COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

Si el gobierno de Baja California tuviera derecho a pedir “borrón y cuenta nueva”, probablemente elegiría empezar por la semana de Pascua que acaba de terminar. No porque haya sido particularmente larga —las semanas siguen teniendo siete días— sino porque en ese breve periodo se acumuló suficiente material político como para llenar varios meses de crisis.

Para la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el panorama se ha vuelto una mezcla incómoda de escándalos, rumores persistentes, fracturas políticas y silencios oficiales que, lejos de aclarar, terminan alimentando nuevas preguntas.

El primer ingrediente del cóctel fue la reorganización en el gabinete estatal. La salida del secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez, y la llegada de Juan José Pon se presentó como un ajuste administrativo más. En política, sin embargo, los cambios en la segunda oficina más importante del gobierno rara vez son simples trámites burocráticos. Normalmente son señales. Y cuando las señales aparecen en medio de tormentas políticas, suelen interpretarse como lo que son: control de daños.

Pero la semana todavía tenía más capítulos reservados.

Uno de los escándalos más comentados surgió tras una investigación publicada por Brújula News, que reveló que el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, Armando Carrazco López, está vinculado a la adquisición de una residencia valuada en más de un millón de dólares en La Jolla, California. El propio funcionario reconoció la propiedad, aunque aclaró que el crédito hipotecario está a nombre de su esposa y que la compra se realizó mediante financiamiento a 30 años.

El detalle no sería tan relevante si no fuera porque el tema abrió una caja de Pandora dentro de la propia burocracia estatal. Las denuncias internas comenzaron a circular: favoritismos, uso político de dependencias, recomendaciones incómodas y contratos cuestionados. Incluso el sector empresarial ha pedido auditorías sobre posibles precios inflados en obras de la paraestatal.

En pocas palabras, lo que empezó como una casa terminó convertida en conversación sobre todo el vecindario administrativo… incluyendo administraciones anteriores a partir de la de Manuel Guerrero Luna.

Como si el ambiente político necesitara más combustible, el tema de seguridad tampoco quiso quedarse fuera de la agenda.

El fin de semana pasado un operativo en la colonia Carranza terminó con la detención de varios presuntos operadores del grupo criminal conocido como “Los Rusos”, entre ellos Miguel Germán Martínez Rangel, alias “El Mike”, identificado como uno de los principales distribuidores de droga del grupo en Mexicali.

El cateo ocurrió después de que autoridades recibieran reportes de disparos y música a todo volumen en una fiesta que terminó rodeada por fuerzas estatales y federales durante casi 18 horas.

Pero lo que levantó las cejas en la conversación pública fue que, entre los asistentes detenidos, apareció el nombre de un funcionario estatal vinculado al área de psiquiatría. Nada que no pueda pasar en cualquier reunión social… salvo por el pequeño detalle de que la fiesta incluía presuntos operadores de una de las células criminales más activas en la región.

Mientras tanto, otros temas siguen flotando sin respuesta clara. El asunto de la visa estadounidense retirada a la gobernadora continúa sin una explicación detallada. Tampoco se ha vuelto a hablar con demasiado entusiasmo del episodio en el que a la diputada Alejandra Ang le fueron confiscados más de 800 mil pesos cuando intentaba cruzar a Estados Unidos.

Y en el frente político interno, las fracturas ya dejaron de ser discretas. El distanciamiento entre el exgobernador Jaime Bonilla Valdez y el proyecto político del actual gobierno se ha vuelto evidente, especialmente tras el movimiento de Montserrat Caballero Ramírez fuera de Morena y su posible aterrizaje en el Partido del Trabajo con aspiraciones rumbo a la gubernatura.

Mientras todo esto ocurre, el gobierno estatal mantiene su propia narrativa paralela: giras, inauguraciones, entrega de tarjetas y anuncios de programas sociales. Nada fuera de lo común en la lógica del poder… aunque el contraste con el ruido político resulta, por momentos, casi surrealista.

En las calles, la realidad se expresa de otra manera. Bardas pintadas con nombres de aspirantes que oficialmente “no están en campaña”. Redes sociales convertidas en arena preelectoral. Y portales institucionales de transparencia que permanecen curiosamente incompletos o desactualizados.

Por supuesto, también está la oposición. O lo que queda de ella. Sus intervenciones aparecen de vez en cuando, como esos cometas políticos que se dejan ver cada cierto tiempo, hacen una declaración indignada y desaparecen nuevamente en la órbita del silencio estratégico.

