Matices: La transformación se cae a pedazos
Muy grave lo que está pasando en el país, donde cada vez es más evidente la descomposición que hay en el gobierno, la colusión que tienen con el crimen organizado y las guerras internas. La cuarta transformación está podrida, temerosa y evidenciada.
El poder «del pueblo para el pueblo» se olvidó rápido de todo lo prometido. Su inexperiencia y soberbia echaron a perder la salud y la educación. Todos los funcionarios acuden a los servicios de salud privados y tienen a sus hijos también en escuelas privadas, lejos de los lamentables libros de la nueva escuela mexicana.
Sus pocos valores y su hambre de poder y de dinero, los evidenció en poco tiempo como unos cínicos a quienes -a pesar de su discurso de enfocarse en los más vulnerables- son precisamente a ellos a quienes más afectan con su ambición. La falta de medicamentos, la devaluación de la calidad educativa, y el contubernio con los grupos delictivos, hacen que los discursos de seguridad sean un mal chiste.
A nivel nacional, hace tiempo que las autoridades estadounidenses tienen en la mira a varios políticos mexicanos. Tremendo el reciente escándalo de la mano derecha de Adán Augusto -quien no olvidemos, es un hombre cercano a López Obrador que pudo ser presidente-.
Hernán Bermúdez fue secretario de seguridad cuando el ahora senador fue gobernador de Tabasco, y hay una orden de aprehensión en su contra por presuntos nexos con el crimen organizado, ligado al huachicol, el delito que prometió terminar López Obrador y que no solo no terminó, sino que se extendió y se financiaron campañas con dinero del robo a Pemex, entre las que se menciona la que llevó a Marina del Pilar Avila Olmeda a la gubernatura de Baja California.

En el estado las cosas no andan mejor. En El Sauzal de descubrieron y decomisaron 8 millones de litros de hidrocarburos a finales de marzo, donde todo apunta a una red de complicidades formada por funcionarios y criminales.
Una fuente me hizo llegar hace tiempo información de primera mano sobre lo que está pasando en Tecate.
La historia empieza desde la llegada de Manuel Alejandro Castro Luna a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTE) en mayo de 2023; un desconocido que llegó al cargo gracias a que recomendó Armando Samaniego y a una red de intereses políticos y económicos.
Están vaciando los organismos del agua desde que Morena gobierna Baja California, pero además están especialmente aliados con el crimen organizado desde entonces.
Recordemos que Darío Benitez, el excalde de Tecate fue director interino de la CESPTE, y según la fuente, una de las tareas de Castro Luna era establecer un acuerdo de no agresión con Darío Benítez y poderse seguir llevando los recursos sin dar ni recibir golpes.
Lo que nunca esperaron es que saldría más hábil que ellos y cambiaría todas las lealtades que lo impulsaron para establecer un acuerdo hasta el tercer piso de Gobierno del Estado. De esta manera, cuando se llevaron a cabo las pre-campañas de 2024, Castro Luna le dio la espalda a todos los que lo apoyaron y empezó a repartir dinero con tal de mantener apoyo y estabilidad al interior del cargo.
Esto generó muchos problemas al interior del gobierno estatal, ya que distintos actores comenzaron a reclamar su cabeza, pero nada funcionó, pues acató las instrucciones de la Gobernadora, principalmente la licitación de la Planta Potabilizadora “La Nopalera”, la cual se tuvo que licitar en dos ocasiones.
«Este ambicioso proyecto cuenta con el apoyo del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank), una institución especializada en financiar iniciativas ambientales que promuevan la lucha contra el cambio climático y fomenten una economía sostenible. Además, NADBank brinda asesoría técnica y recursos financieros para mejorar las condiciones medioambientales en la zona fronteriza, beneficiando tanto a comunidades mexicanas como estadounidenses», dice el boletín de Gobierno del Estado.
El propio Castro Luna comentó que recibió una llamada «de arriba» para cambiar de proveedor. No hay en las páginas del organismo ninguna información referente a la empresa ganadora de la licitación. En las noticias boletinadas y publicadas por el gobierno, tampoco se menciona el nombre de la empresa.
«Estos nuevos proveedores serán muy importantes en la historia, ya que tienen vínculos con el crimen organizado. Si se lo está cuestionando, quiero afirmar que es completamente cierto, el crimen organizado es quien desarrolla dicha obra del Bono Verde», afirma el informante.
