Análisis de los riesgos de las políticas Públicas para la Calidad Educativa en la Educación Superior en México

El Marco General del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES) fue aprobado en 2022 por el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (CONACES).

Esta, y la Ley General de Educación Superior de 2021 representan un esfuerzo por armonizar la evaluación, acreditación y mejora de la calidad en el Sistema Nacional de Educación Superior (SNES). Se supone que el objetivo es que la educación sea más equitativa, inclusiva, obligatoria y gratuita, de manera gradual en el nivel superior, con un enfoque en la evaluación formativa y la rendición de cuentas.

Sin embargo, diversos analistas han identificado riesgos significativos que podrían comprometer la calidad educativa. Existen amenazas en varios temas: la insuficiencia presupuestaria, la implementación eficaz, la afectación a la autonomía institucional y la sobrerregulación, pero me enfocaré al asunto de la enseñanza y los riesgos políticos.

Regresé a Mexicali en el verano de 2020, en medio de la pandemia con el único trabajo seguro de ser profesora de asignatura en la Universidad Autónoma de Baja California. Ese ciclo escolar se inició en línea.

Sin duda el impacto de la pandemia en los estudiantes fue mayúsculo; social, familiar y académicamente quedaron marcados por la experiencia del encierro forzado.

Todos los semestres pregunto a quiénes les gusta leer y también me interesa saber cuántos se interesan por las noticias. En la primera cuestión muy pocas manos se levantan, y en la segunda, aun menos.

Los jóvenes tienen poco nivel de concentración, se aburren pronto si no hay estímulos audiovisuales, y su estado de ánimo es muy susceptible a noticias negativas.

El uso excesivo de las redes sociales, donde el algoritmo nos encierra en comunidades espejo, no expone a los jóvenes a una necesaria diversidad de ideas, perspectivas y formas de pensar que los haga cuestionar su postura y los obligue a analizar, comparar y repensar argumentos diferentes a los suyos. Sin esto, los jóvenes pueden desarrollar una visión más estrecha del mundo, limitando su capacidad para analizar problemas desde múltiples ángulos.

También, al no estar acostumbrados a leer textos complejos como artículos de opinión o investigaciones, no se fomenta la capacidad de evaluar argumentos, identificar sesgos y distinguir hechos de opiniones.

Lo anterior conecta con el asunto de estar informados. No saben distinguir contenido informativo de comentarios de opinión, lo que los deja expuestos a fuentes sesgadas, incompletas o sensacionalistas, lo que puede llevar a aceptar información sin cuestionarla, debilitando el pensamiento crítico.

Leer requiere concentración y esfuerzo mental, habilidades esenciales para el pensamiento crítico. Si los jóvenes prefieren formatos rápidos como videos o publicaciones cortas, pueden tener dificultades para procesar información compleja o mantener un análisis profundo.

Las noticias y la lectura proporcionan contexto histórico, cultural y social sobre el mundo. Sin este conocimiento, los jóvenes pueden tener dificultades para conectar ideas, entender causas y efectos o formar opiniones informadas.

Ese es un corto panorama de la situación actual. Vayamos al futuro.

El Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES), impulsado desde el gobierno federal y que será adoptado por las universidades públicas del país, puede llevar a cumplir bajo presión con los indicadores de acreditación como las tasas aprobación o de egreso.

Todos los docentes de universidades públicas hemos tenido o tendrán contacto con estos lineamientos nacionales, y se nos dice que es nuestro deber y responsabilidad hacer que el estudiante comprenda y apruebe el contenido de la materia. En otras palabras, esa instrucción de no poder reprobar alumnos que tanto daño hizo a la educación básica llega ahora a las aulas universitarias.

La masificación derivada de la obligatoriedad y gratuidad, sin inversión suficiente, y con la mira puesta en la eliminación de exámenes de admisión -por tanto, con la obligación de admitir a todos los solicitantes- puede generar aulas superpobladas.

Esto dificulta la atención individualizada, reduce la interacción estudiante-profesor y afecta la calidad del aprendizaje. Los estudiantes podrían recibir una formación deficiente, enfocada en aprobar exámenes más que en desarrollar competencias reales.

La presión por cumplir con indicadores cuantitativos puede generar un enfoque en resultados inmediatos, con aulas donde aprobar alumnos es más importante que el aprendizaje profundo. Esto podría fomentar prácticas como la simplificación de contenidos, afectando la calidad formativa.

¿Deben tener un lugar en la universidad todos los estudiantes? Sin duda la respuesta depende de cuántos espacios hay disponibles. Si hay un cupo limitado, es lógico que las instituciones educativas van a tener un filtro, para que solo los más aptos y con mayores posibilidades de concluir sus estudios, sean admitidos.

Si hay espacio para todos en la educación superior, la propia universidad será el filtro para ir descartando a aquellos estudiantes que no demuestren tener el nivel y conocimientos suficientes para continuar un semestre más en la carrera.

¿Qué pasa si el filtro no filtra? Si el objetivo de las políticas educativas federales es que todos los estudiantes egresados de preparatoria tengan un lugar en las universidades públicas, es válido, pues todos tienen un certificado que los avala para el siguiente nivel. Pero si lo que quieren es que todos egresen, estamos ante un serio problema.

Aunque el SEAES enfatiza el respeto a la autonomía de las Instituciones de Educación Superior, podría imponer una burocracia excesiva, ya que una regulación centralizada podría estandarizar la educación en detrimento de la diversidad académica.

Las universidades públicas ya están advertidas sobre una reducción paulatina y generalizada de recursos públicos, urgiéndolas a encontrar modelos innovadores y emergentes de captación de recursos propios.

Con el anuncio de la creación de las universidades “Rosario Castellanos”, vemos que el gobierno federal en lugar de fortalecer a las universidades autónomas crea sus propias Instituciones de Educación Superior, que son un riesgo para la calidad general, ya que estas instituciones seguramente priorizarán certificados rápidos sobre formación integral.

Las Rosario Castellanos son públicas, gratuitas y flexibles: usa un «Programa para el Ingreso» que se puede repetir ilimitadamente si no se pasa, priorizando la inclusión sobre la selectividad. Estas políticas contrastan con el objetivo de excelencia, ya que México sigue en rezago comparado con otros países OCDE en indicadores de calidad. Tendremos un país lleno de profesionistas mediocres, pero que darán excelentes números para las gráficas de gobierno. ¿Es descabellado pensar que se podría priorizar la «formación ideológica» sobre el rigor académico? Pronto lo veremos.

Finalmente, estas políticas están insertas en un contexto político volátil. La Ley General de Educación Superior surge de la «Cuarta Transformación», con un énfasis humanista, pero hay un riesgo de que los procesos se conviertan en herramientas de control político en lugar de mejora genuina, afectando la confianza pública.