COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

Dicen que al que ahorcan en lunes, la semana no le pinta bien. Y todo indica que ese viejo refrán decidió instalarse en Baja California. Desde el pasado lunes 22 de junio, cuando el periodista Héctor de Mauleón publicó en El Universal un audio atribuido a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, los días no han dejado de acumularle nubarrones políticos.

La mandataria hizo lo que cualquier político en apuros suele hacer: negó categóricamente la interpretación del contenido, aunque reconoció la autenticidad del audio. El problema es que una conferencia de prensa cuidadosamente controlada puede contener muchas respuestas, pero difícilmente disipa las preguntas cuando éstas siguen multiplicándose al terminar el evento. Y eso fue exactamente lo que ocurrió.

Llamó la atención que, casi de inmediato, anunciara un viaje de tres días a la Ciudad de México para sostener diversas reuniones de trabajo. Entre ellas, otra más sobre el ya recurrente IMSS-Bienestar. Nadie discute que gobernar implique viajar; lo curioso es la sincronía. En política, las casualidades suelen tener menos credibilidad que las promesas de campaña.

Pero cuando parecía que la conversación giraría exclusivamente alrededor del audio, llegó un nuevo ingrediente. El sábado, The New York Times publicó un reportaje firmado por Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer en el que sostiene que, durante los últimos años, al menos una decena de gobernadores, legisladores y otros funcionarios mexicanos habrían buscado discretamente acercamientos con autoridades estadounidenses, incluidas agencias como la DEA, para proporcionar información sobre otros actores políticos. Según el diario, esa estrategia tendría un objetivo muy específico: adelantarse a eventuales investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado o actos de corrupción.

El reportaje menciona, entre otros casos, los nombres de los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, ambos señalados previamente en distintas versiones periodísticas. Más allá de la veracidad o del destino que tengan esas investigaciones, el mensaje político es contundente: Washington continúa enviando señales de que observa con lupa a la clase gobernante mexicana.

Y es precisamente ahí donde conviene unir los puntos. En apenas una semana, el gobierno mexicano ha recibido una serie de «drones informativos» lanzados desde Estados Unidos. Primero, filtraciones, revelaciones periodísticas y versiones que colocan nuevamente sobre la mesa el tema de la relación entre política y crimen organizado; después, un reportaje internacional que exhibe una aparente lucha silenciosa entre actores políticos por ganar tiempo, protegerse o, incluso, sacrificar a otros antes de ser sacrificados ellos mismos.

No significa que exista culpabilidad alguna. Tampoco prueba delitos. Pero sí confirma que la narrativa ya no la controla únicamente el gobierno mexicano. Hoy, buena parte de la presión política parece fabricarse desde expedientes, filtraciones y medios extranjeros.

Quizá eso explique el nerviosismo que comienza a percibirse en algunos despachos oficiales. Porque cuando los mensajes dejan de enviarse por canales diplomáticos y empiezan a llegar mediante filtraciones periodísticas perfectamente sincronizadas, el destinatario entiende que ya no se trata de simples advertencias.

Son recordatorios.
Y los recordatorios, cuando provienen del vecino del norte, rara vez llegan por accidente.

Depurar antes de lamentar

La semana que terminó dejó una de esas noticias que obligan a guardar el sarcasmo por unos minutos. Dos elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana fueron asesinados en ataques distintos en Mexicali. Más allá de uniformes, cargos o corporaciones, se trata de vidas humanas arrebatadas violentamente y de familias que hoy cargan con un duelo que nunca debió llegar.

Pero una cosa es condenar los asesinatos y otra muy distinta cerrar los ojos ante la realidad que desde hace tiempo acompaña a esa corporación.

La FESC nació para convertirse en una policía preventiva moderna, confiable y cercana a la ciudadanía. Sin embargo, con el paso de los años su imagen pública se ha ido desgastando a fuerza de denuncias, señalamientos y una percepción social que dista mucho de inspirar confianza.

Hacia el interior, quienes conocen la institución hablan de favoritismos, nepotismo, ascensos inexplicables y una disciplina que parece aplicarse dependiendo del apellido o de las amistades. La meritocracia suele quedarse estacionada en el mismo lugar donde se guardan las patrullas.

Hacia el exterior, las redes sociales se han convertido en un incómodo archivo ciudadano. Cada vez son más frecuentes los videos donde aparecen agentes con el rostro cubierto irrumpiendo en domicilios, rompiendo puertas, candados o portones durante operativos cuya legalidad termina siendo cuestionada por los propios afectados. A ello se suman denuncias sobre la desaparición de dinero, joyas, computadoras y otros bienes durante cateos o intervenciones que, en muchos casos, terminan siendo materia de investigación o de litigios.

No corresponde emitir sentencias anticipadas. Para eso existen las fiscalías y los jueces. Lo que sí corresponde es reconocer que cuando una corporación acumula durante años ese nivel de desconfianza ciudadana, el problema dejó de ser un asunto de percepción para convertirse en un problema institucional.

Los recientes asesinatos deberían encender todas las alarmas, no solamente por la gravedad de los ataques contra la autoridad, sino porque podrían representar el inicio de una escalada que nadie desea. Hoy fueron elementos de la FESC. Mañana podrían ser policías municipales, agentes investigadores o cualquier servidor público relacionado con tareas de seguridad.

Y si la respuesta oficial consiste únicamente en aumentar patrullajes, organizar homenajes y prometer que «no habrá impunidad», estaremos administrando consecuencias en lugar de resolver causas.

La verdadera respuesta pasa por una depuración profunda.

No una simulación para la fotografía ni un relevo de mandos que cambie nombres para que todo siga igual. Una revisión integral de controles de confianza, patrimonio, desempeño, vínculos internos y externos, mandos, procedimientos y protocolos. Los buenos policías merecen mejores salarios, equipo, protección y respaldo institucional. Son ellos quienes diariamente ponen en riesgo su vida y no deberían cargar además con el desprestigio provocado por unos cuantos.

En cambio, quienes hayan traicionado el uniforme deben enfrentar la ley sin contemplaciones. Porque proteger a los malos policías termina siendo la forma más rápida de poner en peligro a los buenos.

La seguridad pública no puede construirse sobre corporaciones divididas entre quienes sirven a la ley y quienes simplemente aprendieron a usarla como escudo.
Antes de que sigamos contando policías asesinados, sería conveniente empezar a contar cuántos policías necesitan salir de la corporación.

Porque depurar ya no es una opción política.
Es una necesidad de supervivencia institucional.