Por Fernando Ruiz del Castillo

Hay negocios que sobreviven a los gobiernos, a los partidos y hasta a los cambios de régimen. Uno de ellos parece ser el de la impresión de documentos electorales. Porque en México el voto es libre, secreto y universal, pero los contratos para imprimir las boletas, fabricar las urnas y producir la papelería electoral parecen tener dueño conocido.

La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de cuestionamientos e investigaciones sobre su gestión y las relaciones de algunos de sus colaboradores con proveedores, debería ser algo más que una nota política en Baja California.

Debería encender algunas luces de alerta. Y no precisamente por solidaridad con la expresidenta, sino porque varios de los nombres que aparecen en las investigaciones sobre los contratos nacionales también han tenido presencia en los negocios electorales de este estado.

Hablemos de Cajas Graf, Litho Formas y Corporativo ZEG, empresas que forman parte de una red de proveedores cuya actuación ha sido objeto de cuestionamientos por presuntas prácticas de competencia simulada y relaciones empresariales que merecen una revisión a fondo.

En Baja California no son precisamente desconocidos. Durante el proceso electoral 2020-2021, el Instituto Estatal Electoral (IEEBC) adjudicó a Cajas Graf un contrato cercano a los 27 millones de pesos para la fabricación de cajas, urnas y mamparas.

Lo interesante aparece al revisar la licitación LPN-IEEBC-2021/01. Entre los participantes figuraba Formas Finas y Materiales, empresa que, de acuerdo con los señalamientos e investigaciones sobre esta red de proveedores, compartiría representantes legales y vínculos empresariales con Cajas Graf.

Si los expedientes confirman esas coincidencias, estaríamos ante una pregunta elemental: ¿realmente competían dos empresas independientes o estábamos frente a una competencia de familia?

Porque si dos participantes comparten intereses, representantes o estructuras empresariales, la supuesta competencia merece, cuando menos, una explicación.

Otro nombre conocido es Litho Formas, proveedor de boletas electorales para Baja California en el proceso 2023-2024, mediante la licitación LPN-IEEBC-2024/02. También ha participado en la impresión de formatos valorados para el Registro Civil.

Es decir, una misma empresa aparece en documentos que acompañan a los ciudadanos desde que nacen hasta que ejercen su derecho al voto. Una trayectoria administrativa bastante completa.

El problema no es que una empresa gane contratos públicos. Para eso existen las licitaciones. El problema comienza cuando aparecen indicios de relaciones entre competidores, posibles conflictos de interés o mecanismos que pudieran distorsionar la libre participación.

Y ahí es donde las autoridades locales tienen una tarea pendiente. Porque mientras en el ámbito nacional se revisan contratos, relaciones empresariales y posibles irregularidades, en Baja California seguimos sin conocer una explicación pública suficientemente detallada sobre estos antecedentes y sus implicaciones.

No basta con responder que todo se hizo conforme a la ley. Esa es precisamente la razón por la que existen auditorías, órganos de control y procedimientos de transparencia: para demostrarlo.

¿Alguien en el IEEBC, la Auditoría Superior del Estado o la Oficialía Mayor se ha tomado la molestia de revisar estos expedientes con la profundidad que ameritan? ¿Se verificaron los vínculos entre participantes? ¿Se investigaron posibles conflictos de interés? ¿Se comprobó que las ofertas correspondieran a una competencia auténtica?

Son preguntas, no sentencias. Pero son preguntas que merecen respuestas documentadas.
Porque la democracia cuesta, nadie lo discute. Lo que no debería ocurrir es que termine costando más por falta de vigilancia, transparencia o voluntad para revisar a los proveedores de siempre.

Al final, los ciudadanos ponemos los votos, las instituciones organizan las elecciones y unos cuantos proveedores imprimen la papelería.
Y mientras unos cuentan sufragios, otros parecen contar millones.

Punta Colonet: otra vez la primera piedra

En Baja California, como en México en general, tenemos una curiosa tradición política: las primeras piedras se colocan con entusiasmo, los discursos se pronuncian con solemnidad y las inversiones se anuncian con tantos ceros que hasta los invitados terminan mareados. Lo que no siempre aparece es la obra terminada.

La ceremonia encabezada por Marina del Pilar Ávila para poner en marcha el puerto de altura de Punta Colonet reunió a sirios y troyanos. No era para menos. Se habla de una inversión privada de 41 mil millones de pesos, a cargo de Grupo ICA, para desarrollar un puerto de casi 2 mil 769 hectáreas, con capacidad proyectada para recibir un millón de contenedores anuales y comenzar operaciones a finales de 2029.

Suena extraordinario. Y ojalá se concrete. Pero conviene recordar que Punta Colonet no es precisamente un proyecto recién descubierto por algún funcionario iluminado.

En agosto de 2006 se declaró puerto de altura a Bahía Colonet. Dos años después, Felipe Calderón lo presentó como una de las grandes apuestas de su gobierno. Se hablaba de 11 mil millones de pesos, diez posiciones de atraque y 700 kilómetros de vías ferroviarias para conectar con Estados Unidos.

