Matices: aclaraciones y censura
Hace una semana escribí la columna «Una contratación polémica» donde mencionaba algunos casos donde los funcionarios estatales y municipales meten a la nómina a familiares o amigos, a propósito de la contratación de la hija de Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud de Baja California, en Relaciones Públicas de Issstecali, un cargo que hasta la llegada de Mónica Medina, no existía.
Entre los casos que mencioné estaba el de la expareja del futuro diputado local y ex-asistente de la gobernadora, Jaime Cantón. El último párrafo de esa columna dice: «Ya vimos como acomodaron a la novia de Néstor Cruz, a una pareja de Jaime Cantón, al harem de Ariel Lizárraga, a toda la familia del regidor Tamai, y un largo etcétera».
No habían pasado ni dos minutos cuando Cantón me escribe un mensaje pidiéndome que aclare «esta fake news». Le reenvié una publicación de AFN escrita por Dora Elena Cortés, donde aparece una foto de Marina del Pilar junto a Cantón y a Ángel Fernando Leyva Camargo, la pareja en cuestión a quien me refería en la columna.
En el texto se asienta que Leyva y Cantón se fueron en agosto de 2021 de vacaciones a Europa y visitaron al menos cuatro países, coincidiendo con el tiempo en que la gobernadora también estuvo en el viejo continente.
Le respondí también a Cantón que Leyva trabajó en comunicación social, donde hacía labores de camarógrafo/fotógrafo y que ahora está en la Secretaría de Inclusión. Me dijo que Ángel nunca trabajó en comunicación y me pidió que lo comprobara, agregó que lamentaba mi falta de profesionalismo y que «acá en Baja California hasta donde mandas tus acusaciones poco serias, seguiremos trabajando».
Respondí que si el gobierno publicara sus obligaciones de transparencia sería más fácil, pero que yo tenía otros recursos, y que si quería más datos y toda la historia, pues así sería.
Por lo visto no entienden que no entienden. El punto no es si Leyva Camargo estuvo OFICIAL Y ADMINISTRATIVAMENTE adscrito a Comunicación Social. El punto es que tengo al menos cinco testimonios de personas que lo vieron en mañaneras y en eventos encabezados por la gobernadora, haciendo labores de comunicación, grabando videos con un celular.
Estuvo laborando en el círculo cercano de Marina del Pilar, a quien conocía porque era pareja de su amigo cercano Cantón, y el factor determinante para darle esa función acompañada de un salario, fue esa relación sentimental.
Porque podríamos pensar que la entonces pareja de Cantón tenía un currículum interesante y que logró una posición por sí mismo, pero resulta que Leyva Camargo es odontólogo. Sacando cuentas podemos deducir que si no estaba en los últimos semestres de la carrera, estaba recién egresado, ya que una nota del semanario Zeta del 29 de febrero de 2016, señala que intentó entrar a la UABC en el verano del 2015, y no quedó entre los aspirantes aceptados para cursar esa carrera. El joven decidió interponer un amparo contra la máxima casa de estudios, y tras varios estira y afloja legales, logró un lugar gracias a esa acción legal.

Leyva Camargo es actualmente «analista especializado» en la Secretaría de Inclusión. Aquí el reporte de su cv como servidor público:
Aunque algunas fuentes me mencionaron que a pesar de que hacía labores de videógrafo para la gober, le respondía a la Agencia Digital, oficialmente aparece desde 2021 en un reporte de transparencia de la Secretaría de Honestidad y la Función Pública del gobierno estatal, como asignado a la Secretaría de Integración y Bienestar.
En 2022 desaparece de los reportes públicos.
En 2023 reaparece en el primer y segundo trimestre como Coordinador de Promoción Social de la Secretaría de Inclusión e Igualdad de Género, con domicilio en Ensenada y el tercer trimestre como «analista especializado», sin ubicación geográfica.
Este año sale como «Analista de Enlace» en esa misma secretaría, donde está ascrito a la Dirección de Vinculación, donde aparece con fecha de alta desde el 10 de noviembre de 2021, con dirección en Mexicali.

Al salario de Leyva Camargo, hay que sumarle una compensación mensual de 13 mil 127 pesos, según información del Portal Nacional de Transparencia.
