Un reportaje del medio Ensenada en Crisis Noticias sobre descargas ilegales de aguas negras en San Quintín, ocasionó que los periodistas Delia Cornejo y Francisco Ybarra recibieran amenazas telefónicas, lo cual denunciaron en un video en vivo esta noche.

El reportaje señala que vecinos de la colonia Santa Fe y del rancho La Trinidad alertaron sobre un grave problema de contaminación ambiental que amenaza el manto freático y la salud pública de la región.

Según denuncias presentadas ante autoridades federales desde 2025, se realizan descargas ilegales de aguas residuales y residuos de agroquímicos en fosas a cielo abierto sin impermeabilización.

El problema, que comenzó con un olor insoportable reportado por los habitantes, escaló cuando un pozo de agua potable cercano dio positivo a la bacteria E. coli y tuvo que ser clausurado de emergencia. Las familias que dependían de ese suministro ya no cuentan con agua segura.

De acuerdo con la información difundida, al sitio llegan camiones pipa de la empresa Vector Servicios de Drenaje (también identificada como Vector Servicio de Drenaje para Fosas Sépticas), que vierten desechos fecales con patógenos, además de aguas residuales provenientes del triple lavado de envases de fertilizantes y plaguicidas. Esta mezcla tóxica se filtra directamente al suelo y amenaza con contaminar el acuífero y la cadena alimenticia de toda la zona.

Una denuncia anónima presentada el 29 de septiembre de 2025 ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) documenta las descargas ilegales en un predio baldío ubicado cerca del rancho La Trinidad, en la colonia Santa Fe Braulio Maldonado. El documento solicita una inspección urgente ante el riesgo de contaminación del acuífero y posibles brotes de enfermedades respiratorias o gastrointestinales.

Los vecinos señalan que el predio se ha convertido en un tiradero clandestino a plena luz del día. Especialistas y denunciantes advierten que se trata de un delito ambiental grave tipificado en el artículo 416 del Código Penal Federal, que sanciona la infiltración de contaminantes en el subsuelo con penas de hasta nueve años de prisión y multas que pueden superar los tres millones de pesos, aplicadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Los periodistas dicen desconocer quién les llamó, y deciden hacerlo público y anunciaron que tomarán acciones legales.

La senadora con licencia de Morena por Baja California, Julieta Ramírez Padilla, quien aspira a la candidatura de su partido al gobierno del estado en 2027, se encuentra bajo investigación del gobierno de Estados Unidos y negocia convertirse en testigo colaborador del Departamento de Justicia, según un reportaje de la unidad de investigación NMás Focus, sin embargo no muestran documentación que muestre el nombre de la señalada.

De acuerdo con la información, el medio obtuvo acceso a un proffer agreement (acuerdo de proffer) firmado entre la oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el condado de San Diego y Ramírez Padilla, el cual no muestran. Este tipo de acuerdo permite a una persona investigada o a un testigo entregar información sobre posibles delitos a cambio de que esa declaración no sea utilizada directamente en su contra en un eventual juicio.

En el documento, dice N+, se establece que Ramírez se reuniría con autoridades estadounidenses para que estas evalúen si puede aportar información confiable a cambio de algún beneficio. Asimismo, se compromete a no cometer perjurio ni obstruir la justicia. Una vez más, sin mostrar pruebas fehacientes.

La senadora con licencia solicitó el 17 de junio de 2026 una licencia en el Senado para buscar la candidatura morenista al gobierno de Baja California. Esa misma semana comenzaron a distribuirse volantes en Tijuana posicionándola como precandidata. El 1 de septiembre, el Instituto Estatal Electoral le ordenó retirar toda propaganda tras una queja del Partido Acción Nacional por presunta anticipación de campaña.

Ramírez Padilla mantiene una relación cercana con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, de quien fue secretaria particular cuando esta encabezaba el Ayuntamiento de Mexicali. En julio, la propia gobernadora reconoció haber intentado colaborar con autoridades estadounidenses en una investigación, luego de que meses antes le fuera revocada su visa.