Así, Baja California entra en una etapa curiosa: un gobierno bajo presión, un partido dominante con grietas visibles y una oposición que parece debatirse entre participar o simplemente comentar desde la tribuna.

En este contexto, la pregunta política que empieza a escucharse en más de una mesa ya no es exactamente qué sigue para la gobernadora.

La pregunta, con una mezcla de ironía y preocupación, empieza a ser otra.
No “qué” sigue, sino “cuándo”.

El “tarrayazo” del SATBC

Hay una vieja práctica entre pescadores: lanzar la red lo más amplia posible y ver qué cae. No se elige pez por pez; se tira la atarraya y después se revisa la captura.

Algo muy parecido está ocurriendo hoy con ciertas estrategias recaudatorias del gobierno. Un práctico —y polémico— “tarrayazo”.

En las últimas semanas, el Servicio de Administración Tributaria de Baja California, encabezado por el CP Jesús García Castro, quien por cierto mantiene una intensa gira preelectoral por todo el Estado, ha comenzado a enviar cartas a ciudadanos señalando presuntas omisiones en el pago del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, mejor conocido como impuesto sobre nómina.

No se trata de auditorías formales ni de resoluciones que determinen un crédito fiscal. Son, más bien, “invitaciones” a ponerse al día.

El momento no es menor. Estas acciones coinciden con el lanzamiento del programa “Amigos del SAT”, una iniciativa que, en el discurso, busca facilitar la regularización de contribuyentes, pero que también deja ver un evidente tufo electorero. Y es que, aunque García Castro ha sido un funcionario con trayectoria y resultados en distintos cargos, el contexto termina por ensombrecer el fondo.

El lenguaje de las cartas es cuidadosamente medido: “inconsistencias detectadas”, “posibles omisiones”, “conveniencia de regularizarse para evitar actos de molestia innecesarios”. A simple vista, parecen avisos administrativos sin mayor consecuencia.

Pero detrás de esa cortesía burocrática hay un mecanismo que vale la pena mirar con lupa.
Muchas de estas cartas surgen de cruces de información entre dependencias. Por ejemplo, si en algún momento una persona registró trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el sistema estatal asume que también debió cubrir el impuesto sobre nómina. A partir de ahí, se generan avisos por posibles adeudos, incluso de ejercicios fiscales de años anteriores.

Hasta ahí, nada extraordinario. La tecnología hoy permite detectar inconsistencias con mayor facilidad.

El problema empieza cuando esos avisos apuntan a ejercicios antiguos, algunos ya pasados o cercanos al límite de prescripción que establece la ley para que la autoridad determine contribuciones omitidas.

Y aquí conviene detenerse: la prescripción no es un favor al contribuyente. Es una garantía de seguridad jurídica. La ley fija plazos claros para que la autoridad revise y cobre impuestos, justamente para evitar que las personas vivan indefinidamente bajo la sombra de una posible revisión fiscal.

Dicho de otra forma: el Estado tiene derecho a cobrar, sí, pero también la obligación de hacerlo en tiempo y forma.

Sin embargo, el envío masivo de cartas por periodos viejos parece responder más a una lógica de volumen que a un proceso formal de fiscalización.

El método es sencillo —y financieramente efectivo—: se mandan miles de avisos con montos relativamente bajos. Frente a la incertidumbre o al temor de una auditoría, muchos contribuyentes optan por pagar y cerrar el tema.

Es comprensible. Cuando la cantidad no es alta, lo más práctico suele ser evitarse problemas. Y así, poco a poco, esos “avisos” se convierten en ingresos para la hacienda estatal.

El problema no es recaudar. Esa es una función legítima y necesaria del Estado. El problema es cómo se recauda.

Un sistema fiscal moderno debería sostenerse en reglas claras, procedimientos formales y certeza jurídica. Cuando la recaudación empieza a descansar en insinuaciones administrativas más que en determinaciones legales, lo que se erosiona es la confianza en la autoridad.

El contribuyente cumplido —el que paga a tiempo o regulariza cuando corresponde— no tendría por qué sentirse presionado a pagar sin cuestionar, sólo para evitar complicaciones.
Porque al final, cuando el Estado decide pescar con atarraya, no sólo atrapa a quien incumple. También termina enredando a quien ya había hecho lo correcto… y de paso debilita la credibilidad de programas como ese que, irónicamente, se llama “Amigos del SAT”.