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Denuncian por hostigamiento y posible fraude a directora del CDHI

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Una denuncia por hostigamiento contra la directora del Patronato del Centro de Desarrollo Humano Integral (CDHI), Maribel Real Martínez, fue interpuesta ante Sindicatura el pasado mes de abril.

La denuncia, de la cual esta reportera tiene copia, expone que Real Martínez hostiga a un empleado de limpieza de nombre Bryant Andrés Aguilar García, quien tiene 20 años de edad y una discapacidad de lenguaje.

Sobre él, dicen sus compañeros que su discapacidad “lejos de ser un impedimento ha sido un gran ejemplo para nosotros por sus ganas de superarse y apoyarse económicamente”.

Relatan que Real Martínez lo busca para que la acompañe a otras áreas que a él no le corresponden para que vaya levantando la basura que ella le señala, situación que no sucede con otros trabajadores de limpieza.

También declaran que tras las últimas lluvias, la directora hizo que fuera a sacar el agua acumulada de unos juegos con un vaso que ella sacó de la basura, cuando hay equipo especial para drenar agua y cada empleado de mantenimiento tiene un área específica, no siendo ésta la que corresponde al joven.

Precisan que la directora promovió que los trabajadores tomaran alguna actividad física dentro de Centenario y en su horario laboral, y Aguilar García se inscribió al curso de box. En ocasiones el maestro llegaba tarde y la clase tardaba más, y por eso ella le reclamaba al empleado y no al maestro, situación por la que el joven decidió abandonar el curso.

Los compañeros denunciantes indican que han sido testigos de como Real Martínez le habla al joven con un tono de prepotencia y sarcasmo.

Maribel Real Martínez, directora del patronato CDHI.

Pero el joven no ha sido la única víctima de la directora. Exponen también el caso de Lilia Osuna Gómez, trabajadora de mantenimiento de edad avanzada, a quien le exige labores que ponen en riesgo su seguridad como la limpieza de espejos de mucha altura, o que remueva manchas viejas que son imposibles de limpiar, además de asignarle un área muy amplia de limpieza para una sola persona.

Por si fuera poco, señalan la comisión de un posible fraude al otorgarle contratos al proveedor de nombre Javier Gómez, para el sistema de pluma electrónica, cuando éste nunca ha funcionado y tienen que dar acceso manual.

Relatan en la denuncia que los empleados pidieron autorización a la directora para deshacerse de fierros viejos, y le pagaron a una persona para que se los llevara y los vendiera por peso. Los poco más de mil pesos de ganancia serían destinados a la compra de equipo de protección, pero Real Martínez solicitó el dinero y no supieron en qué se destinó.

“Nos hemos enterado que el hostigamiento se está expandiendo a otras áreas como es el caso de la coordinación administrativa, se respira un ambiente hostil y violento laboralmente que solo promueve la desmotivación en los empleados y falta de certeza en nuestro empleo”, subrayan.

Los denunciantes temen que por la amistad de la directora con el síndico procurador, el caso no se atienda.

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Estatal

El mal uso de las denuncias de violencia política también tienen consecuencias: experto

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El abogado Antonio Sorela Castillo llamó a establecer un equilibrio entre la protección de las mujeres frente a la violencia política en razón de género y el respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, al señalar que las denuncias sin fundamento también pueden tener consecuencias legales y afectar la vida profesional y personal de los comunicadores.

Durante el curso “La Actividad Periodística frente a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” Sorela Castillo, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, sostuvo que los procedimientos para atender este tipo de violencia no deben considerarse, por sí mismos, actos de censura, pues también buscan visibilizar las agresiones que enfrentan las mujeres después de conquistar espacios de participación política.

“Una cosa es que una mujer llegue y otra cosa es que pueda ejercer el cargo libremente de violencia”, expresó el especialista, al señalar que el objetivo de la legislación no debe limitarse a garantizar que las mujeres accedan a puestos públicos, sino que puedan gobernar, administrar un municipio, expresar sus opiniones e intervenir en las decisiones de un cabildo sin enfrentar agresiones.

Sin embargo, advirtió que estos mecanismos también pueden ser utilizados por personas que buscan deslegitimar el trabajo de los periodistas. Explicó que los procedimientos por violencia política en razón de género pueden iniciarse a petición de parte o de oficio, situación que, consideró, debe observarse para evitar que algunas personas pretendan asumir el papel de defensoras de las mujeres con el propósito de emprender acciones contra comunicadores.

