Matices: la 4T nunca se equivoca
Una de las características de la forma de gobernar de los gobiernos morenistas es que nunca se equivocan. Es decir, sí se equivocan mucho y muy seguido, pero parece que está en el decálogo del partido, no aceptar jamás sus errores.
Ante cada metida de pata, hay que encontrar una justificación, explicación, chivo expiatorio, choro mareador o lo que haya a mano para no dar marcha atrás a algún desafortunado dicho, decisión o publicación que se haya hecho.
El último ejemplo es la pedida de renuncia al director de Atención al Migrante, José Luis Pérez Canchola, y la forma en la que se hizo. Reclamarle de forma grosera a quien es una institución en la defensa de los derechos humanos en Baja California por haber hecho su trabajo, y exigirle su renuncia, como si eso disfrazara la decisión de correrlo, es a todas luces un error.
Pero como ya dijimos que la 4T nunca se equivoca, hoy por fin salió el Ayuntamiento de Tijuana a dar un posicionamiento (justificación) sobre esa decisión. Antes de eso, desde las oficinas municipales estuvieron haciendo muchas llamadas a los medios aliados (léase con contrato de publicidad) para que le bajaran tres rayitas al asunto y no le siguieran metiendo leña al fuego, pues la noticia hizo eco en medios nacionales.
En la conferencia mañanera de este jueves y tras una hora de otros temas, por fin alguien preguntó sobre el asunto. A continuación, el contenido del texto que mal-leyó el infiltrado de Carlos Torres y secretario de Gobierno, Arnulfo Guerrero y entre paréntesis lo que en verdad quiso decir.
«Como gobierno, reconocemos y respetamos profundamente la importancia de la opinión personal, sin embargo es importante que las posturas públicas de los funcionarios representen una visión integral que fortalezca la acción gubernamental y que estén coordinadas como hemos venido trabajando desde que inició esta administración; de la mano con los ordenes de gobierno reflejando una visión coordinada y constructiva que respalde los objetivos de esta administración que encabeza el doctor Ismael Burgueño Ruiz, presidente municipal de Tijuana».
(Como gobierno, nos importa un comino que tengan una buena opinión de José Luis Pérez Canchola, sin embargo, no podemos permitir que se maneje con autonomía en el tema en el que es experto, y no espere instrucciones o autorización antes de decir o hacer algo).
«El licenciado Pérez Canchola ha sido un defensor incansable de los derechos humanos y su trabajo en la Dirección de Atención al Migrante ha sido importante para atender a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, es por eso que resaltamos que la decisión tomada no se basa en desacuerdos personales ni en censura, sino en una necesidad de mantener una narrativa institucional, alineada con los objetivos de este gobierno; especialmente en un tema tan sensible como la migración».
(El licenciado Pérez Canchola ha hecho tan bien su trabajo, que estamos siendo opacados por él. Nosotros deberíamos estar dando declaraciones sobre los migrantes en los medios y no él, por eso lo corrimos).
«La atención a las personas migrantes sigue siendo una prioridad en este gobierno. Estamos trabajando para garantizar que Tijuana continue siendo un lugar de refugio solidario y respeto a los derechos humanos».
(Dejen de hacerla de tos por este asunto, ya pusimos de encargada de despacho a quien me asesoraba en materia de Derechos Humanos. (Paréntesis del paréntesis: por lo visto le faltó la asesoría sobre despidos injustificados).
«Lo más importante aquí no son las diferencias, sino el compromiso que todos tenemos con Tijuana y con quienes más lo necesitan. Este gobierno seguirá trabajando para garantizar que nuestra ciudad sea un lugar de esperanza, solidaridad y de oportunidades para todas las personas».
(Lo más importante aquí no es que lo hayamos corrido y acusado de mentiroso y exagerado, sino la oportunidad que le dimos a mi asesora. Este gobierno seguirá trabajando para asegurarse que ningún funcionario se vaya por la libre).
