Seguridad
Vinculan a proceso a dos señalados por secuestro de migrantes
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, logró, con base en los elementos de prueba presentados ante el Juez de Control, la vinculación a proceso de Gustavo “N” y Viridiana “N”, señalados como probables responsables del delito de secuestro agravado en perjuicio de personas migrantes.
De acuerdo con los antecedentes de investigación, un hombre y una mujer originarios del estado de Oaxaca habrían sido contactados en Tijuana por sujetos desconocidos, quienes, bajo la promesa de ayudarlos a cruzar de manera ilegal a Estados Unidos, los trasladaron y mantuvieron privados de la libertad durante aproximadamente una semana.
Fueron trasladados de Tijuana a Tecate y, posteriormente, a Mexicali, donde permanecieron en diferentes domicilios utilizados presuntamente como casas de seguridad, así como en hoteles.
El agente del Ministerio Público expuso que, durante ese periodo, las víctimas eran amenazadas de manera constante, haciéndoles creer que estaban vigiladas por personas armadas. Además, señaló que solo les proporcionaban alimentos una vez al día.
Las víctimas permanecieron en una habitación de un motel ubicado sobre la calzada Héctor Terán hasta el 19 de septiembre de 2026, cuando, para escapar, aprovecharon que presuntamente sus captores se quedaron dormidos después de consumir drogas. Posteriormente, salieron corriendo hasta la avenida Galicia, donde solicitaron apoyo a un ciudadano, quien realizó una llamada al número de emergencias 911.
Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público expuso que los presuntos secuestradores exigían a los familiares de las víctimas cantidades que iban de 3 mil a 10 mil dólares por cada persona, a cambio de su liberación. Como parte de los actos de investigación, se logró acreditar la realización de depósitos por un monto total de 149 mil 950 pesos.
Al finalizar la audiencia, el Juez de Control determinó que existían datos de prueba suficientes para dictar auto de vinculación a proceso e imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a Gustavo “N” y Viridiana “N”. Además, concedió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
Estatal
Las extorsiones vienen de todos lados: Canacar
Con una marcha pacífica que recorrió las principales vialidades de la capital bajacaliforniana, integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) alzaron la voz este lunes para exigir al Gobierno Federal una atención real y urgente ante la grave crisis de inseguridad, extorsiones y trámites excesivos que azotan al transporte de carga en todo el país por parte tanto del crimen organizado como de las propias autoridades.
La movilización dio inicio en la intersección de la Calle Novena y la zona del Aeropuerto, avanzando por la calzada Abelardo L. Rodríguez, el frente de la Aduana, Periférico, Lázaro Cárdenas, Río Nuevo, Anáhuac e Independencia —pasando frente a Palacio de Gobierno— para concluir en el asta bandera del Bosque de la Ciudad.
El presidente del organismo empresarial en Mexicali, Ismael Reyes de la Rosa, enfatizó que esta protesta no buscó paralizar la ciudad, sino lanzar un primer aviso de alerta a las autoridades nacionales antes de que la situación derive en medidas de mayor presión.
Al ser cuestionado sobre las causas de la manifestación, el líder del autotransporte enfatizó que el sector atraviesa por momentos críticos en las carreteras de México, padeciendo homicidios de choferes, desapariciones, robo de mercancías y extorsiones constantes.
«Las extorsiones vienen de todos lados: del crimen organizado y de dependencias gubernamentales en los retenes de todo el país. Cada vez son más los requisitos que nos inventan y cualquier situación se presta para la extorsión», denunció.

Asimismo, criticó la severa tramitología y los abusos en los servicios de grúas y corralones federales. Ejemplificó que, ante un percance menor en entidades distantes como Chiapas, se exige la presencia física del representante legal o dueño de la empresa para liberar las unidades, lo que genera costos catastróficos y pérdidas operativas.
Respecto a la situación local en Baja California, la representación de Canacar reconoció que los índices delictivos contra el sector en la entidad —y particularmente en Mexicali— son significativamente menores en comparación con el resto del país, destacando una buena comunicación con las autoridades municipales y estatales.
No obstante, Reyes de la Rosa precisó que se registran de dos a cuatro robos o incidentes al año en tramos críticos y con nula presencia policial, tales como en el libramiento que conecta San Luis Río Colorado con Tijuana; en los accesos de entrada a San Luis Río Colorado y en el tramo carretero entre El Hongo y Tecate.
Ante los señalamientos de autoridades estatales sobre si la protesta responde a un trasfondo político o tarifario, la dirigencia descartó rotundamente cualquier interés partidista, recordando que la Canacar históricamente ha apostado por la vía institucional, a diferencia de otras agrupaciones del ramo.
La Canacar advirtió que la movilización en Mexicali se replicó simultáneamente en la mayoría de las ciudades y estados de la República, representando un primer paso escalonado dentro de un plan de acción nacional.
«Ya no queremos más mesas de diálogo o de trabajo que se extienden por meses y años sin dar resultados. Vemos cómo otras leyes las aprueban de la noche a la mañana, pero lo que urge al transporte no lo atienden. Queremos un diálogo de nuestra presidencia nacional con alguien capacitado para resolver. El plazo es indefinido; la respuesta la tiene el Gobierno», concluyó el presidente de Canacar.
Estatal
Capturan a presunto integrante de “Los Rusos” en plaza comercial de Mexicali
La noche del domingo se llevó a cabo un operativo que culminó con la detención de Israel “N”, alias “El Isra”, presunto integrante del grupo delictivo de “Los Rusos”, que opera en el Valle de Mexicali.
La detención se realizó en un restaurante ubicado en una plaza comercial sobre el bulevar López Mateos, en un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.
La mañana de este lunes, la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, informó que Israel “N” era uno de los principales objetivos de las autoridades tanto en Baja California como en Sonora, entidad donde cuenta con una orden de aprehensión, motivo por el cual fue trasladado a dicho estado.
Andrade Ramírez señaló que el presunto delincuente operaba libremente entre ambas entidades, en cuanto a los delitos que se le atribuyen en Baja California, indicó que se encuentran la desaparición de personas, homicidios y otros que pudieran resultar de las investigaciones.
La fiscal precisó que actualmente Israel “N” permanece detenido en Sonora; sin embargo, esto no significa que quede exento de enfrentar la justicia por los crímenes presuntamente cometidos en Baja California, explicó que los procesos legales en ambas entidades pueden avanzar a la par, aunque reconoció que las autoridades aún analizan la estrategia jurídica más conveniente para proceder en su contra.
Seguridad
Procesa FGR a dos con drones y arma de fuego
Por la probable comisión de los delitos de portación de arma de fuego sin licencia y uso indebido de aeronave pilotada a distancia, Salvador “N” y Óscar “N” fueron llevados a proceso por la Fiscalía General de la República (FGR).
Estas personas fueron detenidas por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, en Tijuana, Baja California, quienes aseguraron, además, dos controles remotos para operar un vehículo aéreo no tripulado, dos drones y un arma de fuego tipo pistola con su cargador y tres cartuchos.
Por estos hechos, el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Baja California, presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación a proceso de Salvador “N” y Óscar “N”, así como la medida cautelar de prisión preventiva justificada un plazo de dos meses de investigación complementaria.
A los mencionados se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.


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