Reportaje
Fuerza policial de Baja California al servicio de servidores públicos
Tijuana es el gobierno municipal que más policías destina a la custodia de funcionarios públicos en Baja California, con 104 elementos, y el total de los 243 agentes comisionados en la entidad representan un gasto de poco más de 55 millones de pesos anuales, de acuerdo con respuestas emitidas vía transparencia y bases de datos de nóminas consultadas. Esta investigación revela cómo los municipios y el estado destinan recursos y personal a labores de custodia de funcionarios, mientras que Baja California se ubica en el quinto sitio con mayor índice de homicidios en México.
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Por Juan Carlos Frausto II
Seis corporaciones policiacas en Baja California, cinco municipales y una estatal, tienen a 6 mil 478 agentes en la nómina, de los cuales 243 están comisionados a la custodia de funcionarios públicos de los cinco municipios del estado, de acuerdo con datos obtenidos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Conforme a la información disponible en la plataforma de transparencia un policía municipal recibe un sueldo, en promedio, de 19 mil pesos mensuales. En este sentido, los 243 agentes comisionados como escoltas de funcionarios representan un gasto de poco más de 55.4 millones de pesos anuales.
Además, los policías que realizan trabajos de custodia reciben como incentivo una cantidad adicional de 3 mil pesos a la catorcena, informó el director de Seguridad, Pedro Ariel Mendivil.
“Si tienes alguna comisión por hacer alguna actividad como por ejemplo el que es seguridad mía o de un mando, pues tiene una compensación extra, que varía de los 3 mil a los 10 mil pesos”, expresó.
La investigación arroja que el Ayuntamiento de Tijuana, a cargo de Montserrat Caballero Ramírez, es el gobierno municipal que más agentes policiacos destina a la custodia de servidores públicos de acuerdo con una respuesta emitida vía transparencia, teniendo un total de 104 elementos.
Después continúa la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California que cuenta con 840 agentes, de los cuales, 57 se dedican a la custodia de funcionarios.
Le sigue el Ayuntamiento de Ensenada a cargo de Armando Ayala Robles, con 33 agentes; Tecate a cargo de Edgar Darío Benítez Ruiz, con 19; Ayuntamiento de Mexicali a cargo de Norma Bustamante Martinez, con 17; y el Ayuntamiento de Rosarito a cargo de Araceli Brown Figueredo, con 13. Todos emanados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Mientras que una parte de los elementos policiacos son destinados a labores de custodia de los funcionarios, la incidencia delictiva en Baja California va en aumento.
El estado fronterizo de Baja California se ubica en el quinto sitio con mayor índice de homicidios en México con mil 24 casos registrados desde enero hasta mayo de 2023, siendo mayo el mes con mayor incidencia del año, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad (SESNSP).
Además, de acuerdo con el Programa Nacional de Seguridad Pública 2022-2024 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que analiza la tendencia delictiva de los últimos años, durante el 2020, el 13 por ciento de los homicidios en el país se concentraron en seis entidades federativas: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Michoacán y Jalisco.

Esta investigación también presenta casos que han evidenciado un mal uso de los elementos policiacos destinados a labores de custodia.
Para la realización de este reportaje, fue solicitada la opinión del tema de custodios en los diferentes municipios. Con fecha del 16 de agosto se les hizo llegar un documento que, salvo Tijuana, todas las corporaciones (Tecate, Ensenada, Playas de Rosarito y Mexicali) respondieron de recibido vía correo electrónico o vía celular, pero no emitieron ninguna respuesta oficial.
Al cierre de este reportaje, únicamente Mexicali y Ensenada respondieron. Cabe destacar que Ensenada no quiso brindar información del tema, aludiendo a “principios de confidencialidad” basados en la Ley de Seguridad Ciudadana para el Estado de Baja California.
Alcaldesa de Tijuana se resguarda en cuartel
El caso más residente de uso particular de la fuerza policial, es el de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, quien ha manifestado públicamente que ha sido amenazada por grupos delictivos, por lo que desde junio del 2023, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habilitaron una habitación dentro del cuartel militar para mantenerla bajo vigilancia, lo cual ha quedado documentado en notas periodísticas.
Cabe destacar que el total de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal del gobierno actual en Tijuana, es de 2 mil 444 policías adscritos según el documento con el folio DGT-XXIV-1233/2023 solicitado a través de la Unidad de Transparencia del ayuntamiento.

Crédito: Juan Carlos Frausto
Sin embargo, pese a que los elementos realizan tareas únicamente de vigilancia a servidores públicos, en algunos casos han llegado a ser utilizados para brindar apoyo a personas ajenas al gobierno.
