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Reportaje

Sube violencia y baja inversión en seguridad en Cajeme, Sonora

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Por Erick Higuera Alfaro

Mientras la violencia se incrementa en Cajeme, Sonora, la inversión destinada a la capacitación de policías es cada vez menor y el proyecto de construir la primera Universidad del Policía de México quedó desde hace dos años en el olvido, sin embargo, el evento para colocar la primera piedra de este plantel tuvo un costo de 1 millón de pesos.

*Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

Las autoridades del municipio de Cajeme, Sonora, colocaron la primera piedra de lo que se convertiría en la Universidad de Seguridad Pública y Protección Ciudadana el pasado 1 de marzo de 2021. 

A dos años del evento, la obra quedó en el olvido y lo único que hay en el terreno de 10 hectáreas donde se construiría la academia policial que atendería hasta 2 mil 500 aspirantes, sigue siendo una piedra.

Pese a que en 2021 el ayuntamiento de Cajeme anunció que proyectaban más de 10 millones de pesos de inversión inicial, el alcalde en turno, Javier Lamarque Cano (2021-2024), se deslindó de la obra, pues aseguró que fue un asunto de la pasada administración encabezada por Sergio Pablo Mariscal Alvarado (2018-2021), de Morena.

Al ser cuestionado, Lamarque Cano confirmó que el evento de colocación de la primera piedra tuvo un costo de 1 millón de pesos, sin embargo, señaló que su gobierno no tiene contemplado o presupuestado la construcción de la universidad.

Javier Lamarque Cano, presidente municipal de Cajeme.
Crédito: Cinema Blue Bird.

“Se tenía pensado un presupuesto de 15 millones para la Universidad del Policía; finalmente no se aplicaron”, aseguró el actual alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano.

No obstante, los indicadores de inseguridad del municipio denotan la necesidad de que los agentes policiacos sean capacitados y equipados para poder enfrentar la violencia que se vive en la ciudad.

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado de Sonora es la cuarta entidad con más homicidios y el municipio de Cajeme es el que tiene más víctimas por este delito.

Ciudad Obregón en Cajeme es una de las ciudades con más homicidios al mantener una tasa de 138.23 por cada 100 mil habitantes, según lo reportado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en su ranking internacional de las 50 ciudades con más homicidios.

La gravedad de la situación que se vive en Cajeme ha tomado visibilidad a nivel nacional recientemente debido a casos como el asesinato de un médico en enero de este año o el ataque armado donde falleció una bebé de dos años que viajaba en automóvil con sus padres. 

Cabe destacar que el estado de fuerza en el municipio es de 537 policías, lo que representa una tasa nacional de 1.24 policías por cada mil habitantes, pese a que el estándar mínimo que establece el Modelo Óptimo de la Función Policial en México es de 1.8 policías por cada mil habitantes.

 Imagen actual del predio donde se construiría la universidad del policía que muestra que únicamente se colocó la primera piedra.
Crédito: Cinema Blue Bird.

La creación del colectivo Madres Buscadoras, agrupación integrada por mujeres que se dan a la tarea de tratar de localizar los cuerpos y osamentas de sus familiares desaparecidos, refleja también la necesidad de incrementar la seguridad en el municipio.

“Yo no conozco al presidente de Cajeme, cuando realizamos búsquedas en ese municipio lo hacemos con recursos propios o con lo que juntamos cada quien de sus trabajos, nos completamos, también con recursos que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. No hemos recibido ningún apoyo por parte de ellos”, explicó Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

“La Guardia Nacional”, agregó, “nos acompaña en nuestras búsquedas y estamos muy agradecidas con ellos. El Gobernador Alfonso Durazo nos facilita los vehículos en los que nos trasladamos a campo, la herramienta para búsqueda, y en algunas ocasiones nos apoyan con vales de gasolina”.

Cecilia Patricia Flores, lideresa del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.
Crédito: Cinema Blue Bird.

Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ubican a Sonora en el cuarto lugar nacional con más homicidios y colocan al municipio de Cajeme con mayor número de víctimas.

