Sobre la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas
COLUMNA INVITADA/Por Dr. Alfonso Andrés Cortez Lara*
El pasado 1 de octubre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso de la Unión las iniciativas de reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN de 1992) y de expedición de la Ley General de Aguas (LGA), subrayando que la primera es reglamentaria del Artículo 27 Constitucional bajo un enfoque de los usos productivos del agua como propiedad de la Nación y la segunda es reglamentaria del Articulo 4to. Constitucional que otorga reconocimiento expreso al derecho humano al agua.
Llama la atención que se envíen de manera simultánea dos iniciativas para normar el uso y gestión del agua, lo cual parecería una propuesta de doble esfuerzo para el ajuste y renovación del marco institucional del agua en México; pero revisemos algunos elementos clave de ambas para tratar de entender la justificación de las iniciativas oficiales.
Primeramente, se plantean ajustes de carácter administrativo a la LAN de 1992, la mayor parte de ellos enfocados a “ordenar” las concesiones de volúmenes de agua.
Por ejemplo, implementar acciones normativas tendientes a prohibir la transmisión de títulos entre particulares; analizar de manera más estricta y científica las condiciones hídricas prevalecientes en una región de interés y el cumplimiento de obligaciones fiscales de las personas físicas o morales como condición para otorgar prórrogas a dichas concesiones; eliminar los cambios de usos de derechos de agua y, con ello, coadyuvar a la eliminación de mercado negro (y no negro) de concesiones.
También, se sugiere la instauración de sanciones más severas y se tipifican nuevos delitos por uso indebido del agua. Se resaltan dos aspectos importantes adicionales: fomento a la tecnificación del riego y transparencia y rendición de cuentas en Distritos de Riego, así como la creación de un nuevo Registro Nacional del Agua para controlar y regular de manera centralizada los permisos de agua.
En este tenor, la Presidenta ha declarado, y así lo plasma en la iniciativa sobre la LAN 1992, que “los usuarios que no utilicen alguna vez su derecho de riego, se les retirará la concesión y pasará a las aguas nacionales”; aquí me surge una pregunta: ¿se han considerado las razones por las que los agricultores no pueden usar su derecho y se ven obligados a rentarlo para subsistir? No creo que sea por gusto, volteemos a ver las condiciones precarias del campo mexicano y encontraremos la respuesta.
La implementación de las medidas incorporadas en las iniciativas requiere significativos recursos financieros, materiales y humanos debido al esfuerzo institucional que implica la supervisión, inspección y aplicación de sanciones, lo cual ha sido justamente la gran debilidad de la Conagua.
Una asignatura pendiente es el tema de los caudales ecológicos, esto tomando en cuenta que la seguridad hídrica requiere necesariamente del enfoque de sustentabilidad ambiental.
Por su parte, la iniciativa de LGA puntualiza eliminar la discriminación a través del impulso del acceso equitativo y sustentable al agua y el saneamiento, como derechos humanos vinculados a otros derechos fundamentales como los de la salud, el medio ambiente sano e igualdad de género; impulsar nuevas fuentes sostenibles y sustentables como la captación de agua de lluvia para usos domésticos; se subraya el reconocimiento de la autonomía de los sistemas comunitarios, particularmente en comunidades indígenas y rurales.
Aquí la duda que surge es que, tomando en cuenta que existen alrededor de 28,000 comités de agua que carecen de recursos financieros y de reconocimiento jurídico, la gestión de concesiones para estos grupos, se antoja de inicio complicada.
Se parte del supuesto de que las iniciativas buscan enfrentar los grandes males que aquejan al sector hídrico desde hace varias décadas: privatización y mercantilización del agua; concentración y acaparamiento de concesiones en pocos grandes usuarios; contaminación de cuerpos de agua, sobreexplotación de aguas subterráneas e injusticia hídrica que afecta a los más vulnerables.Derivado de todo lo anterior y considerando que cualquier iniciativa, plan, programa, proyecto o acción gubernamental funciona efectivamente solo si tiene la validación social adecuada.
Las preguntas que dejo aquí son: ¿De qué manera se busca mejorar en próximos ejercicios de consulta sobre temas de agua, la incorporación efectiva de las propuestas de los grupos e individuos emanados de la sociedad en el campo y la ciudad? ¿Cómo se considera mejorar los mecanismos formales de participación actuales tales como los Consejos de Cuenca, Comisiones de Cuenca, Comités Técnicos de Agua Subterránea, Comités de Agua Potable y Saneamiento y Mesas Directivas de la CILA? ¿De qué manera pueden ampliarse los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones del sector agua?
Al final, lo que planteo, es que la meta de seguridad y sostenibilidad hídrica en México, se alcance a través de una gobernanza del agua realmente democrática.
*El autor es director de la Unidad Mexicali del Colegio de la Frontera Norte. Profesor-investigador titular C
Estatal
Estigmatiza Julieta Ramírez a la prensa en su podcast
La estigmatización de la prensa y los cuestionamientos al trabajo periodístico forman parte de la confrontación pública que rodea a la política bajacaliforniana, en un contexto en el que la senadora con licencia de Morena, Julieta Ramírez, ha denunciado presuntas campañas de desprestigio en su contra y ha cuestionado -y evadido- la cobertura de distintos medios de comunicación.
