Sonora, Campeche y Sinaloa concentraron el 40% de los probables daños a la Hacienda Pública presentados en la última entrega de resultados de las auditorías

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad

La labor fundamental de la Auditoría Superior de la Federación es la vigilancia del uso de los recursos públicos federales. Como órgano técnico de la Cámara de Diputados, es uno de los contrapesos fundamentales para el ejercicio del gasto gubernamental, pues a través de sus diferentes auditorías es posible identificar irregularidades, problemas de diseño, desempeño o francos robos en despoblado, como fueron las empresas fantasma de Javier Duarte o el esquema de La Estafa Maestra.

Recientemente la ASF entregó a la Cámara de Diputados su segundo paquete de auditorías sobre la Cuenta Pública de 2020. Es necesario recordar que antes de 2016, la ASF realizaba una única entrega de sus resultados 14 meses después de que concluía el gasto de un año específico —conocimos los resultados de la Cuenta Pública de 2015, por ejemplo, hasta febrero de 2017—. A partir de la Cuenta Pública de 2016, la ASF dividió sus reportes en dos entregas parciales, una en junio y otra en octubre, junto con una entrega final en febrero del siguiente año. Así, hoy podemos tener una idea de las irregularidades del gasto del año pasado. 

En su segunda entrega de la fiscalización del gasto de 2020, la ASF ha identificado 12,655 millones de pesos en irregularidades (una cifra equivalente a todo lo que gasta la Fiscalía General de la República para investigar y perseguir delitos del orden federal), de los cuales 12,252 millones permanecen como dinero pendiente de ser recuperado o aclarado y 402 millones ya han sido devueltos por las instituciones vigiladas. 

Las auditorías realizadas por la ASF pueden dividirse de acuerdo a la finalidad para la que se destinó el recurso investigado. De esta manera, la siguiente gráfica muestra que, de acuerdo a la clasificación funcional del gasto, las irregularidades se pueden dividir en cinco categorías. Entre ellas, el Gasto Federalizado —es decir, el presupuesto que transfiere la federación a los gobiernos locales— concentra la mayor parte de las irregularidades con un monto de 10,794 millones de pesos. En segundo lugar, el rubro de Desarrollo Económico sufrió daños por 865 millones. En tercer lugar, la Auditoría detectó que el presupuesto para el Desarrollo Social tuvo irregularidades que le pudieron costar 658 millones a la Hacienda Pública. En cuarto lugar, las tareas de Gobierno tuvieron anomalías por 325 millones. Por último, aquellas auditorías no incluidas en el marco de referencia del Gasto Federalizado presentaron problemas por un monto de 14 millones. 

De acuerdo con los datos presentados en la segunda entrega de la auditoría a la Cuenta Pública de 2020, se determinó que en los estados y municipios hubo un posible daño patrimonial por 10,794 millones, de los cuáles sólo se han recuperado 313 millones. El monto de las irregularidades de esta categoría representa el 85% de la segunda entrega. Esto se explica parcialmente porque la mayor parte de los recursos investigados pertenecen a esta categoría, pero no es una justificación suficiente. El Gasto Federalizado representó el 51% de la muestra auditada, lo cual significa que se identificó una mayor proporción de irregularidades en el gasto de los gobiernos locales que en otros rubros.

Otra manera de analizar el gasto federalizado es dividirlo geográficamente. De esta manera se puede conocer con mayor precisión quiénes eran los responsables de la administración local mientras se presentaron irregularidades en el uso de los recursos públicos. En ese sentido, el siguiente mapa muestra que los tres estados con mayores anomalías eran gobernados por el Partido Revolucionario Institucional durante el periodo analizado. En primer lugar, Sonora concentró irregularidades por más de dos mil millones de pesos mientras Claudia Pavlovich era gobernadora. En segundo lugar, Campeche presentó tiene que aclarar el uso de 1,043 millones durante la gestión de Carlos Miguel Aysa en 2020. En tercer lugar, Sinaloa presentó irregularidades por 965 millones el año pasado.

Una vez identificado en qué entidades se presentaron mayores montos de usos indebidos del presupuesto, es importante considerar que cada estado recibe montos muy distintos de la federación. Por tanto, es importante contrastar el monto de las irregularidades con respecto a los recursos que fueron auditados. Tomando en consideración estos factores, la siguiente gráfica muestra que aún considerando la muestra auditada, Sonora, Campeche y Sinaloa mantuvieron una alta tasa de anomalías.

Las tres auditorías del Gasto Federalizado con mayores montos de posibles daños a la Hacienda Pública suman 1,438 millones de pesos en irregularidades. Esto ha ocasionado que la ASF emita nueve observaciones de carácter económico —normalmente conocidas como pliegos de observaciones— que, en caso de no aclararse adecuadamente en el tiempo correspondiente, darán paso a investigaciones de responsabilidad administrativa, denuncias de hechos o juicio político. A continuación se presentan los resultados de dichas auditorías.

• La auditoría con mayores irregularidades es la número 169 realizada a la Universidad Autónoma de Coahuila. En dicho procedimiento se encontraron probables desvíos por 554 millones de pesos debido principalmente a que hasta el momento la UAC no ha comprobado el destino final de múltiples transferencias del programa de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2020.
• En segundo lugar, el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua no pudo justificar debidamente el ejercicio de 450 millones. Principalmente porque no se acreditó  que el pago de servicios personales se realizará conforme a las autorizaciones de puestos, números de plazas, tabuladores, estímulos y prestaciones. 
•  En tercer lugar, la auditoría 884 al Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero sumó irregularidades por 434 millones por no acreditar el destino de las transferencias a cinco cuentas por el monto señalado.  

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