Sanciona EE.UU. a la Corte Penal Internacional por investigarlos a ellos y a Israel
El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), en una escalada del conflicto que mantiene con el organismo por su facultad para investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por ciudadanos estadounidenses y funcionarios de países aliados, entre ellos Israel.
Las medidas anunciadas este viernes por la administración del presidente Donald Trump van más allá de las sanciones impuestas anteriormente contra jueces y fiscales del tribunal, pues contemplan restricciones que podrían afectar también a las empresas que le proporcionan servicios.
Washington estableció un periodo de 180 días para que determinadas entidades estadounidenses terminen sus relaciones comerciales con la Corte, sujeto a las excepciones autorizadas.
Para entender el motivo de la disputa es necesario conocer qué es la CPI, por qué Estados Unidos cuestiona su autoridad y cuáles son las investigaciones que provocaron el enfrentamiento.
¿Qué es la Corte Penal Internacional?
La Corte Penal Internacional comenzó a funcionar en 2002, a partir del Estatuto de Roma, un tratado internacional que establece su competencia para investigar y juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.
A diferencia de otros organismos internacionales, la CPI no juzga países ni gobiernos, sino a personas físicas a quienes se atribuye responsabilidad individual por delitos de esa naturaleza. Su intervención está sujeta a requisitos jurisdiccionales y al principio de complementariedad, por el cual debe dar prioridad a las investigaciones y procesos nacionales genuinos cuando corresponda.
El tribunal cuenta con 125 Estados parte, pero Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma y, por tanto, no es miembro de la Corte. Esa diferencia constituye uno de los principales puntos de desacuerdo: Washington rechaza que el organismo ejerza determinadas facultades sobre sus ciudadanos o sobre funcionarios de países aliados que tampoco han aceptado su jurisdicción.
El antecedente: las investigaciones en Afganistán
Uno de los principales motivos de la oposición estadounidense es la investigación sobre presuntos crímenes cometidos en Afganistán desde mayo de 2003, en el contexto del conflicto armado que involucró a fuerzas afganas, grupos insurgentes y tropas extranjeras.
En marzo de 2020, la Sala de Apelaciones de la CPI autorizó al fiscal a iniciar una investigación sobre delitos que pudieran encontrarse dentro de la competencia del tribunal. El caso contemplaba presuntas conductas atribuibles a diferentes actores, incluidos integrantes de las fuerzas estadounidenses.
Washington considera que la Corte no debe ejercer jurisdicción sobre personal militar y funcionarios de un país que no ha ratificado el tratado. La CPI, por su parte, fundamenta su competencia en las disposiciones del Estatuto de Roma aplicables a los delitos presuntamente cometidos en territorio de un Estado parte y en otras circunstancias previstas por ese instrumento.
La controversia no significa que los ciudadanos estadounidenses señalados hayan sido condenados por esos hechos. Se trata de una disputa sobre la autoridad del tribunal para investigar y, en su caso, llevar a juicio a personas acusadas de delitos internacionales.
Las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant
El enfrentamiento se intensificó en noviembre de 2024, cuando la Corte emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la guerra en Gaza.
Entre las acusaciones señaladas por la Corte se encuentran el uso del hambre como método de guerra, ataques dirigidos intencionalmente contra la población civil, asesinato, persecución y otros actos inhumanos. Las órdenes corresponden a sospechas judiciales, no a sentencias condenatorias.
Israel cuestionó la competencia del tribunal, mientras que Estados Unidos rechazó las órdenes de arresto y defendió a su aliado. Para la CPI, en cambio, el hecho de que Israel no sea Estado parte del Estatuto de Roma no elimina automáticamente su jurisdicción, debido a que el tribunal determinó que los presuntos delitos se encuentran dentro de su competencia territorial en Palestina.
Este punto es central para comprender el desacuerdo: Washington sostiene que la Corte está excediendo sus atribuciones al actuar contra ciudadanos de países que no se han sometido al tratado; el tribunal argumenta que su jurisdicción puede derivarse de las condiciones territoriales y legales establecidas en el propio Estatuto.
¿Qué buscan las sanciones de Trump?
El gobierno estadounidense argumenta que las medidas son necesarias para defender su soberanía y evitar que la CPI investigue o procese a ciudadanos estadounidenses y funcionarios de países aliados sin su consentimiento.
