Matices: los buscachambas
Gil Andrés Prieto Vega, hijo de la secretaria de Inclusión y a quien acusan los familiares de personas desaparecidas de inflar las compras cuando era subsecretaría de Enlace Institucional y Vinculación Social de la Secretaría General de Gobierno, Rebecca Vega, tiene nueva chamba.
Esta mañana replicamos el post de redes con fecha del 3 de octubre pasado, de la alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano, donde asienta que nombró al hijo de su ex secretaria técnica como director de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos.
Y repetimos que tomamos el post público de las redes de la alcaldesa, porque parece que no se enteró que no fue una captura de pantalla de un chat de Morena, y se quejó por eso. Pero aquí le va una que sí es captura de pantalla de un chat de Morena, para que tenga de qué quejarse:

Es una joya, vayamos por partes. Decir que el hoy funcionario público merece estar incrustado en la nómina por ser «nieto del primer diputado de izquierda en Baja California», es como justificar la existencia de la monarquía; ahora resulta que es derecho de sangre estar conectado al erario.
Luego viene una oda a sus acciones partidistas, su origen 100 por ciento obradorista, y la chinga que se metió en las campañas… «tiene TODO el derecho por sí solo sin necesitar que su mamá lo ponga en algún espacio»… pues sí que lo necesitó, porque lo metió a trabajar con ella, si no lo necesitara se hubiera conseguido un trabajo por él mismo.
En el Registro Nacional de Profesionistas no se encontró registro alguno de cédula profesional a su nombre. Buscando en internet, aparece un perfil con su nombre en la plataforma Academia, como integrante de la Facultad de Derecho de la UABC. También aparece en otra página como afiliado a Morena el 21 de marzo de 2023 (¿apenas?).
Aquí haciendo puntos, en el 2011:

Luego Miriam Cano se molesta porque nos siguen pasando capturas de pantalla (recordamos que lo que publicamos en Facebook fue un post público y lo que apareció en ese chat fue una captura de pantalla de esa publicación nuestra), nos llama pasquín y dice que de todos modos no se callará y seguirá opinando. Muy bien, eso se llama libertad de expresión, la aplaudimos, la defendemos, la ejercemos y funciona en dos sentidos, acostúmbrese.
Nos pueden llamar como quieran, aquí hay evidencias y lo que se publica es cierto. Que ustedes consideren que por ser «hijo de» y «nieto de» no se trate de nepotismo, ya es un autoengaño muy personal, igual aquello de que no necesite que lo acomode su mamá, cuando en la práctica así fue.

Otro que no sabe diferenciar entre hechos y difamaciones, es Armando Fernández Samaniego. Una publicación de Ocupa, con pauta publicitaria, da cuenta del hecho comprobado que fue la aprobación de la cuenta pública de la CESPM correspondiente a 2022, cuando él estuvo a cargo la mitad del año y efectivamente, se encontraron irregularidades como pagos en exceso y contrataciones injustificadas.
A pesar de eso la cuenta fue aprobada, y eso no lo exime de haber cometido las faltas descritas por la Auditoría Superior del Estado, eso solo dice que Morena no puede permitir que un diputado federal sufra la «quemada» de no tener aprobadas sus cuentas.
Cambiando de tema, aparecieron varias mantas pidiendo al secretario general de Sindicato de Burócratas, Guillermo Aldrete, y a la líder de la sección Mexicali, Selene Cota, la firma inmediata del Contrato Colectivo de Trabajo de este año. Nótese que ya estamos en el mes número 11 y Aldrete tan tranquilo, en vez de presionar para que se firme el documento.
De hecho fue muy extraño que aprovecharan la presencia de los medios hace unas semanas cuando los seccionales y Aldrete fueron a la Secretaría General de Gobierno para preguntar sobre posibles reformas a Issstecali, que la representante de Mexicali y la de Tecate pidieran al líder estatal fecha para la convocatoria de una asamblea y abordar lo de Issstecali, lo cual quiere decir que por alguna razón está nadando de muertito en este tema.

