Reflexiones sobre el nuevo Protocolo de Manifestaciones en BC: ¿Instrumento de protección o herramienta de disuasión?
Por Guillermo E. Rivera Millán
COLUMNA INVITADA
En Baja California, la protesta se estaba convirtiendo en un idioma común. Era la forma en que los ciudadanos estábamos haciendo resonar nuestras voces en medio del silencio institucional. Si el Estado no actuaba, se manifestaban. Las garitas se detenían, las avenidas se bloqueaban, las oficinas se tomaban. Desde Mexicali hasta Ensenada, la ciudadanía estaba en la transición de comprender que la manifestación no era una anomalía, sino una herramienta democrática. No era violencia: era exigencia.
En ese momento de efervescencia social, cuando las causas empezaban a visibilizarse —personas desaparecidas, salud, educación, justicia, electricidad, medio ambiente, pensiones— el Gobierno del Estado publicó el Protocolo de Actuación Gubernamental para la Prevención y Atención de Manifestaciones y/o Protestas en Baja California. Se imprimió en el Periódico Oficial del Estado el 25 de julio de 2025 y entró en vigor al día siguiente, sin haber sido socializado previamente con la ciudadanía.
La omisión de foros, talleres o campañas informativas antes de su publicación oficial puede dejar a la comunidad en desconcierto. ¿Qué implica ahora manifestarse? ¿Qué requisitos existen? ¿Quién decide si una manifestación cumple o no con el nuevo marco normativo? Y más importante aún: ¿este protocolo incentiva el ejercicio del derecho a la protesta, o lo complica?
El documento establece que los ciudadanos deben informar con al menos 48 horas de anticipación sobre cualquier protesta pública. Se exige especificar nombre del responsable, ruta, duración, número estimado de participantes, y aceptar la presencia de observadores institucionales. Asimismo, los organizadores deben colaborar en un Plan de Atención elaborado por el Grupo de Coordinación. Estas obligaciones, lejos de facilitar el derecho, podrían volverlo dependiente de procedimientos que, en la práctica, inhiben la espontaneidad del reclamo social.
¿Y si la causa es inmediata? ¿Si desaparece alguien, si cortan la luz durante una ola de calor, si una escuela colapsa, si un activista es asesinado? ¿Se debe esperar a que se conforme un grupo, se evalúe el impacto, y se apruebe un protocolo para poder salir a exigir justicia? Estas preguntas no son capricho. Reflejan la tensión entre una institucionalidad que busca control y una ciudadanía que exige acción.
Sin embargo, manifestarse, incluso en tono elevado por la indignación colectiva, no debe confundirse con el vandalismo. Romper puertas, dañar edificios o incurrir en actos arbitrarios no fortalece la causa, sino que la distorsiona. Para eso ya existen normas como la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública, que establece límites y sanciones cuando se sobrepasan. Una protesta firme puede ser vehemente, pero debe sostenerse en el respeto a los espacios públicos y a los derechos que la sustentan.
Lo más preocupante es que el protocolo aparece justo cuando Baja California empezaba a entender la protesta como mecanismo de participación, no como estorbo. A diferencia de Ciudad de México —donde este derecho ha evolucionado jurídicamente y culturalmente— en nuestro estado apenas se estaba gestando una identidad cívica basada en la manifestación. Y justo ahora, cuando la voz comenzaba a afinarse, se le impone un filtro.
El protocolo contempla un plazo de 30 días para capacitar al personal del Poder Ejecutivo. Pero ¿quién capacita a la ciudadanía para entender qué puede o no puede hacer? ¿Dónde están los materiales explicativos, las mesas de análisis, los manuales legales para manifestarse sin caer en sanciones? Sin esa dimensión social, el instrumento corre el riesgo de convertirse en herramienta de control, no en garantía de derechos.
Además, en esta nueva era, la manifestación no ocurre solamente en plazas: ocurre también en redes sociales. ¿Se contempla la protesta digital dentro del protocolo? No. Y sin ese reconocimiento, se corre el riesgo de que expresiones legítimas en plataformas virtuales sean fiscalizadas o censuradas sin criterios claros.
La manifestación no necesita permiso: necesita garantías. Y si el Estado quiere acompañar la protesta, debe hacerlo desde el entendimiento, no desde la vigilancia. El protocolo debe evolucionar hacia el respeto pleno de derechos humanos, incluyendo supervisión ciudadana real.
La ciudadanía tiene ahora dos caminos: someterse al procedimiento o apropiarse del conocimiento. Saber cómo funciona el protocolo, exigir que se aplique con perspectiva de derechos y no permitir que se convierta en excusa para censurar o desmovilizar, incluso impugnarlo legalmente.
Porque protestar no es delito. Protestar es democracia en voz alta.
Y si ese grito se quiere regular, la respuesta no debe ser el silencio, sino la organización.
Guillermo E. Rivera Millán es director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. Fundador de Justicia que Transforma México A.C.
Estatal
Tecate enfrenta disputa entre células delictivas: Carrillo
La disputa territorial entre células delictivas que operan en Tecate se ha intensificado por el reforzamiento de sus filas con integrantes provenientes de otros estados del país e incluso de naciones como Colombia y Guatemala, informó este miércoles el secretario de Seguridad Ciudadana.
Laureano Carrillo explicó que en el municipio se mantiene una confrontación entre grupos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Mayos, situación que ha contribuido a la incidencia de homicidios.