La senadora compite internamente por la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en Baja California con Ismael Burgueño, Alejandro Ruiz Uribe, Evangelina Moreno, Fernando Castro Trenti, Alfredo Álvarez y Armando Ayala.

El periodista Luis Chaparro ya había adelantado información sobre un presunto acuerdo entre la senadora con licencia y las autoridades estadounidenses en su medio, Pie de Página, hace un par de semanas.

Este jueves se llevó a cabo la conferencia mañanera en Ensenada. Interesante tras la gira de medios que según sus allegados, no costó nada porque «aprovecharon» una ida a Ciudad de México a una reunión con la presidenta, y porque no se les pagó a ninguno de los medios donde se presentó Marina del Pilar a dar su versión de los audios difundidos por Héctor de Mauleón.

Salió acompañada del general Laureano Carrillo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien a pesar de ser esta dependencia -pero a nivel federal-, quien llevó a cabo el operativo donde aprehendieron al exdirector de policía de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, no tocó el tema ni estuvo entre las preguntas realizadas.

Hubo un cuestionamiento sobre la actualización del caso, que respondió la fiscal general del estado, María Elena Andrade, pero no dijo nada nuevo. Hizo un recuento de las tres intervenciones de la fiscalía en temas de la policía municipal de Mexicali, que ya había detallado en su conferencia del martes en Mexicali. La actualización fue decir que la audiencia estaba en receso y que reiniciaría a la 1 de la tarde.

La gobernadora se veía muy acalorada… o muy nerviosa. La pregunta que dio la nota, fue la del pleito que mantiene con el exgobernador Jaime Bonilla. No quiso decir mucho; después de acusarlo de ponerle una trampa e ir a hacerse la víctima a los medios nacionales, ahora le desea «paz en su corazón».

Nicolle de León, la encargada de comunicación, hizo lo que hace todas las mañaneras, minimizar los daños. Le pedí a la mandataria contestar dos preguntas porque no me darían el uso de la voz, pero solo al final solo contestó con un «no sé» cuando al final le grité que si Carlos Torres estaba en la investigación de Pedro Ariel Mendívil, por el reportaje de hace meses que publicó N+.

Ese trabajo señala: «De acuerdo con una denuncia presentada en la Fiscalía en materia de Delincuencia Organizada el 11 de junio de 2025, Carlos Torres recibía 150 mil dólares mensuales por parte de Pedro Ariel Mendivil García,exsecretario de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali, para permitir que el Cártel de Los Rusos, una facción del Cártel de Sinaloa, pudiera operar en el estado».

Carlos Torres manejó el Ayuntamiento de Mexicali los primeros años del sexenio marinista, por lo que no suena descabellado el reportaje. Tampoco es un secreto que fue la gobernadora quien propuso a Mendívil como director de policía y quien lo mantuvo cuando ya resultaba insostenible. ¿Por qué?

Hubo señalamientos en el sentido de que algunas reuniones formales del municipio, que pensaban serían con Marina del Pilar, las atendía su marido. Luego hubo un rompimiento de Carlos y Norma, después el asunto del retiro de la visa, que a su vez derivó en la separación de los cargos honorarios de Torres en el Gobierno del Estado y en el Ayuntamiento de Tijuana, hasta terminar en el divorcio, que se supone tiene efecto desde el 24 de noviembre de 2025, pero aun no ha llegado el documento a los juzgados de Baja California.

¿Sabía la gobernadora de todas las actividades oficiales y extraoficiales de Carlos Torres? ¿Metería las manos al fuego por él? estas preguntas se quedaron sin respuesta hoy.

Por cierto, que la alcaldesa Norma Bustamante es otra que anda nerviosa. Por sostener a Pedro Ariel le quitaron la visa, así que que como superior del exjefe de policía, algo tendrá que decir sobre las acusaciones contra Mendívil. ¿No sabía nada? ¿Sí sabía pero no podía hacer nada? ¿Por qué no lo removió cuando todo mundo pedía un cambio en la DSPM? ¿La amenazaron? Veremos el curso de la investigación, que debe sí o sí incluir la declaración de la alcaldesa.