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Del protocolo al muro del miedo

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COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Rivera Millán

El blindaje de edificios públicos en Baja California no fue solo una medida de seguridad: fue la metáfora visible de un gobierno que mide riesgos con vallas y distancia. Según el secretario de Gobierno Alfredo Álvarez, el protocolo local que regula las manifestaciones es una réplica de la guía nacional. Lo que se prometió como respeto y proximidad terminó siendo barrera, inhibición y censura.

El 15 de noviembre, Baja California amaneció tapiada. Vallas metálicas rodeaban los edificios del Ejecutivo y la Plaza de los Tres Poderes. El blindaje, pensado como protección, se convirtió en símbolo del miedo y la distancia entre ciudadanía y gobierno.

En la Ciudad de México, la Generación Z intervino esas estructuras con mensajes directos, un hecho expuesto incluso en notas internacionales. Aunque el foco mediático se centró en la capital, esa imagen resume la tensión vivida también en nuestra entidad: un Estado atrincherado y una sociedad que insiste en hacerse escuchar.

El Protocolo de Actuación Gubernamental para la Prevención y Atención de Manifestaciones se publicó en Baja California el 25 de julio de 2025. El secretario lo defendió como instrumento administrativo y réplica del modelo federal. Sin embargo, a nivel nacional la Secretaría de Gobernación presentó el “Protocolo Tipo” y el Decálogo por la Libertad y la Paz en la Protesta Social como base para los estados.

Lo que en el discurso federal se planteó como garantía de derechos humanos derivó en excesos de fuerza pública, bloqueos estratégicos, despliegue de vallas y denuncias por homicidio imprudencial sin observadores independientes. Esa es la réplica que se pretende ejecutar en Baja California. Blindar edificios es la estética del control: pretende orden, produce distancia e inhibe libertades. Así, el protocolo prometía respeto, pero produjo temor. Prometía protección, pero activó represión. Prometía confianza, pero generó blindaje.

Aunque Álvarez insiste en que el protocolo “no busca reprimir”, la realidad operativa del modelo federal revela lo contrario. En la Ciudad de México, la marcha de la Generación Z derivó en detenciones, enfrentamientos y denuncias cruzadas por agresiones. La fiscalía inició procesos por delitos graves, mientras varios policías fueron suspendidos por uso excesivo de la fuerza. Si este es el modelo que Baja California replica, ¿cuántas vallas más se instalarán antes de escuchar a la gente? La pregunta no es retórica: es preventiva.

La respuesta ciudadana, marcada por la desconfianza, fue inmediata. Más de 30 organizaciones —colectivos de búsqueda, maestros, burócratas, defensores de derechos humanos, agrupaciones religiosas y feministas— unidos por una causa se opusieron al protocolo publicado en julio. Algunos interpusieron amparos: de 15, siete obtuvieron suspensión definitiva y seis fueron negados. Se evidenció una justicia partida: jueces sensibles que reconocieron falta de certeza frente a jueces complacientes y atentos al cálculo político.

Cuando la justicia se divide entre conveniencia y valentía, el ciudadano queda sin árbitro y sujeto a los designios de un papel, muchas veces lejos de la materialización efectiva del respeto y la protección de sus derechos. El gobierno debe observar que esta causa, que unió a la defensa legal de forma pacífica, se replicó en la explanada de los Tres Poderes, donde múltiples voces convergieron para exigir seguridad y detener la impunidad.

La manifestación del 15 de noviembre demostró que la protesta —y su socialización digital— va más allá del contenido de un protocolo o de una suspensión judicial. Pese a la llovizna, cerca de mil cachanillas se reunieron en la Plaza de los Tres Poderes. Las pancartas exigían justicia por Carlos Manzo y Sunshine Rodríguez, denunciaban feminicidios sin resolver, el desabasto de medicamentos y rechazaban la falta de apoyo a agricultores. Familiares de desaparecidos, jóvenes, empleados de salud, adultos mayores y activistas del agua tomaron el micrófono para expresar su hartazgo.