Los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía confirman también que hasta el cierre de 2022 el 90.1 por ciento de los habitantes dijo sentirse inseguro de vivir en la ciudad.

Y mientras la violencia ha aumentado en el municipio, el número de agentes policiacos y también el dinero destinado a capacitación y entrenamiento de los elementos ha disminuido. 

 El monto destinado a capacitación de agentes policiacos en Cajeme ha disminuido con los años, siendo 2020 el año en que no se recibió recurso.
Crédito: Carlos Mendoza

Mediante solicitudes de acceso a la información pública, el ayuntamiento de Cajeme reconoció que de 4 millones 87 mil pesos destinados a capacitación en 2017, la cifra bajó hasta 684 mil pesos en 2022.

Respecto al monto designado para entrenamiento policial, de 4 millones 125 mil pesos que se presupuestaron en 2017, para 2022 el monto descendió a 1 millón 250 mil pesos.

Llama la atención que los apoyos para el mismo rubro que anteriormente eran otorgados por el gobierno federal como el programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg) fue suspendido en el año 2021. 

Estos recursos se destinaban principalmente para compra de patrullas nuevas, equipo táctico, armas, uniformes y accesorios de trabajo para los elementos de policía.

No obstante, el programa para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) se mantuvo al otorgarle al municipio de Cajeme 325 mil 570 pesos en 2022, un monto muy bajo comparado con los más de 23 millones que recibió el municipio en la última entrega de recursos en 2020, según información que el ayuntamiento de Cajeme entregó vía solicitudes de transparencia.

El programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg) que otorgaba el Gobierno Federal desapareció desde el 2021.
Crédito: Carlos Mendoza.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los homicidios ocurridos en la entidad han ido en aumento, principalmente en los últimos 3 años; la cifra pasó de 740 en el 2010 a 2 mil 88 homicidios en 2021, lo que significa un incremento de 182 por ciento.

Para el caso del municipio de Cajeme la tendencia es similar, pero con niveles más drásticos pues en el periodo analizado, (2010-2021) la cifra pasó de 69 homicidios registrados en 2010 a 743 en 2021, un aumento de 977 por ciento.

Durante 2022 se registraron 526 asesinatos y en 2023 hasta el mes de marzo sumaban 175 homicidios; entre las víctimas del presente año se encontraban dos elementos policiacos y 21 mujeres. 

 Imagen aérea de Ciudad Obregón, Sonora.
Crédito: Cinema Blue Bird.

José Larrinaga Talamantes, especialista en temas de seguridad pública de Sonora y ex vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado, señaló que el problema de la violencia en Cajeme sí tiene solución, siempre y cuando se reconozca la gravedad del problema y se invierta en él.

“Cuando se reconozca el problema y gravedad de los hechos violentos por parte de las autoridades, pudieran aplicar diferentes acciones como legislar penas más severas a los delincuentes y otorgar más recursos y herramientas de trabajo a las corporaciones policiacas” comentó Larrinaga Talamantes.

“La realidad y los hechos violentos compartidos en medios sobre todo en redes sociales, dista mucho de la realidad que muchos políticos quieren proyectar con supuestas disminuciones en las acciones violentas” explicó el especialista.

“La población sigue aumentando, la violencia también, sin embargo los elementos con los que el estado cuenta para realizar labores preventivas e investigativas son muy pocos alrededor de 800 elementos para todo el estado de Sonora”, indicó José Larrinaga.

José Larrinaga Talamantes, especialista en seguridad pública de Sonora.
Crédito: Cinema Blue Bird.

Para el cierre del año 2022, la inseguridad resultó ser la principal preocupación de la población de Sonora mayor de 18 años, alcanzando un 61.4 por ciento y estando dos puntos arriba del promedio nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 que realiza el INEGI.

Habitantes y personas trabajadoras de diferentes colonias de Ciudad Obregón coincidieron en la sensación de inseguridad que hay en el municipio, al destacar que las situaciones de violencia pueden presentarse a cualquier hora del día. 