En la edición de este lunes, de su podcast “Enlace informativo”, la legisladora sostuvo que algunas publicaciones responden a una estrategia para dañar su imagen y la de su movimiento político. En agosto pasado, aseguró haber identificado cerca de un millón de pesos en publicidad negativa en redes sociales, mientras que en septiembre rechazó información periodística relacionada con un supuesto acuerdo de colaboración con autoridades estadounidenses, que calificó como falsa.
La controversia plantea una discusión sobre los límites entre la crítica legítima a los medios, el derecho de réplica de los actores políticos y la descalificación del ejercicio periodístico, sobre a la luz de las no-invitaciones a diversos medios críticos a sus ruedas de prensa en Mexicali.
Centrada en el tema publicado por el medio digital nativo “Los Angeles Press” sobre las facilidades que habría obtenido la morenista para lograr concretar su grado de maestría en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Ramírez comentó en la sección “Modus operandi” dedicada a demostrar estrategias “falsas y mentirosas” de los medios, que era una “página web; no un medio impreso ni un noticiero”, demeritando a los medios digitales e infiriendo que estos son menos confiables que los medios tradicionales.
Ramírez puso en pantalla a los medios que han retomado la nota tras las declaraciones de la UABC sobre la integración de una investigación al respecto de los estudios de maestría. También hizo menos la información de Los Angeles Press por tratarse de Guadalupe Lizárraga, una periodista que fue candidata del PRD en la pasada elección de 2024 en busca de la alcaldía de Mexicali.
Estatal
Eva María Vásquez pide investigar a fondo presuntas irregularidades en el INE
La diputada federal del PAN por Baja California, Eva María Vásquez, consideró necesario esclarecer las presuntas irregularidades que involucran a la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, tras los señalamientos de corrupción y su renuncia al cargo.
La legisladora advirtió que este tipo de situaciones pone en entredicho el funcionamiento de las instituciones públicas y subrayó la importancia de investigar a fondo cualquier denuncia relacionada con el manejo de responsabilidades dentro de los organismos del Estado.
Vásquez sostuvo que las autoridades competentes deben actuar conforme a derecho y determinar si existen elementos para imponer sanciones administrativas o proceder por la vía judicial contra quienes resulten responsables.
Señaló que el Congreso de la Unión cuenta con atribuciones para impulsar medidas que fortalezcan la vigilancia institucional y eviten que hechos similares se repitan; sin embargo, afirmó que estos mecanismos requieren voluntad política para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
Para concluir, Eva María cuestionó la disposición del bloque oficialista para promover controles efectivos contra la corrupción y reiteró que el esclarecer los señalamientos de la presidente del INE debe ser una prioridad, a fin de preservar la confianza ciudadana en las instituciones electorales.
Educación
Brindarán educación financiera a niños de sexto grado
Para fortalecer la educación financiera de estudiantes de sexto año de primaria, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) participará en la ampliación del programa El Dinero en México, impulsado por el Banco de México y la Secretaría de Educación de Baja California.
Durante el arranque de la capacitación, realizado este lunes 26 de octubre, el rector de la UABC, Luis Enrique Palafox Maestre, destacó la importancia de brindar a la niñez conocimientos que le permitan comprender el valor del dinero y tomar decisiones económicas informadas y responsables.
Señaló que la formación financiera contribuye al desarrollo de hábitos como el ahorro, la planeación y el consumo responsable, habilidades que pueden influir en el bienestar de las personas y sus familias.
Palafox Maestre recordó que la colaboración entre las instituciones comenzó en 2023, cuando las facultades de Ciencias Sociales y Políticas y de Ciencias Administrativas participaron en un programa piloto en Mexicali, mediante el cual se capacitó a más de 720 docentes y se benefició a más de 11 mil estudiantes de sexto de primaria.
En esta nueva etapa, el programa se extenderá a Mexicali, Tijuana y Ensenada, con la participación de cinco unidades académicas de la UABC y 84 integrantes del personal docente universitario, quienes brindarán acompañamiento académico y asesoría a profesores de educación básica.
Las facultades involucradas son Ciencias Sociales y Políticas, Ciencias Administrativas del Campus Mexicali, Economía y Relaciones Internacionales, Contaduría y Administración del Campus Tijuana, así como Ciencias Administrativas y Sociales del Campus Ensenada.
Por su parte, la representante del Banco de México, Martha Eugenia Mancera Tovar, explicó que El Dinero en México forma parte de los recursos educativos desarrollados por la institución para acercar los conocimientos financieros a diferentes sectores de la población.
Indicó que el propósito es que los menores desarrollen habilidades para administrar sus recursos y tomar decisiones informadas a lo largo de su vida. También reconoció el papel del personal docente para facilitar aprendizajes significativos y duraderos.
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