Cuando un grupo encapuchado intentó provocar violencia, los propios manifestantes los expulsaron, reafirmando el carácter pacífico de la movilización. En Mexicali, el civismo reguló la fuerza de quienes quisieron ejercer violencia, fuera de todo protocolo. La unidad de causas resultó más potente que la idea de encabezar una sola generación: los jóvenes son obligación de todas las trincheras, su protección y cuidado. “La autoridad no debe hacer menos las consignas, sino reaccionar de forma asertiva”.

El protocolo fue cuestionado por su ligereza. No abordó el tema de la violencia ni sus alcances. Es “ligero” porque evade intencionalmente la regulación estricta del uso de la fuerza, pese a que instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen el derecho de reunión pacífica y obligan al Estado a garantizarlo. No regularlo es permitir la discrecionalidad y el abuso. Ya lo vimos en el Congreso local, donde el uso de la fuerza se desbordó sin regulación clara, y lo acabamos de ver en la manifestación frente al Zócalo en Ciudad de México.

Este escenario obliga a abrir el debate en Baja California: ¿deben restringirse o regularse las manifestaciones y hasta qué grado? Demos aliento al derecho a manifestarse, busquemos su evolución y progresividad, no lo restrinjamos con protocolos inaplicables. Dejemos las réplicas nacionales. Dejemos la retórica que divide. Seamos un gobierno cercano que escuche y dé respuesta a las causas.

El debate no debe esperar a una tragedia; debe ser convocado ahora por el Poder Legislativo y Ejecutivo mediante una consulta pública real e incluyente. Blindar edificios es censura: inhibe la manifestación. Escuchar a la ciudadanía es gobernar. La protesta no es amenaza: es democracia en voz alta.

* Guillermo Rivera Millán. Director General del despacho De la Peña y Rivera S.C., y
Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

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Estatal

Defiende Medina su trabajo en salud y da a conocer aspiraciones a diputación federal

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El exsecretario de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, habló en atención a medios, sobre su salida del cargo, y su adhesión al movimiento de la Cuarta Transformación para ir a la búsqueda de la candidatura al primer distrito federal.

Defendió el trabajo realizado durante cinco años en salud y atribuyó gran parte de los problemas actuales de abasto y atención a deficiencias del esquema IMSS-Bienestar. Reconoció haber sido el asesor principal en salud de la gobernadora y haber impulsado ese modelo de atención.

Medina Amarillas declaró que el 5 de marzo formalizó su decisión de sumarse al movimiento, tras un acuerdo con su familia, la gobernadora y personas cercanas. Destacó el orgullo de haber colaborado en un gobierno emanado de la Cuarta Transformación y explicó que esa experiencia lo convenció de que un «gobierno cercano a la gente, especialmente a los sectores más vulnerables, deja huella y genera impacto real».

El 17 de agosto se separó del cargo de secretario y reconoció que la decisión no fue sencilla. Afirmó que no fue un “secretario de escritorio”, sino de territorio, y que desde el inicio enfrentó pronósticos negativos de que no duraría mucho en el cargo.

Sobre la crítica de que en el pasado había mejor abasto de medicinas e insumos y que los estados que no se sumaron al sistema federalizado están en mejores condiciones, Medina Amarillas aseguró que su administración se ocupó de compensar el desabasto para mantener los servicios esenciales en hospitales generales y centros de salud.

Señaló que el IMSS-Bienestar es una entidad 100  por ciento federal que no permite participación estatal y que los problemas de Baja California en salud se deben, en su opinión, a que el IMSS “no ha podido brindarles a los derechohabientes la atención que se merecen”.

Destacó inversiones como la conclusión del Hospital General de Tijuana (zona este), la ampliación del Hospital Maternal Infantil de Tijuana y la construcción del Hospital Comunitario de San Felipe. Sin embargo, admitió que “ha faltado consistencia en la cobertura integral de todo” y que esa es la raíz del problema.

Insistió en que no niega responsabilidades y que se ha invertido de manera importante para contener la situación, aunque advirtió que sin pasos anticipados y rápidos el escenario podría complicarse.

