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El Lineamiento de la Precariedad Educativa en BC: maestros sin salario, niños sin clases

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COLUMNA INVITADA/Por Guillermo E. Rivera Millán


El 13 de febrero de 2026 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Baja California los lineamientos para la gestión y pago de nóminas extraordinarias del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP). Aunque se presentan como una medida administrativa para “agilizar trámites”, en realidad perpetúan la precariedad laboral, contradicen la legislación federal y vulneran el derecho de los menores a recibir educación continua. Por ello, este decreto merece un nombre que lo identifique: el Lineamiento de la Precariedad Educativa en BC.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) protege el salario como derecho irrenunciable, inmediato y sin condicionamientos. El lineamiento local lo convierte en un pago diferido sujeto a validaciones administrativas y financieras. Así, un maestro que ya impartió clases y atendió a sus alumnos debe esperar que su trabajo sea “validado” para cobrar. Esto es ilegal y discriminatorio. La nómina extraordinaria del ISEP, al institucionalizarse, se convierte en un mecanismo que normaliza la precariedad y estigmatiza a los interinos.

La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM) tiene como eje la revalorización del magisterio. El artículo 1 reconoce a las maestras y maestros como agentes fundamentales de la transformación social. El artículo 107 y su transitorio vigésimo obligan a la SEP y a los estados a coordinar un sistema único de nómina, transparente y con rendición de cuentas. Los lineamientos del ISEP citan la LGSCMM solo para justificar licencias sindicales, pero omiten este artículo clave. Esta omisión es grave: se ignora la norma federal que protege la dignidad docente y se perpetúa un esquema administrativo que precariza.

La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) se cita en la parte que conviene, pero no se armoniza con el contenido del artículo 107 de la LGSCMM, siendo omisa en exponer el contenido del convenio que debe celebrarse con la federación. El lineamiento local establece improcedencia hasta 365 días posteriores al periodo reclamado. Es decir, existe la posibilidad de que se deba un año de nómina al personal y, aún más insensible, que si un docente acumula dos o tres años sin pago, en vez de compensarlo se le limite su derecho a recibir lo que se le debe. No solo se evidencia la ilegalidad, sino que se revictimiza al trabajador. Esta contradicción normativa abre la puerta a impugnaciones. Además, el artículo 27-A señala que los estados deben cubrir con recursos propios las plazas no reconocidas por el FONE.

El lineamiento, en vez de buscar soluciones estructurales para garantizar plazas y horas suficientes —como presupuestar cada año las necesidades no cubiertas por la federación— perpetúa la política de pagos extraordinarios como si fueran parte natural del sistema. La pregunta es clara: ¿cuáles son las medidas eficientes para detener esta ilegalidad? La respuesta debería ser cómo solucionarla, no cómo perpetuarla. Esta administración lleva más de cuatro años sin resolver el problema y, con este lineamiento, parece que no pretende hacerlo.
El problema no es solo jurídico, es estructural y educativo. Al institucionalizar la nómina extraordinaria, se perpetúa un esquema que deja aulas sin maestros, afecta la continuidad del servicio educativo y vulnera el derecho de los menores a recibir educación de calidad. Incluso se establece que si no se cumple con los requisitos administrativos, el director no debe permitir el acceso del interino al aula. Esto coloca a la escuela en una disyuntiva inadmisible: un salón vacío o un maestro precarizado. Ambas opciones son ilegales y vulneran derechos fundamentales, además de contradecir el artículo 3º constitucional, que garantiza el derecho a la educación, y el artículo 123, que protege el derecho a un salario digno y oportuno.

Los lineamientos también trasladan responsabilidades indebidas a directores y supervisores, obligándolos a validar trámites bajo amenaza de sanciones conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas. Esto los coloca en un predicamento: cumplir el lineamiento y vulnerar derechos educativos y laborales, o respetar la ley y exponerse a sanciones. Es una invasión de competencias que desnaturaliza su función pedagógica y administrativa, además de vulnerar el régimen de responsabilidades.