Después vinieron las modificaciones, los retrasos, la crisis financiera y, finalmente, la cancelación oficial del proyecto en noviembre de 2012. La inversión estimada llegó a manejarse hasta en 5 mil millones de dólares.

Catorce años después de aquella cancelación y veinte de la declaratoria portuaria, estamos nuevamente ante la primera piedra. Cambiaron los gobiernos, los inversionistas y los discursos, pero la promesa sigue siendo prácticamente la misma.
Y no es el único ejemplo.

En marzo de 2018, el entonces gobernador Francisco Vega de Lamadrid colocó la primera piedra de la desaladora de Playas de Rosarito. Se prometía resolver buena parte de los problemas de abastecimiento de agua de la zona costa.

El proyecto nunca se concretó. Jaime Bonilla canceló el contrato de asociación público-privada y la empresa Consolidated Water reclamó más de 50 millones de dólares por los gastos realizados.

Ahora Marina del Pilar y el gobierno de Claudia Sheinbaum vuelven a colocar la primera piedra en el mismo sitio, con una inversión estimada de 12 mil 861 millones de pesos. Ojalá esta vez el agua llegue antes que el siguiente gobernador.

En Mexicali también tenemos memoria. El proyecto Silicon Border fue anunciado en 2005 por Vicente Fox y el entonces gobernador Eugenio Elorduy como un gigantesco parque industrial tecnológico que atraería empresas internacionales y empleos especializados.

En 2015, Francisco Vega todavía anunciaba la llegada de Spectrum, fabricante de aviones. En 2019, el balance era desolador: el complejo seguía sin recibir una sola empresa.

Y qué decir de la planta fotovoltaica de Mexicali, promovida durante el gobierno de Jaime Bonilla mediante un contrato de 12 mil millones de pesos con Next Energy. Nunca comenzó a construirse por falta de permisos. El gobierno de Marina del Pilar terminó cancelando el contrato y reclamando la devolución de 123 millones de pesos retenidos por Banca Afirme.

Podríamos agregar el Libramiento de Ensenada, cuya primera piedra se colocó en 2007 y que acumula inversiones de al menos 3 mil 300 millones de pesos en sus etapas construidas.

En febrero de este año todavía se documentaban deficiencias de seguridad y la falta de entrega formal de la vialidad.

No se trata de negar la importancia de las inversiones ni de desear que fracasen. Se trata de recordar que gobernar no es organizar ceremonias ni administrar expectativas.

Por eso llama la atención el despliegue mediático alrededor de Punta Colonet, particularmente cuando se acerca el quinto informe de Marina del Pilar, el próximo 7 de noviembre.

Las buenas noticias siempre son bienvenidas, sobre todo cuando el gobierno necesita presumir resultados. Pero una cosa es informar y otra convertir una expectativa en logro consumado.

Seguramente en el informe habrá aplausos, sonrisas y expresiones de entusiasmo. Quizá hasta parezca que ya está entrando el primer barco cargado de contenedores.
Pero no. Apenas se colocó una piedra.
Y en Baja California ya tenemos demasiadas.

Dos gallos para un solo corral

Dicen que cuando en una oficina todos quieren ser el jefe, el trabajo termina siendo lo de menos. Y si esa oficina es el tercer piso del edificio del Ejecutivo de Baja California, donde despacha Marina del Pilar Ávila, el asunto puede convertirse en un problema de gobierno.

Con la llegada de Ariel Lizárraga Montero a la Coordinación de Gabinete parece haber llegado también algo que hacía falta: orden, seguimiento, reuniones de evaluación y un funcionario dispuesto a preguntar por qué los acuerdos no se cumplen. Hasta ahí, todo bien. Para eso lo nombraron.

El problema es que, junto con la organización, también llegaron las ambiciones, los egos y las disputas por el afecto político de la jefa. Porque una cosa es coordinar el gabinete y otra muy distinta pretender convertirse en el poder detrás del escritorio principal.

En los pasillos del Ejecutivo es cada vez más comentada la rivalidad entre Lizárraga y el secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez. Una relación que, según versiones y comentarios publicados en medios locales, está lejos de ser precisamente una historia de colaboración institucional.

Dianeth Pérez Arreola, en su columna Gasolina al fuego, publicada en Brújula News el pasado 7 de septiembre, describió el malestar que provocó entre integrantes del gabinete la llegada de Lizárraga, particularmente por la forma en que condujo su primera reunión con los secretarios. También señaló la molestia de Pon ante el margen de poder que estaría recibiendo el nuevo coordinador.

Y es que aquí está el fondo del asunto: ambos tienen espacios de poder que se cruzan, aunque sus responsabilidades sean diferentes.

Pon tiene bajo su responsabilidad la política interna, la gobernabilidad, las relaciones con los poderes y los ayuntamientos. Es decir, debería ser el operador político por excelencia del gobierno. Lizárraga, por su parte, tiene la encomienda de coordinar, evaluar y dar seguimiento a las acciones de las dependencias.

Pero en la práctica, la coordinación también significa información, control de agenda, acceso directo a la gobernadora y capacidad para influir en las decisiones. Y ahí es donde comienzan los problemas.

