Reportaje
Caducan en este gobierno de BC medicamentos por más de 131 millones de pesos
Por Isabel Mercado
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
De enero a junio de 2022 se perdieron 131.6 millones de pesos en medicamentos caducos en Baja California, de acuerdo con los reportes del Instituto de Salud del estado obtenidos vía transparencia. Esta crisis de medicamentos vencidos es una problemática que involucra, por lo menos, a las últimas tres administraciones estatales.
En el reportaje titulado “Baja California, con una crisis en hospitales y bodegas repletas de medicamentos caducados” se logró documentar una pérdida económica, hasta 2021, de 93.7 millones de pesos debido a esta falta de distribución de medicinas. Si a esta cifra se le suma lo reportado durante el primer semestre de 2022, el quebranto por medicamento y material de salud caducado asciende a 222.3 millones de pesos, insumos que actualmente ocupan la cuarta parte de los almacenes de Isesalud.
Esta crisis inició en 2014, durante el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, con la compra excesiva de fármacos e insumos médicos de poca demanda, los cuales no fueron distribuidos a las farmacias de los hospitales y unidades de salud, lo que al final de la administración panista generó un menoscabo de 7.9 millones de pesos, de acuerdo al reporte del Sistema de Almacenamiento y Suministro (SAS).
En 2019, el morenista Jaime Bonilla Valdez recibió la administración con casi 8 millones de pesos en fármacos y material de salud expirado, pero lejos de denunciar esta irregularidad continuó con la misma práctica de su antecesor. Realizó nuevas compras de material que no circuló y permitió que los proveedores entregarán en los almacenes de Isesalud medicamento con caducidad inferior a la establecida en los contratos. Durante el bienio bonillista, caducaron 82.6 millones de pesos en fármacos.
En noviembre de 2021, Marina del Pilar Ávila Olmeda recibió la administración con 90.5 millones de pesos en medicamentos caducados durante los gobiernos de Kiko Vega y Jaime Bonilla, irregularidad que Bonilla omitió en el acta de entrega-recepción, informó Rosina del Villar Casas, actual secretaria de Honestidad y Función Pública.
Pero la problemática se agravó todavía más por la cantidad de fármacos e insumos médicos con pocos meses de caducidad que quedaron en los almacenes. Esto generó que, de enero a junio de 2022, la actual administración tuviera una pérdida de 131.6 millones de pesos en medicamentos.
A pesar de estas cifras, que comprueban que el mal manejo en los insumos de salud viene desde hace dos gobiernos y no se ha controlado, la Secretaría a cargo de Rosina del Villar solo investiga la pérdida de 83.3 millones de pesos en material caducado durante los gobiernos de Francisco Vega de Lamadrid y Jaime Bonilla Valdez, ya que por tratarse de insumos no adquiridos en el actual periodo administrativo le quitó cualquier responsabilidad al gobierno de Marina del Pilar.
Con esto, Rosina del Villar deja fuera de la indagatoria oficial un quebranto de 139 millones de pesos en medicamentos caducados.
La administración actual se ha deslindando y sólo responsabiliza a Jaime Bonilla Valadez, ya que aseguran que no reportaron la compra en demasía de fármacos e insumos de salud de baja demanda adquiridos por Francisco Vega de Lamadrid y dejaron repletos los almacenes de Isesalud con productos médicos caducados o a punto de caducar, explicó la secretaria de Honestidad y Función Pública, Rosina del Villar Casas.
Para este reportaje se buscó vía telefónica y a través de mensajes a Alonso Pérez Rico y Carlos Gómez Valdez, secretario de Salud y apoderado legal de Isesalud durante el anterior gobierno, respectivamente. El primero solo dio vista a los mensajes y el segundo contestó y colgó el teléfono. También se trató de localizar vía telefónica a Jaime Bonilla Valdez, pero no respondió.
Gobierno de Marina del Pilar sin responsabilidad: SHyFPBC
Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud, reconoció que más de 131 millones de pesos en medicamentos y material de salud han expirado durante la actual administración, esto contradice lo afirmado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Tras la publicación de la investigación periodística “Baja California, con una crisis en hospitales y bodegas repletas de medicamentos caducados”, la gobernadora reconoció la pérdida millonaria almacenada en las instalaciones de Isesalud, pero negó que los fármacos y material de salud hubieran expirado durante su gobierno.
