«Somos desechables»
Por Dianeth Pérez Arreola
Ayer viernes 9 de junio, se proyectó el documental “Somos desechables”, de Roberto Ortiz, en la plaza de los tres poderes en Mexicali. Narra la odisea de las personas que participaron en la Cuarta Jornada Internacional de Búsqueda, en las acciones llevadas a cabo en Mexicali del 17 al 19 de abril de este año.
La noche del arribo de la comitiva a esta capital, el domingo 16 de abril, el tema de los desaparecidos alcanzaba su punto más álgido. Una manifestación pacífica frente al bar “Shots” -lugar en donde se pierde el rastro de tres jóvenes un mismo día-, deriva en actos de vandalismo que incluyen destrucción de mobiliario, cristales rotos y connatos de incendio.
Ese fin de semana varias fuentes ubican a la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda en el festival musical de Coachella. Algún integrante de su equipo de redes sociales tiene el mal tino de publicar una foto del atardecer cachanilla, lo que a muchos nos recordó la frase de Jacobo Zabludovsky “Hoy fue un día soleado”, tras la matanza del 2 de octubre de 1968.
El colectivo Madres Unidas y Fuertes, protagonistas del documental, tras acudir a la manifestación, se retiraron al recinto ferial FEX para recibir a los participantes de las jornadas de búsqueda. Al llegar los autobuses, comentaron que ellos tuvieron que pagar las casetas de peaje, que los camiones no tenían refrigeración en la parte delantera y que muchos se quedaron con las ganas de participar, al no ser las autoridades estatales lo suficientemente rápidas y efectivas con los trámites de visas humanitarias.
La alcaldesa Norma Bustamante ya había anunciado que el Gobierno de Mexicali había ofrecido las instalaciones de ese lugar, que cuenta con “regaderas, comedor, dormitorio y espacio para actividades lúdicas”.
En el documental, se ven colchonetas rojas en el piso, y luego una escena donde integrantes del colectivo mexicalense le exigen a una funcionaria de la Secretaría General de Gobierno que acudan inmediatamente a fumigar las instalaciones. Una mujer le dice que al mover su colchoneta salieron cucarachas; que no pueden dormir en esas condiciones.
¿Cuántas facturas mensuales de Oveishon hubieran podido cubrir tres noches de hotel para los participantes de la cuarta jornada internacional en Mexicali? 330 mil 600 pesos mensuales contra 7 mil 500 pesos por tres noches de hotel por 40 habitaciones dobles, igual a 300 mil pesos.
¿Cuántas mañaneras de Marina del Pilar hubieran cubierto ese gasto? 16 millones 200 mil pesos por 36 mañaneras , igual a 450 mil pesos precio unitario -incluida una mampara personalizada con lugar y fecha cada edición-, acaso el gasto más superfluo e inútil en un partido que se dice obediente de la austeridad republicana.
Soraya Ana, integrante de Madres Unidas y Fuertes, le reclama también a la funcionaria que tuvieron que mover la comida de lugar porque había ratas en el FEX, un lugar al que no se le invirtió ni un peso en prepararlo y adecuarlo para semejante función, y las condiciones en las que fue utilizado como centro de vacunación contra el Covid, no debieron ser muy diferentes.
Y hablando de comida, el gobierno estatal a través de la Secretaría General de Gobierno anunció que se haría cargo de la alimentación. En el documental aparecen miembros de la jornada de búsqueda manifestando que les limitaron el consumo de tortillas a dos piezas, mientras dejaron que se desperdiciaran seis kilos. Además, las raciones dejaron a muchos con hambre, y así se fueron a buscar por horas a sus seres queridos, en el desierto.
Antes del documental, proyectaron un corto con la historia de Martha Rochín. Narra la búsqueda de su hijo Alfonso Burgueño Rochín, a quien vio por última vez el 31 de julio de 2017. Cuenta cómo pensó en dejar de vivir al no poder con su dolor; cómo nadie le dijo que había colectivos de búsqueda donde encontrar apoyo y consuelo; cómo las autoridades nunca le informaron que tenía derecho a una copia del expediente.
Al terminar la proyección, se empiezan a corear consignas: “¿Por qué los buscamos? Porque los amamos”; “de norte a sur, de este a oeste, seguiremos en la lucha cueste lo que cueste”. Integrantes del colectivo toman la palabra para decir que Baja California suma más de 14 mil desaparecidos, que hay más de 11 mil cuerpos en fosas comunes y muy poca capacidad técnica y voluntad para identificarlos.
Ese mismo día, el Comité Ciudadano de Seguridad Pública y el colectivo entregaron en el Ayuntamiento de Mexicali, el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo, un pliego petitorio sobre la Ley de Desaparición Forzada por Particulares, elaborado con ayuda de especialistas, víctimas, abogados y académicos, que hace énfasis en la prevención.
La hermana de David Melesio, joven desaparecido del “Shots”, se pregunta entre lágrimas por qué la Fiscalía General del Estado no indaga ni le dice más sobre la declaración del mesero que se llevó a su familiar al baño, de donde desapareció.
Irma Leyva, representante de Madres Unidas y Fuertes, resume en su mensaje la rabia y la impotencia de quienes buscan a sus desaparecidos; el poco apoyo del gobierno, las palabras vacías, las promesas incumplidas.
La gente se abraza, queda en silencio. Las madres del colectivo lloran y se dan ánimos entre sí. Su determinación a prueba de todo las tiene ya planeando la siguiente jornada de búsqueda. La que tal vez sea la definitiva para tener por fin la respuesta a la pregunta con la que despiertan todos los días.
