Este martes se llevó a cabo otra audiencia del caso Amparito, referente a la muerte de una adulta mayor causada por una jauría propiedad de dos mujeres imputadas, madre e hija. En esa diligencia se escuchó el testimonio de ambas.

La víctima indirecta, la abogada Ana Lidia Soto, hija de Amparito, señaló molesta que las mujeres hicieron ver a su madre como una mujer en abandono y a ella como una mujer violenta por zarandear al nieto de una de las acusadas, acción que niega categóricamente.

También rechazó la afirmación de que “no le llegaron al precio” y que medio millón de pesos no les alcanzaría para intentar un acuerdo reparatorio. Las acusadas ofrecieron un testimonio de refutación para el viernes, mientras que a ella ya la liberaron como testigo, no dándole la oportunidad de rebatir la versión de las acusadas.

La abogada publicó un video en sus redes denunciando amenazas desde el primer día, y la revictimización que le hacen desde el sistema de justicia.

El abogado Antonio Sorela Castillo llamó a establecer un equilibrio entre la protección de las mujeres frente a la violencia política en razón de género y el respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, al señalar que las denuncias sin fundamento también pueden tener consecuencias legales y afectar la vida profesional y personal de los comunicadores.

Durante el curso “La Actividad Periodística frente a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” Sorela Castillo, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, sostuvo que los procedimientos para atender este tipo de violencia no deben considerarse, por sí mismos, actos de censura, pues también buscan visibilizar las agresiones que enfrentan las mujeres después de conquistar espacios de participación política.

“Una cosa es que una mujer llegue y otra cosa es que pueda ejercer el cargo libremente de violencia”, expresó el especialista, al señalar que el objetivo de la legislación no debe limitarse a garantizar que las mujeres accedan a puestos públicos, sino que puedan gobernar, administrar un municipio, expresar sus opiniones e intervenir en las decisiones de un cabildo sin enfrentar agresiones.

Sin embargo, advirtió que estos mecanismos también pueden ser utilizados por personas que buscan deslegitimar el trabajo de los periodistas. Explicó que los procedimientos por violencia política en razón de género pueden iniciarse a petición de parte o de oficio, situación que, consideró, debe observarse para evitar que algunas personas pretendan asumir el papel de defensoras de las mujeres con el propósito de emprender acciones contra comunicadores.

“No es censura, es solamente regular que se tienen que hacer las cosas conforme a derecho”, afirmó.

Sorela Castillo sostuvo que el ejercicio periodístico debe realizarse con libertad, pero también con responsabilidad y respeto a los derechos de las mujeres. En ese sentido, señaló que las transformaciones sociales y legales obligan a revisar las prácticas tradicionales de la profesión para evitar que los contenidos periodísticos vulneren derechos.

El abogado explicó que, en materia electoral, existen dos vías para atender estos casos: la denuncia por un posible delito electoral y el procedimiento especial sancionador. Indicó que los periodistas deben conocer los procedimientos y las instancias legales correspondientes para defenderse cuando consideren que una denuncia en su contra carece de fundamento.

Detalló que, cuando exista una resolución definitiva que permita establecer que una denuncia fue falsa, el comunicador puede valorar acciones legales por la vía penal, conforme a lo previsto en el Código Penal de Baja California, así como una demanda civil por daños y perjuicios.

Entre los conceptos que podrían reclamarse mencionó el daño moral, los gastos legales, los daños materiales e inmateriales, el lucro cesante —correspondiente a los ingresos que se dejaron de percibir— y posibles medidas de restitución, de acuerdo con las circunstancias del caso y las determinaciones judiciales.

Un grupo de jubilados y pensionados de la Delegación D-IV-1 de la Sección 2 del SNTE se reunió para definir acciones concretas ante los problemas laborales y de transparencia que enfrentan tras un presunto desfalco millonario.En la reunión se tomaron cuatro acuerdos principales.

El primero es presentar el viernes 30 de octubre, a las 11:00 horas, una demanda colectiva por robo, fraude y abuso de confianza ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo del abogado Guillermo Rivera.En segundo lugar, los jubilados acordaron solicitar una auditoría externa cuyos resultados sean dados a conocer a todos los pensionados.

También exigirán la entrega de los resultados de la auditoría interna que la Sección 2 mandó realizar el viernes 16 de octubre.Como tercer punto, se decidió nombrar un Comité de Vigilancia y Seguimiento.

Este órgano, entre otras funciones, se hará cargo de manera temporal de las finanzas de la Delegación para cubrir el pago de servicios y el mantenimiento de la Casa del Jubilado, hasta que se concrete el cambio de directiva delegacional.

Por último, los asistentes exigieron que se realice la Asamblea Delegacional Estatutaria y Extraordinaria de cambio de directiva, de conformidad con los estatutos vigentes del sindicato.

La reunión se enmarca en la solicitud formal de asamblea ordinaria o extraordinaria que un grupo de jubilados presentó el 4 de junio de 2024 ante la secretaria general de la Delegación D-IV-1, Marta Guadalupe Cázares Chávez.

En ese documento, los firmantes señalaron dudas sobre el seguro institucional, el fondo de retiro, el fondo de defunción, los aumentos salariales de los últimos años, el rechazo a la UMA para el cálculo de pensiones y el destino de un terreno donado por el municipio para una casa de retiro, entre otros temas pendientes.

Los participantes reiteraron que, de acuerdo con los estatutos, las asambleas ordinarias deben realizarse cada seis meses para presentar, entre otros asuntos, el informe de actividades y de finanzas del Comité Delegacional.