El abogado Antonio Sorela Castillo llamó a establecer un equilibrio entre la protección de las mujeres frente a la violencia política en razón de género y el respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, al señalar que las denuncias sin fundamento también pueden tener consecuencias legales y afectar la vida profesional y personal de los comunicadores.

Durante el curso “La Actividad Periodística frente a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” Sorela Castillo, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, sostuvo que los procedimientos para atender este tipo de violencia no deben considerarse, por sí mismos, actos de censura, pues también buscan visibilizar las agresiones que enfrentan las mujeres después de conquistar espacios de participación política.

“Una cosa es que una mujer llegue y otra cosa es que pueda ejercer el cargo libremente de violencia”, expresó el especialista, al señalar que el objetivo de la legislación no debe limitarse a garantizar que las mujeres accedan a puestos públicos, sino que puedan gobernar, administrar un municipio, expresar sus opiniones e intervenir en las decisiones de un cabildo sin enfrentar agresiones.

Sin embargo, advirtió que estos mecanismos también pueden ser utilizados por personas que buscan deslegitimar el trabajo de los periodistas. Explicó que los procedimientos por violencia política en razón de género pueden iniciarse a petición de parte o de oficio, situación que, consideró, debe observarse para evitar que algunas personas pretendan asumir el papel de defensoras de las mujeres con el propósito de emprender acciones contra comunicadores.

“No es censura, es solamente regular que se tienen que hacer las cosas conforme a derecho”, afirmó.

Sorela Castillo sostuvo que el ejercicio periodístico debe realizarse con libertad, pero también con responsabilidad y respeto a los derechos de las mujeres. En ese sentido, señaló que las transformaciones sociales y legales obligan a revisar las prácticas tradicionales de la profesión para evitar que los contenidos periodísticos vulneren derechos.

El abogado explicó que, en materia electoral, existen dos vías para atender estos casos: la denuncia por un posible delito electoral y el procedimiento especial sancionador. Indicó que los periodistas deben conocer los procedimientos y las instancias legales correspondientes para defenderse cuando consideren que una denuncia en su contra carece de fundamento.

Detalló que, cuando exista una resolución definitiva que permita establecer que una denuncia fue falsa, el comunicador puede valorar acciones legales por la vía penal, conforme a lo previsto en el Código Penal de Baja California, así como una demanda civil por daños y perjuicios.

Entre los conceptos que podrían reclamarse mencionó el daño moral, los gastos legales, los daños materiales e inmateriales, el lucro cesante —correspondiente a los ingresos que se dejaron de percibir— y posibles medidas de restitución, de acuerdo con las circunstancias del caso y las determinaciones judiciales.

En el segundo día del paro nacional de transportistas, integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) de Mexicali realizaron un cierre parcial de vialidades frente al edificio del Gobierno del Estado, en el Centro Cívico de Mexicali, para mantener sus manifestaciones y exigir respuestas concretas a sus demandas.

Ismael Reyes de la Rosa, delegado de la Canacar en Mexicali, indicó que hasta el momento no han recibido una respuesta que permita avanzar en la solución de sus planteamientos, por lo que continuarán con las acciones de protesta en espera de nuevas indicaciones de la dirigencia nacional.

Reconoció que Canacar no suele recurrir a este tipo de movilizaciones; sin embargo, sostuvo que las mesas de trabajo que durante años se han mantenido con las autoridades no han dado los resultados esperados.

El delegado explicó que, aunque existe información sobre la posibilidad de establecer un diálogo con las autoridades federales en las próximas horas, hasta el momento no cuentan con una confirmación concreta sobre los alcances o resultados de ese posible acercamiento.

Mencionó que la movilización realizada este día ya estaba contemplada dentro de las acciones del paro nacional, por lo que los transportistas procedieron a ejecutarla mientras esperan instrucciones de la dirigencia nacional de Canacar.

El representante transportista reiteró que el objetivo es lograr avances reales mediante acuerdos con las autoridades, ante la falta de resultados de los mecanismos de diálogo implementados anteriormente.

Un grupo de jubilados y pensionados de la Delegación D-IV-1 de la Sección 2 del SNTE se reunió para definir acciones concretas ante los problemas laborales y de transparencia que enfrentan tras un presunto desfalco millonario.En la reunión se tomaron cuatro acuerdos principales.

El primero es presentar el viernes 30 de octubre, a las 11:00 horas, una demanda colectiva por robo, fraude y abuso de confianza ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo del abogado Guillermo Rivera.En segundo lugar, los jubilados acordaron solicitar una auditoría externa cuyos resultados sean dados a conocer a todos los pensionados.

También exigirán la entrega de los resultados de la auditoría interna que la Sección 2 mandó realizar el viernes 16 de octubre.Como tercer punto, se decidió nombrar un Comité de Vigilancia y Seguimiento.

Este órgano, entre otras funciones, se hará cargo de manera temporal de las finanzas de la Delegación para cubrir el pago de servicios y el mantenimiento de la Casa del Jubilado, hasta que se concrete el cambio de directiva delegacional.

Por último, los asistentes exigieron que se realice la Asamblea Delegacional Estatutaria y Extraordinaria de cambio de directiva, de conformidad con los estatutos vigentes del sindicato.

La reunión se enmarca en la solicitud formal de asamblea ordinaria o extraordinaria que un grupo de jubilados presentó el 4 de junio de 2024 ante la secretaria general de la Delegación D-IV-1, Marta Guadalupe Cázares Chávez.

En ese documento, los firmantes señalaron dudas sobre el seguro institucional, el fondo de retiro, el fondo de defunción, los aumentos salariales de los últimos años, el rechazo a la UMA para el cálculo de pensiones y el destino de un terreno donado por el municipio para una casa de retiro, entre otros temas pendientes.

Los participantes reiteraron que, de acuerdo con los estatutos, las asambleas ordinarias deben realizarse cada seis meses para presentar, entre otros asuntos, el informe de actividades y de finanzas del Comité Delegacional.