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Matices: Issstecali, contrato millonario y otros temas

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Ayer debieron haber pagado su pensión mensual a los jubilados burócratas y maestros, sin embargo solo recibieron su pago quienes cobran por cheque, que son la minoría. Le echaron la culpa un problema técnico para no realizar las transferencias bancarias, pero la razón es otra.

El motivo es que el gobierno no tiene liquidez. Y si hoy no hay pagos, el gobierno estatal va a tener problemas, pues ya hasta amenazan con tomar oficinas si hoy a las 10 de la mañana no tienen la transferencia.

El problema no es solo la longevidad de los jubilados, son una serie de factores que hacen muy difícil encontrar una solución a esta bola de nieve que dejaron crecer al no tomar medidas, sino que ayudaron activamente a emperorarla.

¿Cómo qué? Como meter a los policías municipales al sistema de Issstecali. No es que no se merezcan esa prestación ni servicios médicos de calidad, es que al agregarlo a ellos se agregan también a sus cónyugues e hijos.

Ensenada tiene más de una década sin pagarle a Issstecali, hacen acuerdos para exentar los pagos por concepto de intereses y encima de todo Armadititito le agregó 641 trabajadores de confianza al sistema. ¿Con qué cara?

Qué bonito y qué fácil es para los alcaldes anunciar esa prestación y dejarle la bronca a los que vienen, porque cuando explote la bomba ellos se podrán lavar las manos y mientras salir como los héroes que les dieron seguridad social a sus trabajadores. El costo es que mientras tanto los servicios de salud empeoran, los medicamentos escasean, y el tiempo de espera para especialistas y operaciones crece.

Mientras tanto se ha agregado a los afiliados a policías comerciales, custodios, y policías estatales. Y el sindicato de maestros calladito, viendo como se acaban un sistema de pensiones que era originalmente para los maestros.

Por cierto, que muy mala la decisión de exentar de pago de Issstecali a los jubilados. Nada de que «ya cooperamos en nuestra vida productiva con las cuotas», porque ellos y sus familias utilizaron esos servicios médicos, y ahora lo usan y le sacan provecho más que nunca, en una edad en que necesitan medicamento de forma continua. Tampoco se vale esgrimir el aspecto económico, porque los jubilados de Issstecali reciben unas pensiones que ya no le tocarán a nadie, así que lo justo es que -como hacen muchos- no pidan que les dejen de cobrar las cuotas porque tampoco les han dejado de prestar el servicio.

En otro tema, resulta que el despacho Rufo Ibarra, de la Cruz y Mier SC, obtuvo contratos anuales millonarios en el Congreso local y en el Poder Judicial, pero el valor del contrato tiene una diferencia abismal.

A cambio de «servicio profesional de nóminas, análisis fiscal permanente de proveedores y consultoría fiscal» en el Congreso local les pagarán 3 millones 552 mil pesos este año, mientras que en el Poder Judicial la cantidad asciende a 34 millones 214 mil 400 pesos.

En el Congreso ofrecen sus servicios anualmente desde 2020 hasta la fecha, por un monto de 296 mil pesos mensuales, mientras que en el Poder Judicial el contrato abarca desde el 1 de diciembre de 2023 al 30 de noviembre de 2024, y cuesta 2 millones 851 mil 200 pesos al mes. Hay que destacar que ambos contratos fueron por adjudicación directa.

Como argumento para darle el millonario monto a la empresa en cuestión en el Poder Judicial, señalan en el contrato que ya había prestado sus servicios por el mismo período en 2022-2023, y otros argumentos como «economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia».

Como lo asienta la solicitud realizada en la plataforma nacional de transparencia con número 020058424000235, el Poder Judicial respondió que el contrato fue sin licitación, registrándose esta adjudicación directa con el folio ADR/DIR_22/2023.

Según una fuente dentro del Poder Judicial, no se cotizó la prestación del servicio requerido con otros despachos contables que podrían prestarlo, como se evidencia en la redacción del contrato.


“El contrato se adjudicó directamente al despacho Rufo sin que se contratará con propuestas de otros despachos contables que pudieran ofrecer mejores precios, mejor calidad en el servicio, mayores garantías y mejores condiciones de pago por prestación de sus servicios”, manifestó el informante que pidió mantener el anonimato.

El monto y las condiciones del contrato levantan suspicacias, ya que la fuente en cuestión consultó con un par de despachos para indagar si corresponde el monto millonario a los servicios prestados, lo que estimaron rondaría los 2 millones de pesos al año y no al mes, como actualmente ocurre.

