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Exigen morenistas renovación de Comités Estatales

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En una carta abierta a los militantes de Morena y medios de comunicación, este martes integrantes de ese partido de al menos 20 estados de la república, exigen a la Sala Superior del Tribunal Electoral ordene la renovación de todos los Comités Ejecutivos Estatales del partido guinda.

También, exigieron al Consejo Nacional de Morena que respete los acuerdos de su Congreso Nacional, así como al Estatuto y la Renovación Democrática de los 32 Comités Ejecutivos Estatales del mismo.

A continuación, reproducimos la carta:

A toda la militancia de morena.

A todos simpatizantes de la 4 Transformación.

A todos los medios de comunicación de la República:

El próximo miércoles 14 de enero de 2026, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá un asunto de significativa importancia para el Movimiento de Regeneración nacional.

La Sala Superior tiene agendado diez expedientes en los que resolverá si deben o no renovarse los 32 Comités Ejecutivos Estatales del partido morena, ya que legalmente sus funciones de tres años -para los que fueron electos- terminaron en septiembre de 2025, sin que oportunamente el Comité Ejecutivo Nacional que preside Luisa María Alcalde, haya expedido desde entonces la convocatoria respectiva.

Ante dicha omisión, un grupo de militantes de nuestro partido morena emprendimos desde junio del año pasado una serie de juicios llamados de Protección de Derechos Políticos del Ciudadano (JDCs) ante la Sala Superior, con el objeto de exigir respeto indeclinable al Estatuto y ordene la renovación de los comités ejecutivos estatales, ya que concluyeron los tres años para los que fueron electos.

Lejos de eso, hemos encontrado maniobras de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para alargar los juicios a fin de resolverlos como improcedentes o extemporáneos. Sin embargo, en tiempo y forma hemos recurrido esas ilegales resoluciones hasta llevarlos finalmente en esta última instancia del Tribunal Electoral.

De igual forma solicitamos audiencia al Comité Ejecutivo Nacional para exponer este punto, sin que se hayan dignado en contestarnos.

De manera que el próximo miércoles veremos de qué lado están los magistrados de la Sala Superior: si están del lado de la militancia comprometida con la transformación y que exige se renueven democráticamente sus estructuras, tal y como lo señala el Estatuto y los acuerdos del VII Congreso Nacional Extraordinario realizado el 22 de septiembre del 2024, en el cual NO aprobó ninguna prórroga para los Comités Ejecutivos Estatales.

O bien, se subordinan y se someten a las cupulas partidarias, para darle un golpe demoledor, otro más, a la escasa vida democrática del partido con la imposición de Comités Ejecutivos para que continúen hasta octubre del 2027. (Recordemos que el partido ha sido omiso también en renovar democráticamente los comités ejecutivos municipales desde hace casi ya una década).

Cabe señalar que en ese VII Congreso Nacional Extraordinario se aprobó únicamente la continuidad de los integrantes del Congreso Nacional, el Consejo Nacional y los integrantes de los Consejos Estatales; sin que esto haya significado que los integrantes de los Comités Ejecutivos deban considerarse también prorrogados. Cabe señalar incluso que el INE sólo aprobó como legales las prórrogas de los Consejos y Congreso nacional y no otras (ver Acuerdo INE/CG2363/2024)

De acuerdo a lo determinado en ese VII Congreso Nacional, que es el máximo órgano de gobierno del partido, se reformó el Estatuto y se aprobaron diversos Transitorios  a efecto de hacer viable dichas prórrogas de consejeros; pero en estos Transitorios nunca se aprobó ninguna prórroga a los comités Ejecutivos. 

Razón por lo que desde junio del año pasado solicitamos se expidieran las convocatorias para que gradualmente, se renovaran tal y como se hizo entre julio y agosto de 2022.

Sin embargo, sin tener facultades estatutarias ni delegadas por el Congreso Nacional (ver artículo del 41 del Estatuto), el Consejo Nacional, que preside Alfonso Durazo, aprobó el pasado 20 de agosto de 2025 una “prórroga implícita” para todos los Comités Ejecutivos Estatales hasta octubre del 2027, disque porque el partido vive “circunstancias extraordinarias” de organización debido a que “puede autodeterminarse y autoorganizarse libremente”; argumento que es falso pues dichas facultades no  deben estar por encima de los derechos de la militancia; además de argumentar que todos los comités ejecutivos “están involucrados” en la afiliación y la formación de Comités seccionales de Defensa  en todo el país; lo que es falso también, puesto que en los Lineamientos para formar dichos seccionales están excluidos los  Comités Ejecutivos. De manera que se le ordenó a Luisa María Alcalde no emitir ninguna convocatoria sino hasta octubre de 2027.Lo que es ilegal también pues ningún órgano puede ordenar a otro incumplir una disposición estatutaria.