Muchas organizaciones, académicos, activistas, promotores y asociaciones han criticado la decisión del Ayuntamiento de Tijuana y exigido el regreso de Pérez Canchola, pero como el carro de la 4T no tiene reversa, con el posicionamiento del Fufo ya dejaron claro que no hay marcha atrás.

Hoy publicó la gobernadora que se reunió en Tijuana con el alcalde de San Felipe, José Luis Dagnino. Aunque el tema era energético, esperamos que lo haya llamado en corto y le haya pedido explicaciones sobre el actuar de su oficial mayor, que fue denunciado por Odette Guereña, representante del Sindicato de Burócratas, cuando le dio un empujón al pretender asistir a una reunión en su oficina, según narró la víctima. La mandataria tampoco se ha pronunciado al respecto.
Cambiando de tema, el lunes de la semana pasada el presidente de Cotuco anunció que los boletos «sueltos» para la Serie del Caribe se empezarían a vender esta semana, algo que los aficionados del estado esperan con ansias.
Los organizadores siguen apostando por impulsar solo la venta de abonos.

Hablando de la Serie del Caribe, el día de la inauguración, el viernes 31 de enero, habrá dos manifestaciones en el monumento a Benito Juárez. Por la mañana contra el reemplacamiento, para que lo quiten de la ley de ingresos; y por la tarde los colectivos y familiares de desaparecidos pedirán justicia y no olvido por parte de las autoridades.
Circula una foto en redes invitando a los asistentes a la apertura de la Serie del Caribe a abuchear a la gobernadora. Rechiflas famosas son la que se llevó Roberto de la Madrid Romandía en la toma de posesión de Ernesto Ruffo, el 1 de noviembre de 1989, en el Auditorio del Estado. Otra es la que se llevó Miguel de la Madrid Hurtado cuando inauguró el Mundial de Futbol en el Estadio Azteca, en 1986. También al «querido» López Obrador lo abuchearon en la inaguración del nuevo estadio de los Diablos Rojos, en marzo del 2019.
A ver si no se inventan los Boletos del Bienestar y reparten entradas entre los morenistas para asegurar aplausos. Mejor no les doy ideas.
Estatal
Reprueba víctima indirecta uso de presuntos falsos testimonios
Este martes se llevó a cabo otra audiencia del caso Amparito, referente a la muerte de una adulta mayor causada por una jauría propiedad de dos mujeres imputadas, madre e hija. En esa diligencia se escuchó el testimonio de ambas.
La víctima indirecta, la abogada Ana Lidia Soto, hija de Amparito, señaló molesta que las mujeres hicieron ver a su madre como una mujer en abandono y a ella como una mujer violenta por zarandear al nieto de una de las acusadas, acción que niega categóricamente.
También rechazó la afirmación de que “no le llegaron al precio” y que medio millón de pesos no les alcanzaría para intentar un acuerdo reparatorio. Las acusadas ofrecieron un testimonio de refutación para el viernes, mientras que a ella ya la liberaron como testigo, no dándole la oportunidad de rebatir la versión de las acusadas.
La abogada publicó un video en sus redes denunciando amenazas desde el primer día, y la revictimización que le hacen desde el sistema de justicia.
Estatal
El mal uso de las denuncias de violencia política también tienen consecuencias: experto
El abogado Antonio Sorela Castillo llamó a establecer un equilibrio entre la protección de las mujeres frente a la violencia política en razón de género y el respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, al señalar que las denuncias sin fundamento también pueden tener consecuencias legales y afectar la vida profesional y personal de los comunicadores.
Durante el curso “La Actividad Periodística frente a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” Sorela Castillo, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, sostuvo que los procedimientos para atender este tipo de violencia no deben considerarse, por sí mismos, actos de censura, pues también buscan visibilizar las agresiones que enfrentan las mujeres después de conquistar espacios de participación política.
