Nos cuentan que Ignacio Marmolejo, la mano derecha de Dagoberto Valdéz en Coepris, anda pidiendo moches. El fundador de los Marinos de Marina pretendió poner a su compadre de encargado en Mexicali; lo retiró del cargo pero no de la dependencia.

A una farmacia le pidió mil dólares y está rondando a un casino en estos momentos. Pero otros sectores tampoco se salvan, está vuelto loco y nadie le pone un alto.

Por otro lado, nos confirman que Dagoberto sigue cobrando en el Issstecali (es sindicalizado) pero no va a trabajar. Está ocupado buscando obtener una comisión, asi ya tiene justificación para estirar la mano sin nada a cambio. Mientras tanto metió días de vacaciones. Morena siempre premiando la ineptitud y la corrupción.

Y hablando de esos temas, ya nos habían dicho que fue una pelea épica la que sucedió entre la fiscal María Elena Andrade y el ahora exfiscal central, Rafael Orozco. Se gritaron de todo y aquello terminó con un «pues me voy», contestado con un «no te vas, yo te corro».

Ya trascendió entre personal de la fiscalía que el motivo del pleito son las ilegales acciones de algunos miembros de esa institución, por el que mandaron a Orozco a dar la cara a Tijuana y este de plano de negó. Reclamó a la fiscal por permitir tales acciones y no quiso seguir volteando para otro lado.

Nos cuentan que Orozco ya había intentado irse otras veces pero siempre lo habían convencido desde el tercer piso de Gobierno del Estado para quedarse y dejarle ver la posibilidad de ocupar el puesto de la titular algún día, pero esta vez no hubo manera.

Lo grave es que al parecer el exfiscal le dio detalles a la gober del cochinero que hay dentro de fiscalía, pero Marina del Pilar ni se sorprendió, ni se enojó, ni parpadeó; solo ofreció acomodarlo en otra parte. Saquen sus conclusiones.

En otro tema, ya veremos qué pasa en la sesión del último día de este mes que decidirá quien se queda al frente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California: el actual presidente Alejandro Isaac Fragoso López o Karina Acosta Duéñez, esposa del director jurídico de Gobierno del Estado.

Los argumentos de quienes se manifiestan en contra de la permanencia de Fragoso López, dicen que quiere quedarse con el argumento de que es una nueva configuración legal que entra en vigor el 1 de septiembre y que es básicamente un «borrón y cuenta nueva».

Pero señalan que la reforma constitucional precisa que será el titular quien obtenga el mayor número de votos, y esa fue Acosta Duéñez.

Quienes interpretan la ley como que sí tendría derecho a permanecer en el cargo a pesar de que está en su periodo de reelección, remarcan que bajo la normativa anterior, el presidente del Tribunal era elegido por mayoría del pleno para un periodo de tres años, con la posibilidad de una única reelección por otros tres años. Fragozo López cumplió con estos dos periodos consecutivos, que culminarían el próximo año.

«Ahora bien, con la reciente reforma judicial que introdujo una nueva composición del Tribunal, mediante la elección popular de magistrados, estamos ante un escenario distinto. La nueva configuración constitucional establece un nuevo punto de partida, un nuevo ciclo institucional, donde la elección de magistrados y la elección de la presidencia se rige por nuevas reglas y procesos. Esto implica que el límite anterior de reelecciones no se aplica a esta nueva conformación», precisan.

En otras palabras, la presidencia que se elegirá el próximo 1 de septiembre, será el primer periodo de presidencia bajo la nueva conformación sin importar lo anterior. Subrayan que esto tiene sustento jurídico y constitucional, ya que el rediseño institucional genera una nueva línea de tiempo y de reglas. Ante la aprobación de la reforma judicial aplica: Ley posterior deroga a la anterior. ¿Quién ganará? ¿Fragoso o Acosta? Hagan sus apuestas.

En otro asunto, hoy inauguraron por fin la sala del Congreso «Mujeres Forjadoras», que no sabemos cuánto costó -a ver si Jaime Cantón, presidente de la comisión más opaca, la de administración- nos pasa el dato para empezar a sacar cuentas.

Cuando Luis Gallego era el administardor también se había remodelado la sala, así que es la obra favorita para gastar dinero.

No podía faltar doña Marina Olmeda, de quien sabemos su amplia trayectoria, pero no deja de ser curioso que sea precisamente durante la administración de su hija que se le rindan todos los homenajes habidos y por haber.

Mal precedente deja por cierto, que curiosamente siendo Marina Olmeda parte de la Facultad de Derecho de la UABC, nunca se haya realizado un debate en esa unidad sobre la reforma judicial. Y tampoco podíamos esperar mucho de la directora de la facultad Ana Edith Canales, porque fue parte del comité de selección de candidatos, así que todo planchadito para no hacer ruido.

Aquí no es tanto culpa de Marina mamá y la directora, si los alumnos fueran críticos, interesados y participativos lo habrían realizado, pero las juventudes de hoy son víctimas de la indiferencia. No les gusta leer, no saben escribir y no les gusta pensar.

Ya que hablamos de la UABC, qué feo papel hizo la máxima casa de estudios al recular sobre la decisión de la trascendencia del plebiscito para la realización de la obra del carril confinado del corredor Tijuana-Rosarito. Había dicho que sí era importante y a los pocos días dijo que no. Se justificó agumentando que recibió información adicional, en el sentido de que seguiría habiendo libre tránsito y que no se involucraban recursos públicos.

Argumentos sin sentido porque si no sabían estos dos datos antes de dar la primera resolución, ¿pues qué estaban haciendo? Quedó en evidencia que hubo una instrucción de cambiar el sentido del análisis; cuestión innecesaria porque el coptado organismo del Instituto Estatal Electoral podía haber decidido darle gusto a Gobierno del Estado independientemente del resultado de los análisis de los participantes. Qué verguenza.

Finalmente comentar la solicitud de comparecencia que recibí de manera electrónica por parte de la FGR, «esto derivado del oficio de 07 de agosto del presente año suscrito por el Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California mediante el cual hace del conocimiento los hechos acontencidos en la conferencia mañanera del 6 de agosto..»

Es difícil no ver esto como una forma de intimidación y una represalia por la pregunta que hice. Como periodista mi derecho a la reserva de fuentes está garantizada por la Constitución en sus artículos 6 y 7; por la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas; por el Código Nacional de Procedimientos Penales artículo 243 fracción II; y por organismos de corte internacional.