COLUMNA INVITADA/ Por Fernando Ruiz del Castillo

En política hay un principio que nunca falla: quien más presume transparencia suele ser quien más se incomoda cuando alguien le pide abrir un expediente.

La narrativa oficial insiste en que el nuevo «derecho de las audiencias» pretende proteger a los ciudadanos de la desinformación. Suena noble. Hasta democrático. El problema es que esa cruzada empieza por vigilar a quienes hacen preguntas y no a quienes tienen las respuestas.

Porque, seamos francos, el mayor generador de información inaccesible en México no son los medios de comunicación. Es el propio gobierno.

Resulta casi entrañable escuchar desde Palacio Nacional discursos sobre el derecho de los mexicanos a recibir información veraz, mientras cientos de expedientes permanecen clasificados, contratos aparecen parcialmente testados, auditorías llegan incompletas y los costos reales de las grandes obras públicas siguen siendo un acertijo digno de un concurso de televisión.

Es el mundo al revés.

El gobierno quiere convertirse en árbitro de la verdad… sin enseñar el marcador.

Si realmente existe un compromiso con las audiencias, el examen no debería empezar en una redacción periodística. Debería comenzar en el escritorio de cada secretario de Estado, director de organismo, general, almirante, delegado, gobernador, senador, diputado, alcalde y funcionario que vive del presupuesto.

Publiquen las declaraciones patrimoniales completas.

No las versiones descafeinadas donde desaparecen propiedades, montos, inversiones y cualquier dato que pudiera despertar curiosidad ciudadana.

Publiquen también las declaraciones fiscales.

Las declaraciones de intereses.

Los contratos.

Los anexos técnicos.

Las auditorías.

Las bitácoras de obra.

Los convenios.

Los informes financieros.

Las evaluaciones de desempeño.

Los padrones auditables de programas sociales.

Las compras de medicamentos.

Las adjudicaciones directas.

Los subsidios reales del AIFA.

Los costos definitivos del Tren Maya.

Las cuentas finales de Dos Bocas.

Los estados financieros de las empresas administradas por las Fuerzas Armadas.

Los convenios internacionales en materia migratoria.

Las cifras completas sobre desaparecidos.

Las investigaciones sobre fosas clandestinas.

Los informes de inteligencia que, curiosamente, casi siempre encuentran refugio bajo el paraguas de la «seguridad nacional».

Si de verdad quieren defender el derecho de las audiencias, ahí tienen una magnífica oportunidad.

Porque las audiencias no necesitan un gobierno que les diga qué noticia creer.

Necesitan un gobierno que deje de esconder los documentos con los cuales pueden verificar por sí mismas quién dice la verdad.

La ironía alcanza niveles extraordinarios.

Hace apenas unos años, Morena repetía que la opacidad era el combustible de la corrupción. Que bastaba abrir las ventanas para que entrara el aire fresco de la democracia. Que nunca más habría gobiernos que escondieran información pública.

Hoy las ventanas siguen donde mismo.

Lo único que cambió fue el grosor de las cortinas.

Y mientras más se habla de transparencia, más reservas aparecen.

Más documentos desaparecen del escrutinio.

Más expedientes permanecen cerrados.

Más respuestas se convierten en «información clasificada».

Más decisiones públicas terminan protegidas por el viejo recurso burocrático del «no se puede entregar».

La pregunta entonces deja de ser jurídica.

Se vuelve política.

¿Por qué un gobierno que asegura tener la autoridad moral más alta de la historia necesita reservar tanta información?

¿Por qué si las grandes obras son tan exitosas cuesta tanto conocer cuánto costaron realmente?

¿Por qué si el combate a la corrupción es un emblema resulta tan complicado conocer con detalle quién contrata, cuánto cobra, quién supervisa y quién responde por los sobrecostos?

¿Por qué un ciudadano debe litigar durante meses para obtener información que fue pagada con sus propios impuestos?

Tal vez porque el verdadero problema nunca fueron las noticias falsas.

El verdadero problema siempre ha sido la información verdadera… cuando resulta incómoda para el poder.

En ese contexto, hablar del derecho de las audiencias sin garantizar primero el derecho de acceso pleno a la información pública es construir una casa empezando por el techo.

No existe audiencia libre sin ciudadanos informados.

No existen ciudadanos informados cuando el gobierno administra el acceso a los documentos como si fueran propiedad privada.

Y no existe democracia sólida cuando el poder pretende convertirse simultáneamente en juez, parte y verificador de la verdad.

La credibilidad no nace de una reforma legal.

Mucho menos de un discurso mañanero.

La confianza se construye abriendo archivos, mostrando contratos, exhibiendo auditorías, transparentando patrimonios y aceptando preguntas incómodas sin esconder las respuestas en un cajón con sello de «reservado».

Porque el día que el gobierno publique todo aquello que hoy mantiene bajo llave, ese día ya no tendrá que preocuparse por el derecho de las audiencias.

Las audiencias, simplemente, tendrán con qué juzgarlo.

Crónica de una traición anunciada

En la política de Baja California, los principios parecen cambiar tan rápido como el clima. La última sorpresa nos deja ver un ejercicio puro de supervivencia: la reunión entre la senadora con licencia Julieta Ramírez, el exgobernador Jaime Bonilla y el operador político Jesús Ruiz Uribe.

Aunque antes parecían estar en bandos contrarios, hoy posan juntos y sonríen para las cámaras. Pero lo más llamativo de este encuentro no es la alianza en sí, sino la clara distancia que la legisladora ha decidido poner respecto a su otrora mentora y amiga, la gobernadora Marina del Pilar.

La lealtad en la política a veces dura lo que duran las buenas rachas. ¿Para qué quedarse cargando con los problemas y el desgaste de una administración estatal complicada, cuando se puede buscar nuevas alianzas pensando en el futuro?

Las redes sociales no tardaron en reaccionar con críticas, señalando que la misma política que creció bajo la sombra del gobierno estatal hoy busca acomodo en otros espacios para asegurar su camino político.

Es el clásico drama donde los afectos caducan en cuanto dejan de ser convenientes. Mientras el barco oficial enfrenta momentos difíciles, Julieta prefiere voltear hacia otro lado.

Al final, nos queda esta escena muy humana: abrazos fríos y mucho cálculo político donde la amistad real parece ser lo de menos. Los ciudadanos observan una vez más cómo los actores cambian de bando con total facilidad, dejando claro que en la política los afectos duran muy poco.