Los ejidatarios de Punta Colonet viven el desarrollo del megapuerto con sentimientos encontrados: por un lado saben que el proyecto traerá beneficios a la comunidad, pero al mismo tiempo señalan que no han recibido la información que merecen. Entre las principales inquietudes están la falta de claridad de la consulta ciudadana y la poca información sobre el proyecto de un gasoducto de amoniaco verde.

Lo anterior, aunado a la contratación de despachos privados que se escudan en un proyecto mientras promueven otro, puede levantar suspicacias respecto a la presencia de intereses privados para llevar a cabo el megapuerto y sus obras secundarias, lo que en su caso sería un acto de corrupción.

En este tipo de megaproyectos, uno de los requisitos para elaborar el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) es realizar una consulta ciudadana, lo cual estuvo a cargo del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), y fue coordinado por Luis Calderón, investigador del Departamento de Ecología Marina.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece que la evaluación de impacto ambiental es un procedimiento para analizar los posibles efectos negativos de obras y actividades en el medio ambiente y determinar las condiciones para realizarlas. La ley también promueve la consulta ciudadana y la participación de los grupos sociales en la elaboración de políticas ambientales y en los procesos de toma de decisiones, incluyendo la evaluación de impacto ambiental, como un derecho fundamental.

Los ejidatarios denuncian que la llamada consulta ciudadana no fue tal, sino apenas una reunión informativa. La ley recomienda identificar y describir los indicadores socioeconómicos que reflejan cuál es la calidad de vida de la población en relación a la presencia del proyecto y sus efectos acumulativos, enfatizando los principales beneficios como empleo, ingresos, entre otros además de incluir las afectaciones derivadas del desarrollo del mismo en la región y el grado de aceptación del proyecto.

Los residentes cuestionan que los requisitos para participar fueron excluyentes para una población rural como la suya, pues se exigía enviar las solicitudes en formatos digitales y con anticipación.

Aseguran que en la reunión sostenida el día 21 de junio de 2024 se les permitió hablar, pero sus intervenciones no quedaron registradas en las actas, ya que no enviaron su ponencia en tiempo, por la vía digital.

En un entorno rural como el suyo, cabe preguntarse si no este requisito constituye una forma de discriminación y de inequidad.

La LGEEPA establece un marco general para la información y participación ciudadana en asuntos ambientales, y aunque considera un protocolo para asentamientos de pueblos originarios, lo cual no es el caso en Punta Colonet, no hay protocolo especial para la población rural. En la consulta los interesados pueden solicitar información y aclarar dudas, además emitir señalamientos que serán recibidos por escrito por las autoridades, debiendo dar respuesta en máximo 5 días hábiles.

“El tema del puerto, la respuesta en concreto también es que no sabemos nada de manera oficial”, afirma Jesús Lara, ejidatario de Punta Colonet: “aquí donde estamos justamente ahorita, a 50 metros abajo, se llevó a cabo hace también poco más de un año lo que llamaron ‘consulta ciudadana’ y no fue más que una reunión informativa, y sí fue con bombo y platillo: pusieron las carpas, ahí están fotografías en la prensa, vinieron autoridades del gobierno federal, Semarnat, inclusive estuvo el ingeniero Jarada que está a cargo de la parte técnica de la construcción del puerto por parte del gobierno del estado”.

Lara insiste en que no fue una consulta, sino una reunión informativa de los avances del proyecto. “Pero también entre comillas… Trajeron a tres o cuatro actores dentro de los 10-12 expositores. Al final ahí nos dieron un espacio, a modo, hablando de las bondades del proyecto, pero como cantinfleado porque al final no dijeron nada. Entonces, de manera oficial no sabemos nada”, lamenta.

El ejidatario comenta “no alcanzamos a entender cómo se va a construir un puerto, cuando la comunidad no sabe lo que va a pasar… Se tiene que construir un puerto para recibir a esos buques que van a llevar este combustible llámese fertilizante, amoníaco, hidrógeno nosotros no conocemos qué; se tienen que construir esas posiciones de atraque, se tiene que hacer un dragado, y lo que sabemos es que se va a aprovechar, lo cual no está mal ni estamos opuestos a eso”.

Otro de los residentes del poblado, Félix Ibarra, señala que la comunidad también carece de información sobre los proyectos alternos del puerto. Aún así, opina que este desarrollo traerá bienestar para ese poblado y sus habitantes.

“Considero que debemos tener un poquito más de información, se ha especulado en varias ocasiones en las reuniones que hemos tenido, pero consideramos que es algo positivo para la zona y creo sería conveniente… el asunto de la tubería de hidrógeno, se ocupa más información… este proyecto va de alguna manera avanzado, pero información en realidad hay poca”, señaló.

Gilberto Gutiérrez Huerta, ejidatario, declara que pese a la llamada consulta ciudadana, nadie les ha explicado en qué consiste todo el proyecto. “Ellos quieren tener el secreto todavía. Nadie ha informado… no sabemos, sabemos porque la información se ha buscado, ni los compradores ni el gobierno ni nadie nos dice miren este es el proyecto, este es. Nadie”, remarca.

