Columna
Algo cada día: Democracia de cartón, facturas de oro
Por Fernando Ruiz del Castillo
Hay negocios que sobreviven a los gobiernos, a los partidos y hasta a los cambios de régimen. Uno de ellos parece ser el de la impresión de documentos electorales. Porque en México el voto es libre, secreto y universal, pero los contratos para imprimir las boletas, fabricar las urnas y producir la papelería electoral parecen tener dueño conocido.
La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de cuestionamientos e investigaciones sobre su gestión y las relaciones de algunos de sus colaboradores con proveedores, debería ser algo más que una nota política en Baja California.
Debería encender algunas luces de alerta. Y no precisamente por solidaridad con la expresidenta, sino porque varios de los nombres que aparecen en las investigaciones sobre los contratos nacionales también han tenido presencia en los negocios electorales de este estado.
Hablemos de Cajas Graf, Litho Formas y Corporativo ZEG, empresas que forman parte de una red de proveedores cuya actuación ha sido objeto de cuestionamientos por presuntas prácticas de competencia simulada y relaciones empresariales que merecen una revisión a fondo.
En Baja California no son precisamente desconocidos. Durante el proceso electoral 2020-2021, el Instituto Estatal Electoral (IEEBC) adjudicó a Cajas Graf un contrato cercano a los 27 millones de pesos para la fabricación de cajas, urnas y mamparas.
Lo interesante aparece al revisar la licitación LPN-IEEBC-2021/01. Entre los participantes figuraba Formas Finas y Materiales, empresa que, de acuerdo con los señalamientos e investigaciones sobre esta red de proveedores, compartiría representantes legales y vínculos empresariales con Cajas Graf.
Si los expedientes confirman esas coincidencias, estaríamos ante una pregunta elemental: ¿realmente competían dos empresas independientes o estábamos frente a una competencia de familia?
Porque si dos participantes comparten intereses, representantes o estructuras empresariales, la supuesta competencia merece, cuando menos, una explicación.
Otro nombre conocido es Litho Formas, proveedor de boletas electorales para Baja California en el proceso 2023-2024, mediante la licitación LPN-IEEBC-2024/02. También ha participado en la impresión de formatos valorados para el Registro Civil.
Es decir, una misma empresa aparece en documentos que acompañan a los ciudadanos desde que nacen hasta que ejercen su derecho al voto. Una trayectoria administrativa bastante completa.
El problema no es que una empresa gane contratos públicos. Para eso existen las licitaciones. El problema comienza cuando aparecen indicios de relaciones entre competidores, posibles conflictos de interés o mecanismos que pudieran distorsionar la libre participación.
Y ahí es donde las autoridades locales tienen una tarea pendiente. Porque mientras en el ámbito nacional se revisan contratos, relaciones empresariales y posibles irregularidades, en Baja California seguimos sin conocer una explicación pública suficientemente detallada sobre estos antecedentes y sus implicaciones.
No basta con responder que todo se hizo conforme a la ley. Esa es precisamente la razón por la que existen auditorías, órganos de control y procedimientos de transparencia: para demostrarlo.
¿Alguien en el IEEBC, la Auditoría Superior del Estado o la Oficialía Mayor se ha tomado la molestia de revisar estos expedientes con la profundidad que ameritan? ¿Se verificaron los vínculos entre participantes? ¿Se investigaron posibles conflictos de interés? ¿Se comprobó que las ofertas correspondieran a una competencia auténtica?
Son preguntas, no sentencias. Pero son preguntas que merecen respuestas documentadas.
Porque la democracia cuesta, nadie lo discute. Lo que no debería ocurrir es que termine costando más por falta de vigilancia, transparencia o voluntad para revisar a los proveedores de siempre.
Al final, los ciudadanos ponemos los votos, las instituciones organizan las elecciones y unos cuantos proveedores imprimen la papelería.
Y mientras unos cuentan sufragios, otros parecen contar millones.
Punta Colonet: otra vez la primera piedra
En Baja California, como en México en general, tenemos una curiosa tradición política: las primeras piedras se colocan con entusiasmo, los discursos se pronuncian con solemnidad y las inversiones se anuncian con tantos ceros que hasta los invitados terminan mareados. Lo que no siempre aparece es la obra terminada.