Indicó que, aunque las autoridades han realizado detenciones de presuntos integrantes y líderes criminales, las organizaciones continúan incorporando personas de otras entidades para mantener su capacidad operativa.
Detalló que entre los detenidos se encuentran personas procedentes de Michoacán, Guerrero, Estado de México, Sinaloa y Sonora, además de ciudadanos de Colombia y Guatemala, identificados durante operativos efectuados en Tecate, Mexicali y Tijuana.
El titular de Seguridad Ciudadana informó que sostuvo reuniones con el alcalde de Tecate y autoridades de las Fuerzas Armadas para fortalecer la coordinación y ampliar el despliegue de elementos.
Como parte de estas acciones, se prevé una mayor presencia de la Guardia Nacional, en apoyo a la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.
La estrategia contempla reforzar siete zonas identificadas como prioritarias en el municipio, cuyos detalles no fueron revelados para no comprometer los operativos.
Los cuestionamientos surgieron luego del asesinato de la agente Dafny Astrid Manzano Córdova, de 46 años, ocurrido el pasado 26 de octubre durante un operativo en la colonia Nido de las Águilas en Tecate.
Carrillo atribuyó el ataque a una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, en el contexto de la disputa con integrantes de la facción de Los Mayos.
Precisó que, por este hecho, se logró la detención de dos presuntos responsables, mientras que el individuo señalado como el que accionó el arma contra la agente ya está identificado y continúa pendiente su captura.
Estatal
Colocan primera piedra del megapuerto Punta Colonet
Esta mañana se llevó a cabo la colocación de la primera piedra en donde se construirá el megapuerto Punta Colonet, que se tiene previsto que arranque operaciones en 2029.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda encabezó el acto, en el que informó que el proyecto cuenta con una concesión federal por 50 años, y durante su discurso mencionó que otros gobiernos intentaron realizar este megaproyecto, pero no pudieron.
«Otros lo intentaron, pero no pudieron y no es por presumir, pero nosotros lo logramos; tengan para que aprendan», expresó la mandataria al inicio de su discurso.
De acuerdo con la información presentada, se generarán más de 10 mil 500 empleos directos y 30 mil indirectos; además, se prevé que contribuya a incrementar en más de 35 por ciento las exportaciones mexicanas por el Pacífico.
El proyecto tendrá una inversión superior a 41 mil millones de pesos y contempla desarrollar una ciudad portuaria vinculada con actividades logísticas e industriales, manufactura, minería, energía y agroindustria; asimismo, incluye infraestructura urbana, movilidad y servicios para atender el crecimiento asociado con la operación del puerto.
Reportaje 1: Punta Colonet: un paraíso amenazado
Reportaje 2: Punta Colonet: el precio del desarrollo
Estatal
Reprime SNTSS a quienes piden rendición de cuentas
Trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) sección VII, denuncian acoso laboral por parte del líder sindical César Eduardo González Rocha ante el ejercicio de sus derechos al promover un congreso extraordinario para pedir rendición de cuentas.
Empleados de Mexicali y Tijuana han recibido citatorios donde se les cita ante la Comisión de Honor y Justicia del sindicato ante acusaciones de “incitar a los trabajadores a formar grupos dentro del sindicato que tienden a su división o desmembramiento; solicitando documentos personales y firma de listado para solicitar congreso extraordinario que se encuentra fuera de lineamientos de nuestro marco estatutario”.
El sindicato promovió como falsa la invitación a firmar para pedir cuentas claras y la destitución del líder nacional, Rafael Olivos Hernández, además bloqueó los enlaces donde se podía pedir el documento de agremiado, necesario para firmar la solicitud del congreso extraordinario.

Hoy el SNTSS publica un desplegado en un diario local donde pide respeto a la institucionalidad y rechaza las campañas de desprestigio y respaldan al líder nacional, doctor Rafael Olivos Hernández.
Los trabajadores disidentes a nivel nacional están inconformes por el manejo de sus afores, todas de la empresa Siglo XXI Banorte, donde participa el líder nacional como parte del consejo de administración, además de la “Ley Mordaza” que entrará en vigor el próximo 1 de noviembre, que prohíbe gravemente la libertad de expresión.
Entre otras consecuencias, se les sancionará por denunciar desabasto, difundir material de las condiciones internas como fotos y videos “si dañan la reputación de la institución o la cúpula sindical”, y lo que ya inició: la emisión de citatorios disciplinarios y amenazas de rescisión de contratos.
Para considerar propuestas de nuevo personal, se les pide como requisito su afiliación a Morena, lo cual pueden hacer en las propias oficinas sindicales.
Además, son obligados a pagar un seguro legal, cuya empresa es de la esposa del doctor Arturo Olivares Cerda, anterior secretario general del SNTSS, y actual diputado federal por Morena, presidente de la Comisión de Seguridad Social.
Los trabajadores demandan a González Rocha que respete lo dicho por el líder nacional tras las protestas por el aumento de sueldo; que no iba a haber represalias ni persecución a quienes se manifiesten.
Este jueves 29 y viernes 30 de octubre se llevarán a cabo las audiencias de los citados por la Comisión de Honor y Justicia. Son dos trabajadores de Tijuana y tres de Mexicali. Los disidentes están invitando a la prensa a acudir a las oficinas sindicales de la colonia Maestros Federales a las 10 de la mañana este jueves para ser testigos de la represión del SNTSS.
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