Aclara Álvarez que protocolo de manifestaciones no es para reprimir
La Secretaría General de Gobierno, encabezada por Alfredo Álvarez Cárdenas, reaccionó calificando como infundadas, las observaciones que hiciera en una columna publicada en este medio el abogado Guillermo Rivera, director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. y fundador de Justicia que Transforma México A.C. en torno al Protocolo de Actuación Gubernamental para la Prevención y Atención de Manifestaciones y/o Protestas en Baja California, publicado el 25 de julio pasado en el Periódico Oficial del Estado.
En comunicado de prensa, el funcionario señala que dicho protocolo no impone requisitos a la ciudadanía ni condiciona el derecho a la protesta; no establece sanciones ni crea obligaciones para la ciudadanía. Por el contrario, busca garantizar el derecho a la manifestación, la libertad de expresión y la protesta pacífica, señalan.
El abogado indicó en su análisis que «el documento establece que los ciudadanos deben informar con al menos 48 horas de anticipación sobre cualquier protesta pública. Se exige especificar nombre del responsable, ruta, duración, número estimado de participantes, y aceptar la presencia de observadores institucionales. Asimismo, los organizadores deben colaborar en un Plan de Atención elaborado por el Grupo de Coordinación. Estas obligaciones, lejos de facilitar el derecho, podrían volverlo dependiente de procedimientos que, en la práctica, inhiben la espontaneidad del reclamo social».
Efectivamente, el protocolo no especifica que los ciudadanos tengan que informar con anterioridad su intención de manifestarse (lo que sí es requisito en el protocolo de Ciudad de México), pero los datos: nombre, instancia aludida, convocantes, descripción, demanda o tema, tiempo, lugar, recorrido, reincidencia de manifestación y circunstancias, sí los contempla el documento. Estos datos serán recabados mediante la «Agenda de Previsiones» que coordinará la Secretaría General de Gobierno.
«Este instrumento tiene como único fin establecer directrices para las y los servidores públicos del Poder Ejecutivo, de manera que su actuación ante manifestaciones sociales se rija por los principios de respeto a los derechos humanos, diálogo y atención institucional», subrayan desde la dependencia estatal.
Dicha estrategia, aclaran, es resultado de la Agenda Nacional de Coordinación de los Derechos Humanos impulsada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y está homologado al Protocolo Tipo promovido por el Gobierno de México. Añaden que Baja California, es el tercer Estado en contar con este protocolo, existe en Ciudad de México y Zacatecas.
Además el comunicado establece que se dirige al personal gubernamental para que cuente con herramientas de resolución pacífica de concflictos, además de garantizar la prevención de la violencia y la atención con enfoque especializado para grupos vulnerables.
Lo anterior le da legitimidad a la iniciativa; el comunicado hace énfasisque el protocolo es un marco de actuación para los servidores públicos con enfoque en derechos humanos. Sin embargo, la existencia de protocolos gubernamentales siempre puede generar suspicacias: si no hay garantías plenas de transparencia, su uso podría derivar en monitoreo o control indirecto de las manifestaciones, lo que sí tendría un potencial efecto inhibitorio.
En la práctica, el protocolo podría ser positivo si efectivamente limita el uso de la fuerza y protege el derecho a la protesta. Pero si se utiliza para identificar líderes, vigilar o anticipar movilizaciones con fines políticos, podría transformarse en una herramienta de disuasión.
Si bien el comunicado busca proyectar un mensaje de protección y respeto, su protocolización implica coordinación institucional que puede dar lugar a monitoreo preventivo si no hay claridad en su aplicación práctica.
A diferencia del protocolo de Ciudad de México donde se regulan claramente los niveles de fuerza y se establece notificación oficial, en Baja California hay menor transparencia sobre los mecanismos concretos.
Comparada con el Protocolo Tipo federal, Baja California declara alineación, pero sin detallar cómo se implementan herramientas como los enlaces para medios, puntos de evacuación o distensión de escalamientos.
Estatal
El mal uso de las denuncias de violencia política también tienen consecuencias: experto
El abogado Antonio Sorela Castillo llamó a establecer un equilibrio entre la protección de las mujeres frente a la violencia política en razón de género y el respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, al señalar que las denuncias sin fundamento también pueden tener consecuencias legales y afectar la vida profesional y personal de los comunicadores.
Durante el curso “La Actividad Periodística frente a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” Sorela Castillo, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, sostuvo que los procedimientos para atender este tipo de violencia no deben considerarse, por sí mismos, actos de censura, pues también buscan visibilizar las agresiones que enfrentan las mujeres después de conquistar espacios de participación política.
