Guadalupe Taddei Zavala anunció que presentará su renuncia a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) este lunes 26 de octubre, en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés relacionados con proveedores del organismo.

A través de un comunicado difundido este domingo, la consejera presidenta informó que tomó la decisión después de una “profunda reflexión” y que acudirá ante la Cámara de Diputados para formalizar su salida del cargo, que asumió en abril de 2023.

Taddei argumentó que la estabilidad, credibilidad e independencia del INE deben estar por encima de cualquier interés personal o coyuntural, particularmente ante la responsabilidad constitucional del organismo de organizar los procesos electorales.

“El Instituto Nacional Electoral, y la responsabilidad que tiene frente a México, su estabilidad, credibilidad e independencia son bienes públicos que debemos proteger con serenidad y sentido de Estado”, expresó en su mensaje.

La decisión se produce después de que la gestión de Taddei quedara bajo escrutinio público por señalamientos sobre contratos otorgados a empresas proveedoras y posibles vínculos entre personas cercanas a su entorno y empresarios relacionados con esas adjudicaciones.

En este contexto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó sobre una investigación relacionada con posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés y presunta triangulación de recursos. Corresponderá a las autoridades competentes esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades.

Pide investigar los señalamientos

En su posicionamiento, Taddei reconoció que durante los últimos días se difundieron en medios de comunicación y redes sociales versiones, filtraciones y señalamientos sobre su gestión. Sostuvo que la información debe verificarse y que no se deben anticipar conclusiones sin evidencia.

Afirmó que cualquier denuncia debe investigarse de manera transparente, objetiva y conforme a derecho, y subrayó que su decisión de renunciar no elimina la obligación de esclarecer los hechos que deban ser investigados.

“La decisión no releva a nadie del deber de esclarecer, con transparencia, rigor y debido proceso, los hechos que deban investigarse”, señaló.

La consejera presidenta también defendió el trabajo institucional del INE y aseguró que, pese a la controversia, las actividades operativas, técnicas y logísticas del organismo continúan conforme a lo previsto.

Salida en vísperas de las elecciones de 2027

La renuncia anunciada ocurre en un momento relevante para la autoridad electoral, debido a que el Proceso Electoral Federal 2026-2027 comenzó el pasado 10 de septiembre.

El INE tiene a su cargo la organización de los comicios federales y debe mantener la preparación de las distintas etapas del proceso, por lo que la salida de su presidenta plantea interrogantes sobre el procedimiento para definir quién asumirá la conducción del organismo.

Taddei recordó que dedicó 33 años de su vida al servicio electoral de México y manifestó su confianza en que la institución continuará cumpliendo con sus responsabilidades constitucionales.

“Las personas cumplimos ciclos. Las instituciones permanecen. La democracia mexicana debe seguir adelante”, concluyó.

La presentación formal de la renuncia está prevista para este lunes 26 de octubre ante la Cámara de Diputados. Hasta el momento, el anuncio no precisa quién quedará al frente del INE ni los pasos que se seguirán para cubrir la presidencia.

En septiembre de 2026, Morena designó a Julieta Ramírez como coordinadora estatal “de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California” tras un proceso interno con aspirantes entre los que estaban Ismael Burgueño, Armando Ayala, Fernando Castro Trenti, Evangelina Moreno y otros.

El nombramiento se anunció en el World Trade Center de la Ciudad de México, con participación de Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, y en el acompañamiento y posterior celebración estuvieron entre muchos otros, Rafael Buenrostro y Francisco Molina Pérez, personajes polémicos. El primero por haber sido mencionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como implicado en la red de huachicol y lavado de dinero; el segundo por haberse visto implicado en la comisión de al menos tres delitos, y aun así haber conseguido una carta de no antecedentes penales.
Por cierto, sería interesante saber quién fue quien lo metió a la planilla de los regidores.

Volviendo al tema y hablando de Estados Unidos, Ramírez fue mencionada a inicios de septiembre en un reportaje de N+ Focus, donde se le señalaba por haber firmado un supuesto proffer agreement con fiscales del vecino país para colaborar como testigo. Ramírez lo negó categóricamente, y Montiel la respaldó de inmediato.

Ramírez, nacida en 1995 en Mexicali, tiene una meteórica trayectoria política. Primero en el gobierno municipal de Mexicali como asistente de la hoy gobernadora y luego diputada federal en 2021, y finalmente senadora, donde fue tanto vocera del grupo parlamentario de Morena como de la campaña de Claudia Sheinbaum en 2024, sabiendo despegarse a tiempo de su padrino político, Adán Augusto López.