La ceremonia encabezada por Marina del Pilar Ávila para poner en marcha el puerto de altura de Punta Colonet reunió a sirios y troyanos. No era para menos. Se habla de una inversión privada de 41 mil millones de pesos, a cargo de Grupo ICA, para desarrollar un puerto de casi 2 mil 769 hectáreas, con capacidad proyectada para recibir un millón de contenedores anuales y comenzar operaciones a finales de 2029.
Suena extraordinario. Y ojalá se concrete. Pero conviene recordar que Punta Colonet no es precisamente un proyecto recién descubierto por algún funcionario iluminado.
En agosto de 2006 se declaró puerto de altura a Bahía Colonet. Dos años después, Felipe Calderón lo presentó como una de las grandes apuestas de su gobierno. Se hablaba de 11 mil millones de pesos, diez posiciones de atraque y 700 kilómetros de vías ferroviarias para conectar con Estados Unidos.
Después vinieron las modificaciones, los retrasos, la crisis financiera y, finalmente, la cancelación oficial del proyecto en noviembre de 2012. La inversión estimada llegó a manejarse hasta en 5 mil millones de dólares.
Catorce años después de aquella cancelación y veinte de la declaratoria portuaria, estamos nuevamente ante la primera piedra. Cambiaron los gobiernos, los inversionistas y los discursos, pero la promesa sigue siendo prácticamente la misma.
Y no es el único ejemplo.
En marzo de 2018, el entonces gobernador Francisco Vega de Lamadrid colocó la primera piedra de la desaladora de Playas de Rosarito. Se prometía resolver buena parte de los problemas de abastecimiento de agua de la zona costa.
El proyecto nunca se concretó. Jaime Bonilla canceló el contrato de asociación público-privada y la empresa Consolidated Water reclamó más de 50 millones de dólares por los gastos realizados.
Ahora Marina del Pilar y el gobierno de Claudia Sheinbaum vuelven a colocar la primera piedra en el mismo sitio, con una inversión estimada de 12 mil 861 millones de pesos. Ojalá esta vez el agua llegue antes que el siguiente gobernador.
En Mexicali también tenemos memoria. El proyecto Silicon Border fue anunciado en 2005 por Vicente Fox y el entonces gobernador Eugenio Elorduy como un gigantesco parque industrial tecnológico que atraería empresas internacionales y empleos especializados.
En 2015, Francisco Vega todavía anunciaba la llegada de Spectrum, fabricante de aviones. En 2019, el balance era desolador: el complejo seguía sin recibir una sola empresa.
Y qué decir de la planta fotovoltaica de Mexicali, promovida durante el gobierno de Jaime Bonilla mediante un contrato de 12 mil millones de pesos con Next Energy. Nunca comenzó a construirse por falta de permisos. El gobierno de Marina del Pilar terminó cancelando el contrato y reclamando la devolución de 123 millones de pesos retenidos por Banca Afirme.
Podríamos agregar el Libramiento de Ensenada, cuya primera piedra se colocó en 2007 y que acumula inversiones de al menos 3 mil 300 millones de pesos en sus etapas construidas.
En febrero de este año todavía se documentaban deficiencias de seguridad y la falta de entrega formal de la vialidad.
No se trata de negar la importancia de las inversiones ni de desear que fracasen. Se trata de recordar que gobernar no es organizar ceremonias ni administrar expectativas.
Por eso llama la atención el despliegue mediático alrededor de Punta Colonet, particularmente cuando se acerca el quinto informe de Marina del Pilar, el próximo 7 de noviembre.
Las buenas noticias siempre son bienvenidas, sobre todo cuando el gobierno necesita presumir resultados. Pero una cosa es informar y otra convertir una expectativa en logro consumado.
Seguramente en el informe habrá aplausos, sonrisas y expresiones de entusiasmo. Quizá hasta parezca que ya está entrando el primer barco cargado de contenedores.
Pero no. Apenas se colocó una piedra.
Y en Baja California ya tenemos demasiadas.
Dos gallos para un solo corral
Dicen que cuando en una oficina todos quieren ser el jefe, el trabajo termina siendo lo de menos. Y si esa oficina es el tercer piso del edificio del Ejecutivo de Baja California, donde despacha Marina del Pilar Ávila, el asunto puede convertirse en un problema de gobierno.