Ejemplo de ello es lo ocurrido el pasado 14 de junio de 2022 en Tijuana, cuando agentes de la Secretaría de Seguridad de Baja California detuvieron a una unidad asignada a la seguridad de la alcaldesa Montserrat Caballero, luego de que cometiera una infracción de tránsito.
El reporte indica que en la unidad viajaba David Caballero Ramírez, hermano de la alcaldesa quien manifestó que la apoyaba en actividades de secretariado, aunque nunca ha tenido nombramiento público en el Ayuntamiento de Tijuana, este hecho también fue documentado por medios de comunicación de la localidad.
El Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señaló que Baja California tiene una tasa de 0.4 policías preventivos por cada mil habitantes, esto es un déficit de 5 mil 016 policías, tomando en cuenta los estándares mínimos que establece SESNSP dentro del Modelo Óptimo de Función Policial que apunta a una cobertura de 1.8 policías preventivos estatales por cada mil habitantes.
El déficit corresponde en específico a elementos estatales adscritos a instituciones de procuración de justicia o del Sistema Penitenciario, quienes realizan trabajos para enfrentar los niveles de violencia e inseguridad en el estado.

Crédito: Adán Mondragón.
Alcalde de Ensenada, el segundo con más escoltas en BC
El Ayuntamiento de Ensenada a cargo de Ayala Robles, vigente para el periodo 2021-2024, tiene 33 agentes policiacos asignados a la custodia de servidores públicos según datos obtenidos vía transparencia. Es el segundo municipio con más policías destinados a esta labor en el estado.
Después continúa el municipio de Tecate donde el gobierno está a cargo de Benítez Ruiz desde 2021 y hasta 2024, los elementos asignados para funciones de custodia de servidores públicos es de 19.
En otro municipio, Playas de Rosarito, donde el gobierno municipal es presidido por Araceli Brown Figueredo desde 2019 a 2021 y desde 2021 hasta 2024, hay un total de 13 elementos en ese rubro, cuando la nómina policiaca es de 240 agentes en total, lo que representa un 5.4 por ciento del cuerpo policíaco.
Para obtener el número exacto de policías asignados para custodia de servidores públicos en la Dirección de Seguridad Municipal de Mexicali fue presentada la solicitud vía Transparencia con el folio 020058723000342, pero la dependencia se negó a responder argumentando que es información que pondría en riesgo la seguridad de los involucrados en la custodia.
Sin embargo, el director de Seguridad Municipal, Pedro Ariel Mendivil, respondió en entrevista para este reportaje que la cifra de agentes asignados para custodia es de 17 en total.
A lo que sí dio respuesta la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, fue al número total de agentes en la corporación, donde dijeron contar con mil 791 policías adscritos, según el folio de respuesta de la Unidad de Transparencia con número DSPM/RH/1290/2023.
Durante una reciente comparecencia ante el Congreso local, el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Leopoldo Tizoc Aguilar, aseguró que el número de agentes con los que cuenta la corporación es de 840, de los cuales, 57 están destinados a trabajos de custodia.

En Mexicali, la directiva de la Asociación de Policías, que dirige Antonio Navarrete, a través de su área especializada, calcularon que el número de agentes ronda los 881 agentes policiacos.
Por otra parte en Tijuana, fuentes de una agrupación de policías comentaron que hay un aproximado de 250 agentes retirados, lo que llevaría a que la fuerza policiaca sea de aproximadamente 2 mil 194 agentes en activo.
No hay regulación vigente sobre custodia a servidores
El estado carece de una base normativa para mediar los servicios de custodia y seguridad privada en el estado, aunque existe una iniciativa que busca que haya una regulación en el tema.
El pasado 23 de enero de 2023, la diputada panista Santa Alejandrina Corral Quintero presentó en el Congreso Local una iniciativa para adicionar artículos a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California y tener una especificación legal en el tema.
La diputada comentó que se debe impedir el uso indiscriminado de escoltas, así como la asignación indebida para las personas que por la naturaleza de su cargo no requieran o acrediten su necesidad.
Dicha propuesta plantea la posibilidad de que exista un Padrón de Escoltas Pública, además de otros estudios como el definir qué servidores públicos estatales realmente necesitan de un servicio de escolta.
Lo que sí existió en su momento fue un decreto emitido por el ex secretario general de Gobierno de Baja California durante el periodo 2019 a 2021, Amador Rodríguez Lozano, el cual ofrecía servicios de custodia a dos personas que estaban por concluir su cargo, incluyéndolo a él.
El decreto fue publicado el 27 de octubre de 2021 en el Periódico Oficial de Baja California, apenas cuatro días antes de dejar el cargo en el gobierno.
La publicación establecía que tanto el secretario general de Gobierno, además de quien fuera presidente de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, podrían disponer de hasta tres elementos de custodia durante el lapso de un año.
