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Detecta ObserBC diversas irregularidades en análisis de finanzas municipales

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Un análisis de los estados financieros del Ayuntamiento de Mexicali correspondiente al periodo 2015 a marzo de 2026 revela posibles irregularidades en materia de adquisiciones, contratación de servicios y manejo de la recaudación municipal, de acuerdo con un documento elaborado por el organismo de análisis de rendición de cuentas ObserBC.

Uno de los señalamientos más relevantes corresponde a la compra de dos barredoras mecánicas adquiridas en 2025 por 19.1 millones de pesos cada una, a la empresa PROESP S.A. de C.V. El estudio compara esta adquisición con cotizaciones internacionales de equipos similares, donde el costo estimado sería hasta tres veces menor, lo que abre cuestionamientos sobre una posible sobrevaloración en la compra pública.

El informe también destaca que al cierre de 2025 el Ayuntamiento registró un rezago en contribuciones fiscales superior a los 1,227 millones de pesos, incluyendo cartera vencida de predial, sobretasas de seguridad y multas. A pesar de este nivel de adeudo, se advierte la contratación de despachos jurídicos mediante adjudicación directa para la recuperación de cartera vencida, con montos que alcanzan hasta 10 millones de pesos más IVA, sin que se reporten resultados claros en la reducción del rezago.

Otro punto señalado es la existencia de un crédito fiscal determinado por el SAT por más de 508 millones de pesos, derivado de diferencias en retenciones de ISR correspondientes al ejercicio 2020, periodo donde fue alcaldesa la actual gobernadora, Marina del Pilar Avila Olmeda.

El documento cuestiona la falta de claridad sobre las responsabilidades administrativas y el impacto que este adeudo podría tener en las finanzas municipales.

En materia de contratación pública, el análisis identifica que durante 2025 el Ayuntamiento realizó adquisiciones y servicios por más de 861 millones de pesos en licitaciones y más de 484 millones en arrendamientos, donde predominan esquemas de arrendamiento de vehículos, maquinaria y servicios especializados. Una parte importante de estas contrataciones se efectuó bajo el esquema de adjudicación directa, lo que, de acuerdo con el documento, reduce la competencia y transparencia en los procesos.

Asimismo, se observa la contratación de múltiples servicios de consultoría y asesoría por más de 41 millones de pesos en 2025, incluyendo estudios administrativos, fiscales, de movilidad, seguridad social y reingeniería de procesos, algunos de los cuales el análisis considera duplicados o poco justificados, dado el tamaño de la plantilla laboral del Ayuntamiento. Muchos de estos contratos están ligados a diversas empresas creadas por quien fue jefe de la hija de la alcaldesa, Jorge Mario Soto Romero.

El informe también cuestiona la asistencia y supervisión en los comités de adquisiciones, así como la justificación de contrataciones especializadas bajo el argumento de falta de personal interno capacitado, requisito establecido en la legislación estatal de adquisiciones.

Finalmente, el análisis concluye que, aunque el Ayuntamiento ha mantenido equilibrio presupuestal en ciertos ejercicios recientes, persisten áreas de riesgo relacionadas con deuda, eficiencia recaudatoria, contratación directa de servicios y posible sobrecosto en adquisiciones, lo que amerita revisiones más profundas por parte de los órganos de control y fiscalización.

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Estatal

El mal uso de las denuncias de violencia política también tienen consecuencias: experto

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El abogado Antonio Sorela Castillo llamó a establecer un equilibrio entre la protección de las mujeres frente a la violencia política en razón de género y el respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, al señalar que las denuncias sin fundamento también pueden tener consecuencias legales y afectar la vida profesional y personal de los comunicadores.

Durante el curso “La Actividad Periodística frente a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” Sorela Castillo, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, sostuvo que los procedimientos para atender este tipo de violencia no deben considerarse, por sí mismos, actos de censura, pues también buscan visibilizar las agresiones que enfrentan las mujeres después de conquistar espacios de participación política.

“Una cosa es que una mujer llegue y otra cosa es que pueda ejercer el cargo libremente de violencia”, expresó el especialista, al señalar que el objetivo de la legislación no debe limitarse a garantizar que las mujeres accedan a puestos públicos, sino que puedan gobernar, administrar un municipio, expresar sus opiniones e intervenir en las decisiones de un cabildo sin enfrentar agresiones.