Ricardo Meza, quien es propietario de un negocio de alimentos ubicado en la colonia Oscar Ruso Vogel, comentó sentir que sus vidas peligran diariamente debido a la inseguridad en la ciudad.

“Uno está peligrando en el día a día aquí en Obregón con la situación de la violencia que se está viviendo, en cualquier lado te puede tocar una mala experiencia”, explicó el trabajador. 

José Beltrán, empleado de una frutería, coincidió en que pueden convertirse en víctimas sólo por ir a trabajar. 

“Yo no me siento seguro, pero ¿qué puedo hacer? Tengo que estar aquí trabajando”, agregó. 

“No se siente uno con la confianza de decir ya son las seis y voy para al super. No se puede andar en la calle” comentó María Jesús Valenzuela comerciante de mariscos en la colonia Las Palmas.

Durante la elaboración de este reportaje se buscó entrevista tanto con María Dolores del Río, secretaría de Seguridad Pública de Sonora como con Claudia Indira Contreras, fiscal de Justicia del Estado. En ambas oficinas se firmó de recibido el oficio de solicitud de cita pero con ninguna se obtuvo respuesta. 

Ilustración: Carlos Mendoza

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Rechaza Marina intervención en campañas negras

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, rechazó este lunes cualquier relación de su administración o de ella misma con las publicaciones de N+ contra Julieta Ramírez Padilla y su exesposo, Carlos Torres Torres.

Aseguró que se trata de una estrategia para generar divisiones dentro de Morena y achacó la autoría a «la derecha», pues señalar a Gobierno del Estado «no tiene ningún sentido».

Durante la conferencia mañanera de este lunes Avila Olmeda señaló que el medio que realizó la investigación a partir de la denuncia anónima contra su expareja es el mismo que publicó el reportaje sobre la senadora con licencia Ramírez Padilla; “Al rato van a decir que yo fui contra mi expareja.

Entonces no es cierto, no tenemos nada que ver, lo están haciendo con el fin de generar divisiones internas”, afirmó.

La mandataria calificó la denuncia como “anónima, un mamotreto”, en el que ni siquiera han sido notificadas varias personas supuestamente involucradas.

Dirigiéndose a Julieta Ramírez y al resto de los aspirantes a la candidatura de Morena rumbo a 2027, la gobernadora expresó respeto, cariño, compañerismo y unidad. “Como todos los aspirantes, de mí siempre van a recibir respeto, cariño, compañerismo, unidad, como todos, y he sido muy respetuosa con todos ellos y he evitado justamente que se generen este tipo de circunstancias”.

Desestimó las versiones de que algunos pretenden contar con “todo el apoyo del estado” o lo contrario, y sostuvo que el objetivo es meter al gobierno estatal en el asunto para dividir. “Es la derecha, es la derecha, la oposición no es interna, es la derecha”, enfatizó.

La mandataria agregó que no se distraerá en “esas campañitas que no tienen ningún resultado, ningún objetivo” y que está concentrada en su trabajo como gobernadora.

Las declaraciones se dan en el contexto de las recientes publicaciones de N+ Focus sobre un supuesto acuerdo de colaboración (proffer agreement) de la senadora Julieta Ramírez con autoridades de Estados Unidos, reportaje que la propia legisladora ha desmentido y calificado de falso, y que se suma a indagatorias previas del mismo medio sobre el entorno de la gobernadora.

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Amenazan a reporteros por difusión de vertedero ilegal de aguas negras en San Quintín

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Un reportaje del medio Ensenada en Crisis Noticias sobre descargas ilegales de aguas negras en San Quintín, ocasionó que los periodistas Delia Cornejo y Francisco Ybarra recibieran amenazas telefónicas, lo cual denunciaron en un video en vivo esta noche.

El reportaje señala que vecinos de la colonia Santa Fe y del rancho La Trinidad alertaron sobre un grave problema de contaminación ambiental que amenaza el manto freático y la salud pública de la región.

