COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Rivera Millán

El Fideicomiso Empresarial de Baja California (FIDEM) ha sido durante años un termómetro de la relación entre el Estado y el sector privado-empresarial. Hoy evidencia una política fiscal maquillada para evitar el escrutinio y desviar la atención de una ruta clara de desarrollo económico. El Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (ISRTP) alcanzó la tasa más alta del país, 4.25%, resultado de sumar el 1.80% original más las sobretasas de educación superior (1.20%) y de seguridad e infraestructura (1.25%). En 2024 la arquitectura fiscal se reacomodó: la sobretasa se trasladó de la Ley de Ingresos a la Ley de Hacienda y, en la Ley de Ingresos, quedó únicamente el 1.5% etiquetado para el FIDEM. En 2025 ese 1.5% fue impugnado en varios juicios de amparo con un argumento elemental: no es constitucional entregar a particulares el manejo de un presupuesto que debe destinarse a gasto público.

En abril de 2025 la gobernadora anunció la intención de eliminar el FIDEM y redirigir sus recursos a infraestructura educativa. La promesa colocó la educación en el centro del debate público. Hoy, sin embargo, esa promesa está en suspenso: en la propuesta de Ley de Ingresos 2026 el 1.5% desaparece porque ya fue reubicado como cualquier programa de gobierno en el presupuesto de egresos, dentro de la partida 75113 “Inversiones en Fideicomiso FIDEM BC”, con apenas 60,295,470 pesos. La diferencia entre lo prometido y lo presupuestado no es menor; más aún cuando la proyección de ingresos por ISRTP para 2026 asciende a 12,198,225,208 pesos. En su comparecencia ante el Congreso, al hablar del ISRTP‑FIDEM, el secretario de Hacienda mencionó redireccionar recursos para proyectos de seguridad en cuarteles de Valle de Guadalupe, San Quintín y San Felipe, además de infraestructura educativa y hospitalaria, como la ampliación de la facultad de Medicina y Enfermería en Tijuana.

La contradicción es peligrosa. El Secretario de Hacienda reconoce la inseguridad jurídica del 1.5% del FIDEM y admite que los amparos obligan a devolver recursos a las empresas; al mismo tiempo preserva la lógica original del nuevo programa empresarial 2026: recursos públicos con destino selectivo, administrados bajo criterios discrecionales. Trasladar el fideicomiso a una partida reduce su visibilidad y su capacidad, pero no garantiza que los recursos se destinen correctamente ni con impacto verificable. El FIDEM 2026 corre el riesgo de convertirse en un simulacro administrativo: nombre, partida y comité, pero sin trazabilidad ni resultados de desarrollo económico.

Los amparos ganados respecto las abrogadas sobretasas en los años 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, como la jurisprudencia que declaró inconstitucional la sobretasa de seguridad y los amparos recientes 2025 contra el 1.5% no son tecnicismos: son señales de que la arquitectura fiscal está viciada de origen. Mantener la discusión en torno a una bolsa simbólica que disminuye de 180 millones a 60 millones, mientras se ignoran los más de 12 mil millones recaudados, es una distracción que empobrece la deliberación pública y empresarial.

El FIDEM llega a su fin como fue concebido originalmente y ahora se integra a una partida presupuestal de la Secretaría de Economía, como cualquier programa de “Corazón” de este gobierno: “Familias de Corazón”, “Con Corazón para el Agua”, “Corazones Viajeros”. No sería extraño que al fideicomiso empresarial se le bautice como “Corazón FIDEM”.

El empresariado que participe en el comité de la partida presupuestal 75113 tiene una responsabilidad pública que va más allá de recibir recursos y dictaminar su asignación. Al convertirse en un programa público, deberá sujetarse a reglas de legalidad, transparencia y no discriminación; a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; a la contabilidad gubernamental; y a la vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2022‑2027, entre otras normas.

La ruta para convertir esta tensión en oportunidad exige decisiones concretas: corregir la arquitectura fiscal y resolver las inconstitucionalidades del impuesto sobre nómina más caro del país; transparentar y reorientar recursos hacia inversión productiva y capital humano con reglas públicas y evaluables; transformar la partida 75113 en un programa con convocatorias abiertas y evaluación independiente; y acompañar a las empresas en la transición productiva con fondos para digitalización, capacitación dual y créditos condicionados a resultados. Un tablero público debe mostrar montos, beneficiarios, empleos creados y efectos en productividad.

El debate relevante no es sobre bolsas simbólicas que pasan de 180 a 60 millones, sino sobre los más de 12 mil millones que se recaudan cada año del empresariado bajacaliforniano. El empresariado local requiere un entorno fiscal que impulse la creación de empresas y empleos, no que los encarezca. Reducir el impuesto sobre nómina del 4.25% a niveles competitivos (3% o incluso 2%) es condición para recuperar dinamismo. Para lograrlo, se debe replantear, sustituir o incluso extinguir el FIDEM, priorizando lo verdaderamente importante: producir, invertir y generar empleo formal.

El empresariado requiere apoyo inmediato, especialmente las MIPYMES, que son las más golpeadas por la crisis económica. La solución no está en un FIDEM 2026 reducido y opaco, sino en un esquema fiscal moderno, transparente y competitivo que garantice oportunidades reales para quienes emprenden, invierten y sostienen la economía de Baja California.

*Director General del despacho De la Peña y Rivera S.C.
Fundador de Justicia que Transforma México A.C.