ESPECIAL/Por Aline Corpus

Martín, su esposa y cuatro hijos salieron de Guerrero con lo que traían puesto de ropa, en agosto del 2024, cuando el crimen organizado le exigió que, junto a su hijo de 16 años, se “sumaran a las fuerzas armadas (delincuenciales) o nadie sobreviviría”.

Pidiendo dinero prestado, la pareja y sus cuatro hijos menores de edad, llegaron a Tijuana, Baja California, con la esperanza de ingresar de manera documentada a Estados Unidos, pero su cita consular no se concretó cuando el Gobierno de ese país canceló el programa de asilo CBP One, en enero del 2025.

La violencia provocada por el crimen organizado en México obliga cada año a que cientos de familias, principalmente del centro y sur, sean desplazadas de sus lugares de origen, dejando atrás su única red de apoyo, pertenencias y trabajo.

Muchas de ellas se dirigen a estados fronterizos, como Baja California, donde esperan cruzar a Estados Unidos, pero con el tiempo terminan asentándose.

“Sabíamos que debíamos movernos del albergue de (apoyo a) migrantes porque temíamos que incluso ahí nos buscaran (miembros del crimen organizado)”, platicó el hombre que pidió anonimato por razones de seguridad, y en esta ocasión se le llamará Martín.

“Nos fuimos a una colonia que se llama Mariano Matamoros (al este de la ciudad), y empezamos vendiendo tamales el año pasado, pero nos encontramos con esto de que acá nos pedían dinero (una extorsión) para dejarnos vender en la esquina. También intenté hacer plomería y fue lo mismo.

“Recordamos las amenazas de allá (en Guerrero), el miedo, nos dio mucho temor y creo que para mi esposa fue hasta peor, porque creía que esa historia ya era del pasado”, contó.

Debido a esa situación, Martín decidió mudarse a Playas de Rosarito, a unos 20 kilómetros de Tijuana, cerca del Océano Pacífico, lo que significa que su familia ya ha vivido un doble desplazamiento forzado en su propio país.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció que en un desplazamiento forzado interno las personas son obligadas a abandonar su lugar habitual de residencia, debido a conflictos armados o a la violencia generalizada.

También las violaciones a los derechos humanos y/o desastres provocados por fenómenos naturales o causados por los seres humanos provocan desplazamiento, todo ello sin haber cruzado una frontera internacional.

Pero ¿qué sucede cuando una familia considera a una ciudad su refugio y ahí vuelve a vivir lo mismo por lo que huyó en un principio?

Pese al sufrimiento y sacrificio que implica una primera movilidad forzada, la Organización Internacional para la Migración (OIM), autoridades de Baja California, académicos y activistas, han documentado que familias que huyen del centro y sur del país por la violencia, vuelven a sufrir circunstancias similares en las ciudades receptoras, como Tijuana.

En muchas ocasiones estas familias requieren desplazarse de nuevo.

Sin documentación histórica

Este doble desplazamiento forzado de mexicanos en su propio país ha sido silencioso, debido a la dificultad para documentar los casos por la falta de confianza de las familias en las autoridades, la secrecía con la que se mueven y la necesidad de las personas de irse de manera inmediata a un nuevo lugar.

Un estudio exploratorio del Colegio de la Frontera Norte (Colef) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), sobre desplazamiento forzado interno presentado en Tijuana en octubre del 2025 y llevado a cabo entre 2022 y 2023, indicó que las familias llegan a Tijuana, principalmente de Michoacán, Guerrero, Estado de México y Guanajuato.

La investigación reveló que, haber recibido amenazas, miedo a la inseguridad y la extorsión o el cobro de piso, fueron las tres principales causas por las que las familias salieron de su lugar de origen, pero también el ser testigos de delitos, incluso de homicidios, desaparición de un familiar, violencia sexual o de pareja, entre muchos otros.

Óscar Rodríguez, académico del Colegio de la Frontera Norte (Colef) Unidad Ciudad Juárez, Chihuahua, e integrante del Grupo Interdisciplinario en Temas Migratorios en Ciudad Juárez-El Paso, Texas, señaló que el estudio del fenómeno de desplazamiento es relativamente nuevo.

Detalló que, a partir de 2007, tras la fallida guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón, el fenómeno del desplazamiento forzado comenzó a presentarse en regiones del país.

“Tras el incremento de la inseguridad y la violencia, este fenómeno empezó a adquirir mayor notoriedad en algunas regiones, como en lo que se conoce como el triángulo dorado, entre la sierra de Chihuahua, Durango y Sinaloa, y que se extendió a sus municipios y otras Entidades cercanas”, describió.

Por otro lado, también se vio un incremento sustancial de violencia en la región de Tierra Caliente, en municipios de Michoacán y Guerrero. 

Ambos fenómenos estuvieron asociados, dijo, a grupos criminales que buscaban apoderarse de territorios, rutas hacia Estados Unidos y que también se percibía en estados de la frontera norte.