En la solicitud de transparencia fue pedido el video de la sesión en la que el Poder Judicial Estatal autorizó la adjudicación directa, sin que este fuera entregado. También fue solicitada acta de la sesión, remitiendo acta de treinta de noviembre de 2023 sin las firmas de quienes autorizaron la adjudicación directa.

Quiero también comentar el regreso de Netzahualcóyotl Jauregui a la Secretaría del Bienestar, una decisión cuestionable en medio de escándalos (su empleada condicionando apoyos a cambio de impulsar la candidatura de Adán Augusto, las evidencias de que utilizó los padrones de programas sociales con fines partidistas, la entrega de apoyos a discreción y las maniobras que hizo para que él y Julieta Ramírez fueran los más votados del país en las internas de Morena y la entrega de apoyos sociales a más del 70 por ciento de gente afiliada a su partido).

Además están los supuestos vínculos con el crimen organizado, pues no olvidemos que se mencionó su nombre en narcomantas en Mexicali. Seguro estos hechos pesaron para que no fuera designado candidato a la alcaldía de Mexicali.

Nos cuentan que hay un informe de la Unidad de Inteligencia del Estado de Baja California, que señala que Netza habría solicitado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) la cantidad de dos millones de dólares para “limpiar” la plaza de Mexicali y la zona del valle, expulsando al Cártel de Sinaloa («Los Rusos»). La falta de cumplimiento de este acuerdo sería el motivo de los reclamos en las narcomantas.

Presuntamente, el dinero fue entregado a Jauregui por Armando Carrazco, titular de la CESPM (recuerden que ahí fue donde colocaron una de ellas), quien actuó como intermediario. Este escándalo resalta la corrupción que parece permear en distintos niveles del gobierno local, por lo que la decisión de la gobernadora Marina del Pilar de reinstalar a Netza en la Secretaría del Bienestar a pesar de su mala reputación y los rumores persistentes sobre su involucramiento en actos ilícitos, pone en tela de juicio la dirección de su administración.

La gobernadora ha sido criticada por una gestión que muchos consideran va en decadencia, reflejada en decisiones que priorizan intereses políticos y personales sobre el bienestar de los ciudadanos.

Y nos cuentan que el nuevo secretario de Educación, Gilberto Gallego (el que anda con cuatro guaruras armados) se ha ganado un apodo a los pocos días de tomar posesión: el «tómate la foto». Y ya vemos por qué. En el chat de comunicados de prensa de esa secretaría las fotos de eventos donde está Gallego se cuentan por decenas, pues hay evidencia de cada visita y cada reunión.

Especial satisfacción debió darle la foto donde aparece encabezando una reunión a la que asistió el exsecretario Gerardo Solís Benavides, ahora ocupando un lugar secundario en la mesa. El corto informe sobre que acompaña tres fotografías, fue «unificar criterios hacía el cierre de ciclo escolar en los niveles de media superior y superior, fue el objetivo principal de la reunión de presentación que encabezó el secretario de Educación, Luis Gilberto Gallego Cortez, con los directivos de los subsistemas educativos de preparatorias y universidades en el Estado».

Y hablando de maestros, el que anda muy pegado a ellos desde la campaña es Armando Fernández Samaniego, quien hasta asiste a reuniones entre el nuevo secretario y los representantes sindicales. Al preguntar cuál era el motivo de la presencia del diputado electo, me dijeron que «estrechar lazos con la próxima legislatura federal».

Fernández Samaniego tiene como suplente a Carlos Angulo Rentería, un exsecretario general de la Sección 37 del SNTE, exdiputado local del partido Nueva Alianza e incondicional de Roberto Pérez de Alva, pero resulta extraña esta cercanía con el magisterio, porque básicamente Angulo Rentería tiene pésima fama en el gremio. Pero como el extitular de Seproa no da paso sin huarache, alguna importante razón habrá.

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Estatal

Reprueba víctima indirecta uso de presuntos falsos testimonios

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Este martes se llevó a cabo otra audiencia del caso Amparito, referente a la muerte de una adulta mayor causada por una jauría propiedad de dos mujeres imputadas, madre e hija. En esa diligencia se escuchó el testimonio de ambas.

La víctima indirecta, la abogada Ana Lidia Soto, hija de Amparito, señaló molesta que las mujeres hicieron ver a su madre como una mujer en abandono y a ella como una mujer violenta por zarandear al nieto de una de las acusadas, acción que niega categóricamente.

También rechazó la afirmación de que “no le llegaron al precio” y que medio millón de pesos no les alcanzaría para intentar un acuerdo reparatorio. Las acusadas ofrecieron un testimonio de refutación para el viernes, mientras que a ella ya la liberaron como testigo, no dándole la oportunidad de rebatir la versión de las acusadas.