“Una cosa es que una mujer llegue y otra cosa es que pueda ejercer el cargo libremente de violencia”, expresó el especialista, al señalar que el objetivo de la legislación no debe limitarse a garantizar que las mujeres accedan a puestos públicos, sino que puedan gobernar, administrar un municipio, expresar sus opiniones e intervenir en las decisiones de un cabildo sin enfrentar agresiones.
Sin embargo, advirtió que estos mecanismos también pueden ser utilizados por personas que buscan deslegitimar el trabajo de los periodistas. Explicó que los procedimientos por violencia política en razón de género pueden iniciarse a petición de parte o de oficio, situación que, consideró, debe observarse para evitar que algunas personas pretendan asumir el papel de defensoras de las mujeres con el propósito de emprender acciones contra comunicadores.
“No es censura, es solamente regular que se tienen que hacer las cosas conforme a derecho”, afirmó.
Sorela Castillo sostuvo que el ejercicio periodístico debe realizarse con libertad, pero también con responsabilidad y respeto a los derechos de las mujeres. En ese sentido, señaló que las transformaciones sociales y legales obligan a revisar las prácticas tradicionales de la profesión para evitar que los contenidos periodísticos vulneren derechos.
El abogado explicó que, en materia electoral, existen dos vías para atender estos casos: la denuncia por un posible delito electoral y el procedimiento especial sancionador. Indicó que los periodistas deben conocer los procedimientos y las instancias legales correspondientes para defenderse cuando consideren que una denuncia en su contra carece de fundamento.
Detalló que, cuando exista una resolución definitiva que permita establecer que una denuncia fue falsa, el comunicador puede valorar acciones legales por la vía penal, conforme a lo previsto en el Código Penal de Baja California, así como una demanda civil por daños y perjuicios.
Entre los conceptos que podrían reclamarse mencionó el daño moral, los gastos legales, los daños materiales e inmateriales, el lucro cesante —correspondiente a los ingresos que se dejaron de percibir— y posibles medidas de restitución, de acuerdo con las circunstancias del caso y las determinaciones judiciales.
Mexicali
Toman padres de familia la Secundaria Técnica 32; exigen cubrir plazas docentes
Ante la falta de personal docente y administrativo, padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 32, ubicada en el fraccionamiento Villa Bonita, tomaron los accesos al plantel para exigir a las autoridades educativas una solución definitiva.
De acuerdo con Eduardo Salgado, padre de familia de la institución, la problemática se ha prolongado por más de dos años sin recibir una respuesta que permita garantizar la cobertura de las clases y las actividades escolares.
Entre las plazas pendientes se encuentran las correspondientes a las asignaturas de refrigeración, cómputo y educación física, además de la falta de un prefecto, situación que ha generado inconformidad entre las familias de los estudiantes.
Salgado señaló que la tarde del día anterior la escuela informó, a través de sus redes sociales, sobre la asignación de personal para atender las vacantes. Sin embargo, indicó que, según la información que recibió, únicamente se incorporaría un docente.
El padre de familia subrayó que la exigencia no se limita a la contratación de personal interino, sino a que las autoridades garanticen su permanencia en el plantel, pues, aseguró, en ocasiones los docentes dejan de recibir sus pagos y terminan por retirarse, lo que provoca que el problema se repita.
Ante esta situación, las familias mantienen su exigencia de que las autoridades educativas atiendan las vacantes pendientes y brinden una solución que permita regularizar las actividades escolares en beneficio de los alumnos.
Estatal
Transportistas mantienen paro nacional y realizan cierre parcial de vialidades
En el segundo día del paro nacional de transportistas, integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) de Mexicali realizaron un cierre parcial de vialidades frente al edificio del Gobierno del Estado, en el Centro Cívico de Mexicali, para mantener sus manifestaciones y exigir respuestas concretas a sus demandas.
Ismael Reyes de la Rosa, delegado de la Canacar en Mexicali, indicó que hasta el momento no han recibido una respuesta que permita avanzar en la solución de sus planteamientos, por lo que continuarán con las acciones de protesta en espera de nuevas indicaciones de la dirigencia nacional.
Reconoció que Canacar no suele recurrir a este tipo de movilizaciones; sin embargo, sostuvo que las mesas de trabajo que durante años se han mantenido con las autoridades no han dado los resultados esperados.
El delegado explicó que, aunque existe información sobre la posibilidad de establecer un diálogo con las autoridades federales en las próximas horas, hasta el momento no cuentan con una confirmación concreta sobre los alcances o resultados de ese posible acercamiento.
Mencionó que la movilización realizada este día ya estaba contemplada dentro de las acciones del paro nacional, por lo que los transportistas procedieron a ejecutarla mientras esperan instrucciones de la dirigencia nacional de Canacar.
El representante transportista reiteró que el objetivo es lograr avances reales mediante acuerdos con las autoridades, ante la falta de resultados de los mecanismos de diálogo implementados anteriormente.
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