En el caso del titular del sistema penitenciario, el decreto establecía que podría tener una duración de un año y extenderse por tiempo indefinido.
Además se estableció en el decreto que los sujetos, quienes pasarían a ser ex funcionarios en unos días después, podrían disponer de vehículos y gastos para combustible, todo ello con cargo al erario.

Crédito: Juan Carlos Frausto
Custodia de servidores públicos por ineficacia en uso de recursos
Roberto Quijano Sosa, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC), señaló que la custodia para servidores públicos es un ejemplo de ineficacia en la forma en que se utilizan los recursos de seguridad.
Por otra parte, dijo, funcionarios que puedan tener una situación de riesgo por el desempeño de su cargo, tienen derecho también a ese apoyo en su seguridad. “En este caso aplica para la persona que esté al frente de la Fiscalía General del Estado o del Sistema Penitenciario, por citar algún ejemplo”, indicó.
El dirigente, que fue regidor del XXII Ayuntamiento de Tijuana y es especialista en materia de seguridad, puntualizó que las autoridades destinan recursos para custodia y en algunas ocasiones se puede prestar para que el agente comisionado se dedique a otras actividades ajenas a la guarda y custodia de servidor público.
“En algunas ocasiones se ha incurrido en un abuso de esa protección, porque a veces llega a funcionarios públicos que no deberían estar dentro de este esquema de protección o hasta llegar al absurdo de proteger a familiares”, comentó.

Crédito: Juan Carlos Frausto
En Mexicali analizan dejar servicios de custodia
Pedro Ariel Mendivil, director de Seguridad en Mexicali, aseguró que buscan eliminar la comisión de agentes en un futuro, al ser cuestionado en este reportaje sobre estas asignaciones a labores de custodia.
Explicó que al momento hay 17 policías comisionados de funcionarios públicos, aunque aseguró que antes de que él llegara al gobierno, había una cifra mayor y ahora buscan eliminar por completo está comisión.
“La política institucional nos lleva a ir terminando con esas comisiones para que se puedan sumar a la función operativa”, comentó.
Respecto a los criterios para considerar una condición de riesgo en un servidor público, contestó que es la Unidad de Inteligencia quien determina dichos factores en base a situaciones de riesgo.
Por otra parte, aseguró que la dirección no ofrece servicios de custodia a terceras personas fuera del gobierno, pues remarcó que, además de que el reglamento no lo permite, actualmente en dicho municipio tienen un déficit de mil policías en la corporación.
Ilustración: Carlos Mendoza
Reportaje
Rechaza Marina intervención en campañas negras
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, rechazó este lunes cualquier relación de su administración o de ella misma con las publicaciones de N+ contra Julieta Ramírez Padilla y su exesposo, Carlos Torres Torres.
Aseguró que se trata de una estrategia para generar divisiones dentro de Morena y achacó la autoría a «la derecha», pues señalar a Gobierno del Estado «no tiene ningún sentido».
Durante la conferencia mañanera de este lunes Avila Olmeda señaló que el medio que realizó la investigación a partir de la denuncia anónima contra su expareja es el mismo que publicó el reportaje sobre la senadora con licencia Ramírez Padilla; “Al rato van a decir que yo fui contra mi expareja.
Entonces no es cierto, no tenemos nada que ver, lo están haciendo con el fin de generar divisiones internas”, afirmó.
La mandataria calificó la denuncia como “anónima, un mamotreto”, en el que ni siquiera han sido notificadas varias personas supuestamente involucradas.
Dirigiéndose a Julieta Ramírez y al resto de los aspirantes a la candidatura de Morena rumbo a 2027, la gobernadora expresó respeto, cariño, compañerismo y unidad. “Como todos los aspirantes, de mí siempre van a recibir respeto, cariño, compañerismo, unidad, como todos, y he sido muy respetuosa con todos ellos y he evitado justamente que se generen este tipo de circunstancias”.
Desestimó las versiones de que algunos pretenden contar con “todo el apoyo del estado” o lo contrario, y sostuvo que el objetivo es meter al gobierno estatal en el asunto para dividir. “Es la derecha, es la derecha, la oposición no es interna, es la derecha”, enfatizó.
La mandataria agregó que no se distraerá en “esas campañitas que no tienen ningún resultado, ningún objetivo” y que está concentrada en su trabajo como gobernadora.
Las declaraciones se dan en el contexto de las recientes publicaciones de N+ Focus sobre un supuesto acuerdo de colaboración (proffer agreement) de la senadora Julieta Ramírez con autoridades de Estados Unidos, reportaje que la propia legisladora ha desmentido y calificado de falso, y que se suma a indagatorias previas del mismo medio sobre el entorno de la gobernadora.