Para esto, cabe aclarar que el director vive en Mexicali, y todos los días va y viene junto a todo su equipo de trabajo y el personal que ellos metieron, ya sea desde Tijuana o Mexicali. Esto quiere decir que pagan combustible, casetas, viáticos con dinero del erario.
Además la fuente refiere que la Cespte y todos los organismos del agua estatales, ya no hace trabajos, si no es con dinero de por medio. Se han convertido en una mafia.
El ObserBC acaba de publicar su análisis de estados financieros de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, donde el gasto en sevicios personales ha incrementado notablemente, los servicios contratados a empresas externas ha aumentado, no se ha hecho nada respecto a las cuotas de Issstecali y se detectó compra de maquinaria a precios inflados.
Recordemos que Armando Carrazco López, director de la Cespm, a quien le han puesto narcomantas afuera del organismo por andar metido en asuntos que no debería, está vuelto loco pensando en la candidatura a la alcaldía de Mexicali, con apoyo de su amiga Marina del Pilar y de su amigo Netza Jáuregui (a quien también mencionan en las narcomantas).
Hasta cine en las colonias anda organizando, pues ya no sabe qué inventar para hacerse de una plataforma y la gente lo conozca.

Pero volvamos a Tecate. La información que nos hicieron llegar señala que la red de huachicoleo que opera en Baja California, guarda estrecha relación con el decomiso realizado en el Sauzal y las amenazas al Director de Cespm en Mexicali.
El incendio de las dos unidades de la Cespte en su propio estacionamiento el 26 de septiembre de 2024, al parecer guarda relación con las amenazas que recibieron por incumplir los acuerdos con los cárteles. Hubo otro incidente el 28 de diciembre de 2024, que involucró a dos unidades de la Cespte y uno de Sidurt, sin que hasta la fecha la Fiscalía General del Estado haya determinado los motivos de los ataques ni haya detenido a nadie.
Los señalamientos hechos llegar a esta redacción, indican que la gobernadora está impulsando cambios por paridad de género que está aprovechando para desvincularse de quienes aparecen en las investigaciones de Estados Unidos por el tema del huachicol, una red que según apuntan varios indicios a Luis Torres Torres.
Una forma de sacar dinero de la Cespte es la que ya aplicó el Ayuntamiento de Mexicali con empresas de asesoría (https://www.brujula.news/2025/01/09/costo-a-mexicali-mas-de-25-millones-los-servicios-de-asesoria-en-2024/).



El principal nombre que aparece en contratos es el de Artemisa Mejía Mojórquez, quien supuestamente brindaba asesoría a Cespte sobre la cuenta pública, pero esos servicios nunca se prestaron y la fuente asegura que es en realidad prestanombres del Director.
Mejía Bojórquez fue directora del Coplade cuando la administración de Francisco Vega. En el corto gobierno de Jaime Bonilla, en mayo del 2020, además de Kiko, fueron denunciados por delincuencia organizada, asociación delictuosa y fraude 11 de sus ex colaboradores, entre ellos esta ahora consultora. La denuncia contra los panistas -quién sabe a quién se lo deberán- quedó en el olvido y algunos como Artemisa, utilizados para exprimir el erario.
Sobre la empresa Pulse Project, aparece el nombre de Rubén Esteban Roa Dueñas como representante legal en un contrato del 20 de noviembre de 2018. Fue subsecretario de Economía desde el inicio de la administración de Marina del Pilar hasta julio del año pasado.
Ahora es director de una organización de la sociedad civil llamada CIDEN.
Luis Alonso Limón Martínez es otro de los consultores con contrato. El expriísta salió del gobierno de Tecate por pérdida de confianza, tras haberse sabido que se reunió con el entonces candidato Jaime Bonilla.
De Carlos Miguel Rea casi no hay información, solo se sabe que se dedica a asuntos legales y tiene restringidos sus perfiles de redes sociales.
Regresando al director de la Cespte, Manuel Alejandro Castro Luna, aparece en investigaciones por huachicol y principalmente como vinculado al crimen organizado, de acuerdo al informante, quien agregó que la participación del funcionario se limita a proveer de agua potable a laboratorios remotos en la sierra de Tecate (entre ellos La Rumorosa), donde se fabrican drogas sintéticas.
No solo se limitarán las investigaciones a las autoridades mexicanas, pues también se prepara una denuncia contra los directores y otras autoridades directamente en Homeland Security de Estados Unidos.
