COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

Algo comenzó a cambiar en Baja California. Partidos de oposición, organizaciones sociales, colectivos y ciudadanos empezaron a perderle el miedo a decir en voz alta lo que hasta hace poco muchos preferían murmurar: que la gobernadora Marina del Pilar Ávila debe rendir cuentas y que, si existen elementos suficientes, se investigue incluso la posibilidad de un juicio político.No es un golpe de Estado.

No es conspiración. No es “campaña negra”. Es política. Y en democracia, la oposición tiene exactamente esa función: oponerse, cuestionar, investigar y exigir cuentas al gobierno.

El problema es que el camino institucional parece diseñado para que nadie llegue demasiado lejos. El juicio político contra un gobernador por determinadas causas corresponde al ámbito federal y, tratándose de violaciones graves a la Constitución o leyes federales, la resolución de la Cámara de Diputados tiene carácter declarativo para que la legislatura local actúe conforme a sus atribuciones. Y ahí aparece la realidad política.

Morena y sus aliados tienen mayoría. Por eso, salvo que desde Palacio Nacional exista voluntad política para abrirle la puerta a una investigación de fondo, las posibilidades de que el Congreso local se convierta espontáneamente en verdugo de una gobernadora morenista parecen, cuando menos, remotas.

Pero hay un pequeño detalle que quizá nadie está considerando suficientemente: que el Gobierno de México decida no actuar no significa que nadie más vaya a hacerlo.

Estados Unidos ya cambió el juego. En abril, el Departamento de Justicia acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios actuales y anteriores de delitos relacionados con narcotráfico y armas. Y en junio, «Los Angeles Times» reportó que Washington investigaba a otros gobernadores mexicanos por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Es decir, el vecino dejó de mirar solamente a los capos. Ahora también mira hacia los palacios de gobierno. Y mientras tanto, en México seguimos discutiendo si una visa es una visa, si una visa cancelada es una visa revocada y si un audio significa exactamente lo que se escucha en él.

Los audios atribuidos a Marina del Pilar, difundidos por Héctor de Mauleón, hablan de contactos con el DHS y el FBI y de reuniones para abordar el caso que enfrenta ante autoridades estadounidenses. Que esos audios prueben un delito es otra historia. Pero que ameriten explicaciones serias, verificables y transparentes, eso nadie debería discutirlo.

Porque hay algo que empieza a resultar incómodo: ¿qué pasa si México no investiga y Estados Unidos sí? La pregunta ya no parece tan descabellada. Washington ha demostrado que puede investigar, sancionar, retirar visas, presentar acusaciones y perseguir judicialmente a mexicanos fuera de territorio nacional cuando considera que tiene jurisdicción y evidencia suficiente.

En enero, incluso trasladó a Estados Unidos a 37 fugitivos mexicanos buscados por delitos graves, entre ellos narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas. Y la propia Presidenta Sheinbaum ha reconocido que existe un diferendo importante en materia de extradiciones: México asegura haber solicitado 269 extradiciones a Estados Unidos desde 2018 hasta mayo de 2026, sin que ninguna haya sido concretada.

La pregunta es si esa reciprocidad podría algún día convertirse en otra cosa. Porque si en México las instituciones políticas no quieren, no pueden o no se atreven a tocar a determinados personajes, puede llegar el momento en que Washington decida tocar la puerta. Y no precisamente para saludar. ¿Gobernadores? ¿Senadores? ¿Diputados? ¿Alcaldes? ¿Funcionarios?¿Exfuncionarios? No lo sabemos.

Y sería irresponsable afirmar que Estados Unidos prepara una operación para “extraer” políticos mexicanos. No existe, al menos públicamente, evidencia que permita sostener semejante escenario. Pero también sería ingenuo ignorar que Washington está elevando el nivel de presión sobre funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales. Ese es el verdadero asunto.

Porque una cosa es que un gobierno mexicano investigue a sus propios funcionarios.Y otra, bastante más humillante, es que tenga que hacerlo el vecino. Entonces sí tendríamos un problema monumental. No solamente para Marina del Pilar. Para Morena.Para la Presidenta. Y para México.

Porque si la famosa transformación presume que nadie está por encima de la ley, llegó el momento de demostrarlo. Aquí no se trata de condenar a nadie por rumores, audios o acusaciones. Se trata de investigar. De transparentar. De esclarecer. Y, si no hay nada, cerrar el expediente con pruebas.