Reportaje
Amenazan a reporteros por difusión de vertedero ilegal de aguas negras en San Quintín
Un reportaje del medio Ensenada en Crisis Noticias sobre descargas ilegales de aguas negras en San Quintín, ocasionó que los periodistas Delia Cornejo y Francisco Ybarra recibieran amenazas telefónicas, lo cual denunciaron en un video en vivo esta noche.
El reportaje señala que vecinos de la colonia Santa Fe y del rancho La Trinidad alertaron sobre un grave problema de contaminación ambiental que amenaza el manto freático y la salud pública de la región.
Según denuncias presentadas ante autoridades federales desde 2025, se realizan descargas ilegales de aguas residuales y residuos de agroquímicos en fosas a cielo abierto sin impermeabilización.
El problema, que comenzó con un olor insoportable reportado por los habitantes, escaló cuando un pozo de agua potable cercano dio positivo a la bacteria E. coli y tuvo que ser clausurado de emergencia. Las familias que dependían de ese suministro ya no cuentan con agua segura.
De acuerdo con la información difundida, al sitio llegan camiones pipa de la empresa Vector Servicios de Drenaje (también identificada como Vector Servicio de Drenaje para Fosas Sépticas), que vierten desechos fecales con patógenos, además de aguas residuales provenientes del triple lavado de envases de fertilizantes y plaguicidas. Esta mezcla tóxica se filtra directamente al suelo y amenaza con contaminar el acuífero y la cadena alimenticia de toda la zona.
Una denuncia anónima presentada el 29 de septiembre de 2025 ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) documenta las descargas ilegales en un predio baldío ubicado cerca del rancho La Trinidad, en la colonia Santa Fe Braulio Maldonado. El documento solicita una inspección urgente ante el riesgo de contaminación del acuífero y posibles brotes de enfermedades respiratorias o gastrointestinales.
Los vecinos señalan que el predio se ha convertido en un tiradero clandestino a plena luz del día. Especialistas y denunciantes advierten que se trata de un delito ambiental grave tipificado en el artículo 416 del Código Penal Federal, que sanciona la infiltración de contaminantes en el subsuelo con penas de hasta nueve años de prisión y multas que pueden superar los tres millones de pesos, aplicadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Los periodistas dicen desconocer quién les llamó, y deciden hacerlo público y anunciaron que tomarán acciones legales.
Reportaje
Negociaría Julieta Ramírez ser testigo protegido de Estados Unidos, dice N+, pero no muestra pruebas fehacientes
La senadora con licencia de Morena por Baja California, Julieta Ramírez Padilla, quien aspira a la candidatura de su partido al gobierno del estado en 2027, se encuentra bajo investigación del gobierno de Estados Unidos y negocia convertirse en testigo colaborador del Departamento de Justicia, según un reportaje de la unidad de investigación NMás Focus, sin embargo no muestran documentación que muestre el nombre de la señalada.
De acuerdo con la información, el medio obtuvo acceso a un proffer agreement (acuerdo de proffer) firmado entre la oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el condado de San Diego y Ramírez Padilla, el cual no muestran. Este tipo de acuerdo permite a una persona investigada o a un testigo entregar información sobre posibles delitos a cambio de que esa declaración no sea utilizada directamente en su contra en un eventual juicio.
En el documento, dice N+, se establece que Ramírez se reuniría con autoridades estadounidenses para que estas evalúen si puede aportar información confiable a cambio de algún beneficio. Asimismo, se compromete a no cometer perjurio ni obstruir la justicia. Una vez más, sin mostrar pruebas fehacientes.
La senadora con licencia solicitó el 17 de junio de 2026 una licencia en el Senado para buscar la candidatura morenista al gobierno de Baja California. Esa misma semana comenzaron a distribuirse volantes en Tijuana posicionándola como precandidata. El 1 de septiembre, el Instituto Estatal Electoral le ordenó retirar toda propaganda tras una queja del Partido Acción Nacional por presunta anticipación de campaña.
Ramírez Padilla mantiene una relación cercana con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, de quien fue secretaria particular cuando esta encabezaba el Ayuntamiento de Mexicali. En julio, la propia gobernadora reconoció haber intentado colaborar con autoridades estadounidenses en una investigación, luego de que meses antes le fuera revocada su visa.
La senadora compite internamente por la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en Baja California con Ismael Burgueño, Alejandro Ruiz Uribe, Evangelina Moreno, Fernando Castro Trenti, Alfredo Álvarez y Armando Ayala.
El periodista Luis Chaparro ya había adelantado información sobre un presunto acuerdo entre la senadora con licencia y las autoridades estadounidenses en su medio, Pie de Página, hace un par de semanas.
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