El mes pasado el Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana autorizó negociar y formalizar un convenio de pago en parcialidades con las empresas del Sistema Integral de Transporte Troncal (SITT) de Tijuana, S.A. de C.V.  y SOPROES.

El esquema indemnizatorio diferido a hasta 10 años -en 120 mensualidades-, busca liquidar reclamaciones que suman alrededor de 1,600 millones de pesos y destrabar la transferencia de infraestructura al Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) del Estado; sin embargo, la operación choca de frente con un oficio de la Fiscalía General del Estado (FGE) emitido en marzo de este año.

La denuncia que lo originó es por fraude procesal con el propósito de causar un perjuicio económico a la ciudad. El oficio ordena detener los juicios hasta que se determine si realmente existió ese delito, pero a pesar de esa instrucción, el Ayuntamiento de Tijuana ha impulsado el acuerdo de convenio pasando por encima de la orden de la FGE.

Con la aprobación del Cabildo se pretende dar forma legal a un probable fraude. Y por el posible daño patrimonial, los regidores, la síndica y el propio presidente municipal podrían quedar expuestos a un juicio político.

La historia de las demandas se remonta a administraciones anteriores. En el gobierno de Juan Manuel Gastélum, Fernando Beltrán – empresario y promotor de boxeo de Tijuana, fundador y dueño de Zanfer, una de las principales empresas promocionales de boxeo en México y Latinoamérica-, adquirió la operadora del SITT, SITTSA.

Al no resultar negocio, la vendió al panista Fernando Flores, presidente de CIFO Technologies, una empresa de tecnología del centro del país, enfocada en sistemas de recaudación, automatización de procesos y soluciones para hacer más eficientes los sistemas de transporte tipo BRT (Bus Rapid Transit)-, quien continúa como propietario.

Durante la gestión de Arturo González en la alcaldía de Tijuana, a sugerencia del entonces gobernador Jaime Bonilla, se nombró director del SITT a Alonso López Sepúlveda.

Este funcionario fue el primer director del Organismo Municipal para la Operación del SITT, nombrado alrededor de 2015 durante la administración priista. En esa época se le señaló por tener vínculos familiares con la familia López Ferreiro -Jaime López Ferreiro y su hijo Chris López Alvarado, entonces dirigente del PRI en Baja California.

En enero de 2017, bajo el gobierno de Juan Manuel Gastélum “El Patas”, se le solicitó la renuncia por opacidad y resistencia a entregar información sobre el manejo de los recursos del SITT -alrededor de 1, 200 millones de pesos invertidos-, y optó por renunciar “voluntariamente”.

Según el directorio oficial del Ayuntamiento de Tijuana y nombramientos de la administración de Ismael Burgueño Ruiz, actualmente es Director General de Gobierno de la Secretaría de Gobierno Municipal.

Según las versiones que circulan, recibió instrucciones de Amador Rodríguez para desmantelar el sistema de recaudo de SOPROES, empresa entonces propiedad de Jaime López Ferreiro. Ese desmantelamiento agravó el ya deficiente servicio y López Ferreiro terminó vendiendo SOPROES al transportista Víctor Sevilla.

En la administración de Monserrat Caballero, SOPROES demandó ante la Sindicatura Procuradora al SITT por aproximadamente 300 millones de pesos por los daños atribuidos a Alonso López Sepúlveda.

Al final de ese sexenio, el síndico Rafael Leyva emitió una resolución favorable a SOPROES. El SITT impugnó y el asunto sigue en trámite ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).

En paralelo, SITTSA demandó al organismo por 1,300 millones de pesos. El SITT contestó, contrademandó y presentó una denuncia penal por fraude procesal. La Fiscal General del Estado ordenó entonces la suspensión de los juicios en el TEJA (expedientes 237/202 J.C. principal y 382/2023 J.Q. acumulado del juzgado 4to de Tijuana). El litigio con SOPROES también continúa, en el expediente 189/2024 J.C. Todos se encuentran aún en etapa de ofrecimiento de pruebas; no hay sentencias definitivas.

Hace un mes, el presidente municipal en funciones, Abdiel Gutiérrez, promovió la reforma del reglamento para sacar al SITT del ámbito de la Secretaría de Movilidad y pasarlo a la Secretaría de Gobierno. Ahora empuja la firma de los convenios de pago con ambas empresas sin que los juicios hayan avanzado más allá de la fase probatoria y sin que la Fiscalía haya resuelto si existe o no el delito de fraude procesal.

Ismael Burgueño ha declarado públicamente que su administración será la que “resuelva de manera histórica” el problema del SITT, y que es una prioridad desde el inicio de su gestión. Es decir, el impulso político para destrabar los litigios y avanzar hacia la transferencia al IMOS se da dentro de su gobierno.

La justificación oficial es que los procesos se van a perder y que la deuda es herencia de la administración anterior. En la práctica, el Ayuntamiento contraería una obligación de alrededor de 1,600 millones de pesos.

El interés en cerrar esos convenios se explica, según fuentes internas, por la estrecha relación de amistad del presidente municipal con Víctor Sevilla y con el panista Fernando Flores, vínculo que pasa por Fernando Beltrán.

Al mismo tiempo, la trama corporativa del consorcio SITTSA revela la presencia de actores que hoy ocupan cargos públicos. Por ejemplo, el regidor Arturo Aguirre González “El Napo”, figura en múltiples actas notariales como secretario del Consejo de Administración y apoderado con amplias facultades de administración, dominio, pleitos y cobranzas, así como para negociar créditos y adquirir flotas.

Su socio en la estructura transportista, Rigoberto Barreto Luna, intervino en la Junta de Gobierno del SITT para exigir que el convenio sea firmado por el 100 por ciento de los accionistas, condición que quedó integrada al acuerdo.

Aguirre se excusó de votar en el Cabildo invocando conflicto de interés, pero el cabildeo previo y la participación de operadores históricos del proyecto han alimentado las sospechas de que las negociaciones siguen en manos de los mismos actores que diseñaron y dirigieron el sistema desde su origen.

En resumen, un oficio de marzo de la FGE que ordena detener los juicios por sospecha de fraude procesal está siendo rebasado por un acuerdo de Cabildo que pretende convertir esas reclamaciones en deuda pública diferida, con la correspondiente afectación financiera del Ayuntamiento de Tijuana.

Mientras tanto, los expedientes siguen abiertos en el TEJA y la denuncia penal no se resuelve, por lo que la firma de los convenios no solo legalizaría de facto el probable perjuicio, sino que colocaría a los integrantes del Ayuntamiento ante la posibilidad de un juicio político por daño patrimonial.