La propuesta de sentencia de este asunto está en manos del Magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz, quien recientemente fue nombrado Presidente de esa Sala, gracias a los votos de ciudadanos que esperábamos que con ello cambiaría la forma de impartir justicia electoral.

Sin embargo, tenemos firmes sospechas que Bátiz seguirá línea y consigna de la dirigencia de morena, como forma de pago por llegar al cargo. Comprometiendo una vez la independencia y objetividad de un Tribunal Electoral que seguirá actuando a modo y subordinado a intereses ajenos a los del estado de derecho, como en los viejos tiempos.

Informamos a la militancia que vemos graves retrocesos en la vida interna del partido: la Conformación de un Consejo Consultivo con más integrantes que los que marca el Estatuto; un presidente del Instituto de Formación Política que cree que su nombramiento es vitalicio, pues lleva ya siete años en el cargo, debiendo ser máximo 6;  la reciente aprobación de un código de ética que sigue siendo letra muerta y que criminaliza la libre expresión; y la nula disposición en la renovación de los comités municipales, por mencionar sólo algunos ejemplos.

Lo que veamos este próximo miércoles será fundamental para saber si nuestro partido es aún ejemplo de vida democrática o se convertirá en un partido igual o peor de lo que antes combatíamos: vertical, centralista y autoritario.

En cualquier forma, veremos el costo que habrá de pagarse en las elecciones intermedias del 2027.

Suscriben, por al menos de veinte entidades, militantes y simpatizantes; a 2 de enero de 2026:

César Iván Hernández Cortés,  Ernesto Fidel Payan Cortinas, Claudia Matilde Zamacona Sánchez, Rafael Sulvarán Rodríguez, Felipe De Jesús Pérez Coronel, María De Los Ángeles Huerta Del Río, Ramón Padrón García, Juan José Figueroa Rocha, José Cornejo Valerio, Jorge Valencia Duran, María Asunción Campos Lee,  Georgina Gamas Sánchez, Deyanira Torres Salgado, Baldo Rodrigo Aguirre Quiñonez, Delfina Villa Candelaria, María Del Carmen Cabuto Romero,  Arturo  Mata Plascencia, Humberto Gutiérrez Faijo, Guillermo Estrada Ruelas, Rosa Marina Zamacona Sánchez , Raúl Zamacona Sánchez,  Jaime Hernández Ortiz, Ana Celia Tomás Martínez, Angélica Eusebio Guzmán, Armando Villanueva, Fidel Barba Dávalos, Gerardo Enríquez Vega, Javier Orozco Alvarado, José Manuel Aguilar Guzmán, Lorena Ivette Martínez Ramos. Marco Vinicio Fuentes, Miguel Ángel Cuaya Urceaga, Roberto Salvador Guijarro Romero, Xóchitl Vázquez Isaac, Juan Olande Hurtado, Juan Carlos Palacios Mondragón, Salvador Ortega Delgado, Aarón, Alejandro Carrillo Ramírez, Alberto Santos Tarín, Enrique Reyes, Guadalupe  Morales Dote, Luis Federico Melchor Sánchez, Gabriel Ochoa Pujol, Gerardo Murrieta, Luis Antonio Figueroa Retamoza, Oscar Hernández Jiménez.

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Presentarán jubilados demanda colectiva por robo

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Un grupo de jubilados y pensionados de la Delegación D-IV-1 de la Sección 2 del SNTE se reunió para definir acciones concretas ante los problemas laborales y de transparencia que enfrentan tras un presunto desfalco millonario.En la reunión se tomaron cuatro acuerdos principales.

El primero es presentar el viernes 30 de octubre, a las 11:00 horas, una demanda colectiva por robo, fraude y abuso de confianza ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo del abogado Guillermo Rivera.En segundo lugar, los jubilados acordaron solicitar una auditoría externa cuyos resultados sean dados a conocer a todos los pensionados.

También exigirán la entrega de los resultados de la auditoría interna que la Sección 2 mandó realizar el viernes 16 de octubre.Como tercer punto, se decidió nombrar un Comité de Vigilancia y Seguimiento.