Cambiando al tema educativo, Álvaro Mayoral Miranda, fue titular de la Dirección del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (DISICAMM), y luego subsecretario de Educación Media Superior. Con un buen currículum en el área pedagógica y con su experiencia en puestos de alto nivel, pudiéramos pensar que como dueño de un colegio privado, las cosas marcharían muy bien, pero no.
En el Colegio Bilingue Calmecac hizo cambios repentinos hace unas semanas como despedir al subdirector -muy querido por los alumnos-, a quien le avisaron con un protocolo irresponsable y poco ético, que ese sería su último día de trabajo, sin mayores explicaciones y vulnerando su dignidad.
El director parece que corrió con la misma suerte, y también varios maestros. Las colegiaturas aumentaron de precio y los talleres que anuncian en su publicidad no existen. A ver si cuando regrese de alguno de sus viajes Mayoral Miranda atiende su negocio.
Finalmente, otro caso de nepotismo. Jorge Gómez, del portal Juego Limpio, publica que la esposa de David Alonso Lugo Castro, director de Talentos Deportivos del INDE, fue contratada hace unas semanas para laborar en el área que dirige su cónyugue.
La esposa de nombre Brenda, labora en el Centro de Alto Rendimiento en Tijuana, con horario de entrada a las 9 de la mañana y salida a las 2 de la tarde. Las fuentes consultadas que pidieron el anonimato para evitar represalias, aseguran que Lugo Castro también le contrató una asistente, no se vaya a cansar en su horario de cinco horas.
Estatal
Presentarán jubilados demanda colectiva por robo
Un grupo de jubilados y pensionados de la Delegación D-IV-1 de la Sección 2 del SNTE se reunió para definir acciones concretas ante los problemas laborales y de transparencia que enfrentan tras un presunto desfalco millonario.En la reunión se tomaron cuatro acuerdos principales.
El primero es presentar el viernes 30 de octubre, a las 11:00 horas, una demanda colectiva por robo, fraude y abuso de confianza ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo del abogado Guillermo Rivera.En segundo lugar, los jubilados acordaron solicitar una auditoría externa cuyos resultados sean dados a conocer a todos los pensionados.
También exigirán la entrega de los resultados de la auditoría interna que la Sección 2 mandó realizar el viernes 16 de octubre.Como tercer punto, se decidió nombrar un Comité de Vigilancia y Seguimiento.
Este órgano, entre otras funciones, se hará cargo de manera temporal de las finanzas de la Delegación para cubrir el pago de servicios y el mantenimiento de la Casa del Jubilado, hasta que se concrete el cambio de directiva delegacional.
Por último, los asistentes exigieron que se realice la Asamblea Delegacional Estatutaria y Extraordinaria de cambio de directiva, de conformidad con los estatutos vigentes del sindicato.
La reunión se enmarca en la solicitud formal de asamblea ordinaria o extraordinaria que un grupo de jubilados presentó el 4 de junio de 2024 ante la secretaria general de la Delegación D-IV-1, Marta Guadalupe Cázares Chávez.
En ese documento, los firmantes señalaron dudas sobre el seguro institucional, el fondo de retiro, el fondo de defunción, los aumentos salariales de los últimos años, el rechazo a la UMA para el cálculo de pensiones y el destino de un terreno donado por el municipio para una casa de retiro, entre otros temas pendientes.
Los participantes reiteraron que, de acuerdo con los estatutos, las asambleas ordinarias deben realizarse cada seis meses para presentar, entre otros asuntos, el informe de actividades y de finanzas del Comité Delegacional.
Estatal
Estigmatiza Julieta Ramírez a la prensa en su podcast
La estigmatización de la prensa y los cuestionamientos al trabajo periodístico forman parte de la confrontación pública que rodea a la política bajacaliforniana, en un contexto en el que la senadora con licencia de Morena, Julieta Ramírez, ha denunciado presuntas campañas de desprestigio en su contra y ha cuestionado -y evadido- la cobertura de distintos medios de comunicación.
En la edición de este lunes, de su podcast “Enlace informativo”, la legisladora sostuvo que algunas publicaciones responden a una estrategia para dañar su imagen y la de su movimiento político. En agosto pasado, aseguró haber identificado cerca de un millón de pesos en publicidad negativa en redes sociales, mientras que en septiembre rechazó información periodística relacionada con un supuesto acuerdo de colaboración con autoridades estadounidenses, que calificó como falsa.
La controversia plantea una discusión sobre los límites entre la crítica legítima a los medios, el derecho de réplica de los actores políticos y la descalificación del ejercicio periodístico, sobre a la luz de las no-invitaciones a diversos medios críticos a sus ruedas de prensa en Mexicali.
Centrada en el tema publicado por el medio digital nativo “Los Angeles Press” sobre las facilidades que habría obtenido la morenista para lograr concretar su grado de maestría en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Ramírez comentó en la sección “Modus operandi” dedicada a demostrar estrategias “falsas y mentirosas” de los medios, que era una “página web; no un medio impreso ni un noticiero”, demeritando a los medios digitales e infiriendo que estos son menos confiables que los medios tradicionales.
Ramírez puso en pantalla a los medios que han retomado la nota tras las declaraciones de la UABC sobre la integración de una investigación al respecto de los estudios de maestría. También hizo menos la información de Los Angeles Press por tratarse de Guadalupe Lizárraga, una periodista que fue candidata del PRD en la pasada elección de 2024 en busca de la alcaldía de Mexicali.
Estatal
Eva María Vásquez pide investigar a fondo presuntas irregularidades en el INE
La diputada federal del PAN por Baja California, Eva María Vásquez, consideró necesario esclarecer las presuntas irregularidades que involucran a la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, tras los señalamientos de corrupción y su renuncia al cargo.
La legisladora advirtió que este tipo de situaciones pone en entredicho el funcionamiento de las instituciones públicas y subrayó la importancia de investigar a fondo cualquier denuncia relacionada con el manejo de responsabilidades dentro de los organismos del Estado.
Vásquez sostuvo que las autoridades competentes deben actuar conforme a derecho y determinar si existen elementos para imponer sanciones administrativas o proceder por la vía judicial contra quienes resulten responsables.
Señaló que el Congreso de la Unión cuenta con atribuciones para impulsar medidas que fortalezcan la vigilancia institucional y eviten que hechos similares se repitan; sin embargo, afirmó que estos mecanismos requieren voluntad política para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
Para concluir, Eva María cuestionó la disposición del bloque oficialista para promover controles efectivos contra la corrupción y reiteró que el esclarecer los señalamientos de la presidente del INE debe ser una prioridad, a fin de preservar la confianza ciudadana en las instituciones electorales.
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