El 9 de febrero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para autorizar sanciones relacionadas con la Corte. Posteriormente, Washington impuso restricciones a integrantes de su fiscalía y a jueces, en respuesta a actuaciones vinculadas con las investigaciones sobre Afganistán y las órdenes de arresto contra dirigentes israelíes.
La decisión anunciada este viernes amplía la presión al designar a la propia institución como objetivo de las sanciones. Entre sus posibles consecuencias están las restricciones a operaciones financieras, el acceso a determinados servicios tecnológicos y las relaciones comerciales con entidades estadounidenses.
El alcance práctico de las medidas dependerá de las licencias y excepciones autorizadas, así como de la respuesta de empresas y países que mantienen relaciones con el organismo.
La respuesta de la Corte
La CPI rechazó las sanciones y advirtió que las medidas amenazan la independencia de una institución judicial internacional y pueden obstaculizar su trabajo en favor de las víctimas de los delitos más graves.
La fiscal adjunta Nazhat Shameem Khan declaró a Reuters que las sanciones no detendrán las investigaciones ni los procesos judiciales del tribunal. La Corte ha llamado a sus Estados miembros a respaldar su independencia y a garantizar que pueda continuar con sus funciones.
El conflicto plantea una cuestión de fondo para la justicia internacional: hasta dónde puede llegar un tribunal internacional al investigar presuntos delitos graves cuando los gobiernos de los países involucrados rechazan su autoridad.
Mientras Estados Unidos sostiene que busca proteger su soberanía y a sus ciudadanos, la CPI defiende su facultad de actuar en los casos que se encuentran dentro de su jurisdicción. La disputa, por tanto, no se limita a las sanciones económicas, sino que involucra el alcance de la justicia penal internacional y la capacidad de sus instituciones para investigar a personas que ocupan posiciones de poder.
Columna
Matices: Antes no estaba
Muy herméticos andan en Gobierno del Estado sobre el brillante autor de la campaña “Esto antes no estaba” y que les han resultado contraproducente; sin duda de lo poco que puede presumir la gobernadora es de la inversión en infraestructura (y sin sobreprecios y moches hubiera hecho más), pero los negativos son muchos y hay bastantes temas que son materia prima de altísima calidad para hacer memes.
Lo que sí se sabe es que detrás del jingle que está metiendo en problemas al estado, ese que sale mil veces en YouTube, el del estribillo “la 4T sí gobierna contigo” lo vendió y caro, Mario Fibela, el productor de Ciudad Capital, programa que transmitieron un tiempo desde Camur, la empresa hecha con recursos a fondo perdido, artífice de muchas tranzas en oficialía mayor y hoy comisionada del Sindicato de Burócratas, Thanya Díaz de León.
El jurídico del PRI, Joel Blas Ramos, acaba de denunciar a la secretaria de Educación, Irma Martínez, y curiosamente también a su vocera, Brenda Covarrubias, cuando eso se envía desde Comunicación Social a todas las dependencias y debió ser la titular de esa dirección quien apareciera en la citada denuncia. El caso es que después de ahogado el niño tapado el pozo, y ya circula en los chats de los enlaces de comunicación de las diversas dependencias, una versión sin esa frase partidista, porque esta administración nunca ha podido entender que no gobierna para los morenistas, sino para todos los bajacalifornianos, también los que no votamos por los candidatos guindas. Al igual que el caso de la campaña de “Esto antes no estaba”, ¿en qué cabeza cabe no prever las consecuencias?
Y ya que andamos en Gobierno del Estado, nos cuentan que el vicegobernador, Ariel Lizárraga, anda borracho de poder interrogando a los funcionarios públicos nomás porque sí, y hay que decirle qué función tienes, cómo las desempeñas, cuánto te tardas, por qué lo haces así y cualquier otra cosa que quiera saber. Además, si ve a algún funcionario hablando con Marina del Pilar lo interroga y no lo deja ir hasta saber los más mínimos detalles de qué se trató la plática. Ya se está frotando las manos para volver a disponer a su antojo del presupuesto de comunicación, desde donde le aumentó varios ceros a su cuenta bancaria cobrando moches de lo que le daba a sus amigos periodistas.
Hoy tuvo su primera rueda de prensa como “no candidato” el exsecretario de salud estatal, Adrián Medina Amarillas, quien buscar el coordinador de como se llame la no candidatura, para competir por Morena en busca de la diputación federal del distrito uno. Nos pasó unas imágenes donde se le ve entregando el pasquín ese llamado Regeneración, con el texto que decía algo así como “Para combatir la desinformación y las fake news”. El futuro candidato mostrando lo que su partido piensa del periodismo crítico; el doctor Medina, toda una eminencia en cardiología, reducido a un repartidor de periódicos como requisito indispensable para ganarse la simpatía del partido, y tener un pretexto para ir de casa en casa en una “no campaña”.