Con la llegada de Ariel Lizárraga Montero a la Coordinación de Gabinete parece haber llegado también algo que hacía falta: orden, seguimiento, reuniones de evaluación y un funcionario dispuesto a preguntar por qué los acuerdos no se cumplen. Hasta ahí, todo bien. Para eso lo nombraron.
El problema es que, junto con la organización, también llegaron las ambiciones, los egos y las disputas por el afecto político de la jefa. Porque una cosa es coordinar el gabinete y otra muy distinta pretender convertirse en el poder detrás del escritorio principal.
En los pasillos del Ejecutivo es cada vez más comentada la rivalidad entre Lizárraga y el secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez. Una relación que, según versiones y comentarios publicados en medios locales, está lejos de ser precisamente una historia de colaboración institucional.
Dianeth Pérez Arreola, en su columna Gasolina al fuego, publicada en Brújula News el pasado 7 de septiembre, describió el malestar que provocó entre integrantes del gabinete la llegada de Lizárraga, particularmente por la forma en que condujo su primera reunión con los secretarios. También señaló la molestia de Pon ante el margen de poder que estaría recibiendo el nuevo coordinador.
Y es que aquí está el fondo del asunto: ambos tienen espacios de poder que se cruzan, aunque sus responsabilidades sean diferentes.
Pon tiene bajo su responsabilidad la política interna, la gobernabilidad, las relaciones con los poderes y los ayuntamientos. Es decir, debería ser el operador político por excelencia del gobierno. Lizárraga, por su parte, tiene la encomienda de coordinar, evaluar y dar seguimiento a las acciones de las dependencias.
Pero en la práctica, la coordinación también significa información, control de agenda, acceso directo a la gobernadora y capacidad para influir en las decisiones. Y ahí es donde comienzan los problemas.
Lizárraga conoce el manejo de medios, la comunicación política y las entrañas de la operación gubernamental. No llegó precisamente a aprender cómo funciona el edificio. Por eso, cuando desde su entorno se cuestiona el desempeño de otras áreas, particularmente las que deberían responder a Pon, el mensaje no pasa inadvertido.
El problema es que el secretario general parece no haber encontrado todavía la fórmula para responder con política, estrategia y resultados. Y en un puesto donde la negociación, la anticipación de conflictos y el manejo de las crisis deberían ser sus principales fortalezas, las debilidades terminan exhibiéndose solas.
Pon no puede limitarse a ocupar el despacho y esperar que los problemas se resuelvan por decreto. Tampoco Lizárraga puede confundir la coordinación con una licencia para convertirse en auditor, jefe político y censor del gabinete.
Marina del Pilar debería entender que esta competencia no es un asunto menor de vanidades personales. Cuando dos de sus principales colaboradores se disputan espacios, información y reconocimiento, el gobierno pierde tiempo, eficacia y autoridad.
Y si la gobernadora permite que la disputa continúe, terminará pagando una factura que no será precisamente barata. Porque los funcionarios pueden pelearse por quedar bien con la jefa, pero los errores y las omisiones se los cobran a quien encabeza el gobierno.
A estas alturas, Marina necesita menos funcionarios compitiendo por demostrar quién tiene más poder y más colaboradores ocupados en demostrar que saben hacer su trabajo.
Porque si en el tercer piso hay dos gallos convencidos de que son dueños del corral, alguien tendrá que recordarles quién es la gobernadora.
Y, sobre todo, quién paga las consecuencias cuando los gallos se olvidan de que las gallinas son las que ponen los huevos.
Columna
Matices: La carta
Margarita de Sánchez publicó una carta de apoyo de parte de militantes del PAN, entre los que están finísimos miembros de ese instituto político como Francisco «Kiko» Vega, Loreto Quintero, Rubén Alanís y otros.
La carta va dirigida al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Jorge Romero Herrera y a la líder estatal del partido, Lizbeth Mata Lozano,
En el documento, los firmantes señalan que Margarita Flores de Sánchez se encuentra registrada desde el 19 de junio de 2026 para la Coordinación Estatal de Patria, Familia y Libertad, por lo que al momento de la entrega del escrito han transcurrido 131 días desde su registro.