“Se trata de medicamentos que se fueron caducando, pero no en nuestra administración”, declaró durante el Miércoles de Mañanera con Marina del Pilar del 3 de agosto. Una semana después, el titular de Isesalud afirmó que sí se han caducado medicamentos durante 2022.
Pero Medina Amarilla justificó que estos eran medicamentos con corta caducidad, altos volúmenes y poco movimiento que ya estaban en el almacén al arribo del actual gobierno. Además, aseguró que se intentó hacer la distribución en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Issste e Issstecali, tanto de Baja California como de otros estados del país, pero por tratarse de medicamentos de alta especialidad y poca demanda, no logró evitar se convirtieran en una nueva pérdida dentro los almacenes locales de Isesalud.
El volumen de los fármacos expirados durante la administración de Marina del Pilar, se divide en dos principales lotes, el primero de un valor de 70 millones de pesos y se trata de fosfolípidos porcinos, medicamento que favorece la madurez pulmonar en niños nacidos prematuros. La pérdida del segundo lote, clasificado como vasodilatadores de las arterias pulmonares, se cuantificó en 20 millones de pesos.
Medicamentos incluidos en tratamientos contra la hepatitis, antivirales, trombolíticos y anticoagulantes, conforman el resto de los fármacos caducados durante 2022.
SHyFP sin fecha para determinar responsables
Ya pasaron casi 10 meses desde que inició el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda y la Secretaría de Honestidad y Función Pública aún no cuenta con los elementos para concluir el expediente INV/102/2021, abierto para investigar el daño al erario causado por medicamento caduco, admitió Rosina del Villar Casas.
La pérdida a causa de medicamentos caducos se podría establecer como una falta grave, lo que implicaría inhabilitación de 5 hasta 20 años del servicio público de algunos de los involucrados. Además, en los casos que se logre comprobar daño patrimonial también se interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGEBC), y, en los casos en los que se involucren recursos federales, se dará cuenta a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), especificó Del Villar Casas.
La demora es debido a la cantidad de involucrados en el caso, el cual abarca desde 2014 hasta octubre de 2021 e implica tanto a los encargados del área de almacén, como subdirectores administrativos y a los ex secretarios de Salud de las dos últimas administraciones, Sergio Guillermo Trejo Dozal y Alonso Pérez Rico, dijo la funcionaria.
Tan solo del gobierno de Jaime Bonilla Valdez, la funcionaria dijo investigar a una veintena de funcionarios de Isesalud y Alonso Pérez Rico es uno de los principales, ya que es quien se encontraba a cargo de Isesalud al momento de recibir del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid medicamento caducado y no reportarlo.
También es responsable “por no haber hecho absolutamente nada en evitar la caducidad o que ese medicamento fuera promocionado o entregado al ciudadano, es omisión”, y porque omitió declarar en el informe de Entrega-Recepción la gran pérdida que dejaba el gobierno de Bonilla, aún cuando le fue requerido en forma oficial por la nueva administración, agregó del Villar Casas.
Gobierno perdona a proveedores
Las autoridades de Isesalud prácticamente deslindaron de toda responsabilidad a los proveedores al recibirles los fármacos, al no ejecutar las penalizaciones por incumplir con el periodo de caducidad ni extenderles cartas de canje que los obligara a restituir ese material.
Esas acciones se debieron implementar en los primeros 180 días después de recibido el medicamento, pero no se ha localizado en los archivos pruebas documentales que confirmen su cumplimiento y sirvan de evidencia para sancionar a las empresas, dijo Rosina del Villar.
“Si no hay ese instrumento, se deslinda de responsabilidad a la empresa”, advirtió la secretaria de Honestidad y Función Pública. Los 222.3 millones de pesos en medicamento caduco forma parte del pago hecho a más de 400 proveedores de Isesalud, pero ninguno ha sido llamado a declarar por falta de pruebas.
De acuerdo al reporte de medicamento caduco concentrado el 19 de noviembre de 2021, y que dio pie al inicio de la investigación de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, en la mayoría de los contratos suscritos por el gobierno de Jaime Bonilla los proveedores entregaron fármacos e insumos de salud con caducidad menor a la establecida en los contratos, pero con los documentos localizados hasta el momento, “solo se puede responsabilizar al funcionario”, agregó Rosina del Villar.
