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Apuntan evidencias a que útero entregado a SEMEFO no era de Vanesa

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El médico forense, Horacio Rafael Valero Cervantes, quien fue contratado por la  familia de Vanesa Zavala Meza, considera que el útero conservado en el Servicio Médico Forense de Mexicali no pertenece a la joven madre que falleció por una presunta negligencia médica el 28 de mayo de este año, de acuerdo con el estudio macroscópico realizado por él.

El especialista mencionó en entrevista que lo más significativo es que ese útero no presentaba ni el tamaño ni los cortes que debía tener, basado en el expediente médico de cientos de páginas de los tres centros médicos donde estuvo internada Vanesa, y que detallan las intervenciones quirúrgicas que le realizaron.

El padre y el viudo de Vanesa quieren demostrar que su muerte se debió a una negligencia médica, lo que el médico Valero Cervantes señala desde su experiencia, ya que al momento de realizar la exploración macroscópica, no se encontró el corte de la cesárea ni señales de la cicatrización de la cesárea anterior.

La joven madre falleció tras cuatro días hospitalizada por una hemorragia obstétrica que descubrieron y atendieron demasiado tarde, lo que le costó la vida a finales de mayo tras diversas intervenciones: una cesárea, una cirugía para extirparle un ovario, otra para efectuar maniobras que detuvieran el sangrado y finalmente la extirpación del útero.

Todas estas intervenciones no se ven en el órgano que según las autoridades es de Vanesa, lo que podría ocultar los delitos de homicidio por imprudencia profesional grave, encubrimiento, simulación de prueba, falsedad de informes dados a una autoridad y asociación delictuosa, según el Código Penal Federal.

Horacio Rafael Valero Cervantes, médico forense.

El médico forense señaló que uno de sus primeros hallazgos al acudir al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Mexicali y ver las muestras del útero de la víctima, es el poco cuidado en el método de conservación de esos tejidos. Las muestras no estaban en congelación y la concentración de solución de formol es tan alta que ha degradado la muestra.

Otro hecho importante es que no hubo cadena de custodia, explicó; la ruptura del eslabón de una cadena ya no garantiza su autenticidad. No hay un documento que asegure que obtuvieron esa muestra y que efectivamente sea de Vanesa.

Añadió que los tejidos pasaron de cirugía a patología; de patología a la Fiscalía General del Estado (FGE); de la Fiscalía al Poder Judicial, y del Poder Judicial queda en resguardo. Cada uno de esos pasos debería tener una entrega-recepción. Lo grave es que todo esto favorece los intereses del victimario, dijo.

Una de las decisiones que el experto más cuestiona, es que cuando debieron operar a Vanesa para extraerle el útero, decidieron empaquetarla -llenarla de compresas para tratar de detener la hemorragia- con lo que perdieron tiempo valioso que pudo salvarle la vida. Cabe destacar que en estas decisiones estuvieron relacionados los directivos de los hospitales públicos donde estuvo internada Vanesa, el Materno Infantil y el Hospital General.

Además, la intervinieron quirúrgicamente dos veces estando ya en estado de muerte cerebral, lo cual es médicamente cuestionable, sin olvidar que se le reanimó por 40 minutos, tiempo fuera de toda norma. Todo está asentado en el expediente médico del Hospital General.

El detallado expediente del Hospital General de los cuatro días que estuvo internada Vanesa Lizbeth Zavala Meza.

La jefatura de SEMEFO ni siquiera estuvo presente en la entrega de las muestras que tomó Valero Cervantes ni por mera formalidad. Aunque estuvo una persona presente, esa persona no tiene fe pública; alguien debió supervisar lo que él estuvo haciendo, y eso demuestra el deficiente control y la falta de la cadena de custodia.

Tras la muerte de Vanesa, los directivos del Hospital General y todos los especialistas que la trataron, se reunieron con Yair González, el viudo de la víctima, para convencerlo de que la muerte de su esposa fue un hecho fortuito y quitarle así responsabilidad al equipo médico, que en ningún momento mencionó la posibilidad de realizar una investigación sobre lo sucedido.

Qué dice SEMEFO

El doctor César Vaca, director de SEMEFO, señaló en entrevista realizada el verano pasado, que a ellos les hicieron llegar el expediente clínico por el cual tuvieron conocimiento de todos los antecedentes, y posteriormente les envían el útero de Vanesa el 13 de junio.