Medina Amarillas dijo que consideró jugársela para un cargo público después de hablar con su familia y con la gobernadora, con lo que evidenció que es ella su principal impulsora. Mientras tanto, animada por Julieta “simpatías” Ramírez, está más que alborotada Lourdes Cáñez. Ahí está el tiro en el distrito 1 entre Marina y Julieta.
Por cierto, que en una reunión que tuvo esta tarde, trascendió que obligaron a trabajadores del estado a asistir y hacer bola.
Y siguiendo el tema de los candidatos, Armando Samaniego está dándole hasta para llevar a la administración de Norma Bustamante, donde empezó tímidamente criticando la renta del Cine Lux y ahora ya agarró impulso y le siguió ya sin pena contra la recolección de basura, la seguridad, la atención al Valle de Mexicali y lo que se le atraviese.
Como ya ve todo perdido porque no quedó su gallo, Ismael Burgueño, pues ya no tiene nada más que perder y mucho que ganar si hace leña del árbol caído y se va recio contra la pésima administración de Norma Bustamante. Así de paso, se lleva de corbata a Claudia Beltrán, aspirante también a la alcaldía de Mexicali.
Claudia tiene como gran negativo no solo ser parte de la administración más corrupta en la historia de la ciudad, sino además, ser la que firmaba contratos, autorizaba las millonarias “asesorías” de Jorge Mario Soto (donde hasta el tesorero Roger Sosa le acaba de echar el carro a ella en este tema), tuvo que palomear los egresos para el Cine Lux y un largo etcétera. La oficial mayor podrá haber hecho todo lo anterior sin estar de acuerdo y a regañadientes si quieren, pero nunca levantó la voz contra lo que se hace con el dinero de los mexicalenses.
Columna
Matices: Las campañas que no son campañas
Ya empezaron los mensajes y llamadas de promoción de Michel Sánchez, donde una voz de IA dice que es promotora de la Universidad Rosario Castellanos. No pues wow. Desde ahorita puedo ver que esos centros universitarios serán productores de títulos y manipuladores de conciencias para perpetuar el régimen.

Y hablando de escuelas patito, ¿se acuerdan que la diputada Michelle Tejeda, quien anda insoportablemente borracha de poder, se ostentó públicamente como egresada de la UABC sin serlo? Según ella salió de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, pero al verse descubierta su mentira tuvo que eliminar esa información, pues no pudo completar ahí su formación.
Como todos los morenistas con complejo de inferioridad, se compró un título. Desde 2025 tiene cédula como egresada de una escuela que está en Querétaro, que se llama “Centro Cultural, Universitario y de Investigación Forense y Jurídica”, como licenciada en Administración, que logró en solo 3 años y en sistema escolarizado en línea. Si mienten en su currículum, ni cómo creerle otras cosas.

Cambiando de tema, el viernes 23 le pregunté a su exmarido, Edgar Covarrubias, tras el desplante de la alcaldesa Norma Bustamante de ignorar mis preguntas, si esa iba a ser la tónica de comunicación social a partir de ahora, y le pedí contestar si esa actitud era una recomendación de él como titular de Comunicación Social o si era una decisión de la alcaldesa, a lo cual solo repetía que yo le había preguntado temas personales “y eso no es periodismo” y no hubo forma de tener una respuesta directa.
Ahora resulta que a Bustamante no le gusta que le toquen a los hijos cuando deja que se metan hasta la cocina en el presupuesto. Lo de los millones de pesos en asesorías lo publicamos nosotros; 25 millones en 2024 y otros 25 en el 2025. Cuando pedí una de esos documentos para comprobar que existían, me contestaron que no se podía por cuestiones de “derecho de autor”.
Bustamante prometió dar a conocer las empresas (al menos hay 4 documentadas donde participa Jorge Mario Soto, exjefe de su hija) que han creado para sacar dinero por concepto de asesorías, así que al menos se nos han ido 50 millones en ese rubro; cantidad que iguala el presupuesto aprobado para la Academia de Policía que se ejercerían este año y ya no será así.

