El Ayuntamiento de Mexicali estuvo pagado 519 mil pesos de renta por el inmueble del Cine Lux desde 2024, de acuerdo con facturas emitidas por Comercializadora Cochimí, dueña de ese edificio.

La historia de ese arrendamiento ha estado llena de mentiras y contradicciones por parte de las autoridades municipales desde el principio.

En una amplia entrevista que le hizo Mariela Tapia, de La Voz de la Frontera, a la presidenta municipal Norma Bustamante el 31 de julio de 2024, expresó: “Para la próxima administración (que inició el 1 de octubre de ese año y donde resultó reelecta) dijo que prevé instalar una oficina del Registro Civil en lo que alguna vez fue el Cine Lux, en el Centro Histórico, donde la renta costará alrededor de 50 mil pesos mensuales”.

Para ese entonces, la renta ya se estaba pagando y el importe difería por casi 470 mil pesos de lo que había estimado Bustamante.

Fue hasta junio de 2024 que se le otorgaron los contratos por adjudicación directa al proveedor Skath Benjamín García Núñez para trabajos preliminares en el inmueble, y en diciembre de ese año le dieron también los de rehabilitación y acondicionamiento, cuando se supone que debería haber quedado terminado en 2024 porque se supone que la mudanza sería en enero de 2025.

Eso quiere decir que de febrero a junio se estuvo pagando renta por un local vacío donde ni siquiera se estaba trabajando en las adecuaciones; más de 2 millones de pesos para los bolsillos de Comercializadora Cochimí.

Heriberto Reyes escribió el 17 de junio de 2025 en el portal Esquina 32 que la presidenta municipal había informado que a esa fecha se seguía condonando el pago de la renta mensual del inmueble. Sin embargo, el 13 de noviembre de 2025, Cristian Torres escribió en RadarBC que Bustamante había reconocido que se había estado pagando renta desde marzo.

Luego, la presidenta municipal declaró públicamente que la inversión para rehabilitar el Teatro Lux fue de 15 millones de pesos, y que la renta empezó a pagarse a partir de abril de 2025, ya que las rentas antes de ese mes habían sido condonadas mientras se hacían las obras de rehabilitación del edificio, lo cual, a la luz de las facturas exhibidas, demuestra que Bustamante mintió.

Las facturas muestran que Comercializadora Cochimí emitió facturas desde febrero del 2024, lo que significa que a marzo de 2026, no se han erogado 5 millones 719 mil 241 pesos por once meses, sino 12 millones 998 mil 275 pesos por 25 meses de renta.

Las inconsistencias

Existe una inconsistencia legal crítica que evidencia una mala fe o negligencia administrativa: En la declaración 2.3 el Ayuntamiento afirma que conoce las condiciones del inmueble y lo considera “apto para el uso” que conviene.

Si el Ayuntamiento declaró bajo protesta de decir la verdad que el edificio era apto, el gasto posterior de 15 millones de pesos para adecuaciones, resulta injustificable.

Este hecho violenta el principio de eficiencia y economía del gasto público establecido en el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y el artículo 7 fracción VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Además, invertir 15 millones de pesos en el inmueble ajeno bajo las condiciones de este contrato contraviene la normativa de obra pública.

El Artículo 17 de la Ley de Obra Pública señala que es obligación la regularización y adquisición de la tenencia de la tierra donde se realicen obras. Al ser un bien arrendado por un solo año, la inversión de capital de convierte en un beneficio permanente para un particular, pagado con recursos públicos.

Artículo 34: El ayuntamiento está pagando una renta mensual de 448 mil 216 pesos con 46 centavos más IVA, equivalente a 519 mil 931 pesos. Pagar la renta completa del inmueble y adicionalmente absorber el costo de una rehabilitación millonaria significa que el municipio no aseguró las mejores condiciones de precio y financiamiento, ni se consideraron opciones, ya que fue adjudicación directa.

¿Cuál fue la inversión real de la rehabilitación del Cine Lux? Si hacemos un cálculo de metro cuadrado de construcción -los 1,800 metros cuadrados rehabilitados- donde se gastaron al menos 15 millones de pesos, dan más de 8 mil pesos por metro cuadrado.

El edificio del palacio municipal está hecho para tener más pisos. Nunca se consideró construir ahí; y aunque es una opción más cara, el beneficio de la obra se hubiera quedado en el propio ayuntamiento.

Empresa fantasma

La empresa Comercializado Cochimí no cuenta con activos, personal o infraestructura. Compró el inmueble en 2013, meses antes de que Francisco “Panchito” Pérez Tejada dejara su cargo de presidente municipal de Mexicali, desde donde impulsó la rehabilitación del centro histórico de la capital del estado.

El domicilio fiscal de Comercializadora Cochimí es Avenida Álvaro Obregón 1257, sitio donde se encuentran las oficinas de Raúl Villareal, operador financiero de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, y esposo de Ana Gissel Colín Sánchez, quien era socia de la empresa, hasta que en 2022 le donó sus acciones a Emma Colombina Pedrero Corral, esposa del expresidente municipal priísta y cercano a la mandataria, Francisco “Panchito” Pérez Tejada.  

Este esquema encuadra en conductas que la Ley de Responsabilidades Administrativas califica como graves. De acuerdo con el Artículo 54, el desvío de recursos públicos se configura al asignar recursos para la mejora de un activo privado sin fundamento jurídico que prevea la recuperación de dicha inversión para el erario.

La cláusula decimoprimera del contrato de arrendamiento establece explícitamente que las mejoras serán por “cuenta, costa y riesgo” del Ayuntamiento, consumando el detrimento patrimonial.

El Artículo 57 señala que al firmar un contrato que impone al municipio el costo de las reparaciones que deberían ser del arrendador para que el bien sea funcional, el servidor público se vale de sus atribuciones para generar un beneficio indebido a un tercero.

El Artículo 50 indica que en el menor de los casos se tipifica una falta no grave por causar daños y perjuicios de manera negligente al patrimonio del ente público.

Responsabilidad y sanciones

La Oficialía Mayor, al representar al municipio en la firma, es la principal autoridad responsable conforme al Artículo 10 de la Ley de Obras Públicas. La sanción sería, al exceder de 200 UMAS, una inhabilitación de 10 a 20 años.

Los funcionarios involucrados están obligados, conforme al Artículo 79 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, a la reparación de la totalidad de los daños y perjuicios causados, es decir deberían reintegrar -sino los 15 millones de pesos gastados en obras de rehabilitación-, los meses de renta previos al inicio de dichas obras.

El contrato con el Teatro Lux tiene fecha del 2 de enero de 2026 y por periodo de un año. ¿Con qué concepto se erogó del Ayuntamiento ese dinero en 2025 y 2024? ¿Cómo se justifica un gasto superior al medio millón de pesos al mes sin un contrato de por medio? Sin duda el Ayuntamiento de Mexicali tiene muchas explicaciones que dar.