Estatal
El mal uso de las denuncias de violencia política también tienen consecuencias: experto
El abogado Antonio Sorela Castillo llamó a establecer un equilibrio entre la protección de las mujeres frente a la violencia política en razón de género y el respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, al señalar que las denuncias sin fundamento también pueden tener consecuencias legales y afectar la vida profesional y personal de los comunicadores.
Durante el curso “La Actividad Periodística frente a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” Sorela Castillo, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, sostuvo que los procedimientos para atender este tipo de violencia no deben considerarse, por sí mismos, actos de censura, pues también buscan visibilizar las agresiones que enfrentan las mujeres después de conquistar espacios de participación política.
“Una cosa es que una mujer llegue y otra cosa es que pueda ejercer el cargo libremente de violencia”, expresó el especialista, al señalar que el objetivo de la legislación no debe limitarse a garantizar que las mujeres accedan a puestos públicos, sino que puedan gobernar, administrar un municipio, expresar sus opiniones e intervenir en las decisiones de un cabildo sin enfrentar agresiones.
Sin embargo, advirtió que estos mecanismos también pueden ser utilizados por personas que buscan deslegitimar el trabajo de los periodistas. Explicó que los procedimientos por violencia política en razón de género pueden iniciarse a petición de parte o de oficio, situación que, consideró, debe observarse para evitar que algunas personas pretendan asumir el papel de defensoras de las mujeres con el propósito de emprender acciones contra comunicadores.
“No es censura, es solamente regular que se tienen que hacer las cosas conforme a derecho”, afirmó.
Sorela Castillo sostuvo que el ejercicio periodístico debe realizarse con libertad, pero también con responsabilidad y respeto a los derechos de las mujeres. En ese sentido, señaló que las transformaciones sociales y legales obligan a revisar las prácticas tradicionales de la profesión para evitar que los contenidos periodísticos vulneren derechos.
El abogado explicó que, en materia electoral, existen dos vías para atender estos casos: la denuncia por un posible delito electoral y el procedimiento especial sancionador. Indicó que los periodistas deben conocer los procedimientos y las instancias legales correspondientes para defenderse cuando consideren que una denuncia en su contra carece de fundamento.
Detalló que, cuando exista una resolución definitiva que permita establecer que una denuncia fue falsa, el comunicador puede valorar acciones legales por la vía penal, conforme a lo previsto en el Código Penal de Baja California, así como una demanda civil por daños y perjuicios.
Entre los conceptos que podrían reclamarse mencionó el daño moral, los gastos legales, los daños materiales e inmateriales, el lucro cesante —correspondiente a los ingresos que se dejaron de percibir— y posibles medidas de restitución, de acuerdo con las circunstancias del caso y las determinaciones judiciales.
Mexicali
Toman padres de familia la Secundaria Técnica 32; exigen cubrir plazas docentes
Ante la falta de personal docente y administrativo, padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 32, ubicada en el fraccionamiento Villa Bonita, tomaron los accesos al plantel para exigir a las autoridades educativas una solución definitiva.
De acuerdo con Eduardo Salgado, padre de familia de la institución, la problemática se ha prolongado por más de dos años sin recibir una respuesta que permita garantizar la cobertura de las clases y las actividades escolares.
Entre las plazas pendientes se encuentran las correspondientes a las asignaturas de refrigeración, cómputo y educación física, además de la falta de un prefecto, situación que ha generado inconformidad entre las familias de los estudiantes.
Salgado señaló que la tarde del día anterior la escuela informó, a través de sus redes sociales, sobre la asignación de personal para atender las vacantes. Sin embargo, indicó que, según la información que recibió, únicamente se incorporaría un docente.
El padre de familia subrayó que la exigencia no se limita a la contratación de personal interino, sino a que las autoridades garanticen su permanencia en el plantel, pues, aseguró, en ocasiones los docentes dejan de recibir sus pagos y terminan por retirarse, lo que provoca que el problema se repita.
Ante esta situación, las familias mantienen su exigencia de que las autoridades educativas atiendan las vacantes pendientes y brinden una solución que permita regularizar las actividades escolares en beneficio de los alumnos.
Estatal
Transportistas mantienen paro nacional y realizan cierre parcial de vialidades
En el segundo día del paro nacional de transportistas, integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) de Mexicali realizaron un cierre parcial de vialidades frente al edificio del Gobierno del Estado, en el Centro Cívico de Mexicali, para mantener sus manifestaciones y exigir respuestas concretas a sus demandas.
Ismael Reyes de la Rosa, delegado de la Canacar en Mexicali, indicó que hasta el momento no han recibido una respuesta que permita avanzar en la solución de sus planteamientos, por lo que continuarán con las acciones de protesta en espera de nuevas indicaciones de la dirigencia nacional.
Reconoció que Canacar no suele recurrir a este tipo de movilizaciones; sin embargo, sostuvo que las mesas de trabajo que durante años se han mantenido con las autoridades no han dado los resultados esperados.
El delegado explicó que, aunque existe información sobre la posibilidad de establecer un diálogo con las autoridades federales en las próximas horas, hasta el momento no cuentan con una confirmación concreta sobre los alcances o resultados de ese posible acercamiento.
Mencionó que la movilización realizada este día ya estaba contemplada dentro de las acciones del paro nacional, por lo que los transportistas procedieron a ejecutarla mientras esperan instrucciones de la dirigencia nacional de Canacar.
El representante transportista reiteró que el objetivo es lograr avances reales mediante acuerdos con las autoridades, ante la falta de resultados de los mecanismos de diálogo implementados anteriormente.
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