“Esa estrategia fallida de Calderón derivó en la división de los grandes grupos criminales en pequeñas células que se empezaron a pelear y esto trajo otros focos rojos a nivel nacional”, explicó.

El fenómeno del sur se notó más en los últimos cinco años, puntualizó, ante la falta de seguridad de los Gobiernos.

“De Michoacán, Guerrero y estados del norte, había un mayor flujo de personas intentando ir hacia Estados Unidos”, recordó, “la propagación de la violencia comenzó a elevarse de tipo comunal, y se sumó la violencia criminal, y las personas se hicieron más vulnerables”.

Rodríguez precisó que el desplazamiento forzado interno no es inmediato y, en ocasiones, es repetitivo.

“El desplazamiento forzado no es un evento lineal”, refirió, “la realidad es que el desplazamiento es circular, pasan a alguna comunidad dentro de sus estados, con el tiempo llegan a la frontera norte.

“Pero puede ser un ‘ir y venir’, no es fácil estar meses o años en albergues, incluso hay hasta desintegración familiar ante la incapacidad de los procesos de asilo”, estableció.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, y Tijuana, Baja California, hay gran cantidad de desplazados internos, según lo documentado por el Colef, señaló el investigador.

“En Ciudad Juárez hemos visto que hay un número importante, particularmente de Michoacán, de Guerrero; en algunos años también de Zacatecas, Chiapas y Oaxaca. En Tijuana han identificado que viene un flujo igual, de los mismos estados”, detalló.

Rodríguez detalló que la gran mayoría de las personas desplazadas internas llegan al norte por una red existente de apoyo.

Históricamente, Tijuana ha sido un punto recurrente como ciudad de paso, debido a su cercanía con California, sin embargo, en el 2024, la organización World Population Review la situó como la más violenta dentro de las 50 ciudades más peligrosas en el mundo, que midió los homicidios por cada 100 mil habitantes.

Los encargados de refugios o albergues de migrantes han conocido las historias de violencia por años.

En el 2025, dos familias que habían sido desplazadas por la violencia del sur del país y quienes ya residían en la periferia de Tijuana, volvieron a ser violentadas y buscaron apoyo en el Albergue Movimiento Juventud 2000, situado en la zona centro y es coordinado por el activista José María García Lara.

“Fueron dos casos, pero solo pudimos documentar y presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), porque una de las familias se fue con premura del albergue y ya no estuvieron localizables”, recordó García Lara. 

La CNDH a su vez encargó el informe a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se denunció ante el Ministerio Público del Estado, en tanto, la familia se movió de la ciudad, porque los delincuentes les habían quitado sus propiedades.

“Venía papá, mamá y sus hijos. Fue algo que me sorprendió, incluso me pregunté ‘¿de verdad está pasando esto en Tijuana?’. No pudieron seguir en la ciudad y los movieron por seguridad”, refirió.

García Lara recordó cómo intentó ser un puente entre los gobiernos del sur y del norte.

“(Las autoridades) no pusieron mucha atención (para medir el fenómeno en ese entonces). Nuestra organización promovió que el gobierno de Michoacán hiciera un acercamiento con el gobierno de Baja California, para hacer un módulo en la frontera e identificar sus problemas.

“Insistíamos en documentar los robos o saqueos de sus propiedades, ranchos, casas, autos, para que pudieran retornar y pudieran recuperarlas. Se firmaron acuerdos con los Gobiernos, pero después ya no se supo nada”, lamentó.

El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California, Jorge Ochoa Orduño, coincidió en que los desplazados internos en ocasiones no solo se enfrentan a problemáticas derivadas de los grupos delincuenciales. En ocasiones también fallan las propias autoridades, apuntó, por ejemplo, que el Ministerio Público no quiera recibir denuncias.

“Por eso, desde la CEDH estamos visitando distintos albergues para ver sus necesidades. La estadística de queja de personas en contexto de movilidad se ha reducido, pero seguimos poniendo módulos en los lugares de concentración de estas personas”, señaló.

Entre los casos de agresión que ha documentado la CEDH está el de una mujer indígena mixteca de 34 años, originaria de Guerrero. 

La joven relató a la autoridad que el 22 de enero del 2024 acudió al bar “Las Pulgas”, en plena zona centro de Tijuana, y en la madrugada del siguiente día abordó un taxi libre color blanco, sin embargo, en lugar de llevarla a su domicilio, la condujo a otro lugar y la agredió sexualmente.

Al intentar huir, la mujer subió una barda, cuando llegó la policía municipal, lejos de ayudarla, la amenazaron, esposaron y la abandonaron a su suerte semidesnuda en un bulevar de alta velocidad denominado Libramiento Sur.

Incluso, la CEDH documentó la actitud agresiva, sin profesionalismo, de una agente estatal de investigación, al poner en duda la veracidad del testimonio de la mujer indígena y, por el contrario, insinuar una responsabilidad de ella en los hechos.