“El Ministerio Público nos solicitó el estudio tanto macroscópico, como microscópico, de quien dicen era el órgano de Vanesa”, comentó.

En el estudio macroscópico no hay gran cosa, explicó, pues es un útero ya manipulado previamente. En el microscópico, el estudio histopatológico menciona también que es un órgano previamente manipulado. El responsable de la realización de estos estudios ya fue entrevistado por la agencia del Ministerio Público, agregó.

El director de SEMEFO, César Vaca.

Lo ideal es que hubiéramos obtenido el cuerpo completo para poder dar una causa de fallecimiento, apuntó Vaca, pero solo tienen un órgano.

“Estamos enterados de todo el expediente, y en el Hospital General es donde fallece y ahí es donde certificaron el fallecimiento; ese era el momento ideal para que lo hubieran hecho del conocimiento de la fiscalía y turnaran el cuerpo al SEMEFO como se hace en muchas otras ocasiones, pero para el SEMEFO con un solo órgano es casi casi imposible decir las causas del fallecimiento”, manifestó.

El certificado de defunción menciona que fallece por una hemorragia obstétrica; en este caso, el certificado no dice de dónde viene esa hemorragia. Eso es clave en la investigación que traiga la fiscalía, ¿en qué momento se dio esa hemorragia, en el primer, segundo o tercer hospital? porque no se menciona, precisó. “Pero con el útero, imposible. No nos va a dar mucha información lamentablemente”, añadió.

Sobre las causas de fallecimiento ya hay un certificado que emitió la Secretaría de Salud, declaró Vaca, y ahora se debe partir de un dictamen de responsabilidad técnica profesional médica para investigar si hay negligencia, imprudencia, impericia, inobservancia de reglamentos, pero allegándose de todas las constancias médicas.

“Yo como Semefo aporté una parte postmortem, un análisis de un órgano y el grueso de este expediente debe estar en esa intervención quirúrgica y la evolución nota a nota. ¿Cómo cae en este choque hipovolémico?, ¿de dónde sangró? Si fue la arteria iliaca pues no forma parte del órgano interno reproductor, pero no tendría por qué lesionarse esa arteria”, apuntó.

Ilustración de la arteria iliaca, que se presume fue dañada por el médico ginecólogo, Juan Carlos Martínez Noriega.

El médico remarcó que las muertes maternas son de notificación epidemiológica en el estado, no a la FGE sino a la Jurisdicción de salud. Cuando el médico debe de notificar a la autoridad son los casos donde se presume alguna violencia: homicidio, suicidio o accidentes deben de notificarse, pero también está este apartado donde puede haber alguna responsabilidad profesional, especificó.

Puede ser la familia o el mismo personal médico quien notifique al Ministerio Público, aseguró, pero lamentablemente no está estipulado, y es a criterio. “En este caso desconozco por qué no se hizo”, dijo.

Lo ideal es que se hubiera notificado, así la investigación estaría más completa, porque lo que hay es un certificado de defunción escueto; lo ideal hubiera sido que se hubiera hecho una necropsia médico legal que aportara datos importantes a la carpeta de investigación, aseveró. “Si es mucho de ética del médico el notificar al Ministerio Público. Lo determinante será quien evalúe todas las notas médicas y determine en qué momento se dio esta hemorragia”, concluyó.

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Estatal

El mal uso de las denuncias de violencia política también tienen consecuencias: experto

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El abogado Antonio Sorela Castillo llamó a establecer un equilibrio entre la protección de las mujeres frente a la violencia política en razón de género y el respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, al señalar que las denuncias sin fundamento también pueden tener consecuencias legales y afectar la vida profesional y personal de los comunicadores.

Durante el curso “La Actividad Periodística frente a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” Sorela Castillo, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, sostuvo que los procedimientos para atender este tipo de violencia no deben considerarse, por sí mismos, actos de censura, pues también buscan visibilizar las agresiones que enfrentan las mujeres después de conquistar espacios de participación política.

“Una cosa es que una mujer llegue y otra cosa es que pueda ejercer el cargo libremente de violencia”, expresó el especialista, al señalar que el objetivo de la legislación no debe limitarse a garantizar que las mujeres accedan a puestos públicos, sino que puedan gobernar, administrar un municipio, expresar sus opiniones e intervenir en las decisiones de un cabildo sin enfrentar agresiones.