El enlace con el crimen organizado era el difunto Enrique Leon Figueroa, asesinado en el Bar Dianas el 2 de diciembre de 2023, muy cercano a Darío Benitez, pues fue su secretario particular. La propia fiscal general del estado, Maía Elena Andrade comentó que su muerte tenía que ver con pugnas de narcotraficantes.
Cuando estaba como secretario particular de Benitez les colocaron narcomantas y lo mandaron a Obras Públicas, particularmente en recolección de basura.
«La razón de esto es que la droga se transportaba en los propios camiones de basura; eran invisibles. Mientras tanto, el hermano de Darío estaba a cargo del C2 y las cámaras de vigilancia, dándoles acceso directo a las cámaras al crimen organizado. En un operativo federal fueron removidas muchas cámaras que estaban instaladas en establecimientos importantes de la zona urbana de la ciudad, pero no pertenecían al C2, pero aun así la autoridad les permitía operar», precisan los datos que nos hacen llegar.
El tema del huachicol involucra más actores, comenta la fuente. El robo de combustible a unidades oficiales en empresas privadas es solamente una parte, como ya quedó evidenciado hace unos días en un video publicado en la página de Tecate en Llamas.
En el caso de SIRT (Servicios Integrales de Residuos de Tecate) que es la dependencia señalada, el huachicol es lo más light, ya que desde la administración de Darío Benítez la droga se transporta en los camiones recolectores de basura, hasta la fecha, denuncia el informante.
Ya desde la pasada administración se han realizado amenazas y cometido asesinatos, por ejemplo al propio Enrique Leon que era encargado del departamento de obras (ahora parte de SIRT) y Cristian Vázquez, asesor de Benitez.
Por si fuera poco, la esposa del director de SIRT, José Barba, de nombre Mariel Garfio, trabaja en Oficialía Mayor como encargada de Recursos Humanos y ha colaborado para que ciertos perfiles se ubiquen muy estratégicamente al interior de SIRT.
El cerebro detrás de la distribución de droga y huachicol sería el Oficial Mayor, Omar Blancarte, quien estuvo en el gobierno de Darío Benitez.

«De hecho, la administradora de sus negocios es ahora la administradora de Presidencia. Desde ahí se asignan presupuestos a todas las dependencias paramunicipales. El encargado de combustible del ayuntamiento, es precisamente un empleado de las empresas privadas del Oficial Mayor», declara la fuente.
La investigación en curso contra varios funcionarios por huachicol, incluye al Oficial Mayor (Omar Blancarte), al Tesorero (Miguel Ángel Ayala) y al actual Alcalde (Román Cota), además de funcionarios estatales.
La zona del huachicol es la zona rural, principalmente Rumorosa y Ejido Jacumé. Espacios muy remotos e inhóspitos donde curiosamente hay calles en mejores condiciones que muchas de la ciudad. Por las noches se realiza el tráfico de combustible desde los propios ductos, se almacena cerca gracias a la complicidad de las autoridades de Tecate, que brindan protección, personal y equipo de transporte, dice el informante.
Blancarte Aragón antes fue director de desarrollo económico de Tecate y director de Protección al Ambiente de ese municipio, de donde salió por malos manejos, además de la delegación de la dirección de turismo del Estado del gobierno estatal.
Metió en un problemón a Román Cota por sus descaradas operaciones. Fue uno de los principales inversionistas en la campaña y está amarrado con César Moreno, el padrino de Román, apunta la fuente.
Estatal
Reprueba víctima indirecta uso de presuntos falsos testimonios
Este martes se llevó a cabo otra audiencia del caso Amparito, referente a la muerte de una adulta mayor causada por una jauría propiedad de dos mujeres imputadas, madre e hija. En esa diligencia se escuchó el testimonio de ambas.
La víctima indirecta, la abogada Ana Lidia Soto, hija de Amparito, señaló molesta que las mujeres hicieron ver a su madre como una mujer en abandono y a ella como una mujer violenta por zarandear al nieto de una de las acusadas, acción que niega categóricamente.
También rechazó la afirmación de que “no le llegaron al precio” y que medio millón de pesos no les alcanzaría para intentar un acuerdo reparatorio. Las acusadas ofrecieron un testimonio de refutación para el viernes, mientras que a ella ya la liberaron como testigo, no dándole la oportunidad de rebatir la versión de las acusadas.
La abogada publicó un video en sus redes denunciando amenazas desde el primer día, y la revictimización que le hacen desde el sistema de justicia.
