Un grupo de jubilados y pensionados de la Delegación D-IV-1 de la Sección 2 del SNTE se reunió para definir acciones concretas ante los problemas laborales y de transparencia que enfrentan tras un presunto desfalco millonario.En la reunión se tomaron cuatro acuerdos principales.

El primero es presentar el viernes 30 de octubre, a las 11:00 horas, una demanda colectiva por robo, fraude y abuso de confianza ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo del abogado Guillermo Rivera.En segundo lugar, los jubilados acordaron solicitar una auditoría externa cuyos resultados sean dados a conocer a todos los pensionados.

También exigirán la entrega de los resultados de la auditoría interna que la Sección 2 mandó realizar el viernes 16 de octubre.Como tercer punto, se decidió nombrar un Comité de Vigilancia y Seguimiento.

Este órgano, entre otras funciones, se hará cargo de manera temporal de las finanzas de la Delegación para cubrir el pago de servicios y el mantenimiento de la Casa del Jubilado, hasta que se concrete el cambio de directiva delegacional.

Por último, los asistentes exigieron que se realice la Asamblea Delegacional Estatutaria y Extraordinaria de cambio de directiva, de conformidad con los estatutos vigentes del sindicato.

La reunión se enmarca en la solicitud formal de asamblea ordinaria o extraordinaria que un grupo de jubilados presentó el 4 de junio de 2024 ante la secretaria general de la Delegación D-IV-1, Marta Guadalupe Cázares Chávez.

En ese documento, los firmantes señalaron dudas sobre el seguro institucional, el fondo de retiro, el fondo de defunción, los aumentos salariales de los últimos años, el rechazo a la UMA para el cálculo de pensiones y el destino de un terreno donado por el municipio para una casa de retiro, entre otros temas pendientes.

Los participantes reiteraron que, de acuerdo con los estatutos, las asambleas ordinarias deben realizarse cada seis meses para presentar, entre otros asuntos, el informe de actividades y de finanzas del Comité Delegacional.

La estigmatización de la prensa y los cuestionamientos al trabajo periodístico forman parte de la confrontación pública que rodea a la política bajacaliforniana, en un contexto en el que la senadora con licencia de Morena, Julieta Ramírez, ha denunciado presuntas campañas de desprestigio en su contra y ha cuestionado -y evadido- la cobertura de distintos medios de comunicación.

En la edición de este lunes, de su podcast “Enlace informativo”, la legisladora sostuvo que algunas publicaciones responden a una estrategia para dañar su imagen y la de su movimiento político. En agosto pasado, aseguró haber identificado cerca de un millón de pesos en publicidad negativa en redes sociales, mientras que en septiembre rechazó información periodística relacionada con un supuesto acuerdo de colaboración con autoridades estadounidenses, que calificó como falsa.

La controversia plantea una discusión sobre los límites entre la crítica legítima a los medios, el derecho de réplica de los actores políticos y la descalificación del ejercicio periodístico, sobre a la luz de las no-invitaciones a diversos medios críticos a sus ruedas de prensa en Mexicali.

Centrada en el tema publicado por el medio digital nativo “Los Angeles Press” sobre las facilidades que habría obtenido la morenista para lograr concretar su grado de maestría en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Ramírez comentó en la sección “Modus operandi” dedicada a demostrar estrategias “falsas y mentirosas” de los medios, que era una “página web; no un medio impreso ni un noticiero”, demeritando a los medios digitales e infiriendo que estos son menos confiables que los medios tradicionales.

Ramírez puso en pantalla a los medios que han retomado la nota tras las declaraciones de la UABC sobre la integración de una investigación al respecto de los estudios de maestría. También hizo menos la información de Los Angeles Press por tratarse de Guadalupe Lizárraga, una periodista que fue candidata del PRD en la pasada elección de 2024 en busca de la alcaldía de Mexicali.

La diputada federal del PAN por Baja California, Eva María Vásquez, consideró necesario esclarecer las presuntas irregularidades que involucran a la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, tras los señalamientos de corrupción y su renuncia al cargo.

La legisladora advirtió que este tipo de situaciones pone en entredicho el funcionamiento de las instituciones públicas y subrayó la importancia de investigar a fondo cualquier denuncia relacionada con el manejo de responsabilidades dentro de los organismos del Estado.

Vásquez sostuvo que las autoridades competentes deben actuar conforme a derecho y determinar si existen elementos para imponer sanciones administrativas o proceder por la vía judicial contra quienes resulten responsables.

Señaló que el Congreso de la Unión cuenta con atribuciones para impulsar medidas que fortalezcan la vigilancia institucional y eviten que hechos similares se repitan; sin embargo, afirmó que estos mecanismos requieren voluntad política para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

Para concluir, Eva María cuestionó la disposición del bloque oficialista para promover controles efectivos contra la corrupción y reiteró que el esclarecer los señalamientos de la presidente del INE debe ser una prioridad, a fin de preservar la confianza ciudadana en las instituciones electorales.