La ruta de defensa existe. Los interinos pueden promover amparos indirectos contra el lineamiento administrativo, dentro de los 15 días hábiles desde su publicación o desde el primer acto de aplicación. Los directivos también pueden demandar para evitar que se les imponga una norma que los obliga a vulnerar derechos. El sindicato debería ser el primer respondiente, pero su silencio obliga a que la base magisterial y las familias conozcan y exijan que no se les aplique este esquema. La dignidad docente no puede esperar. Es momento de detener la afectación a cientos de familias en el estado que sufren porque sus hijos no tienen clases. Estas incidencias crecen y las familias también deben exigir, y si es necesario, impugnar legalmente para frenar esta arbitrariedad.

El Lineamiento de la Precariedad Educativa no es un avance administrativo, es la perpetuación de una ilegalidad laboral y educativa. El personal de la educación y las familias deben verlo como lo que es: una norma discriminatoria y estigmatizante que contradice la LFT, la LGSCMM, la LCF y la Constitución. Incluso dicha omisión debería integrarse como un riesgo en la guía rápida de entornos escolares seguros en Baja California. Este no es solo un asunto de maestros, es un asunto de Estado y de sociedad. Defender la dignidad docente es defender el derecho de los niños a aprender.

El Lineamiento de la Precariedad Educativa no es una norma administrativa: es la institucionalización de la ilegalidad. Y frente a la ilegalidad, la respuesta debe ser dignidad, acción y defensa colectiva.

*Director General del despacho De la Peña y Rivera S.C.
Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

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Estatal

Defiende Medina su trabajo en salud y da a conocer aspiraciones a diputación federal

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El exsecretario de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, habló en atención a medios, sobre su salida del cargo, y su adhesión al movimiento de la Cuarta Transformación para ir a la búsqueda de la candidatura al primer distrito federal.

Defendió el trabajo realizado durante cinco años en salud y atribuyó gran parte de los problemas actuales de abasto y atención a deficiencias del esquema IMSS-Bienestar. Reconoció haber sido el asesor principal en salud de la gobernadora y haber impulsado ese modelo de atención.

Medina Amarillas declaró que el 5 de marzo formalizó su decisión de sumarse al movimiento, tras un acuerdo con su familia, la gobernadora y personas cercanas. Destacó el orgullo de haber colaborado en un gobierno emanado de la Cuarta Transformación y explicó que esa experiencia lo convenció de que un «gobierno cercano a la gente, especialmente a los sectores más vulnerables, deja huella y genera impacto real».

El 17 de agosto se separó del cargo de secretario y reconoció que la decisión no fue sencilla. Afirmó que no fue un “secretario de escritorio”, sino de territorio, y que desde el inicio enfrentó pronósticos negativos de que no duraría mucho en el cargo.

Sobre la crítica de que en el pasado había mejor abasto de medicinas e insumos y que los estados que no se sumaron al sistema federalizado están en mejores condiciones, Medina Amarillas aseguró que su administración se ocupó de compensar el desabasto para mantener los servicios esenciales en hospitales generales y centros de salud.

Señaló que el IMSS-Bienestar es una entidad 100  por ciento federal que no permite participación estatal y que los problemas de Baja California en salud se deben, en su opinión, a que el IMSS “no ha podido brindarles a los derechohabientes la atención que se merecen”.

Destacó inversiones como la conclusión del Hospital General de Tijuana (zona este), la ampliación del Hospital Maternal Infantil de Tijuana y la construcción del Hospital Comunitario de San Felipe. Sin embargo, admitió que “ha faltado consistencia en la cobertura integral de todo” y que esa es la raíz del problema.

Insistió en que no niega responsabilidades y que se ha invertido de manera importante para contener la situación, aunque advirtió que sin pasos anticipados y rápidos el escenario podría complicarse.