Como ejemplo de resultados en salud pública, citó la epidemia de sarampión del año pasado: mientras Chihuahua y Jalisco concentraron más casos y muertes, Baja California no registró ningún deceso y logró un cerco epidemiológico temprano que evitó la expansión comunitaria, gracias —dijo— al trabajo intensivo en programas de salud pública.

Medina Amarillas invitó a quienes lo responsabilizan de las carencias actuales a reflexionar, recordando que 24 estados gobernados por el partido en el poder apostaron por el modelo federal y que no es del todo cierto que a los estados que no se sumaron les haya ido mejor en todos los rubros.

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Trabajadores del IMSS marchan en rechazo al aumento salarial del 8%

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La tarde del miércoles, trabajadores de la salud pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marcharon desde el bulevar Justo Sierra hasta las instalaciones de la delegación del instituto, ubicadas sobre la calzada Aviación, para manifestar su rechazo a la propuesta de incremento salarial del 8%, exigir mejores condiciones laborales y visibilizar el desabasto de medicamentos e insumos.

Bajo la consigna “No hay torundas, no hay alcohol, solo pura corrupción”, médicos y enfermeras exigieron ser escuchados por las autoridades del instituto.

Al llegar a las instalaciones de la delegación del IMSS, los trabajadores solicitaron entablar un diálogo con la delegada, Desirée Sagarnaga; sin embargo, se les impidió el acceso a las oficinas luego de que un guardia de seguridad cerrara las puertas.

Pese a que los manifestantes utilizaron un altavoz para exigir la presencia de la delegada, esta no salió a recibirlos y ante la falta de respuesta, los trabajadores decidieron dar por concluida la manifestación.

Por la mañana del miércoles durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que se ofreció a los trabajadores un incremento del 8%, del cual el 4% se destinaría al salario y el 4% restante a vivienda, esto representa dos puntos porcentuales menos de lo que solicitan los manifestantes, quienes buscan un aumento del 10%.

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CESPM detecta taponamientos en tres drenes de Mexicali

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La acumulación de basura, llantas, postes y artículos domésticos al interior de los drenes pluviales ha provocado taponamientos y niveles elevados de agua en distintos puntos de Mexicali, por lo que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) intensificó las labores de limpieza y desazolve para prevenir posibles inundaciones.

Luis Antonio Hernández Maldonado, subdirector técnico de la CESPM, informó que uno de los puntos intervenidos es el dren Mexicali, donde se detectó una obstrucción en la tubería que conecta dos tramos sobre la carretera a San Luis, la cual se encontraba completamente tapada.

Explicó que las lluvias por el paso de la tormenta Rachel ocasionaron niveles elevados en el dren, desde ese punto hasta las inmediaciones de la calzada Cetys, por lo que fue necesario ingresar personal para retirar los desechos acumulados.

Entre los residuos retirados hubo fragmentos de postes, llantas, basura doméstica y hasta un carro que, de acuerdo con el funcionario, llevaba tiempo acumulada y parcialmente atorada en el interior de la infraestructura..

Hernández Maldonado señaló que el problema no se limita al dren Mexicali, pues también se han identificado niveles elevados en el dren Internacional, mientras que el dren Tula presentó taponamientos durante las lluvias recientes, que fueron atendidos al día siguiente de las lluvias.

Detalló que el agua de lluvia que circula por las redes pluviales termina descargándose en los drenes y, finalmente, en el Río Nuevo; por ello, cuando la basura arrastrada por las corrientes se suma a los residuos arrojados de manera clandestina y al escombro, se generan obstrucciones que reducen la capacidad de conducción del agua.

Como parte de las acciones previstas para mejorar la infraestructura, mencionó que está proyectado que uno de los drenes será entubado en un tramo aproximado de mil 500 metros, con cerca de 700 metros contemplados en otra sección.

Para finalizar, el subdirector técnico hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura y escombro en estos cauces, ya que mantenerlos libres de obstáculos es fundamental para prevenir acumulaciones de agua e inundaciones que afectan directamente a la población.

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