Sin embargo, advirtió que estos mecanismos también pueden ser utilizados por personas que buscan deslegitimar el trabajo de los periodistas. Explicó que los procedimientos por violencia política en razón de género pueden iniciarse a petición de parte o de oficio, situación que, consideró, debe observarse para evitar que algunas personas pretendan asumir el papel de defensoras de las mujeres con el propósito de emprender acciones contra comunicadores.

“No es censura, es solamente regular que se tienen que hacer las cosas conforme a derecho”, afirmó.

Sorela Castillo sostuvo que el ejercicio periodístico debe realizarse con libertad, pero también con responsabilidad y respeto a los derechos de las mujeres. En ese sentido, señaló que las transformaciones sociales y legales obligan a revisar las prácticas tradicionales de la profesión para evitar que los contenidos periodísticos vulneren derechos.

El abogado explicó que, en materia electoral, existen dos vías para atender estos casos: la denuncia por un posible delito electoral y el procedimiento especial sancionador. Indicó que los periodistas deben conocer los procedimientos y las instancias legales correspondientes para defenderse cuando consideren que una denuncia en su contra carece de fundamento.

Detalló que, cuando exista una resolución definitiva que permita establecer que una denuncia fue falsa, el comunicador puede valorar acciones legales por la vía penal, conforme a lo previsto en el Código Penal de Baja California, así como una demanda civil por daños y perjuicios.

Entre los conceptos que podrían reclamarse mencionó el daño moral, los gastos legales, los daños materiales e inmateriales, el lucro cesante —correspondiente a los ingresos que se dejaron de percibir— y posibles medidas de restitución, de acuerdo con las circunstancias del caso y las determinaciones judiciales.

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Mexicali

Toman padres de familia la Secundaria Técnica 32; exigen cubrir plazas docentes

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Ante la falta de personal docente y administrativo, padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 32, ubicada en el fraccionamiento Villa Bonita, tomaron los accesos al plantel para exigir a las autoridades educativas una solución definitiva.

De acuerdo con Eduardo Salgado, padre de familia de la institución, la problemática se ha prolongado por más de dos años sin recibir una respuesta que permita garantizar la cobertura de las clases y las actividades escolares.

Entre las plazas pendientes se encuentran las correspondientes a las asignaturas de refrigeración, cómputo y educación física, además de la falta de un prefecto, situación que ha generado inconformidad entre las familias de los estudiantes.

Salgado señaló que la tarde del día anterior la escuela informó, a través de sus redes sociales, sobre la asignación de personal para atender las vacantes. Sin embargo, indicó que, según la información que recibió, únicamente se incorporaría un docente.

El padre de familia subrayó que la exigencia no se limita a la contratación de personal interino, sino a que las autoridades garanticen su permanencia en el plantel, pues, aseguró, en ocasiones los docentes dejan de recibir sus pagos y terminan por retirarse, lo que provoca que el problema se repita.

Ante esta situación, las familias mantienen su exigencia de que las autoridades educativas atiendan las vacantes pendientes y brinden una solución que permita regularizar las actividades escolares en beneficio de los alumnos.

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Estatal

Transportistas mantienen paro nacional y realizan cierre parcial de vialidades

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En el segundo día del paro nacional de transportistas, integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) de Mexicali realizaron un cierre parcial de vialidades frente al edificio del Gobierno del Estado, en el Centro Cívico de Mexicali, para mantener sus manifestaciones y exigir respuestas concretas a sus demandas.

Ismael Reyes de la Rosa, delegado de la Canacar en Mexicali, indicó que hasta el momento no han recibido una respuesta que permita avanzar en la solución de sus planteamientos, por lo que continuarán con las acciones de protesta en espera de nuevas indicaciones de la dirigencia nacional.

Reconoció que Canacar no suele recurrir a este tipo de movilizaciones; sin embargo, sostuvo que las mesas de trabajo que durante años se han mantenido con las autoridades no han dado los resultados esperados.

El delegado explicó que, aunque existe información sobre la posibilidad de establecer un diálogo con las autoridades federales en las próximas horas, hasta el momento no cuentan con una confirmación concreta sobre los alcances o resultados de ese posible acercamiento.

Mencionó que la movilización realizada este día ya estaba contemplada dentro de las acciones del paro nacional, por lo que los transportistas procedieron a ejecutarla mientras esperan instrucciones de la dirigencia nacional de Canacar.

El representante transportista reiteró que el objetivo es lograr avances reales mediante acuerdos con las autoridades, ante la falta de resultados de los mecanismos de diálogo implementados anteriormente.

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