Como ejemplo de resultados en salud pública, citó la epidemia de sarampión del año pasado: mientras Chihuahua y Jalisco concentraron más casos y muertes, Baja California no registró ningún deceso y logró un cerco epidemiológico temprano que evitó la expansión comunitaria, gracias —dijo— al trabajo intensivo en programas de salud pública.

Medina Amarillas invitó a quienes lo responsabilizan de las carencias actuales a reflexionar, recordando que 24 estados gobernados por el partido en el poder apostaron por el modelo federal y que no es del todo cierto que a los estados que no se sumaron les haya ido mejor en todos los rubros.

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Trabajadores del IMSS marchan en rechazo al aumento salarial del 8%

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La tarde del miércoles, trabajadores de la salud pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marcharon desde el bulevar Justo Sierra hasta las instalaciones de la delegación del instituto, ubicadas sobre la calzada Aviación, para manifestar su rechazo a la propuesta de incremento salarial del 8%, exigir mejores condiciones laborales y visibilizar el desabasto de medicamentos e insumos.

Bajo la consigna “No hay torundas, no hay alcohol, solo pura corrupción”, médicos y enfermeras exigieron ser escuchados por las autoridades del instituto.

Al llegar a las instalaciones de la delegación del IMSS, los trabajadores solicitaron entablar un diálogo con la delegada, Desirée Sagarnaga; sin embargo, se les impidió el acceso a las oficinas luego de que un guardia de seguridad cerrara las puertas.

Pese a que los manifestantes utilizaron un altavoz para exigir la presencia de la delegada, esta no salió a recibirlos y ante la falta de respuesta, los trabajadores decidieron dar por concluida la manifestación.

Por la mañana del miércoles durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que se ofreció a los trabajadores un incremento del 8%, del cual el 4% se destinaría al salario y el 4% restante a vivienda, esto representa dos puntos porcentuales menos de lo que solicitan los manifestantes, quienes buscan un aumento del 10%.

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CESPM detecta taponamientos en tres drenes de Mexicali

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La acumulación de basura, llantas, postes y artículos domésticos al interior de los drenes pluviales ha provocado taponamientos y niveles elevados de agua en distintos puntos de Mexicali, por lo que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) intensificó las labores de limpieza y desazolve para prevenir posibles inundaciones.

Luis Antonio Hernández Maldonado, subdirector técnico de la CESPM, informó que uno de los puntos intervenidos es el dren Mexicali, donde se detectó una obstrucción en la tubería que conecta dos tramos sobre la carretera a San Luis, la cual se encontraba completamente tapada.

Explicó que las lluvias por el paso de la tormenta Rachel ocasionaron niveles elevados en el dren, desde ese punto hasta las inmediaciones de la calzada Cetys, por lo que fue necesario ingresar personal para retirar los desechos acumulados.

Entre los residuos retirados hubo fragmentos de postes, llantas, basura doméstica y hasta un carro que, de acuerdo con el funcionario, llevaba tiempo acumulada y parcialmente atorada en el interior de la infraestructura..

Hernández Maldonado señaló que el problema no se limita al dren Mexicali, pues también se han identificado niveles elevados en el dren Internacional, mientras que el dren Tula presentó taponamientos durante las lluvias recientes, que fueron atendidos al día siguiente de las lluvias.

Detalló que el agua de lluvia que circula por las redes pluviales termina descargándose en los drenes y, finalmente, en el Río Nuevo; por ello, cuando la basura arrastrada por las corrientes se suma a los residuos arrojados de manera clandestina y al escombro, se generan obstrucciones que reducen la capacidad de conducción del agua.

Como parte de las acciones previstas para mejorar la infraestructura, mencionó que está proyectado que uno de los drenes será entubado en un tramo aproximado de mil 500 metros, con cerca de 700 metros contemplados en otra sección.

Para finalizar, el subdirector técnico hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura y escombro en estos cauces, ya que mantenerlos libres de obstáculos es fundamental para prevenir acumulaciones de agua e inundaciones que afectan directamente a la población.

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