Un geo radar de última generación fue asignado a la Unidad de Búsqueda de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali, a través de la Comisión Local de Búsqueda, siendo el único del noroeste y el cuarto en el país que se utiliza para la localización de restos de personas desaparecidas.

El funcionamiento de este equipo fue mostrado hoy al director de la DSPM, Luis Felipe Chan, quien acudió a la jornada de búsqueda en el lado norte del poblado Miguel Alemán, donde el grupo interdisciplinario conformado por la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Local de Búsqueda y la propia unidad que es parte de la Policía Municipal, localizaron numerosos casquillos.

Acudieron a esa jornada mujeres del colectivo Madres Unidas y Fuertes, y estudiantes de criminología de la Universidad Vizcaya, quienes platicaron con el director de policía y respaldaron el trabajo de la Unidad de Búsqueda.

También acudió Daniel Allende Reynoso, titular de Prevención y Proximidad Social de la DSPM, para conocer de primera mano el equipo y la dinámica de las búsquedas. Cerca de esa zona fue donde en 2023 se localizaron 23 cuerpos en igual número de fosas clandestinas.

El director anunció que pronto llegará a la Policía Municipal una unidad pick up doble tracción, la cual será asignada a la Unidad de Búsqueda para apoyar las jornadas en terrenos de difícil acceso.

Irma Leyva, vocera del colectivo Madres Unidas y Fuertes, pidió seguir respaldando el trabajo del equipo interdisciplinario con herramientas, capacitaciones, poder de decisión y sobre todo con la no rotación del personal, ya que quienes conforman dicho grupo de trabajo han acumulado experiencia importante en búsquedas y sobre todo, cuentan con la empatía y la motivación para desempeñar esa labor en condiciones climatológicas adversas y largas jornadas.

Este martes se llevó a cabo otra audiencia del caso Amparito, referente a la muerte de una adulta mayor causada por una jauría propiedad de dos mujeres imputadas, madre e hija. En esa diligencia se escuchó el testimonio de ambas.

La víctima indirecta, la abogada Ana Lidia Soto, hija de Amparito, señaló molesta que las mujeres hicieron ver a su madre como una mujer en abandono y a ella como una mujer violenta por zarandear al nieto de una de las acusadas, acción que niega categóricamente.

También rechazó la afirmación de que “no le llegaron al precio” y que medio millón de pesos no les alcanzaría para intentar un acuerdo reparatorio. Las acusadas ofrecieron un testimonio de refutación para el viernes, mientras que a ella ya la liberaron como testigo, no dándole la oportunidad de rebatir la versión de las acusadas.

La abogada publicó un video en sus redes denunciando amenazas desde el primer día, y la revictimización que le hacen desde el sistema de justicia.

El abogado Antonio Sorela Castillo llamó a establecer un equilibrio entre la protección de las mujeres frente a la violencia política en razón de género y el respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, al señalar que las denuncias sin fundamento también pueden tener consecuencias legales y afectar la vida profesional y personal de los comunicadores.

Durante el curso “La Actividad Periodística frente a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” Sorela Castillo, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, sostuvo que los procedimientos para atender este tipo de violencia no deben considerarse, por sí mismos, actos de censura, pues también buscan visibilizar las agresiones que enfrentan las mujeres después de conquistar espacios de participación política.

“Una cosa es que una mujer llegue y otra cosa es que pueda ejercer el cargo libremente de violencia”, expresó el especialista, al señalar que el objetivo de la legislación no debe limitarse a garantizar que las mujeres accedan a puestos públicos, sino que puedan gobernar, administrar un municipio, expresar sus opiniones e intervenir en las decisiones de un cabildo sin enfrentar agresiones.

Sin embargo, advirtió que estos mecanismos también pueden ser utilizados por personas que buscan deslegitimar el trabajo de los periodistas. Explicó que los procedimientos por violencia política en razón de género pueden iniciarse a petición de parte o de oficio, situación que, consideró, debe observarse para evitar que algunas personas pretendan asumir el papel de defensoras de las mujeres con el propósito de emprender acciones contra comunicadores.

“No es censura, es solamente regular que se tienen que hacer las cosas conforme a derecho”, afirmó.

Sorela Castillo sostuvo que el ejercicio periodístico debe realizarse con libertad, pero también con responsabilidad y respeto a los derechos de las mujeres. En ese sentido, señaló que las transformaciones sociales y legales obligan a revisar las prácticas tradicionales de la profesión para evitar que los contenidos periodísticos vulneren derechos.

El abogado explicó que, en materia electoral, existen dos vías para atender estos casos: la denuncia por un posible delito electoral y el procedimiento especial sancionador. Indicó que los periodistas deben conocer los procedimientos y las instancias legales correspondientes para defenderse cuando consideren que una denuncia en su contra carece de fundamento.

Detalló que, cuando exista una resolución definitiva que permita establecer que una denuncia fue falsa, el comunicador puede valorar acciones legales por la vía penal, conforme a lo previsto en el Código Penal de Baja California, así como una demanda civil por daños y perjuicios.

Entre los conceptos que podrían reclamarse mencionó el daño moral, los gastos legales, los daños materiales e inmateriales, el lucro cesante —correspondiente a los ingresos que se dejaron de percibir— y posibles medidas de restitución, de acuerdo con las circunstancias del caso y las determinaciones judiciales.