Entonces, y subrayando el punto, señalar como fake news mi afirmación que Leyva Camargo trabajó en comunicación social, es querer desviar la atención del asunto principal: que los funcionarios ayudan a sus familiares y amigos a obtener un puesto con cargo al erario (estén adscritos a donde estén adscritos, de igual forma lo pagamos todos) y esa acción es un acto de nepotismo, lo que constituye una forma de corrupción.
Si algo nos enoja a los ciudadanos es que los funcionarios de gobierno nos quieran ver la cara de tontos, y si algo nos enoja a los periodistas es que los ofendidos por nuestras notas nos nieguen que fueron a la fiesta cuando los agarramos con confenti en los calzones.
A ver si la réplica viene en el tono como la del secretario de Salud, que «ni sabía» que su hija trabajaba en Issstecali y que se enteró por nuestra nota (favor de leer de nuevo el párrafo de arriba).
Medina Amarillas, como cabeza del sector salud, coordina las paraestatales, válida presupuestos, sus modificaciones, su estructura orgánica, y la creacion y supresión de plazas antes de que estos movimientos vayan a la autorización de la Secretaria de Hacienda.
El secretario de salud es el Presidente de la Junta Directiva de Issstecali donde trimestralmente se autoriza el ejercicio presupuestal y financiero de la institución el cual incluye el dinero presupuestado para pagarle a su hija.
El que designe un representante de Salud para que asista y lo represente en las sesiones de la junta directiva, no elimina su responsabilidad ante la violación a la ley de responsabilidad al meter a trabajar a un familiar directo bajo su dirección o jerarquía.
El otro asunto que da nombre a esta columna, es que nos bajaron de Facebook una nota relacionada con el funcionamiento de un punto de hidratación gestionado por la Secretaría de Salud. Léanla aquí. Fue reportada como «fake news» (¿dónde acabo de leer ese término?) en esa red social y eliminada a pesar de que apelamos.
Le pregunté a Jesús López Romandía, director de comunicación del gobierno estatal si tenían algo que ver con esta acción, lo cual negó y dijo que nunca sería una práctica suya o de su equipo.
A muchos les molestan las publicaciones de Brújula, pero una cosa es cierta: aquí no publicamos mentiras ni fake news.
Estatal
Reprueba víctima indirecta uso de presuntos falsos testimonios
Este martes se llevó a cabo otra audiencia del caso Amparito, referente a la muerte de una adulta mayor causada por una jauría propiedad de dos mujeres imputadas, madre e hija. En esa diligencia se escuchó el testimonio de ambas.
La víctima indirecta, la abogada Ana Lidia Soto, hija de Amparito, señaló molesta que las mujeres hicieron ver a su madre como una mujer en abandono y a ella como una mujer violenta por zarandear al nieto de una de las acusadas, acción que niega categóricamente.
También rechazó la afirmación de que “no le llegaron al precio” y que medio millón de pesos no les alcanzaría para intentar un acuerdo reparatorio. Las acusadas ofrecieron un testimonio de refutación para el viernes, mientras que a ella ya la liberaron como testigo, no dándole la oportunidad de rebatir la versión de las acusadas.
La abogada publicó un video en sus redes denunciando amenazas desde el primer día, y la revictimización que le hacen desde el sistema de justicia.
Estatal
El mal uso de las denuncias de violencia política también tienen consecuencias: experto
El abogado Antonio Sorela Castillo llamó a establecer un equilibrio entre la protección de las mujeres frente a la violencia política en razón de género y el respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, al señalar que las denuncias sin fundamento también pueden tener consecuencias legales y afectar la vida profesional y personal de los comunicadores.
Durante el curso “La Actividad Periodística frente a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” Sorela Castillo, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, sostuvo que los procedimientos para atender este tipo de violencia no deben considerarse, por sí mismos, actos de censura, pues también buscan visibilizar las agresiones que enfrentan las mujeres después de conquistar espacios de participación política.
“Una cosa es que una mujer llegue y otra cosa es que pueda ejercer el cargo libremente de violencia”, expresó el especialista, al señalar que el objetivo de la legislación no debe limitarse a garantizar que las mujeres accedan a puestos públicos, sino que puedan gobernar, administrar un municipio, expresar sus opiniones e intervenir en las decisiones de un cabildo sin enfrentar agresiones.