¿Consulta ciudadana o reunión informativa?

El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), fue la institución designada para elaborar el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), documento coordinado por Luis Calderón, investigador del Departamento de Ecología Marina.

Ese análisis contempla aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos. Desde este último enfoque, explica Calderón, se analiza el entorno social ante la creación de un nuevo centro urbano que abarcaría parte de Ensenada y parte de San Quintín, ya que Colonet se encuentra justo en la frontera entre ambos municipios.

Entre las acciones contempladas en el MIA está la realización de una consulta ciudadana entre la población de la zona, donde se prevén cambios significativos en infraestructura, desarrollo y vivienda, entre otros aspectos.

Consultado sobre las críticas que hacen los ejidatarios de Punta Colonet, quienes aseguran que no hubo una consulta ciudadana, sino una reunión informativa, Calderón responde: “se hizo como lo dispone la ley. Es una reunión pública; yo dije hubo reunión pública y una consulta pública. Esos son los dos instrumentos previstos en el reglamento de la Ley General de Impacto y Protección Ambiental”.

Sobre el componente social, Calderón explica que sus colegas del CICESE sí intentaron un acercamiento con la comunidad, aunque reconoce que hubo limitaciones. “Desgraciadamente como el tiempo era muy corto no hubo la cantidad de entrevistas que hubiera sido deseable, definitivamente. Y porque además aquí hay una coyuntura importante, políticamente Colonet pertenece a Ensenada, pero la dinámica social va a estar más afectada por San Quintín”.

En cuanto a los proyectos secundarios del megapuerto, entre ellos el gasoducto, Calderón señala que primero debe construirse el puerto, pero después será necesario un ferrocarril, pues Ensenada enfrenta ya un problema por el exceso de camiones. “Eso no es redituable ni es bueno para nadie”, advierte.

Además, añade que está enterado de planes para instalar una terminal de conversión de amoniaco verde, ya que la tendencia es que en pocos años el tráfico marítimo sea impulsado por gas natural, con el objetivo de disminuir los gases de efecto invernadero. “Entonces digamos que se va a hacer la estación de combustible para los barcos para que se puedan mover. Efectivamente si hay algo; es una compañía texana la que está por ahí para hacer esta planta de amoniaco verde”, indica.

Calderón aclara que ese proyecto no va incluido en el MIA y que el CICESE no tuvo participación. “Contrataron, ignoro a quién, creo que fue una consultora de la Ciudad de México la que hizo ese estudio, porque la instalación de una planta como esa, es una actividad riesgosa, entonces implica un estudio de riesgo y eso implica otros profesionales que ya están especializados en cuestiones de riesgo; nosotros hacemos lo ambiental pero lo del riesgo lo tienen que hacer expertos, esperarse es muy delicado, no lo puede hacer cualquiera”, puntualiza.

Calderón declara que el gasoducto no aparece en el MIA, entre otras razones, porque nunca tuvo conocimiento oficial sobre el proyecto. “Realmente me enteré un poco circunstancialmente; uno está aquí, se entera. Pero nunca oficialmente”, aclara.

O´Gorman & Hagerman

El despacho O´Gorman & Hagerman, especializado en asuntos territoriales y agrarios para megaproyectos ha seguido de cerca el proyecto de Punta Colonet desde 2022. El secretario de Economía, Kurt Honold Morales, confirmó que fueron contratados por él.

Además del megapuerto también se encargan del proyecto del gasoducto, narra una persona que trabajó para ese despacho en ambas obras.

La firma representa los intereses de la empresa Green View, para facilitar la instalación de un ducto para transportar amoniaco verde desde Estados Unidos hasta Punta Colonet, donde sería almacenado y posteriormente enviado en buques a Asia, según lo confirmó el propio secretario Honold Morales.

De acuerdo con información de fuentes especializadas, el amoniaco verde se produce usando energía renovable en lugar de combustibles fósiles. La apuesta es que su uso aumente en el futuro como combustible para barcos y centrales eléctricas.

Sin embargo, entre sus desventajas destacan su alta toxicidad, su carácter corrosivo, el riesgo de explosividad -pues aunque no es tan inflamable como el gas natural, puede formar mezclas explosivas con el aire bajo ciertas condiciones-, así como el grave impacto ambiental que generaría una fuga.

La persona que trabajó en el despacho O´Gorman & Hagerman, relata que, aunque sus funciones estaban vinculadas al proyecto del gasoducto, oficialmente figuraban dentro del proyecto del puerto.

Según su testimonio, la empresa Green View, a través de su filial Tall Grass, en Estados Unidos, es la interesada en concretar el proyecto del gasoducto. Señala que desde O´Gorman & Hagerman se instruyó no llamarlo “gasoducto de amoniaco”, sino “gasoducto portador de hidrógeno”, con el fin de evitar una connotación negativa asociada al término amoniaco.

Tradicionalmente, el amoniaco se produce mediante el proceso Haber-Bosch, en el cual se combina nitrógeno del aire con hidrógeno obtenido del gas natural, lo que libera grandes cantidades de dióxido de carbono.