Lizárraga conoce el manejo de medios, la comunicación política y las entrañas de la operación gubernamental. No llegó precisamente a aprender cómo funciona el edificio. Por eso, cuando desde su entorno se cuestiona el desempeño de otras áreas, particularmente las que deberían responder a Pon, el mensaje no pasa inadvertido.

El problema es que el secretario general parece no haber encontrado todavía la fórmula para responder con política, estrategia y resultados. Y en un puesto donde la negociación, la anticipación de conflictos y el manejo de las crisis deberían ser sus principales fortalezas, las debilidades terminan exhibiéndose solas.

Pon no puede limitarse a ocupar el despacho y esperar que los problemas se resuelvan por decreto. Tampoco Lizárraga puede confundir la coordinación con una licencia para convertirse en auditor, jefe político y censor del gabinete.

Marina del Pilar debería entender que esta competencia no es un asunto menor de vanidades personales. Cuando dos de sus principales colaboradores se disputan espacios, información y reconocimiento, el gobierno pierde tiempo, eficacia y autoridad.

Y si la gobernadora permite que la disputa continúe, terminará pagando una factura que no será precisamente barata. Porque los funcionarios pueden pelearse por quedar bien con la jefa, pero los errores y las omisiones se los cobran a quien encabeza el gobierno.

A estas alturas, Marina necesita menos funcionarios compitiendo por demostrar quién tiene más poder y más colaboradores ocupados en demostrar que saben hacer su trabajo.

Porque si en el tercer piso hay dos gallos convencidos de que son dueños del corral, alguien tendrá que recordarles quién es la gobernadora.

Y, sobre todo, quién paga las consecuencias cuando los gallos se olvidan de que las gallinas son las que ponen los huevos.

Desde las primeras horas de este sábado, grupos de coordinación recorren las calles como parte del operativo “Unidos por Tecate”, para dar seguimiento a la estrategia trazada en conjunto entre estado, municipio y federación para porteger las calles del llamado Pueblo Mágico.

Elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Tecate, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Fiscalía General del Estado (FGE), Fiscalía General de la República (FGR), Defensa y Marina, recorrerán zonas identificadas como prioritarias en materia de seguridad.

Este operativo se centrará en la detención de personas de interés y decomiso de armas de fuego, además de implementar acciones de proximidad y atención de denuncias ciudadanas.

Tal y como se anunció ayer en una mesa de trabajo entre los mandos principales de seguridad y justicia, el ayuntamiento de Tecate, así como de las fuerzas armadas, quedó formalmente instalado el Centro Coordinador Operativo de Tecate.

Desde esta mañana, más de 500 efectivos de las fuerzas especiales de seguridad y 110 unidades oficiales se concentraron en el Instituto de Estudios de Prevención y Formación Interdisciplinaria (IEPFI), para establecer rutas operativas y de contención de delitos.

También, se llevará a cabo diversos recorridos en zonas comerciales y turísticas de Tecate, para dar atención directa a visitantes y residentes de este municipio.

La presidenta de Diamantina Rosa, Sandra Lizette Dueñas Pérez, exigió una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial sobre las posibles omisiones de autoridades durante la tormenta Rachel en Ensenada, y sostuvo que ningún servidor público debe recibir un trato especial por el cargo que desempeña.

A través de un posicionamiento oficial, la abogada y defensora de derechos humanos respondió a las declaraciones del director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Baja California, Manuel Guerrero Luna, respecto a la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo propósito es que se investiguen posibles acciones u omisiones de las autoridades relacionadas con los hechos ocurridos durante el fenómeno meteorológico.

Dueñas Pérez aclaró que la denuncia no busca señalar culpables de manera anticipada, sino que se esclarezcan los acontecimientos y, en caso de acreditarse responsabilidades, se evite que queden impunes.

En ese sentido, reconoció el derecho del funcionario federal a expresar su postura y presentar la documentación que considere pertinente, pero advirtió que la emisión de avisos meteorológicos no demuestra, por sí sola, que se hayan cumplido todas las obligaciones legales en materia de prevención, vigilancia, conservación y atención de riesgos.

También puntualizó que la existencia de alertas preventivas tampoco permite concluir automáticamente que hubo responsabilidad penal, por lo que consideró que corresponde al Ministerio Público determinar los hechos conforme a derecho.

La presidenta de Diamantina Rosa señaló que, por respeto al procedimiento, no adelantará conclusiones ni hará pública información que deba ser analizada por la autoridad ministerial.

Afirmó que la denuncia no responde a una confrontación personal ni pretende generar una condena mediática, sino que constituye una exigencia de verdad, justicia y rendición de cuentas ante la gravedad de los acontecimientos y las vidas humanas perdidas.

Finalmente, sostuvo que las familias de las víctimas merecen respuestas sustentadas en una investigación seria y respetuosa del debido proceso.

“Ningún cargo público debe otorgar privilegios frente a la ley y ninguna declaración mediática sustituye una investigación ministerial”, expresó Dueñas Pérez, al reiterar que su exigencia es que se investigue sin distinciones y que no haya impunidad.