Mal le salió la jugada a la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda al imponer al exmilitar Julián Leyzaola en la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, en marzo pasado. Le importó más pagar favores y compromisos políticos que la seguridad de los cachanillas.

Cuando empezaron los rumores de que se venía una imposición, muchos le pidieron a la gober que no lo hiciera pero no los escuchó. Pagar favores políticos ha traído muchos dolores de cabeza a la mandataria. Por ejemplo no separar a Carlos Torres de sus funciones públicas tras la revocación de las visas, o imponer al Terrible Morales en Bienestar Social en Tijuana.

Hasta le mandaron hacer un elevador a Leyzaola, cuando lo rechazó el ejército al pedir que lo dejaran vivir en el cuartel, estilo Montserrat, y sobre todo, cuando el propio elevador del edificio del Ayuntamiento de Mexicali tiene meses sin servir. Y recordemos los departamentos que se estaban haciendo en el hangar del helicóptero, en la propia comandancia. Pero no hay dinero que alcance, dice la alcaldesa Norma Bustamante.

El caso es que me cuentan que Leyzaola ya tenía a todos mareados con su sueño de conquistar el mundo, bueno, empezando por la alcaldía de Mexicali, además de su estilo impositivo, su falta de resultados y el examen del C3 que nunca iba a pasar por todas las recomendaciones de Derechos Humanos que tiene, y porque al parecer su hijo anda en malas compañias desde hace tiempo.

Todo esto terminó con la paciencia de quien hasta ahora había aguantado órdenes e imposiciones sin quejarse: la presidenta municipal de Mexicali, quien al parecer fue la que decidió pedirle la renuncia al exmilitar y declararle su confianza incondicional a Luis Felipe Chan.

En otro tema, personal de la Fiscalía General del Estado, expone diversas quejas de forma anónima mediante una carta dirigida diversas diputadas de oposición del Congreso local, que hicieron llegar a esta redacción.

Entre las represalias a las que se hacen acreedores cada que el personal tanto operativo como administrativo expresa incluyen horarios extenuantes sin descansos, cambios de adscripción sin atender los lineamientos legales para tal efecto, acoso constante tanto
laboral como sexual.

«Dando seguimiento al tema de la agente Carmela Barrios, se respalda por diversas
quejas el constante hostigamiento laboral y sexual por parte de la Titular de la Unidad de
nombre Hortensia la cual cuenta con 1 denuncia por acoso sexual, así como la Lic. Lupita
Álvarez la cual tiene dos denuncias por hostigamiento laboral, denuncias que no
procedieron por favoritismos», manifiestan en la misiva.

Además expresan que el personal tanto operativo como administrativo se encuentra siendo víctima de violencia institucional, donde los únicos beneficiados son los protegidos o allegados a la titular María Elena Andrade, desde los cajones de estacionamiento.

«No se da abasto para la cantidad de personal y ciudadanos que requieren ingresar a las instalaciones tanto del Centro de Justicia como el edificio CIAC ambos en Rio Nuevo así como el de las Instalaciones de la Ciudad de Tijuana; los cajones de estacionamiento se encuentran rotulados no solo para los Titulares, Directivos y Mandos Policiales, sino también para aquellos que se les “hizo el favor” de darles un espacio, ocupando así un gran porcentaje del
estacionamiento, dejando al resto de los empleados, ciudadanos y usuarios sin el
espacio, obligándolos a instalarse en zonas no permitidas y siendo estos mismos
titulares quienes requieren a la grúa para que remolque los vehículos», precisan los denunciantes.

Informan también que los directivos retiraron los logos de las unidades para poder darles uso personal mientras que los empleados llegan a verse obligados a utilizar su vehículo
personal para actividades laborales sin retribución alguna para el desgaste del mismo y
gasolina.

En la carta manifiestan que las compañeras Agentes Estatales sufren un constante acoso sexual por parte del titular de la Licencia Oficial Colectiva, Víctor Manuel Fernández Cruz, quien además tiene total desconocimiento del área, lo que le lleva a tomar decisiones que afectan la vigencia de la Licencia de armas.

«No entrega el armamento que se requiere a los elementos, pues los cartuchos se los queda en su poder para revenderlos negándose a entregar a los Agentes a menos que paguen por ellos, así mismo favorece a quien le ofrece cierta suma de dinero para realizar el cambio de armas por otro tipo de modelos que no corresponde a la otorgada por SEDENA, por lo que orilla a los elementos a comprar de su bolsillo los cartuchos y aditamentos necesarios para el desempeño de sus funciones o para su entrenamiento», explicaron.

El director jurídico hostiga laboral y sexualmente al personal, de nombre Jesús Manuel López Moreno, al cual señalan de ordenar turnos de más de 10 horas con guardias en fines de semana y días festivos, «exigiendo se atienda toda clase de instrucciones tanto laborales como no laborales entre las que se incluye el atender cuestiones personales y familiares, a pesar de las jornadas extensas y sin tiempo de alimentos, cita al personal fuera de su horario laboral amenazando con jornadas mas extenuantes si no acceden a sus peticiones».

Otras cuestiones que denuncian son afectaciones en el pago de impuestos derivados de la omisión de pagos por parte de la FGE de 2020, 2021 y 2022, donde se lavan las manos y dejan a los empleados con el problema; retrasos y búsqueda de procedimientos contra personal que está listo para pensionarse y jubilarse, para evitar hacer los pagos correspondientes; jornadas de más de 10 horas y las operativas de más de 12 horas sin pago de horas extras ni descansos lo cual es ordenado de manera verbal para que no quede evidencia de este abuso; disminución de los ingresos con la justificación que es ára el fondo de pensiones; entrega de patrullas nuevas a elementos de la AEI a quien pague la «cuota» correspondiente y que alcanza hasta los mil dólares; deficiencia de uniformes; falta de protocolos para atender el hostigamiento, la violencia institucional y el acoso; falta de paridad de género y otras cuestiones más.

Qué paradójico que es en el «gobierno de las mujeres» cuando menos se toma en cuenta a las mujeres y cuando las condiciones de trabajo están peores. Esperemos que su comparecencia ante el congreso el 13 de agosto, la «fiscala» de explicaciones y que antes tome medidas.

En otro tema, dicen que el secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexía ya vació su oficina y ya no va al centro de gobierno. Veremos quién se gana la rifa del tigre.

Nos cuentan que Susana Marisol Tapia, subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Educación, rentó un airbnd para los juegos deportivos nacionales en Puebla por 120 mil pesos, una casa de la cual se tuvieron que salir porque les reventó el drenaje, mientras que a las niñas del equipo de futbol solo les alcanzó para rentarles un hostal horrible y lleno de chinches en la zona más peligrosa más peligrosa de Puebla.