COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Rivera Millán

El techo de la dignidad: reforma al artículo 127
La aprobación en el Pleno del Senado de la reforma al artículo 127 constitucional representa un cambio de enorme calado en el sistema de pensiones públicas de México. El dictamen avanzó con rapidez, sin reservas formales de oposición —solo con gestos de simulación para aparentar debate— y ahora se encuentra en la Cámara de Diputados. Lo que está en juego no es un privilegio: es la certeza jurídica y el futuro de cientos de miles de familias mexicanas, especialmente en la burocracia y el magisterio de los tres niveles de gobierno.

Uno de los puntos más delicados es la aplicación retroactiva. Reducirá derechos ya ganados a los pensionados actuales, imponiéndoles un tope en sus percepciones legítimamente adquiridas. El Segundo Transitorio obliga a revisar contratos colectivos y condiciones generales de trabajo, lo que impacta directamente a los trabajadores en servicio. Así, la reforma no solo regula pensiones futuras, sino también las expectativas de retiro de quienes hoy están activos, vulnerando el principio de seguridad jurídica y alterando el proyecto de vida, concepto reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte de la dignidad humana.

La Corte Interamericana ha establecido que las pensiones forman parte del patrimonio protegido bajo el derecho a la propiedad privada y la seguridad social. Reducirlas arbitrariamente viola obligaciones internacionales. En casos como Cinco Pensionistas y Acevedo Buendía vs. Perú se reiteró que los Estados no pueden adoptar medidas regresivas salvo justificación plena, aplicando el principio de progresividad. En Muelle Flores vs. Perú se señaló que incumplir el pago efectivo y oportuno de pensiones viola la tutela judicial efectiva.

La reforma mexicana en marcha difícilmente supera el test de proporcionalidad que exige legalidad, finalidad legítima, idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta.

El límite aproximado de 70 mil pesos mensuales o la mitad del salario presidencial afecta directamente a jubilados y trabajadores en servicio. Los activos verán modificadas sus condiciones de retiro, alterando proyectos de vida construidos durante décadas. Los pensionados que ya reciben montos superiores enfrentan incertidumbre sobre la continuidad de sus beneficios. Institutos y organismos descentralizados como ISSSTE, IMSS, PEMEX, CFE y los sistemas estatales deberán ajustar sus esquemas en 90 días, lo que puede interpretarse como invasión de competencias, de la autonomía de los estados y como una intención de mayor alcance.

La narrativa oficial insiste en que “nadie puede defender pensiones de un millón o jubilaciones dadas ilegalmente”, pero esa narrativa es política. Se olvida que cientos de miles de pensiones legítimas, ganadas con esfuerzo, años de servicio y méritos, rebasan ese tope impuesto. Para los que la obtuvieron a la buena, no son privilegios, son proyectos y patrimonios de vida construidos con base al trabajo, en la ley y en la confianza de que el Estado respetaría lo pactado.

Además, la iniciativa y el dictamen muestran que el alcance irá más allá de lo federal. La semilla sembrada en la Constitución solo es cuestión de aplicarla por analogía a los sistemas o sectores que no se mencionan expresamente. El diseño del desmantelamiento está fijado, estructurado por tiempos, sectores y con una ruta política y electoral ya trazada. El propio dictamen lo confirma: “Las disposiciones e instrumentos jurídicos que regulen la relación laboral no podrán establecer condiciones que superen el límite establecido en el párrafo que antecede.” Asimismo, “los entes públicos… deberán revisar y, en su caso, adecuar los contratos, las disposiciones, condiciones generales de trabajo y demás instrumentos jurídicos que prevean planes de pensiones o jubilaciones, para que se ajusten a lo previsto en el presente Decreto.” Y finalmente, “en un plazo no mayor a noventa días naturales… el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas… deberán revisar y, en su caso, adecuar el marco jurídico aplicable, a fin de hacerlo congruente con lo dispuesto en el presente Decreto.”

Esto significa que poco a poco irán por los sistemas estatales y municipales: ISSSTECALI, ISSSTESON, ISSSTEZAC y otros más. Incluso la reforma puede ir más allá: tomar lo que actualmente se gana como personal activo, afectar remuneraciones que rebasen los topes, pues la narrativa constitucional ya la tienen, y será cuestión de decidir dónde y cuándo aplicarla.

Los recortes indiscriminados y sin escuchar a los afectados, sin parlamentos abiertos, generan litigios, pérdida de confianza y descontento social. La verdadera sostenibilidad se logra con apertura, buena gestión de activos y disciplina fiscal, no con techos regresivos.

La reforma al artículo 127 no es un ajuste técnico ni un acto de justicia contra privilegios indebidos. Es un tope regresivo que amenaza proyectos de vida, vulnera derechos adquiridos y contradice estándares internacionales. En lugar de garantizar que todos estén mejor, se asegura que todos ganen menos. El verdadero reto no es limitar, sino construir un sistema eficiente, transparente y sostenible que proteja la dignidad de los trabajadores, pensionados y de sus familias.

La defensa de las pensiones y de los trabajadores activos no puede reducirse al ámbito judicial. Los amparos y litigios serán parte de la estrategia, pero la batalla exige una visión integral que combine acción legal, social y política. Es indispensable sumar iniciativas ciudadanas, consultas populares y mecanismos de participación que fortalezcan la voz colectiva. Si los sindicatos permanecen pasivos, corresponde a la base pensionada y activa organizarse y fijar la agenda.

La lucha debe articular a sectores agraviados como salud, magisterio, empresas privadas y otros más, porque el impacto es transversal. En este proceso resulta fundamental evitar la psicosis de demandar sin claridad: la defensa requiere conocer el alcance real de las acciones legales, comprender cómo funciona el Poder Judicial federal y cómo operan los tribunales en cada circuito o entidad de residencia del afectado. No se trata de reaccionar con miedo ni de emprender acciones improvisadas, sino de informarse, planificar y actuar con estrategia. Solo así la resistencia será efectiva y el patrimonio, el proyecto de vida y la dignidad verdaderamente protegida.

*Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C.
Fundador de Justicia que Transforma México A.C.