Frenar viejas prácticas
En un intento por evitar que esta situación se repita en los depósitos de Isesalud, Baja California, se implementará un sistema electrónico que permitirá seguir la ruta de distribución, desde su arribo al almacén, hasta su entrega en los consultorios de los hospitales y centros de salud, informó Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud.
Estas nuevas medidas son urgentes en el estado, ya que, a pesar de que las bodegas de Isesalud de Baja California se encuentran saturadas con medicamentos caducos, a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) el gobierno federal continúa con el envío de lotes excesivos de medicamentos no solicitados.
“Nos mandaron una cantidad inusual y excesiva de medicamento, un anestésico que se utiliza en odontología”, reportó Adrián Medina Amarillas.
El medicamento arribó a principios de 2022 y las autoridades bajacalifornianas no lo devolvieron, sino que se encargaron de distribuirlo a nivel local y en el resto del país, con otras instituciones de salud. Después de recibir ese lote, el titular de Isesalud dijo poner más cuidado en los envíos de medicamentos que realiza la federación.
A las pérdidas millonarias ocasionadas por los medicamentos e insumos que caducaron en los almacenes de Isesalud se tiene que sumar el costo de su destrucción: 15 millones de pesos, informó el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas. Un costo que las anteriores administraciones, al parecer, no quisieron pagar y “ahora nos tocó a nosotros enfrentar esa crisis”, dijo Medina.
ILUSTRACIÓN: Carlos Mendoza
Reportaje
Rechaza Marina intervención en campañas negras
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, rechazó este lunes cualquier relación de su administración o de ella misma con las publicaciones de N+ contra Julieta Ramírez Padilla y su exesposo, Carlos Torres Torres.
Aseguró que se trata de una estrategia para generar divisiones dentro de Morena y achacó la autoría a «la derecha», pues señalar a Gobierno del Estado «no tiene ningún sentido».
Durante la conferencia mañanera de este lunes Avila Olmeda señaló que el medio que realizó la investigación a partir de la denuncia anónima contra su expareja es el mismo que publicó el reportaje sobre la senadora con licencia Ramírez Padilla; “Al rato van a decir que yo fui contra mi expareja.
Entonces no es cierto, no tenemos nada que ver, lo están haciendo con el fin de generar divisiones internas”, afirmó.
La mandataria calificó la denuncia como “anónima, un mamotreto”, en el que ni siquiera han sido notificadas varias personas supuestamente involucradas.
Dirigiéndose a Julieta Ramírez y al resto de los aspirantes a la candidatura de Morena rumbo a 2027, la gobernadora expresó respeto, cariño, compañerismo y unidad. “Como todos los aspirantes, de mí siempre van a recibir respeto, cariño, compañerismo, unidad, como todos, y he sido muy respetuosa con todos ellos y he evitado justamente que se generen este tipo de circunstancias”.
Desestimó las versiones de que algunos pretenden contar con “todo el apoyo del estado” o lo contrario, y sostuvo que el objetivo es meter al gobierno estatal en el asunto para dividir. “Es la derecha, es la derecha, la oposición no es interna, es la derecha”, enfatizó.
La mandataria agregó que no se distraerá en “esas campañitas que no tienen ningún resultado, ningún objetivo” y que está concentrada en su trabajo como gobernadora.
Las declaraciones se dan en el contexto de las recientes publicaciones de N+ Focus sobre un supuesto acuerdo de colaboración (proffer agreement) de la senadora Julieta Ramírez con autoridades de Estados Unidos, reportaje que la propia legisladora ha desmentido y calificado de falso, y que se suma a indagatorias previas del mismo medio sobre el entorno de la gobernadora.
Reportaje
Amenazan a reporteros por difusión de vertedero ilegal de aguas negras en San Quintín
Un reportaje del medio Ensenada en Crisis Noticias sobre descargas ilegales de aguas negras en San Quintín, ocasionó que los periodistas Delia Cornejo y Francisco Ybarra recibieran amenazas telefónicas, lo cual denunciaron en un video en vivo esta noche.
