Retiró FGE escoltas a agente asesinado tras amenazas de muerte
Llegó a la redacción de Brújula News la siguiente carta dirigida a la opinión pública y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, la cual reproducimos a continuación.
«Quienes escribimos esta denuncia somos agentes y personal administrativo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California que, por razones obvias de seguridad, debemos permanecer en el anonimato.
El asesinato de Ángel Pantoja Pantoja no fue un hecho fortuito ni un simple “ataque del crimen organizado”. Fue la consecuencia directa de una decisión irresponsable tomada dentro de la propia Fiscalía. Un día antes de su ejecución, la institución que dirige María Elena Andrade Ramírez le retiró las escoltas que se le habían asignado después de recibir amenazas de muerte. Al día siguiente fue emboscado y asesinado por un comando armado.
Dentro de la corporación existe indignación, rabia y miedo. Ángel Pantoja era considerado un fiscal profesional, comprometido y respetado. Su muerte envía un mensaje devastador: a quienes investigan homicidios y enfrentan directamente a las bandas criminales se les deja solos, sin protección y expuestos. Mientras tanto, la fiscal María Elena Andrade y su círculo cercano cuentan con camionetas blindadas, escoltas permanentes y seguridad personal que se utiliza para custodiar domicilios particulares y trasladar a sus familiares, incluyendo a sus hijos a sus escuelas.
Hasta un diputado de Morena, Juan Manuel Molina, cuenta con escoltas desde hace varios años.
La versión oficial sobre la detención de cuatro presuntos responsables del crimen no ha calmado el enojo interno. Dentro de la Fiscalía muchos saben que esos detenidos podrían ser simplemente “chivos expiatorios” utilizados para aparentar resultados y cerrar el caso rápidamente. Se pretende vender la narrativa de que la investigación avanza “hasta sus últimas consecuencias”, cuando en realidad no se está investigando la negligencia institucional que dejó desprotegido a un fiscal que había sido amenazado por organizaciones criminales. Por eso, la sospecha radica en que alguien, desde dentro “puso” a Pantoja con sus asesinos.
En los pasillos de la institución se sabe perfectamente quién controla los cobros de las llamadas “tienditas” de droga, las máquinas de juego, las extorsiones y hasta la manipulación de investigaciones, órdenes de aprehensión, cateos y juicios abreviados. Es un secreto a voces que existe una red de corrupción que permite a los cárteles operar con información privilegiada y protección institucional. Sin esas filtraciones y sin esa tolerancia desde dentro, muchas de las ejecuciones y operaciones criminales que ocurren en Baja California simplemente no serían posibles.
Por ello señalamos con claridad que el problema no es solo la violencia del crimen organizado, sino la profunda descomposición institucional dentro de la propia Fiscalía General del Estado. La responsabilidad política y administrativa recae en María Elena Andrade Ramírez, cuya gestión ha permitido un clima de desconfianza, filtraciones y privilegios para los altos mandos mientras el personal operativo queda abandonado a su suerte.
Ante la falta de confianza en que estas irregularidades se investiguen de manera real a nivel local o incluso federal, hacemos un llamado a la comunidad internacional y particularmente a la Embajada de los Estados Unidos en México para que observe lo que está ocurriendo en Baja California. Los cárteles mexicanos han sido catalogados por el gobierno de Donald Trump como organizaciones terroristas.
Si existen funcionarios que por acción u omisión facilitan su operación, entonces se trata de un asunto que trasciende lo local. Esta denuncia es un grito de alerta desde dentro de la institución: hoy mataron a un fiscal, mañana puede ser cualquiera de nosotros».
Hasta aquí el documento que recibimos; cuestionaremos a la fiscal María Elena Andrade Ramírez al respecto y hacemos la invitación, garantizando el anonimato, a aportar más detalles de esta denuncia.
Estatal
El mal uso de las denuncias de violencia política también tienen consecuencias: experto
El abogado Antonio Sorela Castillo llamó a establecer un equilibrio entre la protección de las mujeres frente a la violencia política en razón de género y el respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, al señalar que las denuncias sin fundamento también pueden tener consecuencias legales y afectar la vida profesional y personal de los comunicadores.
Durante el curso “La Actividad Periodística frente a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” Sorela Castillo, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, sostuvo que los procedimientos para atender este tipo de violencia no deben considerarse, por sí mismos, actos de censura, pues también buscan visibilizar las agresiones que enfrentan las mujeres después de conquistar espacios de participación política.
“Una cosa es que una mujer llegue y otra cosa es que pueda ejercer el cargo libremente de violencia”, expresó el especialista, al señalar que el objetivo de la legislación no debe limitarse a garantizar que las mujeres accedan a puestos públicos, sino que puedan gobernar, administrar un municipio, expresar sus opiniones e intervenir en las decisiones de un cabildo sin enfrentar agresiones.