“Una cosa es que una mujer llegue y otra cosa es que pueda ejercer el cargo libremente de violencia”, expresó el especialista, al señalar que el objetivo de la legislación no debe limitarse a garantizar que las mujeres accedan a puestos públicos, sino que puedan gobernar, administrar un municipio, expresar sus opiniones e intervenir en las decisiones de un cabildo sin enfrentar agresiones.
Sin embargo, advirtió que estos mecanismos también pueden ser utilizados por personas que buscan deslegitimar el trabajo de los periodistas. Explicó que los procedimientos por violencia política en razón de género pueden iniciarse a petición de parte o de oficio, situación que, consideró, debe observarse para evitar que algunas personas pretendan asumir el papel de defensoras de las mujeres con el propósito de emprender acciones contra comunicadores.
“No es censura, es solamente regular que se tienen que hacer las cosas conforme a derecho”, afirmó.
Sorela Castillo sostuvo que el ejercicio periodístico debe realizarse con libertad, pero también con responsabilidad y respeto a los derechos de las mujeres. En ese sentido, señaló que las transformaciones sociales y legales obligan a revisar las prácticas tradicionales de la profesión para evitar que los contenidos periodísticos vulneren derechos.
El abogado explicó que, en materia electoral, existen dos vías para atender estos casos: la denuncia por un posible delito electoral y el procedimiento especial sancionador. Indicó que los periodistas deben conocer los procedimientos y las instancias legales correspondientes para defenderse cuando consideren que una denuncia en su contra carece de fundamento.
Detalló que, cuando exista una resolución definitiva que permita establecer que una denuncia fue falsa, el comunicador puede valorar acciones legales por la vía penal, conforme a lo previsto en el Código Penal de Baja California, así como una demanda civil por daños y perjuicios.
Entre los conceptos que podrían reclamarse mencionó el daño moral, los gastos legales, los daños materiales e inmateriales, el lucro cesante —correspondiente a los ingresos que se dejaron de percibir— y posibles medidas de restitución, de acuerdo con las circunstancias del caso y las determinaciones judiciales.
Mexicali
Toman padres de familia la Secundaria Técnica 32; exigen cubrir plazas docentes
Ante la falta de personal docente y administrativo, padres y madres de familia de la Escuela Secundaria Técnica número 32, ubicada en el fraccionamiento Villa Bonita, tomaron los accesos al plantel para exigir a las autoridades educativas una solución definitiva.
De acuerdo con Eduardo Salgado, padre de familia de la institución, la problemática se ha prolongado por más de dos años sin recibir una respuesta que permita garantizar la cobertura de las clases y las actividades escolares.
Entre las plazas pendientes se encuentran las correspondientes a las asignaturas de refrigeración, cómputo y educación física, además de la falta de un prefecto, situación que ha generado inconformidad entre las familias de los estudiantes.
Salgado señaló que la tarde del día anterior la escuela informó, a través de sus redes sociales, sobre la asignación de personal para atender las vacantes. Sin embargo, indicó que, según la información que recibió, únicamente se incorporaría un docente.
El padre de familia subrayó que la exigencia no se limita a la contratación de personal interino, sino a que las autoridades garanticen su permanencia en el plantel, pues, aseguró, en ocasiones los docentes dejan de recibir sus pagos y terminan por retirarse, lo que provoca que el problema se repita.
Ante esta situación, las familias mantienen su exigencia de que las autoridades educativas atiendan las vacantes pendientes y brinden una solución que permita regularizar las actividades escolares en beneficio de los alumnos.
Por su parte, la Secretaría de Educación, a través de ficha informativa, dijo que ya se está atendiendo el tema, y se enviaron las claves vacantes que había para asignación de DISICAMM.
«Así también, se validó para cubrir de manera interina, al docente que se encuentra en protocolo en la secundaria (el profesor que está a disposición)», precisaron.
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