Esto parece ser, mas que una carta de apoyo, una petición de inclusión, como si le hubieran dicho que ya «la bajaron», pero a la vez es una sutil pedrada a Verónica Ruffo, al mencionar que el respaldo surge de manera libre, responsable y anticipada, y no de una “circunstancia momentánea” (¿Cómo la de la Ruffo?).
El documento subraya que este respaldo no busca sustituir los mecanismos institucionales del PAN, sino hacer del conocimiento de la dirigencia nacional que existe una expresión organizada de militantes y ciudadanos que ha decidido acompañar el proyecto de Margarita Flores de Sánchez.
Lo curioso es que en algunos chats de Whatsapp de los panistas hubo caras de sorpresa al ver sus nombres en esa lista, sin que les hubieran pedido su autorización.






Y la presidenta municipal de Ensenada, Claudia Agatón, no se anduvo por las ramas y le pidió a Manuel Guerrero, el compadre de la gober, que vaya a ese puerto a atender las previsiones necesarias antes de otras lluvias para no repetir las tragedias de hace unas semanas por el paso de Rachel.
Manuel Guerrero puede seguir haciéndose pato, pero el colectivo Diamantina Rosa acaba de interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República ante quien resulte responsable incluyendo a personas servidoras públicas de Conagua, que en el ámbito de sus atribuciones pudieran haber incurrido en acciones y omisiones relacionadas con la prevención, vigilancia, mantenimiento, desazolve, limpieza, inspección o atención de los cauces de arroyos y zonas federales que pudieran representar un riesgo para la población de Ensenada.
El funcionario y recién casado, no se da por enterado de los oficios entregados por el Ayuntamiento, no contesta escritos, no contesta llamadas ni atiende las mesas de trabajo, y recordemos que Ensenada tiene 16 arroyos y 1 presa con invasiones, pero como la relación no es tan buena entre estado y ayuntamiento, pues parece que la instrucción es no atenderlo.
Y a propósito de inconscientes, al doctor Miguel Bernardo Romero Flores, no le importaron las advertencias sobre Rachel; él señor se fue a festejar su cumpleaños al otro extremo del país mientras el Hospital General de Ensenada se inundaba.
No tomó las precauciones necesarias, mínimo poner sacos de arena para bloquear las entrada de agua. Le valió un reverendo cacahuate. Y después del desastre tampoco vino corriendo a solucionar, solo se acercó a Ensenada cuando la gobernadora decidió hacer ahí la conferencia mañanera hace unas semanas.
Entre la agenda propuesta para este día estaba visitar el hospital dañado, pero el vicegobernador Ariel seguro lo sacó del programa y prefirió llevar a Marina del Pilar a las colonias fraccionadas y vendidas irresponsablemente por el INDIVI, cuestión que le reclamaron los colonos.

Y finalmente, sobre el asunto de la maestría de Julieta Ramírez, pues resulta que su abogado, José Estrella Castro, es esposo de Reyna Terán Félix. ¿Y quién es esta Reyna? pues fue la directora de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UABC y su tutora de proyecto de estudio de caso de su maestría, el cual no parece por cierto, en el sistema del catálogo Cimarrón, del sistema de Bibliotecas de la UABC, como sí aparecen los de sus compañeros.
Tanta chanza le dieron, que le permitieron recursar con clases a distancia la materia que reprobó por inasistencias: Seminario de estudio de caso, donde Reyna se autoasigna de tutora a su amiga Julieta, a quien ya conocía desde que trabajaban juntas en los comedores comunitarios.

Columna
Matices: Antes no estaba
Muy herméticos andan en Gobierno del Estado sobre el brillante autor de la campaña “Esto antes no estaba” y que les han resultado contraproducente; sin duda de lo poco que puede presumir la gobernadora es de la inversión en infraestructura (y sin sobreprecios y moches hubiera hecho más), pero los negativos son muchos y hay bastantes temas que son materia prima de altísima calidad para hacer memes.
Lo que sí se sabe es que detrás del jingle que está metiendo en problemas al estado, ese que sale mil veces en YouTube, el del estribillo “la 4T sí gobierna contigo” lo vendió y caro, Mario Fibela, el productor de Ciudad Capital, programa que transmitieron un tiempo desde Camur, la empresa hecha con recursos a fondo perdido, artífice de muchas tranzas en oficialía mayor y hoy comisionada del Sindicato de Burócratas, Thanya Díaz de León.