Sin embargo, advirtió que estos mecanismos también pueden ser utilizados por personas que buscan deslegitimar el trabajo de los periodistas. Explicó que los procedimientos por violencia política en razón de género pueden iniciarse a petición de parte o de oficio, situación que, consideró, debe observarse para evitar que algunas personas pretendan asumir el papel de defensoras de las mujeres con el propósito de emprender acciones contra comunicadores.

“No es censura, es solamente regular que se tienen que hacer las cosas conforme a derecho”, afirmó.

Sorela Castillo sostuvo que el ejercicio periodístico debe realizarse con libertad, pero también con responsabilidad y respeto a los derechos de las mujeres. En ese sentido, señaló que las transformaciones sociales y legales obligan a revisar las prácticas tradicionales de la profesión para evitar que los contenidos periodísticos vulneren derechos.

El abogado explicó que, en materia electoral, existen dos vías para atender estos casos: la denuncia por un posible delito electoral y el procedimiento especial sancionador. Indicó que los periodistas deben conocer los procedimientos y las instancias legales correspondientes para defenderse cuando consideren que una denuncia en su contra carece de fundamento.

Detalló que, cuando exista una resolución definitiva que permita establecer que una denuncia fue falsa, el comunicador puede valorar acciones legales por la vía penal, conforme a lo previsto en el Código Penal de Baja California, así como una demanda civil por daños y perjuicios.

Entre los conceptos que podrían reclamarse mencionó el daño moral, los gastos legales, los daños materiales e inmateriales, el lucro cesante —correspondiente a los ingresos que se dejaron de percibir— y posibles medidas de restitución, de acuerdo con las circunstancias del caso y las determinaciones judiciales.

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Mexicali

Toman padres de familia la Secundaria Técnica 32; exigen cubrir plazas docentes

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Ante la falta de personal docente y administrativo, padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 32, ubicada en el fraccionamiento Villa Bonita, tomaron los accesos al plantel para exigir a las autoridades educativas una solución definitiva.

De acuerdo con Eduardo Salgado, padre de familia de la institución, la problemática se ha prolongado por más de dos años sin recibir una respuesta que permita garantizar la cobertura de las clases y las actividades escolares.

Entre las plazas pendientes se encuentran las correspondientes a las asignaturas de refrigeración, cómputo y educación física, además de la falta de un prefecto, situación que ha generado inconformidad entre las familias de los estudiantes.

Salgado señaló que la tarde del día anterior la escuela informó, a través de sus redes sociales, sobre la asignación de personal para atender las vacantes. Sin embargo, indicó que, según la información que recibió, únicamente se incorporaría un docente.

El padre de familia subrayó que la exigencia no se limita a la contratación de personal interino, sino a que las autoridades garanticen su permanencia en el plantel, pues, aseguró, en ocasiones los docentes dejan de recibir sus pagos y terminan por retirarse, lo que provoca que el problema se repita.

Ante esta situación, las familias mantienen su exigencia de que las autoridades educativas atiendan las vacantes pendientes y brinden una solución que permita regularizar las actividades escolares en beneficio de los alumnos.

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Estatal

Transportistas mantienen paro nacional y realizan cierre parcial de vialidades

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En el segundo día del paro nacional de transportistas, integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) de Mexicali realizaron un cierre parcial de vialidades frente al edificio del Gobierno del Estado, en el Centro Cívico de Mexicali, para mantener sus manifestaciones y exigir respuestas concretas a sus demandas.

Ismael Reyes de la Rosa, delegado de la Canacar en Mexicali, indicó que hasta el momento no han recibido una respuesta que permita avanzar en la solución de sus planteamientos, por lo que continuarán con las acciones de protesta en espera de nuevas indicaciones de la dirigencia nacional.

Reconoció que Canacar no suele recurrir a este tipo de movilizaciones; sin embargo, sostuvo que las mesas de trabajo que durante años se han mantenido con las autoridades no han dado los resultados esperados.

El delegado explicó que, aunque existe información sobre la posibilidad de establecer un diálogo con las autoridades federales en las próximas horas, hasta el momento no cuentan con una confirmación concreta sobre los alcances o resultados de ese posible acercamiento.

Mencionó que la movilización realizada este día ya estaba contemplada dentro de las acciones del paro nacional, por lo que los transportistas procedieron a ejecutarla mientras esperan instrucciones de la dirigencia nacional de Canacar.

El representante transportista reiteró que el objetivo es lograr avances reales mediante acuerdos con las autoridades, ante la falta de resultados de los mecanismos de diálogo implementados anteriormente.

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