pregunté a su exmarido, Edgar Covarrubias, tras el desplante de la alcaldesa Norma Bustamante de ignorar mis preguntas, si esa iba a ser la tónica de comunicación social a partir de ahora, y le pedí contestar si esa actitud era una recomendación de él como titular de Comunicación Social o si era una decisión de la alcaldesa, a lo cual solo repetía que yo le había preguntado temas personales “y eso no es periodismo” y no hubo forma de tener una respuesta directa.

Ahora resulta que a Bustamante no le gusta que le toquen a los hijos cuando deja que se metan hasta la cocina en el presupuesto. Lo de los millones de pesos en asesorías lo publicamos nosotros; 25 millones en 2024 y otros 25 en el 2025. Cuando pedí una de esos documentos para comprobar que existían, me contestaron que no se podía por cuestiones de “derecho de autor”.

Bustamante prometió dar a conocer las empresas (al menos hay 4 documentadas donde participa Jorge Mario Soto, exjefe de su hija) que han creado para sacar dinero por concepto de asesorías, así que al menos se nos han ido 50 millones en ese rubro; cantidad que iguala el presupuesto aprobado para la Academia de Policía que se ejercerían este año y ya no será así.

Ese día, cuando también le recordé que no había cumplido la prometida reunión para hablar del Cine Lux y sus costos, le pasó una tarjeta informativa a un colega, donde no dice por qué se pagó renta de más de medio millón de pesos al mes desde 2024, cuando no pasó absolutamente nada con ese inmueble y fue dinero tirado al bolsillo de Panchito Pérez Tejada. Dice que en el adendum firmado se acordó una reducción del 40 por ciento de la renta, para quedar en 268 mil 929 pesos con 87 centavos al mes, cantidad que no deja de ser exagerada.

Agrega la ficha que no se obliga al ayuntamiento a un contrato de 20 años, para luego agregar: “La cláusula décimosegunda protege al Ayuntamiento para que, durante el periodo de 20 años (¿Sí o no los 20 años?) no pueda ser cancelada la relación contractual por decisión del arrendador”. ¿Quién cancelaría ese contrato tan beneficioso? ¿Se supone que eso es una ventaja para el ayuntamiento?

En otro asunto, Héctor Osuna Jaime, aspirante a la gubernatura por el PAN, estuvo en días pasados en Ciudad de México, donde sí fue recibido por el Comité Ejecutivo Nacional, cosa que no han logrado algunos otros interesados en obtener la coordinación estatal, paso previo a la candidatura.

Finalmente, sobre la entrevista a Maru Campus en Latinus y la discusión con la presidenta Claudia Sheinbaum, parece que el trasfondo es que Estados Unidos documentó que uno de los agentes fallecidos pertenecía a la CIA, y que no fue un accidente, sino una acción deliberada de quitarlo de en medio donde estaría involucrado el fiscal que ahora está tras las rejas, por eso la mandataria de Chihuahua lo entregó.

Junto con ese expediente documentado, le habrían mostrado el de ciertos personajes de Morena, por eso se les dejó ir a la yugular. Parte de esas olas levantadas, serían los videos exhibidos donde se ve que el proveedor favorito de la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, se lleva al hijo de ésta a un carísimo hotel en Paris. No cualquiera tiene esa tecnología para infiltrarse en los teléfonos.

Francisco Javier Molina Pérez, regidor, aparece registrado en el sistema penitenciario federal en el expediente 2008/3056. De acuerdo con los datos del sistema de consulta, el 7 de julio de 2008, a las 15:10 horas, se registró su ingreso con la clasificación jurídica de “indicado” y tipo de seguridad mediana. La causa penal corresponde al número 2008/146, derivada de la averiguación previa folio 1683 de 2008 de la Agencia Federal de Investigación.

El asunto se radicó en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, bajo el fuero federal. El delito imputado fue posesión conforme al artículo 195 del Código Penal Federal, en la modalidad de posesión con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del mismo ordenamiento. En el sistema se conservan las fotografías de identificación del indicado, correspondientes a las vistas de frente, lado derecho y lado izquierdo.

El regidor Francisco Javier Molina Pérez obtuvo recientemente dos constancias actualizadas, ambas fechadas el 15 de octubre de 2026. La primera, emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California mediante el oficio SSC/DAI/CAP/137675-2026, indica que, tras la revisión en el Sistema de Verificación de Antecedentes Penales, no se encuentra antecedente penal por delito de carácter doloso del fuero común relativo a su persona.

Esa secretaría, encargada de emitir las cartas de no antecedentes, solo dijo que «hasta donde se tuvo conocimiento y revisión de los antecedentes penales de la persona señalada, no se encontró nada en el ámbito que le compete a las autoridades estatales, motivo por el que se expidió el acta de no antecedentes penales sin registro alguno».