El jurídico del PRI, Joel Blas Ramos, acaba de denunciar a la secretaria de Educación, Irma Martínez, y curiosamente también a su vocera, Brenda Covarrubias, cuando eso se envía desde Comunicación Social a todas las dependencias y debió ser la titular de esa dirección quien apareciera en la citada denuncia. El caso es que después de ahogado el niño tapado el pozo, y ya circula en los chats de los enlaces de comunicación de las diversas dependencias, una versión sin esa frase partidista, porque esta administración nunca ha podido entender que no gobierna para los morenistas, sino para todos los bajacalifornianos, también los que no votamos por los candidatos guindas. Al igual que el caso de la campaña de “Esto antes no estaba”, ¿en qué cabeza cabe no prever las consecuencias?
Y ya que andamos en Gobierno del Estado, nos cuentan que el vicegobernador, Ariel Lizárraga, anda borracho de poder interrogando a los funcionarios públicos nomás porque sí, y hay que decirle qué función tienes, cómo las desempeñas, cuánto te tardas, por qué lo haces así y cualquier otra cosa que quiera saber. Además, si ve a algún funcionario hablando con Marina del Pilar lo interroga y no lo deja ir hasta saber los más mínimos detalles de qué se trató la plática. Ya se está frotando las manos para volver a disponer a su antojo del presupuesto de comunicación, desde donde le aumentó varios ceros a su cuenta bancaria cobrando moches de lo que le daba a sus amigos periodistas.
Hoy tuvo su primera rueda de prensa como “no candidato” el exsecretario de salud estatal, Adrián Medina Amarillas, quien buscar el coordinador de como se llame la no candidatura, para competir por Morena en busca de la diputación federal del distrito uno. Nos pasó unas imágenes donde se le ve entregando el pasquín ese llamado Regeneración, con el texto que decía algo así como “Para combatir la desinformación y las fake news”. El futuro candidato mostrando lo que su partido piensa del periodismo crítico; el doctor Medina, toda una eminencia en cardiología, reducido a un repartidor de periódicos como requisito indispensable para ganarse la simpatía del partido, y tener un pretexto para ir de casa en casa en una “no campaña”.
Medina Amarillas dijo que consideró jugársela para un cargo público después de hablar con su familia y con la gobernadora, con lo que evidenció que es ella su principal impulsora. Mientras tanto, animada por Julieta “simpatías” Ramírez, está más que alborotada Lourdes Cáñez. Ahí está el tiro en el distrito 1 entre Marina y Julieta.
Por cierto, que en una reunión que tuvo esta tarde, trascendió que obligaron a trabajadores del estado a asistir y hacer bola.
Y siguiendo el tema de los candidatos, Armando Samaniego está dándole hasta para llevar a la administración de Norma Bustamante, donde empezó tímidamente criticando la renta del Cine Lux y ahora ya agarró impulso y le siguió ya sin pena contra la recolección de basura, la seguridad, la atención al Valle de Mexicali y lo que se le atraviese.
Como ya ve todo perdido porque no quedó su gallo, Ismael Burgueño, pues ya no tiene nada más que perder y mucho que ganar si hace leña del árbol caído y se va recio contra la pésima administración de Norma Bustamante. Así de paso, se lleva de corbata a Claudia Beltrán, aspirante también a la alcaldía de Mexicali.
Claudia tiene como gran negativo no solo ser parte de la administración más corrupta en la historia de la ciudad, sino además, ser la que firmaba contratos, autorizaba las millonarias “asesorías” de Jorge Mario Soto (donde hasta el tesorero Roger Sosa le acaba de echar el carro a ella en este tema), tuvo que palomear los egresos para el Cine Lux y un largo etcétera. La oficial mayor podrá haber hecho todo lo anterior sin estar de acuerdo y a regañadientes si quieren, pero nunca levantó la voz contra lo que se hace con el dinero de los mexicalenses.
Columna
Matices: Las campañas que no son campañas
Ya empezaron los mensajes y llamadas de promoción de Michel Sánchez, donde una voz de IA dice que es promotora de la Universidad Rosario Castellanos. No pues wow. Desde ahorita puedo ver que esos centros universitarios serán productores de títulos y manipuladores de conciencias para perpetuar el régimen.