El reportaje señala que vecinos de la colonia Santa Fe y del rancho La Trinidad alertaron sobre un grave problema de contaminación ambiental que amenaza el manto freático y la salud pública de la región.
Según denuncias presentadas ante autoridades federales desde 2025, se realizan descargas ilegales de aguas residuales y residuos de agroquímicos en fosas a cielo abierto sin impermeabilización.
El problema, que comenzó con un olor insoportable reportado por los habitantes, escaló cuando un pozo de agua potable cercano dio positivo a la bacteria E. coli y tuvo que ser clausurado de emergencia. Las familias que dependían de ese suministro ya no cuentan con agua segura.
De acuerdo con la información difundida, al sitio llegan camiones pipa de la empresa Vector Servicios de Drenaje (también identificada como Vector Servicio de Drenaje para Fosas Sépticas), que vierten desechos fecales con patógenos, además de aguas residuales provenientes del triple lavado de envases de fertilizantes y plaguicidas. Esta mezcla tóxica se filtra directamente al suelo y amenaza con contaminar el acuífero y la cadena alimenticia de toda la zona.
Una denuncia anónima presentada el 29 de septiembre de 2025 ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) documenta las descargas ilegales en un predio baldío ubicado cerca del rancho La Trinidad, en la colonia Santa Fe Braulio Maldonado. El documento solicita una inspección urgente ante el riesgo de contaminación del acuífero y posibles brotes de enfermedades respiratorias o gastrointestinales.
Los vecinos señalan que el predio se ha convertido en un tiradero clandestino a plena luz del día. Especialistas y denunciantes advierten que se trata de un delito ambiental grave tipificado en el artículo 416 del Código Penal Federal, que sanciona la infiltración de contaminantes en el subsuelo con penas de hasta nueve años de prisión y multas que pueden superar los tres millones de pesos, aplicadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Los periodistas dicen desconocer quién les llamó, y deciden hacerlo público y anunciaron que tomarán acciones legales.
Reportaje
Negociaría Julieta Ramírez ser testigo protegido de Estados Unidos, dice N+, pero no muestra pruebas fehacientes
La senadora con licencia de Morena por Baja California, Julieta Ramírez Padilla, quien aspira a la candidatura de su partido al gobierno del estado en 2027, se encuentra bajo investigación del gobierno de Estados Unidos y negocia convertirse en testigo colaborador del Departamento de Justicia, según un reportaje de la unidad de investigación NMás Focus, sin embargo no muestran documentación que muestre el nombre de la señalada.
De acuerdo con la información, el medio obtuvo acceso a un proffer agreement (acuerdo de proffer) firmado entre la oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el condado de San Diego y Ramírez Padilla, el cual no muestran. Este tipo de acuerdo permite a una persona investigada o a un testigo entregar información sobre posibles delitos a cambio de que esa declaración no sea utilizada directamente en su contra en un eventual juicio.
En el documento, dice N+, se establece que Ramírez se reuniría con autoridades estadounidenses para que estas evalúen si puede aportar información confiable a cambio de algún beneficio. Asimismo, se compromete a no cometer perjurio ni obstruir la justicia. Una vez más, sin mostrar pruebas fehacientes.
La senadora con licencia solicitó el 17 de junio de 2026 una licencia en el Senado para buscar la candidatura morenista al gobierno de Baja California. Esa misma semana comenzaron a distribuirse volantes en Tijuana posicionándola como precandidata. El 1 de septiembre, el Instituto Estatal Electoral le ordenó retirar toda propaganda tras una queja del Partido Acción Nacional por presunta anticipación de campaña.
Ramírez Padilla mantiene una relación cercana con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, de quien fue secretaria particular cuando esta encabezaba el Ayuntamiento de Mexicali. En julio, la propia gobernadora reconoció haber intentado colaborar con autoridades estadounidenses en una investigación, luego de que meses antes le fuera revocada su visa.
La senadora compite internamente por la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en Baja California con Ismael Burgueño, Alejandro Ruiz Uribe, Evangelina Moreno, Fernando Castro Trenti, Alfredo Álvarez y Armando Ayala.
El periodista Luis Chaparro ya había adelantado información sobre un presunto acuerdo entre la senadora con licencia y las autoridades estadounidenses en su medio, Pie de Página, hace un par de semanas.
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