Ese día, cuando también le recordé que no había cumplido la prometida reunión para hablar del Cine Lux y sus costos, le pasó una tarjeta informativa a un colega, donde no dice por qué se pagó renta de más de medio millón de pesos al mes desde 2024, cuando no pasó absolutamente nada con ese inmueble y fue dinero tirado al bolsillo de Panchito Pérez Tejada. Dice que en el adendum firmado se acordó una reducción del 40 por ciento de la renta, para quedar en 268 mil 929 pesos con 87 centavos al mes, cantidad que no deja de ser exagerada.
Agrega la ficha que no se obliga al ayuntamiento a un contrato de 20 años, para luego agregar: “La cláusula décimosegunda protege al Ayuntamiento para que, durante el periodo de 20 años (¿Sí o no los 20 años?) no pueda ser cancelada la relación contractual por decisión del arrendador”. ¿Quién cancelaría ese contrato tan beneficioso? ¿Se supone que eso es una ventaja para el ayuntamiento?
En otro asunto, Héctor Osuna Jaime, aspirante a la gubernatura por el PAN, estuvo en días pasados en Ciudad de México, donde sí fue recibido por el Comité Ejecutivo Nacional, cosa que no han logrado algunos otros interesados en obtener la coordinación estatal, paso previo a la candidatura.
Finalmente, sobre la entrevista a Maru Campus en Latinus y la discusión con la presidenta Claudia Sheinbaum, parece que el trasfondo es que Estados Unidos documentó que uno de los agentes fallecidos pertenecía a la CIA, y que no fue un accidente, sino una acción deliberada de quitarlo de en medio donde estaría involucrado el fiscal que ahora está tras las rejas, por eso la mandataria de Chihuahua lo entregó.
Junto con ese expediente documentado, le habrían mostrado el de ciertos personajes de Morena, por eso se les dejó ir a la yugular. Parte de esas olas levantadas, serían los videos exhibidos donde se ve que el proveedor favorito de la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, se lleva al hijo de ésta a un carísimo hotel en Paris. No cualquiera tiene esa tecnología para infiltrarse en los teléfonos.
Estatal
Abre investigación UABC sobre el grado de maestría de Julieta Ramírez
La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) inició una revisión interna del expediente académico de Julieta Ramírez Padilla, senadora con licencia de Morena, para verificar que el proceso mediante el cual obtuvo el grado de Maestría en Administración Pública se haya realizado conforme a la normatividad universitaria, informó el rector Luis Enrique Palafox Maestre.
El rector explicó que la institución recibió una solicitud para revisar el caso y comenzó un procedimiento interno con el propósito de determinar si se cumplieron las disposiciones y los requisitos correspondientes, al tiempo que reconoció que el caso ha adquirido relevancia pública debido a la participación de Ramírez Padilla en la política.
El titular de la Rectoría sostuvo que la validación de documentos académicos forma parte de las actividades habituales de la universidad; sin embargo, la exposición mediática del caso ha colocado bajo escrutinio el proceso mediante el cual la política obtuvo su grado de posgrado.
La revisión ocurre después de que investigaciones periodísticas difundieran señalamientos sobre presuntas irregularidades durante los estudios de maestría de Ramírez, entre ellas supuestas facilidades académicas y dudas sobre la aplicación de evaluaciones y el cumplimiento de requisitos.
Entre los aspectos que deberán esclarecerse están los procedimientos de evaluación, la acreditación de las asignaturas y los requisitos de egreso, así como la documentación que respalda la obtención del grado académico.
La controversia ha generado cuestionamientos sobre la actuación de autoridades universitarias que participaron en la formación de la entonces estudiante, quienes habrían dado facilidades para que aprobara cuando por sus faltas ya no tenía derecho a seguir con esos estudios.
Palafox Maestre, también se refirió al proceso de sucesión en la Rectoría, un asunto relevante para el futuro de la institución y la continuidad de sus proyectos académicos y administrativos, ya que en días pasado dieron a conocer una lista con los 14 nombres de quienes se inscribieron para sucederlo.
Es una señal del avance institucional que hemos tenido a través del impuso de los programas de equidad de género, dijo, ya que en la lista hay 10 mujeres y 4 hombres, y sigue una serie de foros donde participarán 5 de ellos en el campus Mexicali, 5 en Tijuana y 4 en el campus Ensenada.
Después, según lo expresado por la junta de gobierno, comentó que habrá espacios para recibir opiniones de toda la comunidad universitaria, por lo que el rector invita a hacer preguntas y hacerlas llegar a las candidaturas.
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