Y hablando de escuelas patito, ¿se acuerdan que la diputada Michelle Tejeda, quien anda insoportablemente borracha de poder, se ostentó públicamente como egresada de la UABC sin serlo? Según ella salió de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, pero al verse descubierta su mentira tuvo que eliminar esa información, pues no pudo completar ahí su formación.
Como todos los morenistas con complejo de inferioridad, se compró un título. Desde 2025 tiene cédula como egresada de una escuela que está en Querétaro, que se llama “Centro Cultural, Universitario y de Investigación Forense y Jurídica”, como licenciada en Administración, que logró en solo 3 años y en sistema escolarizado en línea. Si mienten en su currículum, ni cómo creerle otras cosas.

Cambiando de tema, el viernes 23 le pregunté a su exmarido, Edgar Covarrubias, tras el desplante de la alcaldesa Norma Bustamante de ignorar mis preguntas, si esa iba a ser la tónica de comunicación social a partir de ahora, y le pedí contestar si esa actitud era una recomendación de él como titular de Comunicación Social o si era una decisión de la alcaldesa, a lo cual solo repetía que yo le había preguntado temas personales “y eso no es periodismo” y no hubo forma de tener una respuesta directa.
Ahora resulta que a Bustamante no le gusta que le toquen a los hijos cuando deja que se metan hasta la cocina en el presupuesto. Lo de los millones de pesos en asesorías lo publicamos nosotros; 25 millones en 2024 y otros 25 en el 2025. Cuando pedí una de esos documentos para comprobar que existían, me contestaron que no se podía por cuestiones de “derecho de autor”.
Bustamante prometió dar a conocer las empresas (al menos hay 4 documentadas donde participa Jorge Mario Soto, exjefe de su hija) que han creado para sacar dinero por concepto de asesorías, así que al menos se nos han ido 50 millones en ese rubro; cantidad que iguala el presupuesto aprobado para la Academia de Policía que se ejercerían este año y ya no será así.

Ese día, cuando también le recordé que no había cumplido la prometida reunión para hablar del Cine Lux y sus costos, le pasó una tarjeta informativa a un colega, donde no dice por qué se pagó renta de más de medio millón de pesos al mes desde 2024, cuando no pasó absolutamente nada con ese inmueble y fue dinero tirado al bolsillo de Panchito Pérez Tejada. Dice que en el adendum firmado se acordó una reducción del 40 por ciento de la renta, para quedar en 268 mil 929 pesos con 87 centavos al mes, cantidad que no deja de ser exagerada.
Agrega la ficha que no se obliga al ayuntamiento a un contrato de 20 años, para luego agregar: “La cláusula décimosegunda protege al Ayuntamiento para que, durante el periodo de 20 años (¿Sí o no los 20 años?) no pueda ser cancelada la relación contractual por decisión del arrendador”. ¿Quién cancelaría ese contrato tan beneficioso? ¿Se supone que eso es una ventaja para el ayuntamiento?
En otro asunto, Héctor Osuna Jaime, aspirante a la gubernatura por el PAN, estuvo en días pasados en Ciudad de México, donde sí fue recibido por el Comité Ejecutivo Nacional, cosa que no han logrado algunos otros interesados en obtener la coordinación estatal, paso previo a la candidatura.
Finalmente, sobre la entrevista a Maru Campus en Latinus y la discusión con la presidenta Claudia Sheinbaum, parece que el trasfondo es que Estados Unidos documentó que uno de los agentes fallecidos pertenecía a la CIA, y que no fue un accidente, sino una acción deliberada de quitarlo de en medio donde estaría involucrado el fiscal que ahora está tras las rejas, por eso la mandataria de Chihuahua lo entregó.
Junto con ese expediente documentado, le habrían mostrado el de ciertos personajes de Morena, por eso se les dejó ir a la yugular. Parte de esas olas levantadas, serían los videos exhibidos donde se ve que el proveedor favorito de la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, se lleva al hijo de ésta a un carísimo hotel en Paris. No cualquiera tiene esa tecnología para infiltrarse en los teléfonos.
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