COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

Durante años nos dijeron que el dinero del narcotráfico buscaba comprar alcaldes, gobernadores, diputados, campañas y partidos políticos. Nada nuevo. El crimen organizado siempre entendió que una elección cuesta mucho menos que una guerra. Si puedes comprar un gobierno, ¿para qué conquistarlo a balazos?

Pero el documento dado a conocer recientemente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos introduce un ingrediente mucho más incómodo. Uno que, curiosamente, ha pasado casi desapercibido entre analistas, comentaristas y hasta entre los propios medios de comunicación.

No habla solamente de campañas políticas. Habla también de “medios de comunicación”. Y ahí el silencio dejó de ser casual para convertirse en sospechoso.

Porque una cosa es aceptar que el dinero ilegal financie candidatos. Eso ya forma parte del imaginario colectivo mexicano. Pero otra muy distinta es admitir que ese mismo dinero pudiera haber servido para comprar líneas editoriales, fabricar reputaciones, destruir adversarios, ocultar investigaciones o construir realidades paralelas.

Si el dinero del huachicol fiscal terminaba en campañas políticas, el objetivo era ganar elecciones.

Pero si también llegaba a medios de comunicación, entonces el objetivo era ganar algo todavía más valioso: la narrativa.

Y quien controla la narrativa casi siempre termina controlando la percepción pública.
De pronto muchas piezas comienzan a acomodarse.
¿Por qué ciertos personajes parecían inmunes al escrutinio periodístico?
¿Por qué algunos escándalos morían antes de nacer?
¿Por qué había medios donde determinadas investigaciones simplemente no existían?
¿Por qué algunos periodistas parecían ejercer más como jefes de prensa que como reporteros?
Y, sobre todo, ¿de dónde salía el dinero para sostener verdaderos aparatos de propaganda disfrazados de periodismo?
Porque mantener campañas permanentes de publicidad política cuesta millones.
Las entrevistas complacientes cuestan.
Los espacios «informativos» disfrazados de noticias cuestan.
Los portales que viven para aplaudir también cuestan.
Hasta las tendencias artificiales en redes sociales tienen tarifa.

Y ni hablar de las encuestas. Esas que misteriosamente siempre colocan arriba al cliente que las paga y abajo al adversario que las cuestiona. Esas mediciones que aparecen justo cuando alguien necesita justificar una candidatura, legitimar una decisión política o convencer a la opinión pública de que un personaje es inevitable.

Tal vez algún día también sepamos quién financiaba esas encuestas tan generosas con unos y tan despiadadas con otros.

Porque hacer demoscopia «cuchareada» tampoco resulta barato.

El documento estadounidense no menciona nombres de medios. Todavía. Pero tampoco deja demasiado espacio para la imaginación cuando afirma que recursos provenientes de estas estructuras criminales podían utilizarse para beneficiar a políticos corruptos mediante pagos dirigidos a campañas y medios de comunicación.

La diferencia entre un partido político y un medio debería ser sencilla. El primero busca conquistar el poder. El segundo debería vigilarlo. Cuando ambos terminan alimentándose de la misma bolsa, la democracia deja de tener contrapesos y empieza a parecer un negocio de accionistas.

Quizá por eso el tema ha recibido tan poca atención. Resulta mucho más cómodo discutir qué político recibió dinero que preguntarse qué empresa periodística pudo haber cobrado por callar. Porque si algún día esos nombres salen a la luz, habrá quienes descubran que nunca fueron periodistas independientes. Simplemente estaban en nómina.

Y entonces entenderemos que, en México, no sólo se compraban elecciones. También se rentaba el silencio.

El hilo más delgado de la 4T

En política, el respaldo dura hasta que empieza a costar demasiado. Y Marina del Pilar Ávila parece haber llegado a esa zona incómoda donde ya no basta con una foto, una defensa tibia o un “no hay delito que perseguir”.

Primero, desde Palacio Nacional dijeron que no había información sensible comprometida en los audios. Después, cuando aparecieron más grabaciones y la palabra Panamá entró al guion, la presidenta Claudia Sheinbaum fue más clara: Marina tenía que explicar. Además, dijo que no había hablado con ella.

Para el lenguaje político, eso no es un abrazo. Es el equivalente institucional de dejar a alguien en visto.

No significa que Sheinbaum haya decidido romper con la gobernadora. Tampoco hay prueba de que exista una orden para sacrificarla. Pero sí muestra algo evidente: Marina dejó de ser un problema local y se convirtió en un asunto que incomoda al gobierno federal, justo cuando México necesita hablar con Estados Unidos sin que cada conversación parezca episodio de una serie de espionaje mal actuada.

Porque el problema no es sólo lo que se escucha en los audios. El problema es lo que proyectan: una gobernadora preocupada por su visa, supuestos cargos y contactos con agencias estadounidenses. Y mientras Morena intenta sostener un discurso de soberanía, Baja California ofrece una escena donde la palabra “FBI” aparece más veces de las que cualquier oficina de comunicación quisiera escuchar.

En ese contexto, la judicialización del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel llegó con una difusión oficial tan amplia que inevitablemente alimentó sospechas. La Fiscalía debe investigar y, si tiene pruebas, llevar el caso hasta donde corresponda. Nadie está pidiendo impunidad para Ruffo. Pero cuando el despliegue es tan visible y coincide con el incendio mediático de Marina, la percepción pública hace su trabajo: parece que alguien quiso cambiar de tema.
Tal vez no fue una cortina de humo. Pero en política las cortinas no necesitan venir con etiqueta. Basta con que tapen algo.

El problema para Sheinbaum es que no se trata de un solo frente. Ahí están los costos políticos de los casos y señalamientos alrededor de Rubén Rocha Moya, Adán Augusto López Hernández, Américo Villarreal y Alfonso Durazo. Todos son figuras relevantes de Morena, todos cargan distintos niveles de desgaste público y todos obligan al gobierno a jugar defensa.

Pero no todos pesan igual.

Marina tiene una desventaja: Baja California es frontera, tiene relación diaria con Estados Unidos y su caso incluye visa revocada, audios, posibles intermediarios y agencias estadounidenses. Es un paquete demasiado completo para ignorarlo y demasiado incómodo para defenderlo con entusiasmo.

Por eso empieza a sonar la vieja frase de la política mexicana: “la ley se aplica como una tela”. Se estira, se encoge, se acomoda y, cuando hace falta, se rompe por el hilo más delgado.

No porque Marina sea necesariamente la más débil. Sino porque puede ser la más útil.

Washington presiona por seguridad, migración, comercio y combate al crimen. México necesita avanzar en la relación bilateral y proteger la negociación del T-MEC. En esa mesa, una gobernadora cuestionada puede convertirse en un problema que alguien quiera resolver antes de que crezca.

No hay datos para afirmar que Marina del Pilar sea una moneda de cambio para Donald Trump. Decirlo como hecho sería irresponsable. Pero tampoco sería raro que, en la lógica fría del poder, el gobierno federal calcule cuánto cuesta defenderla y cuánto cuesta dejar que enfrente sola las consecuencias políticas de sus propias explicaciones.

La tragedia para Marina es que ya no depende sólo de lo que diga. Depende de cuánto desgaste esté dispuesto a absorber el gobierno que hasta hace poco la respaldaba.
Y cuando una gobernadora pasa de ser defendida a “tener que explicar”, conviene revisar si el hilo todavía está unido a la tela… o si ya empezaron a jalarlo.