En septiembre de 2026, Morena designó a Julieta Ramírez como coordinadora estatal “de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California” tras un proceso interno con aspirantes entre los que estaban Ismael Burgueño, Armando Ayala, Fernando Castro Trenti, Evangelina Moreno y otros.

El nombramiento se anunció en el World Trade Center de la Ciudad de México, con participación de Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, y en el acompañamiento y posterior celebración estuvieron entre muchos otros, Rafael Buenrostro y Francisco Molina Pérez, personajes polémicos. El primero por haber sido mencionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como implicado en la red de huachicol y lavado de dinero; el segundo por haberse visto implicado en la comisión de al menos tres delitos, y aun así haber conseguido una carta de no antecedentes penales.
Por cierto, sería interesante saber quién fue quien lo metió a la planilla de los regidores.

Volviendo al tema y hablando de Estados Unidos, Ramírez fue mencionada a inicios de septiembre en un reportaje de N+ Focus, donde se le señalaba por haber firmado un supuesto proffer agreement con fiscales del vecino país para colaborar como testigo. Ramírez lo negó categóricamente, y Montiel la respaldó de inmediato.

Ramírez, nacida en 1995 en Mexicali, tiene una meteórica trayectoria política. Primero en el gobierno municipal de Mexicali como asistente de la hoy gobernadora y luego diputada federal en 2021, y finalmente senadora, donde fue tanto vocera del grupo parlamentario de Morena como de la campaña de Claudia Sheinbaum en 2024, sabiendo despegarse a tiempo de su padrino político, Adán Augusto López.

Montiel ofreció una conferencia de prensa hoy en Tijuana acompañada de Ramírez. Los puntos clave fueron: un respaldo firme a la designación de la cachanilla, pues los rumores de que no llegará a obtener la candidatura han estado fuertes desde el señalamiento de Buenrostro. “La coordinación de Julieta está claramente anunciada, determinada… ya Julieta es nuestra coordinadora y eso no va a cambiar”, dijo.

Montiel destacó la trayectoria de Ramírez, quien según ella tiene una “opinión positiva del pueblo de Baja California”. La presentó como relevo generacional que fortalece al movimiento e hizo hincapié en lanzar un mensaje de unidad.

Ramírez, por su parte, coincidió en la necesidad de buenos representantes, cercanía con el pueblo (lejanía con la prensa libre) y unidad para continuar la transformación. Señaló que no intervendrá en la selección de candidaturas a alcaldías y diputaciones, lo cual es difícil de creer.

Esta visita ocurre en un contexto de tensiones internas, ya que la también aspirante, Evangelina Moreno, no quedó satisfecha con el proceso de elección, además de los señalamientos contra Ramírez y su entorno por parte de estados Unidos.

Montiel usó esta visita para cerrar filas, proyectar unidad y neutralizar inconformidades, y este respaldo prioriza el resultado del proceso interno y la lealtad al proyecto sobre cuestionamientos internos o mediáticos. Manejó las acusaciones del país vecino como “guerra sucia” (su argumento favorito por lo visto) y vio su juventud como una ventaja, a pesar de que la gobernadora más joven en la historia está viviendo negros momentos debido a su inexperiencia y falta de preparación para el cargo. 

Con una marcha pacífica que recorrió las principales vialidades de la capital bajacaliforniana, integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) alzaron la voz este lunes para exigir al Gobierno Federal una atención real y urgente ante la grave crisis de inseguridad, extorsiones y trámites excesivos que azotan al transporte de carga en todo el país por parte tanto del crimen organizado como de las propias autoridades.

La movilización dio inicio en la intersección de la Calle Novena y la zona del Aeropuerto, avanzando por la calzada Abelardo L. Rodríguez, el frente de la Aduana, Periférico, Lázaro Cárdenas, Río Nuevo, Anáhuac e Independencia —pasando frente a Palacio de Gobierno— para concluir en el asta bandera del Bosque de la Ciudad.

El presidente del organismo empresarial en Mexicali, Ismael Reyes de la Rosa, enfatizó que esta protesta no buscó paralizar la ciudad, sino lanzar un primer aviso de alerta a las autoridades nacionales antes de que la situación derive en medidas de mayor presión.

Al ser cuestionado sobre las causas de la manifestación, el líder del autotransporte enfatizó que el sector atraviesa por momentos críticos en las carreteras de México, padeciendo homicidios de choferes, desapariciones, robo de mercancías y extorsiones constantes.

«Las extorsiones vienen de todos lados: del crimen organizado y de dependencias gubernamentales en los retenes de todo el país. Cada vez son más los requisitos que nos inventan y cualquier situación se presta para la extorsión», denunció.

Asimismo, criticó la severa tramitología y los abusos en los servicios de grúas y corralones federales. Ejemplificó que, ante un percance menor en entidades distantes como Chiapas, se exige la presencia física del representante legal o dueño de la empresa para liberar las unidades, lo que genera costos catastróficos y pérdidas operativas.

Respecto a la situación local en Baja California, la representación de Canacar reconoció que los índices delictivos contra el sector en la entidad —y particularmente en Mexicali— son significativamente menores en comparación con el resto del país, destacando una buena comunicación con las autoridades municipales y estatales.

No obstante, Reyes de la Rosa precisó que se registran de dos a cuatro robos o incidentes al año en tramos críticos y con nula presencia policial, tales como en el libramiento que conecta San Luis Río Colorado con Tijuana; en  los accesos de entrada a San Luis Río Colorado y en el tramo carretero entre El Hongo y Tecate.

Ante los señalamientos de autoridades estatales sobre si la protesta responde a un trasfondo político o tarifario, la dirigencia descartó rotundamente cualquier interés partidista, recordando que la Canacar históricamente ha apostado por la vía institucional, a diferencia de otras agrupaciones del ramo.

La Canacar advirtió que la movilización en Mexicali se replicó simultáneamente en la mayoría de las ciudades y estados de la República, representando un primer paso escalonado dentro de un plan de acción nacional.

«Ya no queremos más mesas de diálogo o de trabajo que se extienden por meses y años sin dar resultados. Vemos cómo otras leyes las aprueban de la noche a la mañana, pero lo que urge al transporte no lo atienden. Queremos un diálogo de nuestra presidencia nacional con alguien capacitado para resolver. El plazo es indefinido; la respuesta la tiene el Gobierno», concluyó el presidente de Canacar.

La noche del domingo se llevó a cabo un operativo que culminó con la detención de Israel “N”, alias “El Isra”, presunto integrante del grupo delictivo de “Los Rusos”, que opera en el Valle de Mexicali.

La detención se realizó en un restaurante ubicado en una plaza comercial sobre el bulevar López Mateos, en un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

La mañana de este lunes, la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, informó que Israel “N” era uno de los principales objetivos de las autoridades tanto en Baja California como en Sonora, entidad donde cuenta con una orden de aprehensión, motivo por el cual fue trasladado a dicho estado.

Andrade Ramírez señaló que el presunto delincuente operaba libremente entre ambas entidades, en cuanto a los delitos que se le atribuyen en Baja California, indicó que se encuentran la desaparición de personas, homicidios y otros que pudieran resultar de las investigaciones.

La fiscal precisó que actualmente Israel “N” permanece detenido en Sonora; sin embargo, esto no significa que quede exento de enfrentar la justicia por los crímenes presuntamente cometidos en Baja California, explicó que los procesos legales en ambas entidades pueden avanzar a la par, aunque reconoció que las autoridades aún analizan la estrategia jurídica más conveniente para proceder en su contra.