Según denuncias presentadas ante autoridades federales desde 2025, se realizan descargas ilegales de aguas residuales y residuos de agroquímicos en fosas a cielo abierto sin impermeabilización.

El problema, que comenzó con un olor insoportable reportado por los habitantes, escaló cuando un pozo de agua potable cercano dio positivo a la bacteria E. coli y tuvo que ser clausurado de emergencia. Las familias que dependían de ese suministro ya no cuentan con agua segura.

De acuerdo con la información difundida, al sitio llegan camiones pipa de la empresa Vector Servicios de Drenaje (también identificada como Vector Servicio de Drenaje para Fosas Sépticas), que vierten desechos fecales con patógenos, además de aguas residuales provenientes del triple lavado de envases de fertilizantes y plaguicidas. Esta mezcla tóxica se filtra directamente al suelo y amenaza con contaminar el acuífero y la cadena alimenticia de toda la zona.

Una denuncia anónima presentada el 29 de septiembre de 2025 ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) documenta las descargas ilegales en un predio baldío ubicado cerca del rancho La Trinidad, en la colonia Santa Fe Braulio Maldonado. El documento solicita una inspección urgente ante el riesgo de contaminación del acuífero y posibles brotes de enfermedades respiratorias o gastrointestinales.

Los vecinos señalan que el predio se ha convertido en un tiradero clandestino a plena luz del día. Especialistas y denunciantes advierten que se trata de un delito ambiental grave tipificado en el artículo 416 del Código Penal Federal, que sanciona la infiltración de contaminantes en el subsuelo con penas de hasta nueve años de prisión y multas que pueden superar los tres millones de pesos, aplicadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Los periodistas dicen desconocer quién les llamó, y deciden hacerlo público y anunciaron que tomarán acciones legales.

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Negociaría Julieta Ramírez ser testigo protegido de Estados Unidos, dice N+, pero no muestra pruebas fehacientes

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La senadora con licencia de Morena por Baja California, Julieta Ramírez Padilla, quien aspira a la candidatura de su partido al gobierno del estado en 2027, se encuentra bajo investigación del gobierno de Estados Unidos y negocia convertirse en testigo colaborador del Departamento de Justicia, según un reportaje de la unidad de investigación NMás Focus, sin embargo no muestran documentación que muestre el nombre de la señalada.

De acuerdo con la información, el medio obtuvo acceso a un proffer agreement (acuerdo de proffer) firmado entre la oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el condado de San Diego y Ramírez Padilla, el cual no muestran. Este tipo de acuerdo permite a una persona investigada o a un testigo entregar información sobre posibles delitos a cambio de que esa declaración no sea utilizada directamente en su contra en un eventual juicio.

En el documento, dice N+, se establece que Ramírez se reuniría con autoridades estadounidenses para que estas evalúen si puede aportar información confiable a cambio de algún beneficio. Asimismo, se compromete a no cometer perjurio ni obstruir la justicia. Una vez más, sin mostrar pruebas fehacientes.

La senadora con licencia solicitó el 17 de junio de 2026 una licencia en el Senado para buscar la candidatura morenista al gobierno de Baja California. Esa misma semana comenzaron a distribuirse volantes en Tijuana posicionándola como precandidata. El 1 de septiembre, el Instituto Estatal Electoral le ordenó retirar toda propaganda tras una queja del Partido Acción Nacional por presunta anticipación de campaña.

Ramírez Padilla mantiene una relación cercana con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, de quien fue secretaria particular cuando esta encabezaba el Ayuntamiento de Mexicali. En julio, la propia gobernadora reconoció haber intentado colaborar con autoridades estadounidenses en una investigación, luego de que meses antes le fuera revocada su visa.

La senadora compite internamente por la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en Baja California con Ismael Burgueño, Alejandro Ruiz Uribe, Evangelina Moreno, Fernando Castro Trenti, Alfredo Álvarez y Armando Ayala.

El periodista Luis Chaparro ya había adelantado información sobre un presunto acuerdo entre la senadora con licencia y las autoridades estadounidenses en su medio, Pie de Página, hace un par de semanas.

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