Sin embargo, advirtió que estos mecanismos también pueden ser utilizados por personas que buscan deslegitimar el trabajo de los periodistas. Explicó que los procedimientos por violencia política en razón de género pueden iniciarse a petición de parte o de oficio, situación que, consideró, debe observarse para evitar que algunas personas pretendan asumir el papel de defensoras de las mujeres con el propósito de emprender acciones contra comunicadores.
“No es censura, es solamente regular que se tienen que hacer las cosas conforme a derecho”, afirmó.
Sorela Castillo sostuvo que el ejercicio periodístico debe realizarse con libertad, pero también con responsabilidad y respeto a los derechos de las mujeres. En ese sentido, señaló que las transformaciones sociales y legales obligan a revisar las prácticas tradicionales de la profesión para evitar que los contenidos periodísticos vulneren derechos.
El abogado explicó que, en materia electoral, existen dos vías para atender estos casos: la denuncia por un posible delito electoral y el procedimiento especial sancionador. Indicó que los periodistas deben conocer los procedimientos y las instancias legales correspondientes para defenderse cuando consideren que una denuncia en su contra carece de fundamento.
Detalló que, cuando exista una resolución definitiva que permita establecer que una denuncia fue falsa, el comunicador puede valorar acciones legales por la vía penal, conforme a lo previsto en el Código Penal de Baja California, así como una demanda civil por daños y perjuicios.
Entre los conceptos que podrían reclamarse mencionó el daño moral, los gastos legales, los daños materiales e inmateriales, el lucro cesante —correspondiente a los ingresos que se dejaron de percibir— y posibles medidas de restitución, de acuerdo con las circunstancias del caso y las determinaciones judiciales.
Mexicali
Toman padres de familia la Secundaria Técnica 32; exigen cubrir plazas docentes
Ante la falta de personal docente y administrativo, padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 32, ubicada en el fraccionamiento Villa Bonita, tomaron los accesos al plantel para exigir a las autoridades educativas una solución definitiva.
De acuerdo con Eduardo Salgado, padre de familia de la institución, la problemática se ha prolongado por más de dos años sin recibir una respuesta que permita garantizar la cobertura de las clases y las actividades escolares.
Entre las plazas pendientes se encuentran las correspondientes a las asignaturas de refrigeración, cómputo y educación física, además de la falta de un prefecto, situación que ha generado inconformidad entre las familias de los estudiantes.
Salgado señaló que la tarde del día anterior la escuela informó, a través de sus redes sociales, sobre la asignación de personal para atender las vacantes. Sin embargo, indicó que, según la información que recibió, únicamente se incorporaría un docente.
El padre de familia subrayó que la exigencia no se limita a la contratación de personal interino, sino a que las autoridades garanticen su permanencia en el plantel, pues, aseguró, en ocasiones los docentes dejan de recibir sus pagos y terminan por retirarse, lo que provoca que el problema se repita.
Ante esta situación, las familias mantienen su exigencia de que las autoridades educativas atiendan las vacantes pendientes y brinden una solución que permita regularizar las actividades escolares en beneficio de los alumnos.
Por su parte, la Secretaría de Educación, a través de ficha informativa, dijo que ya se está atendiendo el tema, y se enviaron las claves vacantes que había para asignación de DISICAMM.
«Así también, se validó para cubrir de manera interina, al docente que se encuentra en protocolo en la secundaria (el profesor que está a disposición)», precisaron.
-
2 años agoEs Tijuana la segunda ciudad más peligrosa del mundo; Ensenada es la sexta
-
2 años agoCrimen organizado coloca retenes en el Valle de Mexicali para extorsionar a docentes
-
Reportaje10 meses agoRafael Buenrostro Martín, enlace estatal para el negocio del huachicol
-
1 año agoRevisará Issstecali determinación sobre polémica pensión por invalidez
-
1 año agoAnaliza familia de Vanesa denuncia por negligencia médica
-
1 año agoPresunta casa de la gobernadora en E.U. a la venta
-
1 año agoReflexiones sobre el nuevo Protocolo de Manifestaciones en BC: ¿Instrumento de protección o herramienta de disuasión?
-
2 años agoSubdirector administrativo de Issstecali tiene a familiares en la nómina