Este trato hostil de la autoridad dio origen a las recomendaciones 2/2025 y 3/2025 por violaciones a los derechos humanos de una mujer indígena por parte de diversas autoridades, incluyendo corporaciones policiales y de investigación.

Anuncian guías para atender a desplazados

Cuando el Colef y la OIM realizaron el estudio en Tijuana sobre el desplazamiento forzado interno, las personas encuestadas refirieron que su mayor necesidad era la orientación jurídica, después le seguían la atención psicológica y la médica.

Las personas desplazadas solicitan más apoyo directamente de las organizaciones de la sociedad civil, pero los gobiernos en los estados de la República también han reflexionado sobre el fenómeno, consideró Yolice Quero Moraur, Oficial Nacional de Protección de la OIM.

Prueba de ello son los protocolos desarrollados en Michoacán y Chihuahua, y la consulta sobre el proyecto de ley de desplazamiento realizada con las comunidades indígenas y afroamericanas en Oaxaca.

“En las reuniones que hemos tenido, particularmente en Baja California, tanto con autoridades estatales como municipales, recordamos que ya estamos a un año del cierre del Programa CBP One.

“Y creo que ha sido un cambio muy importante, porque antes la respuesta era humanitaria: la entrada al albergue, la comida, la orientación inmediata, mientras las personas estaban intentando una cita de CBP One, pero cuando esta figura ya no existe, ahora el gobierno tiene que reflexionar sobre qué tipo de servicios habrá, más allá de una primera fase humanitaria de respuesta”, detalló Quero Moraur.

Habrá que ver si se pueden brindar algunas soluciones a estas personas desplazadas internas, destacó, como posibles servicios, una integración a la sociedad o, incluso, su reubicación por razones de seguridad.

“Hicimos grupos focales en Tijuana sobre desplazamiento interno”, recordó Quero Moraur.

“Puede ser que se dé un segundo desplazamiento, y lo hay, ha sido difícil poderlo detectar, pero se da. Este segundo movimiento es voluntario, dependiendo de cada caso, por no encontrar soluciones o acceso a una integración al lugar del primer desplazamiento”, añadió.

Dio a conocer que la OIM está colaborando con autoridades del Gobierno de Baja California en el desarrollo de una guía operativa de atención a personas desplazadas, tanto por violencia como por un tema de desastres.

El especialista precisó que el trabajo ha sido junto a la Subsecretaría de Atención a Grupos Prioritarios del Estado, la Dirección Municipal de Atención al Migrante y el Consejo de Asuntos Migratorios.

“Las autoridades de Baja California están conscientes del fenómeno y sí tienen una preocupación por dar respuesta al mismo, por eso se trabaja con ellos unas primeras guías operativas.

“El trabajo tendrá que ser con las diferentes dependencias para sensibilizarlas sobre la población. Hay una situación de xenofobia entre la población general y, por otro lado, de una constante búsqueda de trabajo (por parte de los desplazados), es decir, los desplazados requieren insertarse en la sociedad”, explicó la directiva de OIM. 

Dentro de las mesas de trabajo en Baja California, hay una especializada en el acceso a la justicia.

La OIM considera que este trabajo piloto de Baja California podría replicarse en otros estados, tomando en cuenta la tarea que ya se ha hecho en algunas otras regiones de la República.

“Sería interesante, ya estamos documentando todo el proceso con Baja California: la metodología, el desglose de información, las entrevistas con enfoque diferenciado. Queremos publicar parte de los hallazgos de los grupos focales y mesas, mientras que haya voluntad política”, determinó la directiva.

La OIM trabaja en guías operativas para que las autoridades, municipales y estatales, sepan cómo reaccionar ante las necesidades de la población desplazada.

“Creemos que hace falta construir de abajo hacia arriba, y que haya un trabajo local, estatal, municipal, en este momento estamos colaborando con ellos para el desarrollo de unos lineamientos, de una guía operativa de cómo responder según la causa de desplazamiento”, anunció.

Y es que hacen falta herramientas de capacitación a servidores públicos, y reconocer que no solo la inseguridad es relevante como causal de desplazamiento, sino también los desastres, como los deslizamientos de tierra que ocurren en Tijuana.

“Así garantizamos que haya un acompañamiento distinto, un ejercicio de consulta para temas de reubicación. Los actores son distintos también dependiendo del tipo de desplazamiento interno”, detalló.

En México no hay una ley federal sobre desplazamiento interno, acotó Quero Moraur. Hay leyes a nivel estatal en Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca, pero más estados podrían trabajar en ella.

Pese a que Martín se encuentra un poco más estable económicamente, el miedo de contratar por equivocación a miembros de la delincuencia organizada sigue presente. Prefiere trabajar solo, dijo, pues ya que no confía en nadie.

“Más vale tener segura a mi familia, aunque gane menos (dinero) sin empleados”, sostuvo. Por seguridad, su esposa lo acompaña a trabajos de plomería y albañilería en las colonias, pero no entra en las casas, lo espera afuera, pues temen a las estafas y extorsiones de Tijuana.