En cambio, el amoniaco verde se fabrica a través del mismo proceso químico, pero la diferencia está en el origen del hidrógeno, ya que en este caso se obtiene a través de electrólisis del agua, utilizando energías renovables y así se evita la emisión de gases contaminantes.

El amoniaco se usa tanto como fertilizante agrícola, como combustible de barcos. Por ello, los productores del Valle de Mexicali -acostumbrados a trabajar con esta sustancia en el campo-, rechazaron el proyecto. Fueron los únicos a quienes se les mencionó que el ducto llevaría amoniaco, subraya la persona que trabajó en el despacho.

Relata que el plan es que el gasoducto cruce a Mexicali por el área de Miguel Alemán y continúe por las montañas hasta llegar al valle de la Trinidad.

Este trazado afectaría a los grupos originarios Pai Pai y Cucapá, quienes, asegura, desconocen el proyecto, solo les hablaron de dinero con el que podrían ser compensados por el paso del ducto.

El proyecto contempla una línea subterránea de 265 kilómetros, pero hasta ahora no se ha tratado el tema con ejidatarios ni con los pueblos originarios.

El trazo enfrenta, además, múltiples retos: atraviesa zonas federales, áreas de tráfico de drogas y personas, y cuerpos de agua como el río Hardy y la zona sísmica de Mexicali, agrega la fuente.

O´Gorman & Hagerman también estuvo a cargo de los asuntos legales del viaducto elevado de Tijuana, un proyecto que aún sigue en construcción y en cuyo trazo incluso se encontraron narcotúneles, recuerda la trabajadora del despacho.

“No sorprende la opción usada para la consulta ciudadana. La estrategia de esta empresa es decirle una cosa a unos y otra a otros. Buscan la mentalidad agresiva de siempre, el cómo sí… El impacto ambiental y social lo sabe la empresa, pero es complaciente con Green View y se manipuló la información”, precisa.

Ambientalistas, sin información oficial

Fernando Ramón Gavito Pérez, director de la organización ambientalista Terra Peninsular, opina que al desarrollar un puerto se necesitará más infraestructura, como mejores caminos, hoteles y más desarrollo en la zona.

“Estamos hablando de un puerto que es tres veces más grande que el de Manzanillo; once veces más grande que el de Veracruz. Estamos hablando de un puerto de dimensiones enormes que necesita servicios enormes”, dice.

Ademas afirma que el MIA contempla la construcción de una planta de hidrógeno, pero no dice nada del gasoducto.

“Yo hablé con la gente local y también me hablaron de lo del gasoducto. Yo la verdad no tengo más que información de la comunidad local que habla que van a meter los tubos y los gasoductos prácticamente que van a pasar por aquí por Ensenada y se los van llevar hasta allá para hacer las regasificadoras y esto y poder tener contacto con Asia”, observa Gavito Pérez.

“Oficialmente no hay ninguna información; es un comentario que nos han dicho, pero por parte de las autoridades no ha habido realmente nada, nada, nada acerca de que vaya a ser un gasoducto», concluye.

La postura del gobierno: todo lo que pueda impulsar la zona

El secretario de Economía, Kurt Honold Morales, confirma que dentro de las posibilidades del proyecto del puerto se incluyeron planes secundarios como centros turísticos, energéticos y comerciales, una terminal de cruceros, el gasoducto de hidrógeno y “todo lo que pueda impulsar el desarrollo de la zona”.

En relación con el plan de conducir y almacenar hidrógeno, Honold Morales reconoció que dicho proyecto no está tan avanzado como el del puerto, aunque sigue en marcha.

Dijo que por ahora la prioridad está en los dos proyectos de gas natural desarrollados por Sempra y por el grupo Centauro del Norte.

El objetivo sería hacerlo llegar hasta Punta Colonet y usarlo también como combustible de barcos, declaró el secretario, aunque por lo pronto se quiere concretar su llegada a Mexicali.

Acerca de la consulta ciudadana, requisito indispensable para autorizar la terminal de contenedores, defendió el formato y aseguró que en ella se incluyeron todas las voces que se expresaron en esa ocasión.

El futuro

La historia de Punta Colonet refleja con claridad el dilema del “progreso” en comunidades rurales: la promesa de desarrollo económico y empleo frente a la incertidumbre, la desinformación y los riesgos ambientales.

Mientras los ejidatarios reconocen que el megapuerto y sus proyectos asociados podrían traer beneficios, también reclaman el derecho básico a ser informados y consultados de manera real y no simulada.

La brecha entre lo que las autoridades y las empresas aseguran y lo que los habitantes perciben abre un terreno de desconfianza que amenaza con fracturar el tejido social de la comunidad.

El precio del desarrollo, en este caso, no solo se mide en impactos ambientales o económicos, sino también en la calidad de la democracia y en el respeto a la voz de quienes habitan el territorio.

El futuro de Punta Colonet dependerá tanto de la magnitud de las inversiones, como de la capacidad del Estado y de las empresas para construir un diálogo transparente, equitativo y genuino con la población. Solo así el desarrollo podrá asumirse como oportunidad y no como imposición.