Este órgano, entre otras funciones, se hará cargo de manera temporal de las finanzas de la Delegación para cubrir el pago de servicios y el mantenimiento de la Casa del Jubilado, hasta que se concrete el cambio de directiva delegacional.

Por último, los asistentes exigieron que se realice la Asamblea Delegacional Estatutaria y Extraordinaria de cambio de directiva, de conformidad con los estatutos vigentes del sindicato.

La reunión se enmarca en la solicitud formal de asamblea ordinaria o extraordinaria que un grupo de jubilados presentó el 4 de junio de 2024 ante la secretaria general de la Delegación D-IV-1, Marta Guadalupe Cázares Chávez.

En ese documento, los firmantes señalaron dudas sobre el seguro institucional, el fondo de retiro, el fondo de defunción, los aumentos salariales de los últimos años, el rechazo a la UMA para el cálculo de pensiones y el destino de un terreno donado por el municipio para una casa de retiro, entre otros temas pendientes.

Los participantes reiteraron que, de acuerdo con los estatutos, las asambleas ordinarias deben realizarse cada seis meses para presentar, entre otros asuntos, el informe de actividades y de finanzas del Comité Delegacional.

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Estigmatiza Julieta Ramírez a la prensa en su podcast

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La estigmatización de la prensa y los cuestionamientos al trabajo periodístico forman parte de la confrontación pública que rodea a la política bajacaliforniana, en un contexto en el que la senadora con licencia de Morena, Julieta Ramírez, ha denunciado presuntas campañas de desprestigio en su contra y ha cuestionado -y evadido- la cobertura de distintos medios de comunicación.

En la edición de este lunes, de su podcast “Enlace informativo”, la legisladora sostuvo que algunas publicaciones responden a una estrategia para dañar su imagen y la de su movimiento político. En agosto pasado, aseguró haber identificado cerca de un millón de pesos en publicidad negativa en redes sociales, mientras que en septiembre rechazó información periodística relacionada con un supuesto acuerdo de colaboración con autoridades estadounidenses, que calificó como falsa.

La controversia plantea una discusión sobre los límites entre la crítica legítima a los medios, el derecho de réplica de los actores políticos y la descalificación del ejercicio periodístico, sobre a la luz de las no-invitaciones a diversos medios críticos a sus ruedas de prensa en Mexicali.

Centrada en el tema publicado por el medio digital nativo “Los Angeles Press” sobre las facilidades que habría obtenido la morenista para lograr concretar su grado de maestría en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Ramírez comentó en la sección “Modus operandi” dedicada a demostrar estrategias “falsas y mentirosas” de los medios, que era una “página web; no un medio impreso ni un noticiero”, demeritando a los medios digitales e infiriendo que estos son menos confiables que los medios tradicionales.

Ramírez puso en pantalla a los medios que han retomado la nota tras las declaraciones de la UABC sobre la integración de una investigación al respecto de los estudios de maestría. También hizo menos la información de Los Angeles Press por tratarse de Guadalupe Lizárraga, una periodista que fue candidata del PRD en la pasada elección de 2024 en busca de la alcaldía de Mexicali.

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Eva María Vásquez pide investigar a fondo presuntas irregularidades en el INE

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La diputada federal del PAN por Baja California, Eva María Vásquez, consideró necesario esclarecer las presuntas irregularidades que involucran a la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, tras los señalamientos de corrupción y su renuncia al cargo.

La legisladora advirtió que este tipo de situaciones pone en entredicho el funcionamiento de las instituciones públicas y subrayó la importancia de investigar a fondo cualquier denuncia relacionada con el manejo de responsabilidades dentro de los organismos del Estado.

Vásquez sostuvo que las autoridades competentes deben actuar conforme a derecho y determinar si existen elementos para imponer sanciones administrativas o proceder por la vía judicial contra quienes resulten responsables.

Señaló que el Congreso de la Unión cuenta con atribuciones para impulsar medidas que fortalezcan la vigilancia institucional y eviten que hechos similares se repitan; sin embargo, afirmó que estos mecanismos requieren voluntad política para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

Para concluir, Eva María cuestionó la disposición del bloque oficialista para promover controles efectivos contra la corrupción y reiteró que el esclarecer los señalamientos de la presidente del INE debe ser una prioridad, a fin de preservar la confianza ciudadana en las instituciones electorales.

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