Porque si hay algo peor que tener funcionarios bajo sospecha, es tener instituciones que parezcan demasiado ocupadas protegiéndolos. Y entonces la pregunta que hoy incomoda en Baja California podría terminar siendo mucho más grande: ¿Y si Estados Unidos decide hacerlo? Porque cuando el Estado mexicano no quiere abrir la puerta de la justicia, siempre existe el riesgo de que alguien del otro lado decida entrar por ella.

Para los santos que son

Hay renuncias que dejan un hueco en el gobierno. Y hay otras que apenas dejan espacio para colocar el escritorio del siguiente funcionario. La gobernadora Marina del Pilar Ávila anunció esta semana que cuatro integrantes de su gabinete —Belinda Elizabeth Rodríguez, José Adrián Medina Amarillas, Jesús García Castro y Alejandro Arregui Ibarra— le comunicaron su intención de abandonar sus cargos para buscar una candidatura en 2027.

Hasta ahí, todo legal. Incluso normal. Lo que resulta menos normal es la expectativa que parece acompañar a algunos de ellos: que basta con haber ocupado una silla en el gobierno para que automáticamente el ciudadano deba entregarles otra, pero ahora mediante el voto.

Porque una pregunta elemental se impone: ¿Qué hicieron desde el gobierno que justifique pedir ahora el voto? No qué puesto ocuparon. No cuántas fotografías se tomaron con la gobernadora. No cuántos boletines publicaron. No cuántas veces aparecieron en una mañanera.

Resultados.Eso es lo que deberían llevar consigo cuando salgan a pedir el voto. Y aquí está el detalle: algunos de estos aspirantes han recorrido ya buena parte del camino político. Alejandro Arregui, por ejemplo, fue diputado local por el PRI y hoy forma parte del gabinete morenista como secretario del Trabajo. Una carrera política larga, sin duda. Pero carrera política no necesariamente significa carrera de resultados. Y eso vale para todos.

Porque si la explicación para buscar una candidatura es que Morena sigue arriba en las encuestas, entonces estamos frente a una confesión involuntaria: No necesariamente están confiando en sus propios méritos; están confiando en la marca.

El problema es que las marcas también se desgastan. Morena conserva una ventaja importante en diversas mediciones rumbo a 2027, pero existe un porcentaje considerable de ciudadanos que todavía no decide su voto.

En Ensenada, por ejemplo, una medición de junio ubicó a Morena con 42.2%, pero 20.4% respondió que aún no sabía por quién votaría. Otras colocan a Julieta Ramírez como 36% de intención de voto, con 32% de indecisos. Es decir: todavía hay mucho partido por jugar.Y aquí aparece el verdadero riesgo para Morena y, particularmente, para Marina del Pilar.

Que algunos de sus funcionarios crean que la candidatura es una extensión automática del cargo. Porque una cosa es administrar. Otra muy diferente es convencer. Y otra, todavía más difícil, es ganar.

La gobernadora tampoco atraviesa precisamente por el momento político más cómodo de su administración. Las controversias, los cuestionamientos y los audios que han circulado en torno a sus gestiones ante autoridades estadounidenses no desaparecen porque cuatro funcionarios decidan competir electoralmente. Al contrario. Cada candidato cargará, inevitablemente, con parte del equipaje político del gobierno que lo impulsó.

Y aquí es donde aparece aquella vieja expresión popular que parece escrita para esta ocasión: “Para los santos que son y los milagros que hacen».

Porque si estos funcionarios son los grandes activos electorales del gobierno estatal, Morena debería empezar a preocuparse. No porque sean malos candidatos necesariamente. Sino porque hasta ahora cuesta trabajo encontrar en sus respectivas trayectorias ese milagro administrativo, político o social que explique por qué el ciudadano tendría que premiarlos con un nuevo cargo.

La política mexicana tiene una costumbre extraordinaria: convertir la permanencia en el poder en mérito suficiente para continuar en el poder. Como si ocupar un puesto fuera prueba de capacidad. Como si sobrevivir a una administración fuera un currículum. Como si cambiar de escritorio fuera una promoción automática.

Y no. El ciudadano debería preguntar algo mucho más sencillo: ¿Qué hicieron cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo? Porque si la respuesta no alcanza para convencer, difícilmente alcanzará para ganar.

Y quizá esos cuatro aspirantes terminen descubriendo que el verdadero milagro que Morena necesita no es encontrar candidatos.

Es encontrar candidatos que no le resten. Porque para los santos que son y los milagros que hacen, puede ocurrir exactamente lo contrario: que en lugar de ayudar a cargar la cruz electoral de la causa morenista, terminen agregándole otra piedra a la pesada losa que ya carga la causa marinista.