COLUMNA INVITADA: Por Fernando Ruiz del Castillo

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena decidió oficialmente que en Baja California no existe propaganda anticipada. No vio bardas. No vio espectaculares. No vio lonas ni panfletos. Y, por supuesto, tampoco vio el descarado posicionamiento político de la senadora Julieta Ramírez, cuya imagen aparece prácticamente hasta en la sopa.

Con la solemnidad burocrática de quien firma una incapacidad médica, la comisión dejó sin efectos las medidas cautelares por “falta de pruebas”, asegurando incluso que “no existen los hechos imputados”. Así de grotesco el nivel de simulación.

Según la lógica morenista, entonces, las bardas aparecieron por generación espontánea. Los espectaculares se pagaron solos. Las lonas brotaron milagrosamente del humanismo mexicano y los panfletos fueron repartidos por el Espíritu Santo electoral.

Pero tampoco sorprende. En Morena hace tiempo quedó claro que la ilegalidad deja de ser ilegal cuando beneficia a uno de los propios. La moral pública opera bajo un principio elemental: todo se perdona mientras sirva al movimiento correcto.

Lo realmente grave no es la absolución de Julieta Ramírez, sino el mensaje político: hagan campaña ilegal, promuévanse fuera de tiempo, saturen ciudades completas y, al final, el órgano interno encontrará la forma de declararse ciego, sordo y mudo. La justicia partidista convertida en trámite administrativo.

Mientras oficialmente “no pasa nada”, en el mundo real los bajacalifornianos siguen viendo propaganda todos los días. Y seguirán viéndola, porque el mensaje interno es clarísimo: el que más gasta, más avanza.

El ejemplo ya cundió.

Ahí está el diputado Armando Fernández Samaniego, que parece operar una imprenta infinita de recursos: redes sociales, televisión, volanteo, reuniones “informativas” y promoción personalizada disfrazada de cercanía ciudadana. Todo enfocado en Mexicali, municipio que evidentemente aspira gobernar.

En la misma lógica aparece Evangelina Moreno y su famosa manzanita, convertida ya en marca electoral antes siquiera de que existan campañas formales.

Y qué decir de Jesús Alejandro Ruiz Uribe, quien hoy intenta venderse como ciudadano desinteresado, aunque nadie ignora que su paso por la delegación del Bienestar dejó algo más que experiencia administrativa. Porque cuando un exfuncionario reúne estructuras territoriales con precisión quirúrgica, cualquiera entiende que los padrones sociales sirven para mucho más que repartir apoyos.

Mientras tanto, más discreto y quizá por eso más interesante, Alfredo Álvarez Cárdenas construye una narrativa distinta. Sin estridencias ni carnavales propagandísticos, apuesta por la operación política y cierta imagen de profesionalismo que hoy parece especie en extinción dentro del oficialismo.
Porque en medio del circo de bardas y espectaculares, la moderación ya parece revolucionaria.

El problema de fondo no es Julieta Ramírez ni los aspirantes adelantados. El verdadero problema es que Morena dejó claro que sus órganos internos no existen para vigilar excesos, sino para administrarlos políticamente. Las denuncias entran, se archivan y luego desaparecen mágicamente.

Así, entre simulación e impunidad, Baja California ya vive una sucesión adelantada donde todos hacen campaña… salvo que oficialmente nadie la está haciendo.

¡Vamos por ese primer lugar!

En Baja California ya ni siquiera hace falta investigar grandes escándalos para medir el tamaño de la descomposición institucional. Basta preguntarle a la gente.

La más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía colocó a Baja California en el segundo lugar nacional en percepción de corrupción. Sólo Michoacán logró superarlo. Allá el 89.4% percibió corrupción frecuente; aquí fue 89.3%. Técnicamente hay diferencia. Moralmente, ninguna.

Y no, no se trata sólo de “percepción”, como suelen repetir los gobiernos cuando los exhiben las estadísticas. La gente percibe corrupción porque convive con ella.

La encuesta revela que 15 mil 598 personas por cada 100 mil habitantes tuvieron contacto directo con actos de corrupción al relacionarse con servidores públicos. No son rumores ni campañas mediáticas: son ciudadanos enfrentándose a funcionarios que convierten el servicio público en caja registradora.

Peor todavía: la incidencia aumentó a 23 mil 880 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes. Es decir, no sólo no mejoraron las cosas; empeoraron.

Extraordinario resultado para un gobierno que llegó prometiendo acabar con “la mafia del poder” y la corrupción neoliberal. Después de años de discursos moralinos y supuesta superioridad ética, Baja California terminó instalada en el podio nacional de la corrupción.

Pero quizá el dato más devastador sea otro: la confianza pública. La entidad quedó entre los últimos lugares nacionales en credibilidad hacia su gobierno estatal. Apenas el 27.6% dijo confiar en sus autoridades. Siete de cada diez bajacalifornianos ven al gobierno con sospecha, decepción o abierto desprecio.

Y cuesta culparlos.

Mientras las calles se llenan de baches, las colonias de inseguridad y las oficinas públicas de burocracia inútil, la clase política parece concentrada en bardas, espectaculares y campañas adelantadas.

La prioridad dejó de ser gobernar. Ahora el objetivo parece sobrevivir políticamente y asegurar la siguiente candidatura.

Por eso la corrupción terminó normalizándose. Cuando desde arriba se envía el mensaje de que las reglas son flexibles para los cercanos al poder, el resto del aparato burocrático aprende rápido cómo funciona el sistema: impunidad para los propios y discursos para la tribuna.

Los ejemplos sobran: contratos públicos cuestionados, licitaciones a modo, proveedores favoritos, adjudicaciones directas, permisos condicionados, cambios de uso de suelo sospechosos y corrupción policial profundamente arraigada.

A eso se suman los “aviadores” incrustados en nóminas gubernamentales, operadores políticos disfrazados de servidores públicos y estructuras clientelares que sobreviven intactas sin importar el color del gobierno.

También persisten las denuncias sobre el uso político de programas sociales y padrones de beneficiarios. Oficialmente nadie condiciona apoyos. Extraoficialmente, todos entienden cómo funciona el mensaje.

Y mientras el discurso presume austeridad republicana, no pocos funcionarios aparecen rodeados de escoltas, propiedades, vehículos de lujo y campañas permanentes de promoción personal imposibles de sostener únicamente con salarios públicos. Cuando alguien pregunta de dónde sale el dinero, el sistema responde con su frase favorita: “no hay elementos”.

Al final, la percepción de corrupción no nace de una encuesta. Nace de la experiencia cotidiana de millones de personas que sienten que en el gobierno las reglas jamás se aplican igual para todos.

Y cuando esa sensación se vuelve colectiva, lo verdaderamente alarmante ya no es el dato estadístico. Es la pérdida total de credibilidad institucional.