COLUMNA INVITADA/Por Guillermo E. Rivera Millán*

La Secretaría de Educación de Baja California en la actual administración ha promovido diversos instrumentos normativos para atender riesgos escolares. Sin embargo, su efectividad ha sido cuestionada por la comunidad educativa. El Protocolo de Protección Integral Escolar 2022–2023 fue duramente criticado tras el trágico suceso que involucró al niño Damián y al maestro Esteban. Antes del periodo vacacional, se emitió de forma apresurada el Proyecto de Protocolo 2025, también rechazado por el magisterio debido a su falta de socialización y a los confusos diagramas de actuación.

En ese contexto, la Guía Rápida de Actuación 2025 se presenta como documento provisional para arrancar el ciclo escolar 2025–2026. Aunque se anuncia como resultado de mesas de trabajo con sindicatos, supervisores, directores y expertos, su contenido revela simplificación normativa, omisiones estructurales y contradicciones jurídicas que exigen revisión urgente. A pesar de los esfuerzos institucionales por mostrar apertura, la Guía no garantiza de manera efectiva la protección escolar de nuestras infancias.

El Protocolo 2022–2023 reconocía 20 tipos de riesgo y citaba 24 normas. El Proyecto 2025 amplió el marco a 38 normas, mantuvo los mismos riesgos con algunas variantes y propuso herramientas como Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), Carpeta de Evidencia y rutas legales interinstitucionales. No obstante, persisten omisiones graves: no se contemplan las realidades específicas de cada escuela, no se asigna presupuesto, no se delimitan responsabilidades jurídicas de autoridades educativas, no se involucra a todas las partes, y no se establecen rutas claras para atender situaciones delicadas entre estudiantes.

La Guía reconoce solo cuatro categorías de riesgo —violencia sexual, violencia general, acoso escolar y accidentes escolares— omitiendo otros riesgos críticos como conducta suicida, sismos, extorsión telefónica, presencia de armas, disturbios, venta de drogas, plagas, fugas químicas, entre otras. Esta omisión impide activar rutas especializadas y deja a las escuelas sin herramientas jurídicas para actuar con certeza y sensibilidad. Aunado a que su redacción genera incertidumbre jurídica y confusión en los casos de aplicación supletoria del Protocolo 2022. Incluso se conteapone a lineamientos y protocolos federales vigentes.

Según la secretaria de Educación, la Guía es provisional y será reemplazada por un nuevo protocolo construido durante el ciclo escolar. La gobernadora confirmó que los trabajos continúan y que se escucharán todas las voces. En agosto de 2025, se celebró en Tijuana el Colegiado de Profesionales de la Educación, con participación de 44 docentes y líderes sindicales. Las conclusiones de seis mesas de trabajo fueron aceptadas como base para la Guía. Sin embargo, esta legitimidad participativa no se tradujo en una arquitectura jurídica funcional: no se asignó presupuesto por escuela, no se definieron atribuciones activables, no se resolvió la cobertura del seguro escolar, ni se garantizó protección administrativa para el magisterio. Tampoco se cumplió con la cobertura de plazas necesarias para atender la tasa de reemplazo docente, lo que ha generado sobrecarga laboral y afectación directa a la calidad educativa.

Como consecuencia, el personal educativo arranca el ciclo escolar en condiciones más riesgosas que el anterior. Tras los sucesos del ciclo pasado, se esperaba un inicio más sólido. Pero ante la falta de soluciones reales, algunos grupos del magisterio optaron por auto capacitarse, otros rechazaron la Guía, y varios sindicatos evitaron posicionarse con firmeza. A ello se suma la falta de pago a docentes interinos, que agrava la precariedad laboral y vulnera el derecho al salario digno. El compromiso público fue claro: sin una solución integral, el magisterio no iniciaría el ciclo escolar. Sin embargo, lo hará en peores condiciones, perdiendo la oportunidad de capitalizar la fuerza y unidad que había mostrado.
Hoy, cientos de docentes buscan cursos de autodefensa o autoprotección ante la posibilidad de verse involucrados en un riesgo escolar. Aunque no es lo ideal, es una reacción legítima frente a la ausencia de representación efectiva y certeza jurídica. La falta de protocolos claros, respaldo legal y protección administrativa ha dejado al magisterio en una posición vulnerable, obligándolo a buscar soluciones individuales ante problemas estructurales.

A ello se suma el desmantelamiento progresivo de los Consejos de Participación Social. El gobierno ha debilitado estos espacios, eliminando voces críticas cuya prioridad era —o debía ser— el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Sin representantes legítimos ni contrapesos comunitarios, se ha erosionado la capacidad colectiva para construir soluciones reales y sostenibles.

La SCJN, estableció que cuando una institución educativa incumple el deber de cuidado y causa daño por condiciones inseguras, se configura responsabilidad civil extracontractual. El artículo 113 constitucional activa la responsabilidad patrimonial del Estado, sin necesidad de dolo: basta acreditar daño por omisiones administrativas, como no actualizar protocolos o no asignar presupuesto. Incluso los congresos estatales pueden ser responsables si no armonizan normas ni garantizan financiamiento. La jurisprudencia indica que la responsabilidad es estructural y no fragmentada.

Por ello, autoridades educativas y el Congreso del Estado pueden incurrir en responsabilidad administrativa, patrimonial y civil por omisión. Iniciar el ciclo escolar sin protocolos vigentes, sin recursos asignados, sin garantías jurídicas mínimas y necesarias para la operación básica del sistema educativo vulnera derechos fundamentales y expone al Estado a consecuencias legales graves.

Diseñar entornos escolares seguros no es una opción política: es una obligación legal.

También los líderes sindicales deben rendir cuentas. Al respaldar públicamente un instrumento que no ofrece certeza legal ni condiciones dignas para el magisterio, asumen corresponsabilidad institucional. Su omisión en la defensa activa de sus agremiados puede derivar en consecuencias políticas y administrativas. En este contexto, el silencio sindical no es neutral: es cómplice.

La protección escolar no se construye con discursos ni con documentos provisionales. Se construye con ley, presupuesto, unidad, y voluntad política. Y en Baja California, esa voluntad sigue pendiente. La redignificación del magisterio no puede postergarse más: implica condiciones laborales justas, respaldo jurídico efectivo y reconocimiento institucional real. Sin ello, cualquier protocolo será letra muerta.

Y sin proteger a los menores con seguros escolares integrales, primeros auxilios suficientes, infraestructura deportiva segura, aulas dignas, rutas y condiciones mínimas de seguridad física y emocional, no hay entorno educativo que resista.

La protección escolar no es un anexo administrativo: es el corazón de la política pública educativa.

*Director General del Despacho De la Peña y Rivera y de Justicia que Transforma México A.C.