Sin embargo, advirtió que estos mecanismos también pueden ser utilizados por personas que buscan deslegitimar el trabajo de los periodistas. Explicó que los procedimientos por violencia política en razón de género pueden iniciarse a petición de parte o de oficio, situación que, consideró, debe observarse para evitar que algunas personas pretendan asumir el papel de defensoras de las mujeres con el propósito de emprender acciones contra comunicadores.
“No es censura, es solamente regular que se tienen que hacer las cosas conforme a derecho”, afirmó.
Sorela Castillo sostuvo que el ejercicio periodístico debe realizarse con libertad, pero también con responsabilidad y respeto a los derechos de las mujeres. En ese sentido, señaló que las transformaciones sociales y legales obligan a revisar las prácticas tradicionales de la profesión para evitar que los contenidos periodísticos vulneren derechos.
El abogado explicó que, en materia electoral, existen dos vías para atender estos casos: la denuncia por un posible delito electoral y el procedimiento especial sancionador. Indicó que los periodistas deben conocer los procedimientos y las instancias legales correspondientes para defenderse cuando consideren que una denuncia en su contra carece de fundamento.
Detalló que, cuando exista una resolución definitiva que permita establecer que una denuncia fue falsa, el comunicador puede valorar acciones legales por la vía penal, conforme a lo previsto en el Código Penal de Baja California, así como una demanda civil por daños y perjuicios.
Entre los conceptos que podrían reclamarse mencionó el daño moral, los gastos legales, los daños materiales e inmateriales, el lucro cesante —correspondiente a los ingresos que se dejaron de percibir— y posibles medidas de restitución, de acuerdo con las circunstancias del caso y las determinaciones judiciales.
Mexicali
Toman padres de familia la Secundaria Técnica 32; exigen cubrir plazas docentes
Ante la falta de personal docente y administrativo, padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 32, ubicada en el fraccionamiento Villa Bonita, tomaron los accesos al plantel para exigir a las autoridades educativas una solución definitiva.
De acuerdo con Eduardo Salgado, padre de familia de la institución, la problemática se ha prolongado por más de dos años sin recibir una respuesta que permita garantizar la cobertura de las clases y las actividades escolares.
Entre las plazas pendientes se encuentran las correspondientes a las asignaturas de refrigeración, cómputo y educación física, además de la falta de un prefecto, situación que ha generado inconformidad entre las familias de los estudiantes.
Salgado señaló que la tarde del día anterior la escuela informó, a través de sus redes sociales, sobre la asignación de personal para atender las vacantes. Sin embargo, indicó que, según la información que recibió, únicamente se incorporaría un docente.
El padre de familia subrayó que la exigencia no se limita a la contratación de personal interino, sino a que las autoridades garanticen su permanencia en el plantel, pues, aseguró, en ocasiones los docentes dejan de recibir sus pagos y terminan por retirarse, lo que provoca que el problema se repita.
Ante esta situación, las familias mantienen su exigencia de que las autoridades educativas atiendan las vacantes pendientes y brinden una solución que permita regularizar las actividades escolares en beneficio de los alumnos.
Estatal
Transportistas mantienen paro nacional y realizan cierre parcial de vialidades
En el segundo día del paro nacional de transportistas, integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) de Mexicali realizaron un cierre parcial de vialidades frente al edificio del Gobierno del Estado, en el Centro Cívico de Mexicali, para mantener sus manifestaciones y exigir respuestas concretas a sus demandas.
Ismael Reyes de la Rosa, delegado de la Canacar en Mexicali, indicó que hasta el momento no han recibido una respuesta que permita avanzar en la solución de sus planteamientos, por lo que continuarán con las acciones de protesta en espera de nuevas indicaciones de la dirigencia nacional.
Reconoció que Canacar no suele recurrir a este tipo de movilizaciones; sin embargo, sostuvo que las mesas de trabajo que durante años se han mantenido con las autoridades no han dado los resultados esperados.
El delegado explicó que, aunque existe información sobre la posibilidad de establecer un diálogo con las autoridades federales en las próximas horas, hasta el momento no cuentan con una confirmación concreta sobre los alcances o resultados de ese posible acercamiento.
Mencionó que la movilización realizada este día ya estaba contemplada dentro de las acciones del paro nacional, por lo que los transportistas procedieron a ejecutarla mientras esperan instrucciones de la dirigencia nacional de Canacar.
El representante transportista reiteró que el objetivo es lograr avances reales mediante acuerdos con las autoridades, ante la falta de resultados de los mecanismos de diálogo implementados anteriormente.
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