Estatal
El mal uso de las denuncias de violencia política también tienen consecuencias: experto
El abogado Antonio Sorela Castillo llamó a establecer un equilibrio entre la protección de las mujeres frente a la violencia política en razón de género y el respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, al señalar que las denuncias sin fundamento también pueden tener consecuencias legales y afectar la vida profesional y personal de los comunicadores.
Durante el curso “La Actividad Periodística frente a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” Sorela Castillo, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, sostuvo que los procedimientos para atender este tipo de violencia no deben considerarse, por sí mismos, actos de censura, pues también buscan visibilizar las agresiones que enfrentan las mujeres después de conquistar espacios de participación política.
“Una cosa es que una mujer llegue y otra cosa es que pueda ejercer el cargo libremente de violencia”, expresó el especialista, al señalar que el objetivo de la legislación no debe limitarse a garantizar que las mujeres accedan a puestos públicos, sino que puedan gobernar, administrar un municipio, expresar sus opiniones e intervenir en las decisiones de un cabildo sin enfrentar agresiones.
Sin embargo, advirtió que estos mecanismos también pueden ser utilizados por personas que buscan deslegitimar el trabajo de los periodistas. Explicó que los procedimientos por violencia política en razón de género pueden iniciarse a petición de parte o de oficio, situación que, consideró, debe observarse para evitar que algunas personas pretendan asumir el papel de defensoras de las mujeres con el propósito de emprender acciones contra comunicadores.
“No es censura, es solamente regular que se tienen que hacer las cosas conforme a derecho”, afirmó.
Sorela Castillo sostuvo que el ejercicio periodístico debe realizarse con libertad, pero también con responsabilidad y respeto a los derechos de las mujeres. En ese sentido, señaló que las transformaciones sociales y legales obligan a revisar las prácticas tradicionales de la profesión para evitar que los contenidos periodísticos vulneren derechos.
El abogado explicó que, en materia electoral, existen dos vías para atender estos casos: la denuncia por un posible delito electoral y el procedimiento especial sancionador. Indicó que los periodistas deben conocer los procedimientos y las instancias legales correspondientes para defenderse cuando consideren que una denuncia en su contra carece de fundamento.
Detalló que, cuando exista una resolución definitiva que permita establecer que una denuncia fue falsa, el comunicador puede valorar acciones legales por la vía penal, conforme a lo previsto en el Código Penal de Baja California, así como una demanda civil por daños y perjuicios.
Entre los conceptos que podrían reclamarse mencionó el daño moral, los gastos legales, los daños materiales e inmateriales, el lucro cesante —correspondiente a los ingresos que se dejaron de percibir— y posibles medidas de restitución, de acuerdo con las circunstancias del caso y las determinaciones judiciales.
Mexicali
Toman padres de familia la Secundaria Técnica 32; exigen cubrir plazas docentes
Ante la falta de personal docente y administrativo, padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 32, ubicada en el fraccionamiento Villa Bonita, tomaron los accesos al plantel para exigir a las autoridades educativas una solución definitiva.
De acuerdo con Eduardo Salgado, padre de familia de la institución, la problemática se ha prolongado por más de dos años sin recibir una respuesta que permita garantizar la cobertura de las clases y las actividades escolares.
Entre las plazas pendientes se encuentran las correspondientes a las asignaturas de refrigeración, cómputo y educación física, además de la falta de un prefecto, situación que ha generado inconformidad entre las familias de los estudiantes.
Salgado señaló que la tarde del día anterior la escuela informó, a través de sus redes sociales, sobre la asignación de personal para atender las vacantes. Sin embargo, indicó que, según la información que recibió, únicamente se incorporaría un docente.
El padre de familia subrayó que la exigencia no se limita a la contratación de personal interino, sino a que las autoridades garanticen su permanencia en el plantel, pues, aseguró, en ocasiones los docentes dejan de recibir sus pagos y terminan por retirarse, lo que provoca que el problema se repita.
Ante esta situación, las familias mantienen su exigencia de que las autoridades educativas atiendan las vacantes pendientes y brinden una solución que permita regularizar las actividades escolares en beneficio de los alumnos.
Por su parte, la Secretaría de Educación, a través de ficha informativa, dijo que ya se está atendiendo el tema, y se enviaron las claves vacantes que había para asignación de DISICAMM.
«Así también, se validó para cubrir de manera interina, al docente que se encuentra en protocolo en la secundaria (el profesor que está a disposición)», precisaron.
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