“No es censura, es solamente regular que se tienen que hacer las cosas conforme a derecho”, afirmó.

Sorela Castillo sostuvo que el ejercicio periodístico debe realizarse con libertad, pero también con responsabilidad y respeto a los derechos de las mujeres. En ese sentido, señaló que las transformaciones sociales y legales obligan a revisar las prácticas tradicionales de la profesión para evitar que los contenidos periodísticos vulneren derechos.

El abogado explicó que, en materia electoral, existen dos vías para atender estos casos: la denuncia por un posible delito electoral y el procedimiento especial sancionador. Indicó que los periodistas deben conocer los procedimientos y las instancias legales correspondientes para defenderse cuando consideren que una denuncia en su contra carece de fundamento.

Detalló que, cuando exista una resolución definitiva que permita establecer que una denuncia fue falsa, el comunicador puede valorar acciones legales por la vía penal, conforme a lo previsto en el Código Penal de Baja California, así como una demanda civil por daños y perjuicios.

Entre los conceptos que podrían reclamarse mencionó el daño moral, los gastos legales, los daños materiales e inmateriales, el lucro cesante —correspondiente a los ingresos que se dejaron de percibir— y posibles medidas de restitución, de acuerdo con las circunstancias del caso y las determinaciones judiciales.

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Mexicali

Toman padres de familia la Secundaria Técnica 32; exigen cubrir plazas docentes

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Ante la falta de personal docente y administrativo, padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 32, ubicada en el fraccionamiento Villa Bonita, tomaron los accesos al plantel para exigir a las autoridades educativas una solución definitiva.

De acuerdo con Eduardo Salgado, padre de familia de la institución, la problemática se ha prolongado por más de dos años sin recibir una respuesta que permita garantizar la cobertura de las clases y las actividades escolares.

Entre las plazas pendientes se encuentran las correspondientes a las asignaturas de refrigeración, cómputo y educación física, además de la falta de un prefecto, situación que ha generado inconformidad entre las familias de los estudiantes.

Salgado señaló que la tarde del día anterior la escuela informó, a través de sus redes sociales, sobre la asignación de personal para atender las vacantes. Sin embargo, indicó que, según la información que recibió, únicamente se incorporaría un docente.

El padre de familia subrayó que la exigencia no se limita a la contratación de personal interino, sino a que las autoridades garanticen su permanencia en el plantel, pues, aseguró, en ocasiones los docentes dejan de recibir sus pagos y terminan por retirarse, lo que provoca que el problema se repita.

Ante esta situación, las familias mantienen su exigencia de que las autoridades educativas atiendan las vacantes pendientes y brinden una solución que permita regularizar las actividades escolares en beneficio de los alumnos.

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Estatal

Transportistas mantienen paro nacional y realizan cierre parcial de vialidades

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En el segundo día del paro nacional de transportistas, integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) de Mexicali realizaron un cierre parcial de vialidades frente al edificio del Gobierno del Estado, en el Centro Cívico de Mexicali, para mantener sus manifestaciones y exigir respuestas concretas a sus demandas.

Ismael Reyes de la Rosa, delegado de la Canacar en Mexicali, indicó que hasta el momento no han recibido una respuesta que permita avanzar en la solución de sus planteamientos, por lo que continuarán con las acciones de protesta en espera de nuevas indicaciones de la dirigencia nacional.

Reconoció que Canacar no suele recurrir a este tipo de movilizaciones; sin embargo, sostuvo que las mesas de trabajo que durante años se han mantenido con las autoridades no han dado los resultados esperados.

El delegado explicó que, aunque existe información sobre la posibilidad de establecer un diálogo con las autoridades federales en las próximas horas, hasta el momento no cuentan con una confirmación concreta sobre los alcances o resultados de ese posible acercamiento.

Mencionó que la movilización realizada este día ya estaba contemplada dentro de las acciones del paro nacional, por lo que los transportistas procedieron a ejecutarla mientras esperan instrucciones de la dirigencia nacional de Canacar.

El representante transportista reiteró que el objetivo es lograr avances reales mediante acuerdos con las autoridades, ante la falta de resultados de los mecanismos de diálogo implementados anteriormente.

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