¿Se le declaró inocente al final? ¿Le limpiaron los antecedentes como favor partidista? No lo sabemos y nadie sale a aclararlo, pero es grave que tenga antecedentes del fuero federal.

La segunda carta, expedida por la Dirección de Prevención y Reinserción Social con el folio CDAPF-2026-976132, señala que, después de una búsqueda exhaustiva en la Base de Datos del Archivo Nacional de Sentenciados y Estadística Penitenciaria, no existe registro de sentencia condenatoria irrevocable de carácter penal del fuero federal pronunciada en su contra.

La información obtenida por fuentes oficiales que piden su anonimato y capturas de pantalla de registros de seguridad, indican que el regidor estuvo preso en en 2008 por posesión y en 2015 por lesiones calificadas, más otro registro del 2012 por robo de vehículo.

A pesar de la existencia de estos documentos y del registro histórico del expediente 2008/3056, ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana ni la Fiscalía General del Estado de Baja California han querido emitir una postura oficial sobre el tema. Ese silencio resulta sospechoso, pues deja sin una aclaración pública la relación entre esos tres antecedentes.

Aun sin sentencia, haberse visto involucrado en tres delitos como que nos dice que el regidor no es precisamente un angelito. El regidor no ha salido a decir nada, a pesar de que se lo pedimos a través de Edgar Covarrubias. También solicitamos una postura a Sindicatura Municipal, y no hemos recibido respuesta. El que nada debe, nada teme.

Un análisis serio de este caso tiene dos escenarios posibles: que el partido haya sabido del expediente 2008/3056 y haya decidido silenciarlo, o que simplemente no haya realizado una revisión adecuada de antecedentes al momento de postular o incorporar a Francisco Javier Molina Pérez.

Si Morena conocía el registro de 2008 (una consignación federal por posesión de narcóticos en el Juzgado Primero de Distrito de Mexicali) y optó por no transparentarlo, el costo político es alto. En un partido que se ha presentado como regeneración ética frente a la “vieja política”, tolerar o proteger a un militante o regidor con un antecedente de esa naturaleza debilita su discurso moral.

Genera la percepción de que la exigencia de honestidad se aplica de forma selectiva -cuestión que parece es el sello de la casa de Morena en Baja California-: se critica con dureza a adversarios, pero se relativiza cuando el involucrado es propio.

Eso alimenta la narrativa de hipocresía, erosiona la confianza de sectores de su base que valoran la coherencia y entrega a la oposición un argumento fácil y contundente para acusar de doble moral.

Además, el silencio institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General del Estado —autoridades que dependen del gobierno estatal— refuerza la sospecha de protección política, aunque no demuestre por sí solo una orden directa del partido.

El segundo escenario, quizá más frecuente en la práctica política mexicana, es el de una revisión deficiente o inexistente de antecedentes. Admitir o postular a alguien sin checar exhaustivamente su historial refleja debilidad institucional interna. En un sistema donde los partidos son responsables de la calidad de sus candidaturas, y una falla de este tipo proyecta improvisación, falta de filtros y priorización de lealtades o cuotas sobre la idoneidad.

Para un movimiento que ha crecido con el discurso de “primero los pobres” y de limpieza pública, incorporar perfiles sin el debido escrutinio debilita su legitimidad cuando esos perfiles llegan a cargos de representación, porque el daño no es solo reputacional: también genera riesgos legales y de gobernabilidad. Un regidor con un pasado judicial, aunque no tenga sentencia condenatoria irrevocable según las constancias recientes, queda expuesto a cuestionamientos permanentes sobre su idoneidad ética, lo que puede entorpecer su trabajo y arrastrar al partido en cada controversia local.

En ambos casos, el resultado práctico es similar: pérdida de capital moral. Y como están las cosas de Baja California, con los señalamientos de contubernio entre el crimen organizado y la clase política, este escenario de tapar o no checar antecedentes, es más grave de lo que parece y puede ser un hilo de donde empezar a tirar.

¿A quién más le han limpiado el expediente?, ¿Es por esto que cierto grupo criminal a pesar de mil señalamientos carecía hasta hace poco de una carpeta de investigación en la FGE? No olvidemos que hay otros casos, como el del magistrado acosador, donde es a la víctima a quien quieren reubicar en vez que separarlo a él del cargo mientras investigan; o donde solo se entiende la mano negra de un panista cercanísimo al Gobierno Estatal detrás de la protección al regidor de Tijuana acusado dos veces por violación para que fiscalía no avance en esos casos a pesar de tener evidencia; o que no le haya pasado nada al acosador sexual amigo y protegido del hoy secretario de salud.

Cubrir un antecedente conocido es una decisión deliberada que implica complicidad; no haberlo revisado es negligencia. En el contexto actual de Baja California y del país, donde la percepción de inseguridad y de captura de instituciones por intereses opacos es alta, cualquier sombra de tolerancia hacia perfiles vinculados a delitos federales de narcóticos tiene un peso simbólico importante.