La abogada publicó un video en sus redes denunciando amenazas desde el primer día, y la revictimización que le hacen desde el sistema de justicia.

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Estatal

El mal uso de las denuncias de violencia política también tienen consecuencias: experto

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El abogado Antonio Sorela Castillo llamó a establecer un equilibrio entre la protección de las mujeres frente a la violencia política en razón de género y el respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, al señalar que las denuncias sin fundamento también pueden tener consecuencias legales y afectar la vida profesional y personal de los comunicadores.

Durante el curso “La Actividad Periodística frente a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” Sorela Castillo, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, sostuvo que los procedimientos para atender este tipo de violencia no deben considerarse, por sí mismos, actos de censura, pues también buscan visibilizar las agresiones que enfrentan las mujeres después de conquistar espacios de participación política.

“Una cosa es que una mujer llegue y otra cosa es que pueda ejercer el cargo libremente de violencia”, expresó el especialista, al señalar que el objetivo de la legislación no debe limitarse a garantizar que las mujeres accedan a puestos públicos, sino que puedan gobernar, administrar un municipio, expresar sus opiniones e intervenir en las decisiones de un cabildo sin enfrentar agresiones.

Sin embargo, advirtió que estos mecanismos también pueden ser utilizados por personas que buscan deslegitimar el trabajo de los periodistas. Explicó que los procedimientos por violencia política en razón de género pueden iniciarse a petición de parte o de oficio, situación que, consideró, debe observarse para evitar que algunas personas pretendan asumir el papel de defensoras de las mujeres con el propósito de emprender acciones contra comunicadores.

“No es censura, es solamente regular que se tienen que hacer las cosas conforme a derecho”, afirmó.

Sorela Castillo sostuvo que el ejercicio periodístico debe realizarse con libertad, pero también con responsabilidad y respeto a los derechos de las mujeres. En ese sentido, señaló que las transformaciones sociales y legales obligan a revisar las prácticas tradicionales de la profesión para evitar que los contenidos periodísticos vulneren derechos.

El abogado explicó que, en materia electoral, existen dos vías para atender estos casos: la denuncia por un posible delito electoral y el procedimiento especial sancionador. Indicó que los periodistas deben conocer los procedimientos y las instancias legales correspondientes para defenderse cuando consideren que una denuncia en su contra carece de fundamento.

Detalló que, cuando exista una resolución definitiva que permita establecer que una denuncia fue falsa, el comunicador puede valorar acciones legales por la vía penal, conforme a lo previsto en el Código Penal de Baja California, así como una demanda civil por daños y perjuicios.

Entre los conceptos que podrían reclamarse mencionó el daño moral, los gastos legales, los daños materiales e inmateriales, el lucro cesante —correspondiente a los ingresos que se dejaron de percibir— y posibles medidas de restitución, de acuerdo con las circunstancias del caso y las determinaciones judiciales.

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Mexicali

Toman padres de familia la Secundaria Técnica 32; exigen cubrir plazas docentes

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Ante la falta de personal docente y administrativo, padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 32, ubicada en el fraccionamiento Villa Bonita, tomaron los accesos al plantel para exigir a las autoridades educativas una solución definitiva.

De acuerdo con Eduardo Salgado, padre de familia de la institución, la problemática se ha prolongado por más de dos años sin recibir una respuesta que permita garantizar la cobertura de las clases y las actividades escolares.

Entre las plazas pendientes se encuentran las correspondientes a las asignaturas de refrigeración, cómputo y educación física, además de la falta de un prefecto, situación que ha generado inconformidad entre las familias de los estudiantes.

Salgado señaló que la tarde del día anterior la escuela informó, a través de sus redes sociales, sobre la asignación de personal para atender las vacantes. Sin embargo, indicó que, según la información que recibió, únicamente se incorporaría un docente.

El padre de familia subrayó que la exigencia no se limita a la contratación de personal interino, sino a que las autoridades garanticen su permanencia en el plantel, pues, aseguró, en ocasiones los docentes dejan de recibir sus pagos y terminan por retirarse, lo que provoca que el problema se repita.

Ante esta situación, las familias mantienen su exigencia de que las autoridades educativas atiendan las vacantes pendientes y brinden una solución que permita regularizar las actividades escolares en beneficio de los alumnos.

Por su parte, la Secretaría de Educación, a través de ficha informativa, dijo que ya se está atendiendo el tema, y se enviaron las claves vacantes que había para asignación de DISICAMM.

«Así también, se validó para cubrir de manera interina, al docente que se encuentra en protocolo en la secundaria (el profesor que está a disposición)», precisaron.

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