Montiel ofreció una conferencia de prensa hoy en Tijuana acompañada de Ramírez. Los puntos clave fueron: un respaldo firme a la designación de la cachanilla, pues los rumores de que no llegará a obtener la candidatura han estado fuertes desde el señalamiento de Buenrostro. “La coordinación de Julieta está claramente anunciada, determinada… ya Julieta es nuestra coordinadora y eso no va a cambiar”, dijo.

Montiel destacó la trayectoria de Ramírez, quien según ella tiene una “opinión positiva del pueblo de Baja California”. La presentó como relevo generacional que fortalece al movimiento e hizo hincapié en lanzar un mensaje de unidad.

Ramírez, por su parte, coincidió en la necesidad de buenos representantes, cercanía con el pueblo (lejanía con la prensa libre) y unidad para continuar la transformación. Señaló que no intervendrá en la selección de candidaturas a alcaldías y diputaciones, lo cual es difícil de creer.

Esta visita ocurre en un contexto de tensiones internas, ya que la también aspirante, Evangelina Moreno, no quedó satisfecha con el proceso de elección, además de los señalamientos contra Ramírez y su entorno por parte de estados Unidos.

Montiel usó esta visita para cerrar filas, proyectar unidad y neutralizar inconformidades, y este respaldo prioriza el resultado del proceso interno y la lealtad al proyecto sobre cuestionamientos internos o mediáticos. Manejó las acusaciones del país vecino como “guerra sucia” (su argumento favorito por lo visto) y vio su juventud como una ventaja, a pesar de que la gobernadora más joven en la historia está viviendo negros momentos debido a su inexperiencia y falta de preparación para el cargo. 

Con una marcha pacífica que recorrió las principales vialidades de la capital bajacaliforniana, integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) alzaron la voz este lunes para exigir al Gobierno Federal una atención real y urgente ante la grave crisis de inseguridad, extorsiones y trámites excesivos que azotan al transporte de carga en todo el país por parte tanto del crimen organizado como de las propias autoridades.

La movilización dio inicio en la intersección de la Calle Novena y la zona del Aeropuerto, avanzando por la calzada Abelardo L. Rodríguez, el frente de la Aduana, Periférico, Lázaro Cárdenas, Río Nuevo, Anáhuac e Independencia —pasando frente a Palacio de Gobierno— para concluir en el asta bandera del Bosque de la Ciudad.

El presidente del organismo empresarial en Mexicali, Ismael Reyes de la Rosa, enfatizó que esta protesta no buscó paralizar la ciudad, sino lanzar un primer aviso de alerta a las autoridades nacionales antes de que la situación derive en medidas de mayor presión.

Al ser cuestionado sobre las causas de la manifestación, el líder del autotransporte enfatizó que el sector atraviesa por momentos críticos en las carreteras de México, padeciendo homicidios de choferes, desapariciones, robo de mercancías y extorsiones constantes.

«Las extorsiones vienen de todos lados: del crimen organizado y de dependencias gubernamentales en los retenes de todo el país. Cada vez son más los requisitos que nos inventan y cualquier situación se presta para la extorsión», denunció.

Asimismo, criticó la severa tramitología y los abusos en los servicios de grúas y corralones federales. Ejemplificó que, ante un percance menor en entidades distantes como Chiapas, se exige la presencia física del representante legal o dueño de la empresa para liberar las unidades, lo que genera costos catastróficos y pérdidas operativas.

Respecto a la situación local en Baja California, la representación de Canacar reconoció que los índices delictivos contra el sector en la entidad —y particularmente en Mexicali— son significativamente menores en comparación con el resto del país, destacando una buena comunicación con las autoridades municipales y estatales.

No obstante, Reyes de la Rosa precisó que se registran de dos a cuatro robos o incidentes al año en tramos críticos y con nula presencia policial, tales como en el libramiento que conecta San Luis Río Colorado con Tijuana; en  los accesos de entrada a San Luis Río Colorado y en el tramo carretero entre El Hongo y Tecate.

Ante los señalamientos de autoridades estatales sobre si la protesta responde a un trasfondo político o tarifario, la dirigencia descartó rotundamente cualquier interés partidista, recordando que la Canacar históricamente ha apostado por la vía institucional, a diferencia de otras agrupaciones del ramo.

La Canacar advirtió que la movilización en Mexicali se replicó simultáneamente en la mayoría de las ciudades y estados de la República, representando un primer paso escalonado dentro de un plan de acción nacional.

«Ya no queremos más mesas de diálogo o de trabajo que se extienden por meses y años sin dar resultados. Vemos cómo otras leyes las aprueban de la noche a la mañana, pero lo que urge al transporte no lo atienden. Queremos un diálogo de nuestra presidencia nacional con alguien capacitado para resolver. El plazo es indefinido; la respuesta la tiene el Gobierno», concluyó el presidente de Canacar.