En el segundo día del paro nacional de transportistas, integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) de Mexicali realizaron un cierre parcial de vialidades frente al edificio del Gobierno del Estado, en el Centro Cívico de Mexicali, para mantener sus manifestaciones y exigir respuestas concretas a sus demandas.

Ismael Reyes de la Rosa, delegado de la Canacar en Mexicali, indicó que hasta el momento no han recibido una respuesta que permita avanzar en la solución de sus planteamientos, por lo que continuarán con las acciones de protesta en espera de nuevas indicaciones de la dirigencia nacional.

Reconoció que Canacar no suele recurrir a este tipo de movilizaciones; sin embargo, sostuvo que las mesas de trabajo que durante años se han mantenido con las autoridades no han dado los resultados esperados.

El delegado explicó que, aunque existe información sobre la posibilidad de establecer un diálogo con las autoridades federales en las próximas horas, hasta el momento no cuentan con una confirmación concreta sobre los alcances o resultados de ese posible acercamiento.

Mencionó que la movilización realizada este día ya estaba contemplada dentro de las acciones del paro nacional, por lo que los transportistas procedieron a ejecutarla mientras esperan instrucciones de la dirigencia nacional de Canacar.

El representante transportista reiteró que el objetivo es lograr avances reales mediante acuerdos con las autoridades, ante la falta de resultados de los mecanismos de diálogo implementados anteriormente.

Un grupo de jubilados y pensionados de la Delegación D-IV-1 de la Sección 2 del SNTE se reunió para definir acciones concretas ante los problemas laborales y de transparencia que enfrentan tras un presunto desfalco millonario.En la reunión se tomaron cuatro acuerdos principales.

El primero es presentar el viernes 30 de octubre, a las 11:00 horas, una demanda colectiva por robo, fraude y abuso de confianza ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo del abogado Guillermo Rivera.En segundo lugar, los jubilados acordaron solicitar una auditoría externa cuyos resultados sean dados a conocer a todos los pensionados.

También exigirán la entrega de los resultados de la auditoría interna que la Sección 2 mandó realizar el viernes 16 de octubre.Como tercer punto, se decidió nombrar un Comité de Vigilancia y Seguimiento.

Este órgano, entre otras funciones, se hará cargo de manera temporal de las finanzas de la Delegación para cubrir el pago de servicios y el mantenimiento de la Casa del Jubilado, hasta que se concrete el cambio de directiva delegacional.

Por último, los asistentes exigieron que se realice la Asamblea Delegacional Estatutaria y Extraordinaria de cambio de directiva, de conformidad con los estatutos vigentes del sindicato.

La reunión se enmarca en la solicitud formal de asamblea ordinaria o extraordinaria que un grupo de jubilados presentó el 4 de junio de 2024 ante la secretaria general de la Delegación D-IV-1, Marta Guadalupe Cázares Chávez.

En ese documento, los firmantes señalaron dudas sobre el seguro institucional, el fondo de retiro, el fondo de defunción, los aumentos salariales de los últimos años, el rechazo a la UMA para el cálculo de pensiones y el destino de un terreno donado por el municipio para una casa de retiro, entre otros temas pendientes.

Los participantes reiteraron que, de acuerdo con los estatutos, las asambleas ordinarias deben realizarse cada seis meses para presentar, entre otros asuntos, el informe de actividades y de finanzas del Comité Delegacional.

La estigmatización de la prensa y los cuestionamientos al trabajo periodístico forman parte de la confrontación pública que rodea a la política bajacaliforniana, en un contexto en el que la senadora con licencia de Morena, Julieta Ramírez, ha denunciado presuntas campañas de desprestigio en su contra y ha cuestionado -y evadido- la cobertura de distintos medios de comunicación.

En la edición de este lunes, de su podcast “Enlace informativo”, la legisladora sostuvo que algunas publicaciones responden a una estrategia para dañar su imagen y la de su movimiento político. En agosto pasado, aseguró haber identificado cerca de un millón de pesos en publicidad negativa en redes sociales, mientras que en septiembre rechazó información periodística relacionada con un supuesto acuerdo de colaboración con autoridades estadounidenses, que calificó como falsa.

La controversia plantea una discusión sobre los límites entre la crítica legítima a los medios, el derecho de réplica de los actores políticos y la descalificación del ejercicio periodístico, sobre a la luz de las no-invitaciones a diversos medios críticos a sus ruedas de prensa en Mexicali.

Centrada en el tema publicado por el medio digital nativo “Los Angeles Press” sobre las facilidades que habría obtenido la morenista para lograr concretar su grado de maestría en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Ramírez comentó en la sección “Modus operandi” dedicada a demostrar estrategias “falsas y mentirosas” de los medios, que era una “página web; no un medio impreso ni un noticiero”, demeritando a los medios digitales e infiriendo que estos son menos confiables que los medios tradicionales.

Ramírez puso en pantalla a los medios que han retomado la nota tras las declaraciones de la UABC sobre la integración de una investigación al respecto de los estudios de maestría. También hizo menos la información de Los Angeles Press por tratarse de Guadalupe Lizárraga, una periodista que fue candidata del PRD en la pasada elección de 2024 en busca de la alcaldía de Mexicali.